La Entidad Federativa y el Municipio tan culpables como la DGGIMAR y el generador: corresponsabilidad fracturada y circularidad postergada en la gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especia
- GCDS
- 7 oct
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Introducción
En México, 120 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos se generan en más de 2,400 municipios, mientras que miles de toneladas adicionales de residuos de manejo especial —electrónicos, de construcción, llantas usadas, aceites automotrices— fluyen por 32 entidades federativas sin control efectivo ni aprovechamiento económico. Esta realidad contrasta dramáticamente con el discurso oficial sobre economía circular y gestión integral que aparece en planes sexenales, informes estatales y programas municipales que nunca se implementan.
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) estableció desde 2003 una distribución clara de competencias: municipios responsables de RSU, estados de RME, federación de residuos peligrosos. Sin embargo, tras más de dos décadas de vigencia, esta arquitectura institucional ha producido un sistema fragmentado donde todos son responsables y nadie responde por los lixiviados que contaminan acuíferos, los incendios que intoxican comunidades, o las oportunidades perdidas de generar empleos y valor agregado local.
La corresponsabilidad legal se ha convertido en irresponsabilidad compartida. Mientras la DGGIMAR enfrenta críticas justificadas por su manejo de residuos peligrosos, entidades federativas y municipios perpetúan un modelo lineal obsoleto que convierte recursos recuperables en pasivos ambientales costosos, reproduciendo el mismo patrón de ineficiencia que caracteriza al sistema federal.
Marco institucional y magnitud del desafío nacional
El sistema tripartito: competencias legales versus realidades operativas
La LGPGIR diseñó un esquema de corresponsabilidad territorial donde cada nivel de gobierno asume competencias específicas según el tipo y peligrosidad del residuo:
Municipios: recolección, transporte, tratamiento y disposición final de RSU
Entidades federativas: autorización y control de RME; coordinación intermunicipal para RSU
Federación: residuos peligrosos y coordinación del sistema nacional
Esta división parecía lógica en el papel, esto es, aprovechar la cercanía municipal con la ciudadanía, la capacidad de coordinación estatal y la especialización técnica federal. En la práctica, ha generado un laberinto de indefiniciones donde residuos similares reciben tratamiento diferente según la interpretación local, y donde la falta de coordinación intergubernamental multiplica costos y reduce eficacia.
La magnitud real del problema
México genera más de 44 millones de toneladas anuales de RSU, de las cuales solo se recolecta formalmente el 84% y únicamente el 5% recibe algún tipo de valorización o reciclaje efectivo. El 95% restante se destina a disposición final lineal: rellenos sanitarios, sitios controlados o, en el peor escenario, vertederos a cielo abierto que aún operan en cientos de municipios.
Los residuos de manejo especial representan un universo aún más opaco, se estima que México genera anualmente 6-8 millones de toneladas de RME, pero solo una fracción se reporta formalmente a las autoridades estatales. Esta brecha entre generación real y control institucional evidencia la incapacidad del sistema para cumplir incluso sus funciones básicas de registro y seguimiento.
Detrás de cada tonelada no controlada hay riesgos reales, por un lado, los lixiviados que infiltran acuíferos (el caso del relleno Huixmí en Hidalgo, clausurado por PROFEPA en 2024), incendios que liberan dioxinas y furanos (más de 184 incendios documentados en tiraderos urbanos durante 2024), y por otro, comunidades enteras que padecen injusticia ambiental por la ubicación inadecuada de infraestructura de residuos.
Casos paradigmáticos de la disfunción territorial
Hidalgo: Relleno Huixmí - El colapso anunciado
El relleno sanitario Huixmí, que recibía residuos de la zona metropolitana de Pachuca, fue clausurado definitivamente por PROFEPA en marzo de 2024 tras detectar violaciones graves a la normatividad ambiental como fue la saturación de capacidad, lixiviados sin control, y afectaciones a comunidades aledañas. Durante años, autoridades municipales y estatales conocían las deficiencias, pero ningún nivel de gobierno asumió los costos de reconversión hasta que la crisis ambiental forzó el cierre.
