EL VITAL LIQUIDO LLAMADO AGUA, PERO ¿EN MÉXICO COMO SE DEBE LLAMAR?

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Con el objeto de tener los pies en la tierra, empecemos con lo más sencillo, que al mismo tiempo es lo más complejo, pero es lo que es, a lo que me refiero es a preguntarnos ¿Qué es el agua?; de manera simple se pudiera decir que el agua es un líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido en estado puro, cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H₂O). Constituye el componente más abundante de la superficie terrestre y es esencial para la vida, siendo fundamental para la mayoría de las actividades económicas y ecosistemas.

Con tal afirmación parecería que no debería haber problema para identificarla en cualquiera de los estados en la que se puede encontrar y que, al mismo tiempo, debería ser que todos la gozamos en cantidad y calidad; digamos, se debería afirmar que todos tenemos suficiente líquido, sin embargo, esta afirmación no es sencillo de sostener a lo que nos tendríamos que cuestionar si sabemos o alguien sabe ¿Cuánta agua hay disponible?, a esta interrogante oficialmente se hace mención que México cuenta con un promedio de 457 mil millones de metros cúbicos de agua renovable al año, la disponibilidad per cápita ha disminuido drásticamente: de 10,000 m³ en 1960 a cerca de 4,000 m³ en 2012, con una proyección de menos de 3,000 m³ por habitante para 2030. Esta reducción refleja la creciente presión o el stress al que se está sometido los recursos hídricos en México.

CONTEXTO

Estando con los datos duros, de esa disponibilidad que se dice que hay o tenemos, ahora la pregunta estaría siendo ¿Cuánta agua se desperdicia? a esta pregunta, el INEGI hace mención que se estima que aproximadamente el 40% del agua potable que se distribuye en México se pierde, esto, debido a las siempre señaladas fugas en las redes de suministro y si a eso le agregamos el gran desperdicio que se hace del agua por malos hábitos en el uso doméstico y en sectores como el servicios y la agricultura, en donde éste último, es el que mayor volumen desperdicia, pero por mucho, viéndolo como un sector que necesariamente necesita enmendar la página para buscar tecnificar el riego; de igual forma, no se puede pasar por alto la mención que en la Ciudad de México y área metropolitana se pierden cerca de 21 mil litros por segundo por fugas, lo suficiente para abastecer a millones de personas.

El Plan Nacional Hídrico 2024-2030 fue presentado en noviembre de 2024 y publicado oficialmente en febrero de 2025. Sus objetivos principales son garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente, asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos y fomentar un manejo responsable y transparente en todos los usos del agua. El plan se estructura en cuatro ejes: política hídrica y soberanía nacional, justicia y acceso al agua, mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático, y gestión integral y transparente.

Ante la problemática que está representando la administración, uso y aprovechamiento del agua, la Autoridad tiene que implementar acciones de todo tipo que le puedan permitir tener un mejor control de lo que estima tiene derecho o considera que debe ser protegido como bien del dominio público de la Nación, no obstante, algunas, tal vez muchas, las acciones que sean, generan nerviosismo, incertidumbre, en una palabra, el nerviosismo natural de aquel que tiene un derecho que le permite llevar a cabo actividades productivas que ahora, por virtud del estilo de la administración, pueda entrar en una disminución de ese derecho.

HECHOS Y PRACTICIDAD

Así las cosas, con un panorama por demás interesante, cuales pudieran ser las principales acciones del Plan Nacional Hídrico que pudieran poner en estado de alerta:

Regularización de concesiones y reducción de volúmenes asignados:

CONAGUA está planeando revisar y revocar concesiones vencidas o infrautilizadas, lo que podría afectar a empresas con permisos históricos, especialmente en sectores de gran relevancia (entre otros, agricultura, minería y manufactura).

