En seguimiento al Boletín 45, la presente nota tiene por objetivo referir algunos de las deficiencias y/o dudas que se han identificado de la Evaluación del Impacto Social a poco más de un año de la publicación de las leyes que crearon este instrumento, es decir la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica.
En los últimos años ha sido evidente el rechazo social a múltiples proyectos de diversa naturaleza, llegando en muchos casos a detenerlos, de ahí la importancia de contar con un instrumento que no sólo identifique impactos (positivos y negativos), sino que influya en la toma correcta de decisiones y que contribuya al tan anhelado desarrollo sustentable.
Si bien la regulación mexicana ambiental ha contemplado la participación social en temas como el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, lo cierto es que este último tiene una naturaleza diversa a la evaluación del impacto social. A diferencia del primero, que tiene por finalidad prever impactos sobre el medio ambiente, el segundo se refiere a los efectos que determinado proyecto tendrá sobre la comunidad, aunque cabe señalar que los ordenamientos jurídicos que regulan la EIS no definen qué debe entenderse por impacto social y aunque pareciera obvio, lo cierto es que sus límites resultan importantes.
En este sentido, la exposición de motivos de la Ley de Hidrocarburos señala que Para el sector energético resulta necesario establecer procedimientos que permitan a las autoridades competentes contar con la información completa y oportuna de la relación que se generaría entre un proyecto y una comunidad, para salvaguardar en todo momento el bienestar y desarrollo de las mismas, garantizar la viabilidad y rentabilidad social de los proyectos, y reducir los riesgos de inversión y costos de transacción para los desarrolladores e inversionistas.
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