top of page

El costo ambiental invisible del narcotráfico y la guerra contra las drogas.

  • Foto del escritor: GCDS
    GCDS
  • 2 mar
  • 14 Min. de lectura
El costo ambiental invisible del narcotráfico y la guerra contra las drogas.

Cultivos ilícitos, laboratorios, deforestación y huella de la prohibición.

 

La presente entrega es la primera de dos relacionadas sobre los impactos ambientales del narcotráfico y de las políticas de control de drogas; la idea de este primero es ofrecer un panorama general y comparado, con énfasis en experiencias documentadas en Europa y distintos países de América Latina, para identificar las principales categorías de impacto: cultivos ilícitos, laboratorios y precursores, narco‑deforestación e impactos de la prohibición.

 

Por otro lado, la segunda entrega buscará aterrizar este marco en lo que se pudiera considerar como “El Caso Mexicano”, con especial atención al papel del Estado como generador de impactos ambientales al decomisar, manejar y destruir drogas, precursores, combustibles robados y bienes asegurados.

 

            I. Introducción: un problema de drogas con huella ambiental

La conversación pública sobre drogas suele estar monopolizada por tres lenguajes: seguridad, salud pública y economía ilegal; de manera muy rara se habla de los efectos y el  impacto ambiental que tiene tanto la producción y el tráfico de drogas como las aparentes políticas de prohibición que buscan contenerlos; no obstante, la evidencia disponible muestra que la cadena global de drogas ilícitas deja una huella de deforestación, contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero que ya es medible y que, en algunos contextos, resulta comparable a la de sectores económicos formales.

 

La problemática no es solo es de orden cualitativo si consideramos que estudios sobre producción de drogas sintéticas en Europa indican que por cada kilo de MDMA o anfetamina se generan entre 26 y 43 litros de residuos líquidos, además de residuos sólidos asociados a pre‑precursores y subproductos, mientras que fuerzas policiales europeas estiman que, en general, por cada kilo de droga producida se pueden generar entre 5 y 30 kilos de desechos tóxicos que a menudo terminan vertidos en bosques, suelos agrícolas o cuerpos de agua.

 

A escala global, el informe 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) calculó que la cadena de producción de la cocaína puede generar del orden de 590 kg de CO₂ equivalente por kilo de cocaína, sumando deforestación, insumos agrícolas, procesamiento y transporte, lo que se traduce en unas 1.17 millones de toneladas de CO₂ equivalente al año sólo para esta sustancia.

 

Con independencia de lo anterior, los impactos ambientales de las drogas y de la guerra contra las drogas siguen siendo una dimensión marginal en políticas de seguridad, cambio climático y biodiversidad, en realidad no hay atención a este tema y no se ve cercano el momento en que en realidad tomen cartas en el asunto.

 

Esta entrega propone una primera aproximación ordenada al problema, distinguiendo cuatro grandes capas: los efectos de los cultivos ilícitos, los laboratorios y precursores químicos, la narco‑deforestación e infraestructura criminal y la huella ambiental de la prohibición (erradicación, operativos y destrucción de aseguramientos). El objetivo es mostrar que el narcotráfico y su combate no sólo generan víctimas humanas y distorsiones económicas, sino también una “contabilidad ambiental oculta” que, si se quiere hablar seriamente de responsabilidad, debe incorporarse a la discusión.

 

            II. Cultivos ilícitos: deforestación, agroquímicos y pérdida de suelos

 

1. Expansión de cultivos en zonas de alta biodiversidad

Los cultivos ilícitos de coca, amapola y cannabis se instalan de manera sistemática en regiones con alta biodiversidad, baja presencia estatal y limitada capacidad de monitoreo, desde los Andes tropicales hasta los bosques nublados de Mesoamérica, esto es, es clara la lógica del negocio al buscar favorecer áreas remotas, con acceso a agua, suelos fértiles y cobertura forestal que facilite el ocultamiento de parcelas, laboratorios y pistas clandestinas.

 

Esta expansión no sólo sustituye vegetación nativa por monocultivos ilícitos; también fragmenta hábitats, abre caminos en selvas y bosques, y desplaza actividades agropecuarias tradicionales.

