MÉXICO FRENTE A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, JUSTA?
- GCDS
- hace 2 días
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En un país donde millones aún enfrentan pobreza energética y los megaproyectos han dejado huellas sociales y ambientales, el desafío no es solo cambiar de tecnología, sino transformar la forma en que producimos, distribuimos y accedemos a la energía. Este artículo explora por qué la transición energética debe ser también una cuestión de justicia social y ambiental.
Contexto y orígenes
El concepto de transición energética justa surge en los años 1970, inicialmente impulsado por el movimiento sindical en Estados Unidos como respuesta a las regulaciones ambientales que afectaban empleos en sectores tradicionales (minería, energía fósil y similares). La preocupación era que la transformación hacia energías más limpias no debía hacerse a costa de los trabajadores ni de las comunidades dependientes de industrias contaminantes.
La transición energética justa es un proceso integral y transformador que no se limita a sustituir combustibles fósiles por renovables, sino que exige redistribuir beneficios, proteger a los más vulnerables, restaurar el ambiente y democratizar la energía. Su éxito depende de políticas públicas inclusivas, participación social efectiva y una visión ética y regenerativa del desarrollo.
México se encuentra en un momento clave y con potencial para avanzar en la transición energética justa, respaldado por un marco jurídico robusto y compromisos internacionales, pero enfrenta retos estructurales y de implementación.
Se pudiera decir que la transición energética justa surge como respuesta global a la necesidad de combatir el cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y transformar los sistemas energéticos hacia modelos más sostenibles y equitativos, digamos que el término fue formalmente reconocido en el ámbito internacional con el Acuerdo de París (2015), ampliando su alcance conceptual con la intención de incluir justicia social, equidad y protección ambiental como ejes centrales de la acción climática Este concepto no solo implica sustituir combustibles fósiles por energías renovables, sino también garantizar que el proceso beneficie a todos los sectores sociales, especialmente a los trabajadores y comunidades dependientes de la industria fósil, promoviendo la equidad y la inclusión, la transición debe evitar que las cargas recaigan sobre los trabajadores y comunidades más vulnerables y habilitar programas de capacitación, reconversión laboral y desarrollo económico local para quienes resulten afectados, buscando, en la medida de lo posible, la reducción de desigualdades con el fin de que pueda ser una oportunidad para cerrar brechas históricas de acceso a energía y bienestar.
Analizando los hechos y tratando de ubicar donde se podría ubicar a nuestro país, en realidad no es simple, de diversas variables que cada uno tendrá la propia, pero como una idea conceptual se pude afirmar que en México, el impulso a la transición energética justa se ha visto reflejado en la adopción de compromisos internacionales como el Acuerdo de París y en la promulgación de leyes como la Ley General de Cambio Climático (2012) y la Ley de Transición Energética (2015), que, como todos saben, establecen metas para la reducción de emisiones y el aumento de la participación de energías renovables, no obstante, se han presentado baches o situaciones particulares o peculiares que en realidad no han permitido tener consistencia, ni congruencia; no obstante, la transición energética en el país también responde a factores internos, como el agotamiento de las reservas fósiles, la presión por diversificar la matriz energética y la urgencia de reducir desigualdades sociales vinculadas al acceso a la energía.
Sin duda, una participación efectiva de todos, tanto los que toman decisiones como las comunidades locales, pueblos indígenas, trabajadores y sociedad civil en la toma de decisiones sobre proyectos y políticas energéticas estaría siendo un punto ideal para aterrizar de manera correcta, la transición energética, a lo que se tendrá que incluir lo que han dado en llamar a la “Democratización de la energía”, fomentando modelos descentralizados y comunitarios de generación y gestión energética, con autonomía local y acceso equitativo a los beneficios, lo que solo podrá ser, si se atiende a una “Justicia procedimental” por la cual se pudiera garantizar la transparencia, acceso a información y mecanismos de consulta y consentimiento previo, libre e informado; suena romántico, tal vez hasta incansable para lo que tenemos y vivimos, pero de todas formas, siempre son aspectos aspiracionales a los que nunca debemos renunciar.
¿Cuáles podrían estar siendo algunos de los aspectos de relevancia sobre “Protección ambiental” dentro de la transición que nos ocupa?:
1. Planeación territorial y ambiental, resulta de relevancia el identificar zonas aptas y no aptas para el despliegue de renovables, priorizando la conservación de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas.
