MÉXICO ANTE LA DESCARBONIZACIÓN Y CERO EMISIONES NETAS.

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México enfrenta una encrucijada histórica en materia de cambio climático la urgencia de descarbonizar su economía y alcanzar cero emisiones netas, en línea con los compromisos internacionales y las tendencias globales. Las siguientes líneas/párrafos intentan explorar qué significan estos conceptos, cuál es la situación actual del país, los avances logrados, los obstáculos que persisten y el papel del mercado de carbono en la transición hacia una economía baja en carbono. Pareciera que no hay duda de que el analizar estos factores, es de la mayor relevancia/interés para entender los desafíos y oportunidades que enfrenta México en su ruta hacia la sostenibilidad.

De manera conceptual se puede decir que la descarbonización es el proceso de reducir o eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente dióxido de carbono (CO₂), provenientes de actividades humanas como la generación eléctrica, la industria y el transporte. Por su parte, cero emisiones netas significa equilibrar la cantidad de GEI emitidos con la cantidad que se retira de la atmósfera, ya sea mediante sumideros naturales (bosques, suelos) o tecnologías de captura, de modo que el balance final de emisiones sea igual a cero.

En México, el compromiso es alcanzar este equilibrio hacia 2060, alineándose con el Acuerdo de París. Sin embargo, el país enfrenta retos importantes: más del 75% de la energía aún proviene de fuentes fósiles, la inversión en renovables y tecnologías limpias es insuficiente y las políticas públicas recientes han favorecido los combustibles fósiles, generando incertidumbre para empresas e inversionistas. Aunque existen metas y rutas técnicas (como la “Ruta Emisiones Netas Cero”), la transición avanza lentamente y la reducción de emisiones necesaria para 2030 parece difícil de lograr.

Para que podamos considerar que hay probabilidades de éxito, esto dependerá de fortalecer las disposiciones legales, definir reglas claras y transparentes para el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE), incentivar la inversión en renovables y garantizar que los créditos de carbono sean verificables y de alto impacto, lo que no se puede desligar de algunas de las principales limitaciones actuales como son la falta de certidumbre normativa, la dependencia de combustibles fósiles, la baja inversión y la necesidad de mayor educación y capacidad técnica en empresas y autoridades.

En resumen, se tiene el potencial y la infraestructura legal para avanzar hacia la descarbonización y digamos el cero neto, pero enfrenta obstáculos regulatorios, financieros y de implementación que deben resolverse con urgencia para cumplir sus compromisos y aprovechar las oportunidades de una economía baja en carbono.

En México, la descarbonización avanza con políticas, medición de emisiones y proyectos piloto, pero enfrenta obstáculos regulatorios, financieros y de dependencia fósil. Los beneficios, sin embargo, son claros: salud, empleos, competitividad y ahorros.

En el mundo, los países líderes fijan metas ambiciosas, aplican impuestos al carbono, electrifican sus economías y apuestan por energías renovables, sorteando retos de inversión y resistencia política, pero obteniendo beneficios económicos y sociales sustanciales.

Con la idea de hacer simple y dinámica la lectura, por un lado podemos hacer mención de algunas de las actividades y por otro, las posibles limitaciones que desde luego, no impiden lo positivo que todo esto puede ser, así las cosas, por un lado tenemos que México ha desarrollado la “Ruta Emisiones Netas Cero” (ICM), que plantea escenarios y acciones para alcanzar cero emisiones netas hacia 2060, alineándose con el Acuerdo de París y la meta de limitar el calentamiento global a 1.5°C. para lo que está buscando entrar a la tan llevada transición energética, tratando de impulsar la sustitución de electricidad generada con combustibles fósiles por energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica), electrificación del transporte y mejora en eficiencia energética, no obstante, existen lastres que limitan el vuelo, pero al menos se está trabajando en temas tan relevantes como la medición y reporte de emisiones en donde las empresas están comenzando a medir su huella de carbono y a reportar sus emisiones de alcance 1, 2 y 3, (estas emisiones son categorías utilizadas internacionalmente (según el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, GHG Protocol) para clasificar y medir la huella de carbono de una organización, y son fundamentales en la transición energética y los compromisos de descarbonización; en otras palabras estamos hablando de lo siguiente: Alcance 1: Son las emisiones directas generadas por fuentes que la empresa posee o controla (por ejemplo, el gas que quema en sus propias calderas o los vehículos de su flota); Alcance 2: Son las emisiones indirectas asociadas a la energía comprada (principalmente electricidad) que la empresa utiliza, pero que es generada por un tercero; Alcance 3: Son todas las demás emisiones indirectas que ocurren en la cadena de valor de la empresa, tanto “aguas arriba” (proveedores, insumos) como “aguas abajo” (clientes, uso y fin de vida de productos), y suelen ser las más difíciles de medir y controlar. como paso inicial para definir estrategias de reducción.

