I. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DESDE LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA EN NUESTRO PAIS.
Como apuntamos en el Boletín anterior, existen tres regímenes jurídicos para fincar responsabilidad por daños al ambiente, a saber: el civil, el penal y el administrativo. En este último, son el poder ejecutivo y sus dependencias las encargadas de determinar cuándo existe responsabilidad ambiental, siempre en observancia de lo que establezcan las leyes tanto desde el aspecto competencial como desde el aspecto de fondo.
En nuestro país, la materia ambiental está regulada en lo general por leyes administrativas siendo muchos los ordenamientos de este ámbito los que contienen previsiones tendientes al cuidado de los recursos naturales, no obstante, en realidad nuestro sistema jurídico tiene en su haber 7 leyes eminentemente ambientales a saber:
1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA);
2. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS);
3. Ley General de Vida Silvestre (LGVS);
4. Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR);
5. Ley de Aguas Nacionales (LAN);
6. Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM); y
7. Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB).
Coincidimos con la postura del Dr. César Nava del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el sentido de que los ordenamientos arriba enlistados son eminentemente ambientales no por que se hable en ellos de lo sustentable, sino porque para efectos de interpretación administrativa deben intervenir la SEMARNAT y sus dependencias.
Para efectos de la responsabilidad ambiental, en realidad estos ordenamientos prevén como consecuencia directa a sus infracciones la sanción administrativa, medularmente la multa y la clausura, para lo cual deberá diligenciarse previamente un procedimiento administrativo de imposición de sanciones que siga las formalidades establecidas para el mismo.
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