2. Minimizar los impactos negativos mediante su real y objetiva evaluación y mitigación de los impactos y los riesgos a los recursos naturales que se pudieran desarrollar derivados de diversas actividades, para promover tecnologías limpias, para evitar o minimizar nuevos daños ambientales y sociales por las actividades que se realizan.
3. Por lo que toca a la ahora de moda “Economía Circular” y regenerativa, está llevando a que se promuevan nuevos y mejores modelos productivos que permitan o incidan en la minimización de residuos y ayuden a restaurar la naturaleza. y no solo sustituyan una fuente energética por otra.
Precisión conceptual
4. Para ser precisos y objetivos en cuanto a lo que se pudiera entender como la “Transición energética Justa” deberíamos concebirla (en realidad cada quien tiene su propia definición y concepción, pero a manera de sugerencia) como el proceso de transformación del sistema energético que integra objetivos ambientales, sociales y económicos, asegurando que los beneficios y costos se distribuyan equitativamente, con participación y respeto a los derechos humanos y de la naturaleza.
5. Dentro de lo que hemos venido narrando y comentando, ahora se hace indispensable conceptualizar lo que se podría entender como “Justicia Energética”, para ello estaríamos corroborando si se garantiza el acceso equitativo, participación y reparación de daños en el sector energético, considerando la dimensión ética de la producción, distribución y consumo de energía, si eso se ajusta a la realidad, entonces se pudiera hablar de una justicia energética.
La transición no se trata tan solo de un cambio tecnológico, implica rediseñar modelos productivos, sistemas de transporte, agricultura e infraestructura para que sean social y ambientalmente sostenibles, donde la planeación y ejecución de la transición requiere instrumentos legítimos, democráticos y representativos, respetando los derechos humanos y ambientales, esto es, toda la cadena de valor de las energías renovables, debe cumplir estándares de derechos humanos y protección ambiental, entre otros.
Posicionamiento de México
México tiene gran potencial para liderar la transición energética en América Latina, gracias a su ubicación geográfica, diversidad climática y recursos renovables disponibles.
El país ha asumido compromisos internacionales como el Acuerdo de París, y cuenta con leyes como la Ley General de Cambio Climático, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Transición Energética, que establecen metas claras para la reducción de emisiones y la participación de energías renovables, donde se reconoce la necesidad del desarrollo sustentable y la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, el acceso a la energía y el ambiente sano; no obstante, han pasado años y sigue la pregunta sobre la posibilidad de la transición con la legislación vigente, a lo que ante todo, se tendrá que decir que, en vista de las circunstancias en las que nos encontramos, la consideración/estimación no lleva a considerar que sí es posible, ya que la misma legislación mexicana establece las bases para la transición energética justa, la promoción de energías renovables y la reducción de gases de efecto invernadero; en realidad, las disposiciones programáticas siempre tienen ese pequeño detalle, no limitan, pero en mucho casos complican la existencia para proceder y actuar.
Frente a lo comentado, es cierto que la implementación enfrenta, sin duda, retos de interés como es la falta de inversión suficiente, obstáculos financieros, deficiencia en infraestructura, necesidad de mayor participación de los estados y municipios así como la urgencia de políticas públicas más contundentes y coordinadas y que sean con la intención de reconocer la inversión privada; a lo que estaremos insistiendo que para que la transición sea justa, debe priorizar la equidad social, la inclusión de comunidades y trabajadores, y la protección ambiental, aspectos que ya están considerados en la legislación, pero que requieren mayor impulso y vigilancia en su aplicación.
Si de todo lo anterior pudiéramos llega a una conclusión, bien se podría decir que México tiene el marco jurídico, los compromisos internacionales y el potencial técnico para impulsar una transición energética justa y sustentable. El reto principal es pasar de la norma a la acción, fortalecer la inversión, la infraestructura, la participación social y la coordinación intergubernamental para que la transición beneficie a toda la sociedad y contribuya efectivamente a la protección ambiental y la reducción de desigualdades, sin duda, tarea poco sencilla de ejecutar.
Dentro del marco jurídico cuales pueden ser los puntos fuertes y de interés
1. México ha ratificado el Acuerdo de París y cuenta con la Ley General de Cambio Climático (2012), que establece metas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 22% para 2030 y lograr 35% de energías limpias en la matriz energética para 2024.
2. La Ley de Transición Energética (2015) impulsa el uso de energías renovables y eficiencia energética, con metas claras para el sector eléctrico.
3. El Artículo 4º constitucional garantiza el derecho a un medio ambiente sano y a la energía asequible, mientras que el Artículo 25 establece la rectoría del Estado en materia energética, priorizando el interés público y la sustentabilidad.