 

Diversos estudios han documentado cómo en regiones de Colombia, Perú y Bolivia la coca se superpone con áreas protegidas y territorios indígenas, tensionando al mismo tiempo los objetivos de conservación y la seguridad de las comunidades.

 

2. Deforestación asociada a la cocaína

En Centroamérica, la articulación entre rutas de cocaína y expansión de frontera agrícola ha dado origen al concepto de “narco‑deforestación”; así, estudios realizados en Honduras muestran que, en la década pasada, la tasa de deforestación en ciertas áreas de tránsito se multiplicó por tres, esto es, de unos 20 km² anuales a más de 60 km² por año, coincidiendo con el auge del tráfico de cocaína por la región; por otro lado, análisis realizados en Guatemala y Nicaragua, atribuyen al narcotráfico entre 15 y 30% de la pérdida anual de bosques en determinados paisajes, debido a la apertura de pistas clandestinas, caminos, potreros y proyectos de “ganadería de lavado”.

 

Sin temor a decirlo, es claro que las metodologías varían, pero el mensaje convergente es claro: el negocio de la cocaína no solo se beneficia de bosques remotos, sino que los destruye para facilitar el transporte, el control territorial y el blanqueo de capitales vía actividades aparentemente legales como la ganadería extensiva o algunos cultivos comerciales.

 

3. Agroquímicos, defoliantes y erosión

La dimensión química de los cultivos ilícitos suele ser menos visible, pero, sin duda, es de gran relevancia, sobre todo cuando se tiene la idea de los efectos que generan los “químicos” en general.

 

Los agricultores emplean fertilizantes, herbicidas y plaguicidas en condiciones que frecuentemente eluden cualquier regulación, lo que contribuye a la degradación de suelos, a la contaminación de ríos y manantiales y a la afectación de fauna terrestre y acuática, a lo que se hace necesario el adicionar, en algunos contextos, el uso de defoliantes y sustancias para la erradicación de cultivos, cuya aplicación aérea o manual ha generado controversias por sus impactos en salud humana y ecosistemas.

 

El resultado es un círculo de erosión y pérdida de productividad que afecta tanto a ecosistemas como a comunidades rurales, muchas veces indígenas, que ya de por sí están expuestas a violencia, despojo y ausencia de servicios básicos.

 

            III. Laboratorios y precursores: residuos invisibles y aguas contaminadas

 

1. Producción de drogas sintéticas: un proceso intensivo en químicos

La producción de drogas sintéticas (anfetaminas, metanfetaminas, MDMA, entre otras) implica múltiples etapas de síntesis, purificación y cristalización, con uso intensivo de solventes (acetona, tolueno, éteres), ácidos y bases fuertes, metales y una gama de precursores orgánicos. Gran parte de estos insumos termina como residuo líquido o sólido, a menudo mezclado en formas que dificultan su tratamiento o reutilización.

 

Dentro de lo que implica el negocio ilegal, la prioridad de los productores es la rapidez y la discreción, no la gestión ambiental. Por ello, el tratamiento de residuos es excepcional; lo habitual es el vertido directo en suelos, cuerpos de agua o barrancas, o el abandono de contenedores en zonas rurales y forestales.

 

2. Magnitud de los residuos generados

La Agencia de Drogas de la Unión Europea con otros estudios asociados en el tema, han estimado que, en laboratorios clandestinos de Europa, por cada kilo de MDMA o anfetamina producido se generan entre 26 y 43 litros de residuos líquidos, además de residuos sólidos de pre‑precursores y catalizadores; por otro lado, fuerzas policiales y ambientales en países como Países Bajos y Bélgica reportan que, de forma general, la producción de drogas sintéticas puede generar entre 5 y 30 kilos de residuos por kilo de droga final, dependiendo del método y del grado de pureza buscado.