 El Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad fue firmado el 25 de noviembre de 2024 y publicado en el DOF el 19 de diciembre de 2024, donde se establece compromisos voluntarios de diversos sectores para optimizar el uso y la gestión del agua en México, con lo que, sobre los volúmenes los Distritos y unidades de riego (sector agropecuario) se comprometieron a devolver voluntariamente alrededor de 2,800 millones de metros cúbicos de agua concesionada; por su parte, las empresas del sector industrial se comprometieron a devolver 126 millones de metros cúbicos de agua de manera voluntaria, además de invertir en eficiencia, tratamiento y reúso del agua en sus procesos productivos

Recorte presupuestal del 40% en 2025:

El presupuesto de CONAGUA se redujo de 62,674 a 37,119 millones de pesos, con lo que no es difícil considerar el que, con tal ajuste, se limita, en general las capacidades institucionales para brindar un mantenimiento indispensable a la infraestructura crítica (presas, acueductos entre otros); de igual forma, desde las oficinas se puede ver esa reducción presupuestaria al experimentar una reducción significativa de personal capacitado y la infraestructura necesaria para tener un sistema eficiente de analizar y valorar la información técnica que se presenta para poder (al menos tratar) otorgar permisos, autorizaciones y concesiones de manera ágil, eficiente y apegada a derecho; estas circunstancias, retrasan los proyectos en general y en particular los industriales, generando incertidumbre en el suministro.

Fiscalización estricta y sanciones por incumplimiento:

Como es del dominio público ya se hizo evidente en la auditoría de 2024, que la CONAGUA no mide el cumplimiento de volúmenes de extracción en concesiones, tanto por la incapacidad de ejecución como presupuestaria para realizarlo como porque no tiene forma de hacerlo; siendo así las cosas y ante la imposibilidad real de hacerlo, esa incapacidad se pudiera sustituir vía actos de molestia que deriven en la imposición de multas o, lo que es peor, con cancelaciones para industrias, incluso si operan dentro de sus límites.

Priorización del consumo humano sobre el industrial:

El enfoque en destinar agua a zonas con estrés hídrico podría restringir el acceso a empresas en regiones como, por ejemplo, el norte del país, donde las concesiones tienen un papel de gran relevancia; la imprecisión en la disponibilidad de agua genera conflicto e incertidumbre tanto a la industria como al sector agrícola.

Por el otro lado de la moneda tenemos que, si analizamos que muchos de los problemas que se tienen que sortear, no se vinculan con los planes o programas que el Gobierno  siempre busca implementar según el estilo y la tendencia del que esté en turno, sin duda, nadie puede negar que existe una parte que, en este proceso de buscar obtener un permiso, autorización o concesión, vaya más allá de lo que son los planes; esto es, aquellos pequeños detalles que se van generando por la falta de personal capacitado, de presupuesto adecuado (por decirlo de alguna manera) y en general todo lo que todos saben, incluyendo la Autoridad, pero a esta última por algún motivo, no le interesa solventar, esto es, aquellos detalles o también llamados problemas que los particulares enfrentan en su interactuar con la CONAGUA.

A efecto de identificar el universo en el que nos encontramos de acuerdo a la información que se puede ver en el RPDA , el número de concesiones y titulares hasta marzo de 2024 había 528,535 concesiones en manos de 376,845 titulares, cada quien se puede imaginar que hay en cada una de ese medio millón de concesiones, no obstante, el mismo Registro indica que el recurso se encuentra concentrado de manera interesante, esto es, cerca de 3,400 particulares concentran unas 3,800 concesiones que permiten extraer más de 1 millón de metros cúbicos de agua al año, cada una, sumando un volumen autorizado de más de 35,800 millones de m³ anuales y como ya se ha comentado, se hace necesario no perder de la brújula lo que representa el sector agrícola como el mayor usuario, con aproximadamente 76.3% del volumen concesionado (66.8 km³ de un total de 87.9 km³ para usos consuntivos en 2017, volumen que no se ha modificado a la baja)

Burocracia y opacidad en trámites:

Quien puede contradecir que los procesos para obtener o modificar concesiones son lentos, poco objetivos, poco transparentes, en los que la autoridad, por lo general, requiere que se transite a través de varias instancias, se inicia en línea, pero también se requiere acudir, tanto para el seguimiento, para hacer alguna precisión o algo similar; como se indicó, la disminución presupuestaria está siendo de relevancia si se considera que está repercutiendo en la falta de personal lo que perjudica/agrava el rubro de los retrasos que, si de por sí, ya existían, ahora se han agravado; habiendo platicado con un funcionario, nos compartió el hecho de que la autoridad del agua, cuenta tan solo con 100 inspectores para 514,000 concesiones; ante lo cual, la pregunta sería, cual podrá ser el porcentaje de efectividad y la probabilidad de que una empresa/proyecto sea visitado, es una pregunta aritméticamente interesante.