Lo anterior permitirá el poder considerar los proyectos piloto y ´las alianzas público-privadas en donde las colaboraciones entre gobierno, sociedad civil y sector privado bien podrán diseñar rutas de descarbonización en sectores clave como transporte, electricidad y uso del suelo.

Sin embargo, el optimismo que se pudiera tener, estaría encontrando una pared, como es el hecho de la dependencia de combustibles fósiles, es real y lamentable que más 70% de la energía en México proviene aún de fuentes fósiles, y las políticas recientes han favorecido su uso, dificultando la transición a lo que tenemos que adicionar las barreras regulatorias y legales si consideramos que las restricciones normativas, sin duda alguna, limitan la inversión privada en energías limpias y dificultan el desarrollo de infraestructura renovable a gran escala.

Se hace necesario ser realista en el sentido de que el financiamiento no está cerca, y lo que hay, es complejo, la transición requiere inversiones millonarias en tecnologías limpias, redes eléctricas e innovación y México enfrenta una brecha de financiamiento significativa a lo que tendremos que agregar la resistencia que es común ver en sectores industriales tradicionales y desde luego en las regiones dependientes del petróleo, gas y carbón, quienes, de manera lógica, se ha estado mostrando resistentes a la transición por temor a pérdidas económicas o de empleo.

Así las cosas, el otro lado de la moneda está el beneficio a la salud pública y en consecuencia, la reducción de muertes, esto motiva a Cumplir con metas de descarbonización ya que se podría evitar decenas de miles de muertes prematuras por contaminación para 2030 y 2050.

De manera paralela se puede pensar que la transición energética podría crear hasta 667 mil años de trabajo para 2030, según estimaciones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, esto es, a manera de poder explicar que significa ese número, se puede decir La frase “La transición energética podría crear hasta 667 mil años de trabajo para 2030” es real y está respaldada por estudios sobre el impacto laboral de las energías renovables en México, pero requiere, tal vez una nota aclaratoria:

a. Un año de trabajo se define como un empleo a tiempo completo para una persona durante un año; por ejemplo, si un proyecto genera 1,000 años de trabajo, eso puede significar 1,000 empleos de un año, o 100 empleos de 10 años, etc.

b. El dato proviene de estudios como el de la IKI Alliance México y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que calculan el potencial de generación de empleo de la transición energética en México (https://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/CoBeneficios-Espa%C3%B1ol-200303.pdf).

c. Según estos estudios, la transición a energías renovables podría inducir hasta 667,000 años de trabajo (empleos directos, indirectos e inducidos) para 2030, considerando la suma de empleos creados en construcción, operación y mantenimiento de nueva infraestructura renovable.

No significa 667,000 empleos permanentes cada año, sino la suma de empleos generados (en años-persona) durante el periodo de construcción y operación de proyectos renovables.

Por ejemplo, si un parque solar requiere 500 personas trabajando durante dos años para su construcción, eso suma 1,000 años de trabajo.

Esto es así por ser una forma estándar de medir el impacto laboral de grandes proyectos, ya que muchos empleos en energías renovables son temporales (fase de construcción) y otros son permanentes (operación y mantenimiento).

Siguiendo con el hilo que se tenía, de igual manera se podría hablar de la competitividad y resiliencia de las empresas y desde luego las regiones que lideran el tema de la descarbonización para poder acceder a mercados globales, financiamiento verde y mejor reputación, lo que buenamente llevaría a la reducción de costos por consumo de combustibles fósiles, menor contaminación y menores gastos en salud pública.

Experiencias y tendencias internacionales, situaciones fácticas

El contexto internacional muestra que, aunque los desafíos son complejos, existen rutas viables y beneficios tangibles para los países que apuestan por la descarbonización. México puede aprender de estos casos para acelerar su propia transición y cumplir con sus compromisos climáticos.

Metas ambiciosas y legisladas: Países como Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Austria han fijado legalmente metas de cero emisiones netas entre 2035 y 2050, impulsando políticas integrales y marcos regulatorios claros.

Impuestos al carbono y mercados de emisiones: Noruega, Suiza y la Unión Europea aplican impuestos al carbono o sistemas de comercio de emisiones, incentivando la reducción y penalizando la contaminación.