 

En América Latina, el informe de COPOLAD The Silent Destruction (2024) estima que la producción clandestina de metanfetamina en México podría estar generando entre 3,100 y 3,900 toneladas de residuos químicos al año, en su mayoría manejados fuera de cualquier sistema formal de gestión de residuos peligrosos. Aunque son órdenes de magnitud y no inventarios exhaustivos, estos datos dan una idea del volumen de desechos que se arrojan a suelos y aguas sin registro ni tratamiento.​

 

3. Vertidos y contaminación de aguas y suelos

La forma de disposición de estos residuos suele ser brutalmente sencilla: vertidos directos en arroyos, canales de riego, fosas improvisadas y zonas boscosas o agrícolas. Investigaciones en Europa han detectado presencia de precursores, solventes y subproductos de drogas sintéticas en aguas subterráneas, incluso a kilómetros de los sitios de producción, lo que demuestra la capacidad de estas sustancias para movilizarse en el ambiente.

 

En términos toxicológicos, la combinación de solventes, ácidos, compuestos aromáticos y metales representa un cóctel de riesgos que, por la mezcla de las substancias se hace difícil de evaluar, pero desde luego y claramente incompatible con los objetivos de calidad del agua potable, protección de ecosistemas acuáticos y salud de las comunidades cercanas.

 

            IV. Narco‑deforestación e infraestructura criminal

 

1. De la parcela al paisaje: infraestructura del crimen organizado

Más allá de los cultivos y los laboratorios, el narcotráfico transforma los paisajes mediante la construcción de pistas clandestinas, caminos, bodegas, centros de acopio y corredores logísticos que exigen desmontes, rellenos y cambios de uso de suelo. En Centroamérica y México, se ha documentado la conversión de bosques en potreros ganaderos que sirven tanto para controlar territorio como para lavar ganancias del narcotráfico bajo la apariencia de actividades agropecuarias.

 

Este particular fenómeno, que se le conoce como narco‑deforestación, no solo se limita a la cocaína, esto es, por ejemplo, en México, se ha señalado el papel de grupos criminales en la deforestación de hábitats del loro de cabeza gruesa en la Sierra Madre Occidental, mediante tala ilegal y cambios de uso de suelo asociados a actividades criminales, incluidas rutas de tráfico y control de territorios.

 

2. Impactos acumulativos sobre bosques y biodiversidad

La deforestación ligada al narcotráfico suele ocurrir en zonas de alta biodiversidad y baja gobernanza, donde la pérdida de cobertura forestal implica también una pérdida acelerada de servicios ecosistémicos como son la regulación hídrica, captura de carbono, hábitat para especies endémicas y conectividad entre áreas protegidas.

 

En este contexto, la misma estructura que facilita el negocio ilegal bosques remotos, poca presencia institucional, alta biodiversidad da pie para que se convierta en un escenario adecuado de una doble vulnerabilidad: la ecológica y la social.

 

Comunidades que ya sufren violencia, extorsión y desplazamiento se enfrentan, además, a la degradación de los recursos naturales de los que dependen para su subsistencia.

 

            V. La huella ambiental de la prohibición: erradicación, operativos y destrucción

 

1. Erradicación de cultivos: defoliantes, roza‑quema y desplazamiento del problema

Las políticas de erradicación de cultivos ilícitos combinan, según el país y el periodo, aspersión aérea de defoliantes, roza‑quema y erradicación manual. UNODC ha documentado, en los Andes, los efectos de la aspersión de herbicidas como el glifosato y sus coadyuvantes sobre cultivos legales, bosques y salud de comunidades, lo que ha generado debates intensos sobre su compatibilidad con estándares ambientales y de derechos humanos.

 

Aunque algunos países han reducido o abandonado la aspersión aérea, la erradicación manual y las prácticas de roza‑quema siguen siendo comunes lo que da como resultado una dinámica de “efecto globo”, es decir, cuando se presiona un área, la producción se desplaza a otra, generando nuevos desmontes y afectaciones ambientales sin resolver de raíz la demanda ni la rentabilidad del negocio.

 

2. Movilización militar y policial: la huella de carbono de la guerra contra las drogas

Un ángulo emergente es la huella de carbono de la guerra contra las drogas. El análisis de WOLA sobre este tema subraya que las operaciones de interdicción, erradicación y persecución implican el uso intensivo de helicópteros, aviones, embarcaciones, vehículos blindados y logística pesada, con consumos significativos de combustibles fósiles.​

 

UNODC, en su World Drug Report 2022, reconoce que la huella climática del sistema de drogas no se limita a la producción, sino que incluye las emisiones asociadas a políticas de control, aunque estas aún no están bien cuantificadas. WOLA propone al menos considerar estas emisiones en el diseño de políticas, en especial cuando se plantean operaciones de gran escala en zonas sensibles desde el punto de vista climático.