Desigualdad en el acceso al agua:

Este rubro es un tema crítico, histórico y que no se ha buscado resolver, sobre esto tenemos dos grandes asignaturas, por un lado la brecha socioeconómica y territorial en el acceso al agua, esto es, en nuestro México, aunque el 93.1% de los hogares aparentemente tienen infraestructura de tubería para el suministro público de agua potable, hay una marcada desigualdad en la frecuencia y calidad del servicio; es sabido que aun teniendo “tubería” el agua no llega; por otro lado, el 49.5% de los hogares en estrato socioeconómico bajo, recibe agua por tandeo (de forma irregular), frente al 17% en el estrato alto. Además, 2.59 millones de hogares carecen de agua entubada en su vivienda o terreno, de los cuales el 40% se ubica en zonas urbanas y el 60% en rurales.

Por otro lado, tenemos la desigualdad regional y la concentración del recurso responde a factores geográficos y de gestión. El norte y centro del país concentran apenas el 32% del agua renovable, pero ahí reside el 77% de la población y se genera el 82% del PIB; por otro lado, el sureste del país, con el 68% del agua renovable, tiene una menor densidad poblacional y desarrollo económico, pero con un Tren y una refinería a todo lujo. Además, la existencia de comunidades rurales dispersas y la falta de inversión en infraestructura agravan la exclusión hídrica, obligando a millones de personas a abastecerse mediante pozos, pipas o acarreos manuales, lo que incrementa costos y vulnera derechos fundamentales.

Corrupción y tráfico de influencias:

Es común escuchar de denuncias recurrentes de sobornos para acelerar trámites o evitar sanciones, pese a los esfuerzos por digitalizar procesos. El sistema "Amara", diseñado para transparentar trámites, fracasó en 2019, dejando expedientes en opacidad; pero que es esto de AMARA, para efectos informativos, se comparten unas ideas sobre el particular, siendo interesante identificar la causa de lo causado:

1. Incumplimiento de entregar un sistema funcional

El programa AMARA fue desarrollado por la empresa Indra Sistemas México con el objetivo de digitalizar y transparentar los trámites de CONAGUA a través de la plataforma “Conagua en Línea”. Sin embargo, en 2019 el proyecto fue suspendido abruptamente porque la empresa no entregó el código ni un sistema funcional, a pesar de haber recibido el pago correspondiente (al menos esa es la información oficial sobre el particular). Esto impidió que la autoridad pudiera corregir errores o dar continuidad al desarrollo, dejando la digitalización inconclusa y generando un mayor rezago en la atención de trámites.

2. Vulnerabilidades técnicas y riesgo de seguridad

El sistema AMARA presentaba múltiples fallas técnicas, entre ellas al menos 14 puertos vulnerables a hackeos y bases de datos incompletas o “fantasma”. Estas deficiencias ponían en riesgo la integridad y confidencialidad de la información, lo que llevó a la decisión de suspender el uso de la plataforma para evitar posibles filtraciones o manipulación de datos sensibles. Curiosamente, años después fue famoso el hackeo que sufrió la CONAGUA, de grandes proporciones que llevaron a que se suspendieran actividades por varios días.

3. Consecuencias: opacidad y rezago administrativo

En lugar de agilizar y transparentar los trámites, la suspensión de AMARA resultó en miles de expedientes apilados y en un canal abierto para prácticas discrecionales. Esto permitió que actores con poder e influencia pudieran obtener concesiones en regiones sobreexplotadas o eludir controles, mientras que usuarios legítimos, como pequeños productores y comunidades, enfrentaron mayores obstáculos y rezagos en la resolución de sus solicitudes.