4. La Ley de la Industria Eléctrica (2014) promueve la generación de electricidad mediante energías limpias y establece Certificados de Energías Limpias (CELs) para incentivar a los productores.
5. La Ley de Energía Geotérmica (2014) y la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables (2008) fomentan la diversificación de fuentes renovables.
6. Dentro de Planes y programas sectoriales: Esta el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) y el Programa Especial de Cambio Climático incluyen lineamientos para integrar energías renovables y reducir emisiones.
Desafíos e incongruencias
El marco jurídico mexicano tiene bases sólidas para una transición energética justa, con leyes generales y compromisos internacionales. Sin embargo, su implementación está fracturada por contradicciones regulatorias, falta de voluntad política y ausencia de mecanismos vinculantes.
En términos generales y tan solo como un par de ideas de índole general, para cerrar la brecha, es posible que se estuviera requiriendo:
1. Armonizar leyes sectoriales (hidrocarburos, eléctrica) con objetivos climáticos.
2. Establecer sanciones y métricas claras para el cumplimiento de metas.
3. Incrementar la inversión pública y privada en renovables, con enfoque en comunidades marginadas.
4. Garantizar participación comunitaria en la toma de decisiones y distribución de beneficios.
México tiene el potencial de liderar una transición justa en América Latina, pero debe transformar su marco jurídico en acciones concretas y coherentes.
Incoherencia regulatoria y priorización de combustibles fósiles:
1. La Ley de Hidrocarburos (2014) y las reformas energéticas recientes favorecen la explotación de petróleo y gas, contradiciendo los objetivos climáticos. Por ejemplo, el presupuesto que se asigna a PEMEX es por muchos millones de dólares superior al que se asigna a renovables.
2. La Ley de la Industria Eléctrica reformada en 2021 prioriza a la CFE, limitando la participación privada en generación renovable y favoreciendo plantas de combustóleo y carbón.
Falta de mecanismos vinculantes y sanciones:
1. Aunque la Ley de Transición Energética establece metas, no incluye sanciones por incumplimiento, lo que la vuelve declarativa. Por ejemplo, en 2023, solo el 31% de la generación eléctrica provino de energías limpias, lejos del 35% previsto para 2024.
2. La Ley de Planeación y Transición Energética (2024) carece de metas cuantitativas y plazos específicos, debilitando su impacto.
Insuficiente inversión y financiamiento:
México invierte solo el 0.5% de su PIB en I+D, muy por debajo del promedio de la OCDE (2.5%). En energías renovables, la inversión cayó un 60% entre 2019 y 2023, según BloombergNEF; en dos palabras, los fondos para transición justa, como el Fondo para el Cambio Climático, son insuficientes y no se asignan eficientemente.
Exclusión de comunidades vulnerables:
A pesar del Convenio 169 de la OIT, proyectos renovables como parques eólicos en Oaxaca o solar en Yucatán han generado conflictos por falta de consulta indígena y reparto inequitativo de beneficios, además la pobreza energética afecta al 15% de la población urbana y al 40% de la rural, según SENER (2023), sin que existan políticas claras para abordarla.
Falta de integración territorial y ambiental:
No hay una planeación territorial integral que evite la sobreexplotación de recursos en zonas biodiversas. Por ejemplo, proyectos solares en Sonora han impactado hábitats de especies endémicas y la evaluación de impacto social no es obligatoria para todos los proyectos energéticos, lo que facilita la violación de derechos humanos.
La transición energética justa no es solo un reto técnico o económico: es una oportunidad para construir un México más equitativo, sostenible y participativo. Solo si colocamos a las personas y comunidades en el centro de las decisiones energéticas, lograremos un futuro donde nadie quede atrás y el desarrollo vaya de la mano con la protección del planeta.
¿Qué papel quieres jugar en esta transformación?
El presente documento no pretende resolver pregunta alguna, es una opinión general de su autor y se base sobre los datos/documentos reales que se presenten en las diversas fuentes que fueron revisadas; cualquier duda o consideración que se tuviera, con gusto nos encontramos a la orden.
Fuentes:
AmeliCA (2023), CEMDA – Marco jurídico de las energías renovables en México
AmeliCA – Transición energética en México, retos y desafíos CEMDA (2024), Sostenibilidad Global (2025),
Energy21 – Transición energética justa en México Datos de inversión: BloombergNEF, OCDE
SECIHTI – Transición energética justa y sustentable
GI-ESCR (2024),
SENER (2023).
Iniciativa Climática de México
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