Electrificación y energías renovables: Los países líderes han electrificado su transporte, promovido la movilidad eléctrica y aumentado la proporción de energías renovables en su matriz energética.

Soluciones basadas en la naturaleza: Restauración de bosques, protección de sumideros naturales y compensaciones de carbono son parte integral de las estrategias de descarbonización.

Ante lo anterior debemos también ser realistas e identificar que existen temas como la brecha en la inversión, esto es, a nivel global, se requieren billones de dólares en inversión anual para cumplir las metas de cero emisiones netas, lo que representa un reto financiero y político de gran calado, aunado e ello, la siempre patética resistencia política y social que van relacionada con los cambios de gobierno, presiones de industrias tradicionales y las preocupaciones de orden general como el empleo, como variable que bien puede revertir avances.

Lo anterior nos lleva a los temas como la desigualdad en capacidades, lo que se enfoca a los países con menos recursos técnicos y financieros como los que enfrentan mayores dificultades para implementar tecnologías limpias y políticas de transición justa.

Sin embargo, no todo es malo ni son obstáculos, debemos estar con la mirada hacia el “norte” y no perder de vista que bien podríamos tener  un Crecimiento económico sostenible que representa  la descarbonización como un detonador de ahorros netos, crecimiento del PIB y reducción de riesgos económicos asociados al cambio climático, lo que estaría generando un liderazgo y acceso a mercados en donde las empresas y países avanzan en este proceso de descarbonización lo que les permite acceder a mercados internacionales, financiamiento climático y mejores condiciones comerciales, lo que, de manera natural, al menos como un ideal, llevaría a una mejor calidad de vida por la  reducción de contaminación, mejora de la salud y resiliencia ante eventos climáticos extremos.

DESAFIOS PARA ALCANZAR CERO EMISIONES NETAS

México enfrenta desafíos significativos para alcanzar cero emisiones netas, a pesar de haber reafirmado su compromiso para lograrlo hacia 2050 o 2060. Los principales retos identificados por expertos y organismos nacionales e internacionales incluyen:

Transición energética lenta: Más del 70% de la electricidad en México aún proviene de fuentes fósiles. Para lograr cero emisiones netas, se requiere multiplicar la capacidad instalada de energías renovables (solar, eólica, almacenamiento con baterías) y dejar de instalar nuevas plantas de gas natural a partir de 2027, además de cerrar las plantas de carbón antes de 2030.

Inversión y financiamiento insuficiente: La descarbonización demanda inversiones millonarias en infraestructura, tecnologías limpias y modernización de redes eléctricas. El acceso a recursos y la reasignación de capital son obstáculos centrales, tanto para el sector público como privado.

Barreras regulatorias y falta de certeza jurídica: La ausencia de reglas claras, estándares y metodologías dificulta la planeación de largo plazo y la atracción de inversiones. Las políticas energéticas recientes han favorecido los combustibles fósiles y generado incertidumbre para quienes buscan invertir en renovables.

Resistencia de sectores tradicionales: Industrias y regiones dependientes de hidrocarburos muestran resistencia al cambio por temor a la pérdida de empleos o competitividad.

Innovación y adaptación tecnológica: Aunque existen tecnologías emergentes de captura y almacenamiento de carbono, su adopción masiva y eficiente aún enfrenta retos técnicos y de costos.

Participación social y coordinación multisectorial: Lograr la meta requiere la colaboración efectiva entre gobierno, empresas y sociedad civil, así como cambios en patrones de consumo y producción.

El mercado de carbono en México es sin duda, un instrumento clave para la descarbonización, que ha tenido avances limitados. Tras una fase piloto, el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) sigue sin reglas claras ni operación obligatoria, lo que impide que las empresas tengan certidumbre para invertir y planificar su reducción de emisiones. Además, el mercado voluntario de bonos de carbono enfrenta problemas de transparencia, calidad y baja integridad ambiental en algunos proyectos.

Este mercado es un mecanismo que busca incentivar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mediante la compraventa de permisos o créditos de carbono. Este mercado se compone de dos grandes segmentos: el mercado regulado y el voluntario.

¿Cómo funciona?

Mercado regulado:

Establecido a nivel federal con el SCE, gestionado por la SEMARNAT el cual opera bajo el esquema “cap and trade”, donde se fija un tope de emisiones para ciertos sectores y las empresas deben contar con permisos para emitir CO₂. Si emiten menos, pueden vender sus excedentes; si emiten más, deben comprar permisos adicionales. El SCE cubre alrededor del 37% de las emisiones nacionales y permite el uso de créditos de compensación hasta en un 10% del cumplimiento de obligaciones.