Puebla: Siete municipios en crisis simultánea
Izúcar de Matamoros, Tepeaca, Tehuacán y otros cuatro municipios poblanos enfrentan crisis de gestión simultánea por saturación de sitios de disposición, conflictos socioambientales en comunidades receptoras y falta de alternativas técnicas. La entidad federativa reconoce el problema pero carece de instrumentos legales y financieros para imponer soluciones regionales que superen las resistencias municipales.
Estado de México: Persistencia de tiraderos clandestinos
Hasta 2024, 29% de los municipios mexiquenses seguía utilizando tiraderos a cielo abierto para disposición final, evidenciando incumplimiento sistemático de normatividad vigente desde hace dos décadas. La proximidad con la Ciudad de México no ha garantizado modernización: muchos municipios prefieren pagar multas ocasionales que invertir en infraestructura adecuada.
Los doce problemas estructurales que enfrentan Estados y Municipios
Más allá de la corrupción y la ignorancia, Estados y Municipios enfrentan obstáculos sistémicos que perpetúan la gestión deficiente de residuos:
1. Déficit presupuestal crónico y dependencia financiera
83% de los municipios mexicanos dependen de participaciones federales y carecen de ingresos propios suficientes para invertir en infraestructura de residuos. Los costos son desproporcionados: cambiar una flota de vehículos recolectores requiere $1 millón de pesos por unidad, sin considerar combustible, mantenimiento y personal. Municipios destinan 70-85% del presupuesto ambiental solo a recolección, sin fondos para tratamiento, reciclaje o disposición controlada.
2. Obsolescencia tecnológica e infraestructura deficiente
Solo 14.8% de sitios de disposición final cuenta con geomembrana para controlar lixiviados. 16.3% tiene sistemas de captura de lixiviados y apenas 9.7% posee captura de biogás. De 16,615 vehículos recolectores, un tercio tiene más de 24 años y opera en condiciones precarias. Apenas existen 47 plantas de tratamiento a nivel nacional (18 de composta, 25 de selección).
3. Falta de personal técnico especializado
89% de municipios menores de 50,000 habitantes carece de ingenieros ambientales o técnicos en manejo de residuos. La rotación política extrema interrumpe programas, contratos y conocimiento institucional cada tres años. Autoridades locales desconocen alternativas de compostaje, valorización energética o tecnologías de separación.
4. Fragmentación normativa y de competencias
Estados y municipios se transfieren responsabilidades sin asumir costos. Muchas entidades carecen de reglamentos específicos para RME o no los actualizan conforme a LGPGIR. La descoordinación intergubernamental produce inconsistencias: Estados registran cobertura de recolección del 79% pero disposición final del 91%, evidenciando desconexión entre etapas.
5. Ausencia de educación ambiental ciudadana
Solo 20% de la población separa adecuadamente residuos en domicilios. Existe resistencia ciudadana al pago de tarifas diferenciadas por servicios mejorados. Se perpetúa la cultura de que la gestión es responsabilidad exclusiva del gobierno.
6. Politización de la gestión de residuos
Alcaldes priorizan obras visibles sobre sistemas de gestión integral de largo plazo. Cada administración redefine programas sin continuidad técnica ni institucional. La ausencia de incentivos para inversión privada en sistemas de gestión integral genera incertidumbre regulatoria.
7. Desarticulación del sector informal
Pepenadores aportan 80% del reciclaje real pero operan sin reconocimiento, derechos ni integración al sistema formal. Recicladores carecen de seguridad social, condiciones laborales dignas y reconocimiento legal. Materiales reciclables se exportan sin procesamiento local, perdiendo empleos y valor económico.
8. Insuficiencia de infraestructura regional
Solo 47 plantas de tratamiento existen a nivel nacional para más de 2,400 municipios. La infraestructura se concentra en pocos estados, dejando amplias zonas sin cobertura. Cada municipio opera aisladamente, impidiendo proyectos intermunicipales viables.
9. Problemas de financiamiento y modelos de negocio
Los sistemas municipales no son autosustentables: no logran generar ingresos que cubran costos operativos reales. Las tarifas por servicios no reflejan costos reales de recolección, tratamiento y disposición final. Existe ausencia de instrumentos como bonos verdes, incentivos fiscales o mecanismos de financiamiento especializado.
10. Deficiencias en monitoreo y control ambiental
Hay falta de sistemas de evaluación de impactos reales en suelo, agua y aire. Los municipios no reportan métricas de desempeño ni permiten contraloría social. Los datos sobre generación, composición y disposición están fragmentados entre múltiples agencias.