 

3. Destrucción de drogas y bienes asegurados

Otra dimensión poco analizada es la destrucción de drogas, precursores, laboratorios y bienes asegurados. En muchos países, la quema de drogas y el desmantelamiento de laboratorios se realizan mediante fuegos abiertos o métodos rudimentarios, con emisiones directas a la atmósfera de partículas, compuestos orgánicos volátiles y gases tóxicos, así como la generación de cenizas y residuos que rara vez se gestionan como residuos peligrosos.

 

El Museo de la DEA, en materiales sobre “illegal drugs and the environment”, reconoce que la destrucción de cultivos y laboratorios con métodos inadecuados ha producido impactos locales en suelos y aguas, y aboga por protocolos más estrictos de manejo y disposición.

 

No obstante, como se diría, sea lo que sea, la verdad es que sigue existiendo una brecha importante entre el “deber ser” y la práctica, particularmente en contextos de alta conflictividad donde lo urgente desplaza sistemáticamente lo ambiental.​

 

4. Narcobloqueos y violencia como eventos de contaminación

Los episodios de violencia espectacular como los narcobloqueos masivos, quema de vehículos, ataques a infraestructura y enfrentamientos abiertos con fuerzas de seguridad, como se pudo evidenciar en todo su esplendor en estos días, suelen analizarse exclusivamente desde la óptica de seguridad. No obstante, desde el punto de vista ambiental, representan eventos de generación masiva de residuos, emisiones y posibles contaminaciones locales.

 

En México, tras el abatimiento de “El Mencho”, se reportaron centenares de narcobloqueos, decenas de vehículos incendiados y múltiples daños a comercios e infraestructura, con un saldo de víctimas humanas y pérdidas materiales considerable.

 

Aunque los datos ambientales de estos episodios prácticamente no se documentan y mucho menos se contabilizan y nadie resulta “responsable de los efectos/impactos” de todo lo que se genera y se dispone al aire libre, es razonable preguntar: ¿qué ocurre con los restos de vehículos quemados, combustibles derramados, estructuras dañadas y escombros?, ¿Cuál sería la Autoridad o Unidad Administrativa que se encarga de la remoción y disposición?, ¿hay alguna forma de poder identificar los impactos que se generan al aire, suelos o aguas en las zonas afectadas?

 

Estas preguntas, que se desarrollarán con más detalle en el análisis del caso mexicano, ilustran cómo la guerra contra las drogas también genera pasivos ambientales que alguien termina asumiendo, aunque nadie los cuente.

 

            VI. Drogas, clima y biodiversidad: hacia un marco integrado

 

1. Drogas y cambio climático

El informe de UNODC sobre drogas y medio ambiente muestra que cadenas como la de la cocaína generan huellas climáticas no despreciables: alrededor de 590 kg de CO₂ equivalente por kilo, considerando deforestación, insumos agrícolas, transporte y procesamiento. A escala global, la cocaína habría emitido unas 1.17 millones de toneladas de CO₂ equivalente en 2020, cifra que, aunque pequeña frente a sectores como energía o transporte, no es trivial en el contexto de presupuestos de carbono que se estrechan.

 

A ello se suman las emisiones derivadas de la producción de drogas sintéticas, la quema de cultivos y drogas incautadas, y la movilización de fuerzas de seguridad. WOLA subraya que cualquier política seria de reducción de emisiones en el sector seguridad debería al menos reconocer y comenzar a cuantificar la contribución de la prohibición de drogas al balance climático.​

 

2. Drogas y pérdida de biodiversidad

En materia de biodiversidad, el impacto se concentra en ecosistemas de alta diversidad y alta vulnerabilidad, como son los bosques húmedos de Centroamérica, selvas andinas, bosques nubosos y ciertas zonas de montaña y selva en México y el Caribe.

 

La combinación de cultivos ilícitos, narco‑deforestación, caminos clandestinos y expansión de la frontera agropecuaria ligada al lavado de activos produce pérdidas de hábitat para especies endémicas, fragmentación de corredores biológicos e incremento de riesgos de incendios, erosión y deslizamientos.