Mercado voluntario:

Las empresas, organizaciones y particulares pueden comprar créditos de carbono certificados por estándares internacionales (como VCS, CAR, Gold Standard) para compensar sus emisiones y alcanzar la “carbono neutralidad”. Este mercado ha crecido exponencialmente y es especialmente fuerte en proyectos forestales, energías renovables y manejo de residuos.

Principales actores

SEMARNAT: Autoridad reguladora del mercado nacional y del SCE.

MÉXICO2: Plataforma de la Bolsa Mexicana de Valores que facilita transacciones y promueve la transparencia en el mercado voluntario y regulado.

Desarrolladores de proyectos: Empresas y organizaciones que generan créditos mediante proyectos de reducción de emisiones (principalmente forestales).

Empresas compradoras: Grandes corporativos nacionales e internacionales (Danone, General Motors, Aeroméxico, Microsoft, entre otros) que buscan compensar su huella de carbono.

Verificadores y certificadores: Entidades que validan y certifican los proyectos bajo estándares internacionales (CAR, VCS, Gold Standard, etc.).

Asociación Mexicana de Carbono: Agrupa a actores clave para fortalecer la integridad y transparencia del mercado.

Perspectiva y retos del mercado

El mercado de carbono es una herramienta crucial para mitigar el cambio climático y alinear a México con sus compromisos internacionales.

 La realidad a que nos enfrentamos:

a. Falta de infraestructura y claridad regulatoria, especialmente en la transición del SCE de su fase piloto a la operativa.

b. Necesidad de fortalecer la transparencia y la integridad ambiental de los proyectos, evitando el “greenwashing”.

c. Concentración de proyectos en el sector forestal y baja diversificación hacia otros sectores.

d. Participación aún limitada del sector privado y de gobiernos estatales en el mercado regulado.

¿Qué se puede pensar del mercado de carbono en México?

El mercado mexicano está en crecimiento y tiene potencial para posicionarse como referente regional, pero enfrenta retos importantes en regulación, transparencia y diversificación de proyectos. Su éxito dependerá de la consolidación del SCE, la confianza en la calidad de los créditos y una mayor integración de actores públicos y privados.

Con la intención de tener una consideración crítica sobre el particular, se podría decir que el mercado de carbono en México, tanto en su vertiente regulada como voluntaria, se encuentra en una situación de estancamiento y falta de madurez. Aunque el país cuenta con la infraestructura legal y técnica para avanzar, la realidad es que el SCE sigue sin reglas claras ni operación obligatoria, a pesar de haber concluido su fase piloto desde finales de 2022. Esta demora genera incertidumbre para las empresas, limita la planeación de inversiones en reducción de emisiones y pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales.

Por otro lado, el mercado voluntario de bonos de carbono ha crecido, pero enfrenta problemas de transparencia, integridad ambiental y concentración de proyectos en el sector forestal. Existen casos documentados de créditos de baja calidad, falta de trazabilidad y riesgos de “greenwashing”, así como tensiones con comunidades locales y ejidos que no siempre reciben beneficios justos.

En otras palabras, el mercado de carbono mexicano requiere con urgencia:

a. Reglas operativas claras y transparentes para el SCE,

b. Mayor supervisión y estandarización de los créditos voluntarios,

c. Diversificación de proyectos más allá del sector forestal,

d. Y una participación más comprometida del sector privado y gobiernos estatales.

Es de considerarse que, sin estos cambios, el mercado de carbono corre el riesgo de quedarse como un mecanismo simbólico, incapaz de contribuir de forma efectiva a la descarbonización y de generar confianza entre inversionistas, comunidades y la sociedad mexicana

En síntesis, no se puede negar que México se encuentra ante una oportunidad histórica para transformar su modelo energético y productivo hacia la descarbonización y las cero emisiones netas. Si bien existen avances y un marco legal en evolución, los retos regulatorios, financieros y de implementación siguen siendo considerables, tal vez, más de lo que debería. El éxito dependerá de la capacidad del país para fortalecer la certidumbre normativa, atraer inversiones, diversificar los proyectos de reducción de emisiones y fomentar la colaboración entre gobierno, empresas y sociedad civil. Estamos convencidos que es una opción que permitirá que se puedan cumplir con los compromisos internacionales y aprovechar los beneficios económicos, sociales y ambientales de una economía baja en carbono.

El presente documento representa una opinión de su autor y en ningún momento puede ser usado como respuesta a una consulta o pregunta sobre los temas tratados; cualquier duda, comentario o pregunta que se quisiera hacer con gusto nos encontramos a la orden.

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