11. Resistencia a la participación privada
Los gobiernos locales temen pérdida de control político sobre servicios. Las regulaciones no facilitan participación del sector privado en gestión integral. No existen mecanismos para atraer inversión privada en infraestructura de residuos.
12. Ausencia de visión metropolitana y regional
Los municipios vecinos no coordinan para crear sistemas regionales más eficientes. Existe competencia desleal: municipios compiten por sitios de disposición en lugar de desarrollar soluciones compartidas. Las zonas urbanas conurbadas carecen de estrategias integradas de gestión.
La economía circular: concepto y oportunidad sistémicamente ignorada
La economía circular representa la transformación del modelo lineal "generar-recolectar-disponer" hacia "reducir-reutilizar-reciclar-valorizar".
Para RSU y RME implica:
a. Separación en origen con participación ciudadana activa
b. Plantas de selección y valorización que recuperen materiales reciclables
c. Compostaje de materia orgánica (43% de RSU según estudios en Puebla)
d. Generación energética a partir de biogás en rellenos controlados
e. Integración del sector informal (pepenadores) al sistema formal con derechos laborales
Ejemplos de avances fragmentarios
Guadalajara implementó programas de separación obligatoria en 2024, logrando 25% de valorización de RSU con tres plantas de procesamiento orgánico. Monterrey impulsa alianzas público-privadas para valorización de llantas usadas, reduciendo 12,000 toneladas anuales de RME y generando energía para alumbrado público.
Países como Filipinas han demostrado que municipios pueden autofinanciar sistemas circulares con costos iniciales de $4.37 USD per cápita, pero requieren apoyo técnico y financiero inicial.
Obstáculos sistémicos para la circularidad en México
A nivel municipal
a. Visión cortoplacista: alcaldes priorizan obras visibles sobre sistemas de gestión integral
b. Resistencia ciudadana: falta educación ambiental; solo 20% separa adecuadamente en domicilios
c. Economía informal desarticulada: pepenadores aportan 80% del reciclaje real pero operan sin reconocimiento ni derechos
A nivel estatal
a. Planes sin seguimiento: entidades aprueban programas de gestión pero no monitorean indicadores ni resultados
b. Falta de incentivos regionales: no existen mecanismos para premiar municipios exitosos o castigar incumplimientos
c. Desarticulación intermunicipal: cada municipio opera aisladamente, impidiendo economías de escala
A nivel federal
a. Programas desfinanciados: PNPGIR 2022-2024 reconoce problemas pero carece de recursos para implementar soluciones
b. Normatividad desactualizada: marcos legales no incentivan circularidad ni integran sector informal
Casos paradigmáticos de disfunción y oportunidad perdida
Las Vigas, Guerrero: Municipio sin autoridad instituyente
Municipio de 4,762 habitantes creado en 2021, enfrenta basurero local sin control, laguna de oxidación contaminada y recolección irregular. La ausencia de autoridad instituyente agrava problemas ambientales y sanitarios, evidenciando cómo la fragmentación política multiplica la ingobernabilidad ambiental.
Ciudad de México: La paradoja del progreso
La capital genera 4.3 millones de toneladas anuales (11% nacional) con programa "Basura Cero", pero ha perdido cultura de separación implementada en 2006-2012. Solo se aprovecha 20% de los residuos generados, el resto contamina suelos y cuerpos de agua regionales.
Veracruz: Avances fragmentarios
Uno de los estados con mejor desempeño logra confinar 65% de sus residuos en rellenos y centros de transferencia, sustituyendo tiraderos a cielo abierto. Sin embargo, la mayoría de los municipios siguen trabajando con infraestructura deficiente y procesos obsoletos.