 

En algunos casos, como el de los bosques de pino‑encino en la Sierra Madre, la presencia de grupos criminales se superpone con amenazas previas (tala ilegal, expansión agrícola), multiplicando la presión sobre especies en peligro y sobre servicios ecosistémicos clave como la regulación hídrica y la recarga de acuíferos.

 

3. Justicia ambiental y comunidades en la línea de fuego

Las comunidades que habitan los territorios donde se producen, procesan y transportan drogas suelen ser también las más expuestas a violencia, extorsión y desplazamiento. Añadir a ello la carga ambiental de suelos contaminados, aguas degradadas, bosques talados y residuos tóxicos implica una forma de injusticia ambiental, si se considera que ante la pasividad de los “gobiernos en general” los costos ecológicos y sanitarios recaen en poblaciones con poca capacidad de incidencia política y con acceso limitado a servicios de salud y justicia.

 

Desde esta perspectiva, la agenda de drogas y medio ambiente no puede desvincularse de la agenda de derechos humanos, pueblos indígenas y desarrollo rural, por otra parte el hablar de “daños colaterales” resulta sinceramente insuficiente; lo que se observa es, en muchos casos, una producción sistemática de territorios sacrificados, donde el valor de la vida humana y de la naturaleza parece ser secundario frente a intereses criminales o decisiones de política de corto plazo.

 

            VII. Vacíos de información y agenda de investigación

 

1. Lo que ya se mide

En años recientes, organismos como UNODC, COPOLAD y algunas agencias europeas han comenzado a incorporar la dimensión ambiental en sus análisis de drogas. El World Drug Report 2022 incluye, por primera vez, un cuadernillo específico sobre drogas y medio ambiente, con estimaciones de huella de carbono, deforestación asociada a cocaína y efectos de políticas de erradicación.

 

COPOLAD, por su parte, ha publicado el estudio The Silent Destruction, que sistematiza impactos ambientales de la producción y tráfico de drogas en América Latina y el Caribe, incluyendo estimaciones de residuos de metanfetamina en México y casos de narco‑deforestación.

 

En Europa, la Agencia de Drogas (EUDA) y redes de monitoreo han generado estudios sobre impactos de la producción de drogas sintéticas en aguas subterráneas, así como análisis de vertidos ilegales de residuos de laboratorios.

 

2. Lo que casi no se mide

Sin duda, ha habido avances de interés, pero, pese a ellos, siguen existiendo algunos vacíos importantes:

a.  No hay inventarios consistentes de volúmenes de residuos químicos generados por laboratorios clandestinos en la mayoría de los países productores.

b.  La deforestación ligada a narcotráfico se ha cuantificado en algunas regiones, pero no se integra sistemáticamente en estadísticas forestales nacionales ni en debates climáticos.

c.  La huella de la prohibición (emisiones de operativos, impactos de destrucción de cultivos y drogas, residuos de bienes asegurados) apenas comienza a discutirse y está lejos de ser incorporada en marcos de reporte de emisiones o en evaluaciones de impacto ambiental de políticas de seguridad.

 

En el caso de episodios de violencia extrema, como narcobloqueos, quema masiva de vehículos o enfrentamientos en zonas urbanas o rurales, casi nunca se produce un registro de los impactos ambientales: toneladas de chatarra, combustibles derramados, emisiones, suelos y aguas potencialmente contaminadas, ni de quién asume la responsabilidad de remediación.

 

3. Líneas de investigación y acción

Frente a ello, la literatura emergente sugiere varias líneas de trabajo:

a.  Integrar variables de drogas y crimen organizado en análisis de cambio de uso de suelo, deforestación y pérdida de biodiversidad, usando datos de teledetección y estudios de caso.

b.  Desarrollar metodologías para estimar residuos químicos generados por laboratorios clandestinos a partir de volúmenes incautados y fórmulas de síntesis conocidas.

c.  Incorporar la huella de carbono de la prohibición en debates de seguridad y clima, al menos mediante órdenes de magnitud que permitan comparar políticas alternativas.

d.  Estudiar, con enfoque de justicia ambiental, los impactos acumulativos en comunidades afectadas, combinando datos de violencia, salud pública y degradación ambiental.