Falta de certeza jurídica:

Con las iniciativas que se han presentado para la Ley General de Aguas, sin duda llama la atención y genera nerviosismo, ya que se busca el enfoque de los derechos humanos y acceso equitativo al agua, esto es, si se llega aprobar, la nueva ley será reglamentaria del artículo 4° constitucional, priorizando el derecho humano al agua con lo que se reconoce explícitamente que las concesiones no deben vulnerar el acceso al agua de poblaciones vulnerables, como comunidades indígenas entre otras, en donde se pretende requerir un dictamen de impacto socio-hídrico antes de otorgar nuevas concesiones o renovar las existentes (para que llegue a esto, me parece que falta aún camino por recorrer), pero el tema está en que las concesiones pueden sufrir los embates de los cambios legislativos, los cuales, como se ha visto, no es  obstáculo.

Por otro lado, en una de las iniciativas presentadas, se pretende reducir la vigencia máxima de los títulos de concesión de 30 a 15 años, limitando la prórroga a una sola vez; de igual forma, la CONAGUA tendrá la facultad de revisar anualmente las concesiones y, en casos de sobreexplotación o acceso inequitativo, podrá disminuir los volúmenes otorgados. Esto representa un cambio hacia una administración más dinámica y supervisada del recurso hídrico, con mayor capacidad de intervención estatal (como se indicó, es una iniciativa que está en el procedimiento legislativo para ver si se aprueba o no), pero que, al mismo tiempo, genera una incertidumbre o zozobra a los usuarios que, sin el vital líquido, sus actividades productivas y generadoras de riqueza para la zona donde se encuentran no sean viables, productivamente hablando.

Lo antes mencionado nos lleva a considerar que la idea que empuja el Ejecutivo Federal, va en el sentido de que el Plan Nacional Hídrico, pese a tener un enfoque hacia la transparencia y sustentabilidad (sería por demás de interés para todos, una palabras sobre lo que para ellos es “transparencia y sustentabilidad”), priorizando el consumo humano a su vez, aumenta la presión regulatoria sobre la industria, mientras la debilidad institucional de CONAGUA (recortes, corrupción, burocracia) limita su capacidad para brindar certidumbre, lo que no es nada positivo para las empresas/industria, lo que conlleva riesgos operativos, costos adicionales y posible pérdida de competitividad por lo que es de relevancia que se tenga, en la vida real, un marco hídrico congruente y consistente con la realidad mexicana.

LA REALIDAD

 Una vez visto el panorama, se hace necesario echar una revisada a lo que sucede desde una óptica pragmático-legal,  para lo que nos tenemos que parar frente a la disyuntiva de considerar que, por un lado,  la autoridad actúa bien y la industria es el malo de la película o, por el otro, se trata de una función de teatro en donde la primera enfrenta una problemática histórica que no le permite un actuar como debería ser y la segunda, enfrenta tal burocracia que  es  claro y del dominio público, complicado el poder pasarla, sobre todo cuando existen cualquier cantidad de filtros o procesos que se han estado implementando, en este caso, por la CONAGUA; así las cosas, se hace necesario señalar/mencionar algunas de las limitaciones jurídicas que enfrenta la CONAGUA para hacer cumplir la ley y, desde luego, repasar el otro lado de la moneda, así cada quien podrá llega a una conclusión que mejor considere.

Vacíos y contradicciones normativas:

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) carece de mecanismos claros para prevenir el acaparamiento, proteger caudales ecológicos o priorizar el consumo humano sobre intereses privados. Por ejemplo, no existen disposiciones efectivas para evitar que las autoridades entren al estudio de solicitudes de concesiones en zonas de estrés hídrico; tampoco se precisa con claridad lo relacionado con aguas subterráneas, estando dispersas y ambiguas, lo que genera disputas en su aplicación.

