Las actividades productivas van siempre de la mano de la seguridad y certeza jurídica que puede brindar una inversión determinada, tanto por la generación de los derechos derivados en virtud de los permisos, licencias, concesiones, etc., hasta por los actos de autoridad que puedan invadir la esfera de la legalidad, pasando, desde luego, por el proceso propio de negociación e interacción con un proveedor o un cliente, o en el proceso de adquirir o vender un inmueble con determinadas características ambientales que deben ser protegidas.