 

            VIII. Cierre: de la narrativa de seguridad a la responsabilidad ambiental

 

El narcotráfico y la guerra contra las drogas han sido abordados históricamente como cuestiones de seguridad, control territorial y salud pública. La presente entrega, tiene como idea el sostener que bien valdría la pena, por no decir que es necesario, el tener que sumar una cuarta dimensión: la responsabilidad ambiental, entendida tanto por el daño directo asociado a cultivos ilícitos, laboratorios y narco‑deforestación, como por los impactos derivados de políticas de erradicación, operativos militares y destrucción de aseguramientos.

 

Reconocer esta dimensión no implica minimizar la gravedad de la violencia ni romantizar las economías ilegales, digamos que estaría implicando, más bien, aceptar que el sistema global de drogas, al que se tiene que incluir las respuestas estatales para su control o combate, produce un conjunto de impactos ambientales que no pueden seguir tratándose como externalidades invisibles.

 

Si se quiere avanzar hacia políticas más racionales y humanas, será necesario medir, reportar y mitigar estos daños, incorporando estándares ambientales y de derechos humanos en el diseño de estrategias de drogas.

 

En una segunda entrega, se propone aterrizar este marco en el caso mexicano, con énfasis en el papel del Estado como generador de impactos ambientales cuando decomisa, transporta, destruye o abandona drogas, precursores, combustibles robados y bienes asegurados, bien pudiera parecer que esa perspectiva pudiera permitir vincular de manera más directa las obligaciones de debida diligencia ambiental y justicia ambiental con la práctica concreta de la seguridad y la persecución penal en contextos de narcoviolencia.

 


Acrónimos

1.  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).​

2.   WDR: World Drug Report (Informe Mundial sobre las Drogas).​

3.  COPOLAD: Cooperation Programme between Latin America, the Caribbean and the European Union on Drugs Policies.

4.  EUDA: European Union Drugs Agency (antes EMCDDA).​

5.  MDMA: 3,4‑metilendioximetanfetamina (éxtasis).

6.  CO₂e: dióxido de carbono equivalente.​

 


Fuentes y enlaces principales

1.  UNODC, World Drug Report 2022 – Booklet 5: Drugs and the Environment.Español (PDF): https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22_Booklet_5_spanish.pdf

3.  GPDPD, Drugs and the Environment.​https://www.gpdpd.org/en/drug-policy/drugs-and-the-environment

4.  Dianova International, The Impact of Drugs on the Environment.​https://www.dianova.org/news/the-impact-of-drugs-on-the-environment/

5.  EUDA / EMCDDA, Environmental impact of synthetic drug production: analysis of groundwater samples.https://www.euda.europa.eu/system/files/documents/2023-10/edmr-background-paper_groundwater_0.pdf

6.  Policía de NRW, Dumping – Illegal disposal of waste from drug production.​https://polizei.nrw/en/article/dumping-illegal-disposal-of-waste-from-drug-production

7.  WOLA, What’s the Carbon Footprint of Drug Prohibition?.​https://www.wola.org/analysis/whats-the-carbon-footprint-of-drug-prohibition/

8.  BBC, Drug trafficking is speeding deforestation in Central America.​https://www.bbc.com/news/science-environment-25960481

9.  NAU, Central America’s forests: the silent victim in the drug war.​https://news.nau.edu/central-americas-forests/

10.  Mongabay, How drug cartels destroy the last habitat of Mexico’s thick-billed parrot.​https://news.mongabay.com/2025/07/how-cartels-destroy-the-last-habitat-of-mexicos-thick-billed-parrot-commentary/

11.  DEA Museum, Illegal Drugs and the Environment.​https://museum.dea.gov/news/dea-museum-presents-illegal-drugs-and-environment

 


La presente entrega representa la opinión personal del autor de acuerdo a los documentos investigados y no tiene relación a pregunta alguna; cualquier duda o comentario sobre el particular, con gusto estamos a la orden.

 



Comentarios


© 2024. Grupo Consultor para el Desarrollo Sustentable, S.C. Todos los derechos reservados.

bottom of page