Sobreexplotación y falta de datos confiables:

Me parece que es del dominio público que la CONAGUA ha “sobreconcesionado” 209 cuencas y acuíferos, según datos de la misma autoridad, careciendo de mecanismos para corregirlo ni, tal vez, la famosa voluntad política que es indispensable para ello. Solo el 35% de las estaciones hidrométricas operan, lo que impide medir disponibilidad real y genera una tal vez, “involuntaria” manipulación de datos (ej: aumento artificial de recarga en acuíferos para beneficiar a ciertas actividades, con lo que, desde luego, debilita la credibilidad de la autoridad.

Falta de supervisión y corrupción:

La CONAGUA cuenta con solo 80 pozos de monitoreo piezométrico y una aproximado de 100 supervisores (tal vez más, ese tipo de datos varían con frecuencia) para fiscalizar 514,000 concesiones. Esto facilita incumplimientos, como descargas contaminantes sin control; de acuerdo a datos de la misma Comisión, Entre el 25-35% del presupuesto se pierde por manejos difíciles de corroborar (creo que le llaman corrupción), incluyendo irregularidades en licitaciones y desvío de fondos.

Débil enfoque en derechos humanos y sustentabilidad:

Desde la creación de la Comisión y luego la promulgación de la LAN, se tuvo y continúa el problema conceptual de ambas, la primera es una autoridad fiscal no ambiental y su perspectiva de pretender tutelar los derechos humano al agua reconocido en el Artículo 4° constitucional sin garantizar un acceso equitativo al preciado líquido, no es parte de su fundamento o razón de ser al momento de su creación;  el 10% de la población carece de agua potable, mientras el 7% de usuarios acapara el 70% de concesiones.

Algunos de los principales problemas que enfrenta el Sector Privado al cumplir la legislación

Burocracia y opacidad en trámites:

Los procesos para obtener o renovar concesiones son lentos faltos de certidumbre  y requieren múltiples instancias y mucha paciencia;  la falta de personal en CONAGUA retrasa autorizaciones, afectando las operaciones de aquellos que han solicitado la anuencia para explotar el bien del dominio público; ante las circunstancias, por lo general, las empresas deben invertir en infraestructura para cumplir con límites de descargas, pero las NOM´s son carentes de claridad y es común que las oficinas de la CONAGUA en los estados, las interpreten a su mejor consideración  sin importar los derechos de los particulares; el tema de la multa, se convierte en un asunto secundario si ello entorpece una actividad legítima; existe la persona que afirma que prefiere cubrir una sanción antes que atender a ciertos cambios que en sus procesos son inoperantes e innecesarios.

Presión por corrupción:

No habiendo claridad en parámetros de contaminantes aún y cuando se tiene la NOM001 para las descargas en cuerpos de agua de jurisdicción federal, las diversas problemáticas antes mencionadas se actualizan y se genera la interrogante de conocer el motivo por el cual, el 50% de acuíferos están contaminados y otros muy contaminados, y, aun así, no existe, no hay plena comunicación para identificar los lineamientos.

Se dice, que para agilizar trámites o evitar sanciones, si existen aquellos que les gusta cooperar para que algún o varios funcionarios, reciban una gratificación; siendo así de simple, se tiene el dato estadístico que, en 2024, el 40% de los usuarios industriales admitieron haber incurrido en prácticas de compartir algo de naturaleza de gratificación.

En pocas palabras, la CONAGUA enfrenta un marco jurídico obsoleto, corrupción sistémica y capacidad operativa insuficiente, lo que limita su eficacia. Para las industrias, cumplir la ley implica navegar una burocracia lenta, costos elevados y riesgos de sanciones arbitrarias, motivo por el cual si es “más que sugerible” una reforma integral que priorice transparencia, datos confiables y participación social, nadie puede poner en tela de duda que la crisis hídrica seguirá agravándose, especialmente en zonas como el norte del país, donde el 100% del territorio sufre sequía.

Como de costumbre, es de relevancia mencionar que el presente es, tan solo un punto de vista de su autor, el cual se basa en información/datos obtenidos de la autoridad y de la comunicación con personas diversas; en ningún momento representa una respuesta o solución a una consulta o problema o situación relacionada con los temas expuestos; de todas formas, con gusto nos encontramos a la orden para cualquier duda o precisión que sobre el particular se quisiera.

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