Propuestas de transformación sistémica hacia la circularidad
1. Rediseño financiero nacional
Fondo Nacional de Transición Circular: recursos federales específicos para municipios que cumplan metas verificables de valorización
Bonos verdes municipales: mecanismos de endeudamiento para infraestructura circular con garantía federal y evaluación técnica independiente
Tarifas diferenciadas: incentivos económicos directos para ciudadanos que separen correctamente, con sistemas de monitoreo y recompensas
2. Profesionalización técnica obligatoria
a. Certificación ambiental nacional para funcionarios municipales y estatales en gestión de residuos
b. Programas de formación continua en tecnologías de valorización, tratamiento de lixiviados y economía circular
c. Intercambio obligatorio de mejores prácticas entre municipios exitosos y rezagados, con financiamiento federal condicionado
3. Integración formal del sector informal
a. Reconocimiento legal de pepenadores como prestadores oficiales de servicios ambientales
b. Centros de acopio dignos con condiciones laborales formales, equipos de protección y capacitación técnica
c. Esquemas de seguridad social para recicladores incorporados al sistema, con financiamiento tripartito
4. Plataformas digitales de seguimiento y transparencia
a. Sistema nacional de trazabilidad de RSU y RME desde generación hasta disposición final, con blockchain para evitar manipulación
b. Indicadores públicos obligatorios de desempeño municipal y estatal, actualizados trimestralmente y auditados por terceros
c. Participación ciudadana digital para reportar incumplimientos, proponer mejoras y evaluar servicios
5. Coordinación metropolitana obligatoria
a. Planes intermunicipales forzosos para todas las áreas conurbadas, compartiendo infraestructura, costos y beneficios
b. Incentivos económicos a la formación de consorcios municipales para gestión integral de residuos
c. Autoridades metropolitanas con facultades ejecutivas para imponer soluciones regionales cuando los municipios no coordinen
6. Marco legal y regulatorio actualizado
a. Reforma integral a LGPGIR y reglamentos locales para reconocer subproductos, facilitar mercados secundarios y establecer responsabilidad extendida del productor
b. Metas anuales obligatorias de valorización y separación en origen, con sanciones económicas progresivas por incumplimiento
c. Eliminación de barreras burocráticas para empresas de reciclaje, compostaje y valorización energética
Corresponsabilidad real: más allá del discurso
La transformación hacia la economía circular exige corresponsabilidad activa de todos los actores:
Ciudadanos: separación en origen, reducción de consumo, participación en programas municipales y pago de tarifas justas por servicios reales.
Sector privado: inversión en tecnologías limpias, diseño de productos reciclables, colaboración en sistemas de recolección selectiva y financiamiento de infraestructura circular.
Academia: investigación aplicada, formación de especialistas, evaluación independiente de políticas públicas y transferencia de tecnología hacia gobiernos locales.
Organizaciones civiles: vigilancia ciudadana, promoción de buenas prácticas, intermediación en conflictos socioambientales y presión por transparencia.
Como llegar a un cierre objetivo: El imperativo de la transformación circular
Los residuos sólidos urbanos y de manejo especial revelan el fracaso estructural de la corresponsabilidad ambiental en México. Estados y municipios son tan responsables del desastre como la DGGIMAR o los generadores, pues cada nivel evade obligaciones mientras 120 mil toneladas diarias siguen generando lixiviados tóxicos, contaminando aire y agua, y desperdiciando oportunidades de empleo verde y desarrollo local.
La economía circular no es moda europea ni discurso aspiracional, en realidad es imperativo nacional para municipios que ya no pueden sostener el modelo lineal. Huixmí clausurado, Las Vigas sin autoridad, Puebla con siete conflictos simultáneos son síntomas de un sistema colapsado que exige voluntad política real, recursos técnicos suficientes y corresponsabilidad verificable.
El reto es transformar 2,400+ municipios y 32 estados de obstáculos burocráticos en catalizadores de circularidad. Sin esta transformación, México seguirá siendo exportador de problemas ambientales e importador de soluciones que otros países desarrollan con nuestros propios materiales desaprovechados.
La basura de hoy puede ser el recurso de mañana, pero solo si dejamos de administrar el fracaso y comenzamos a gestionar la oportunidad. La economía circular es posible, pero exige que cada actor asuma su parte de la solución, no solo su cuota de la culpa.
REFERENCIAS Y LIGAS CLAVE SOBRE RME Y RSU
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR):
Plan Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (PNPGIR 2022):
INEGI – Estadísticas ambientales 2025:
Reporte Índigo (Rellenos CDMX, 2025):
La Silla Rota – Relleno sanitario Huixmí, Hidalgo (2024):
ECOCE – Cifras y estadísticas en reciclaje:
SEDEMA CDMX – Programa Basura Cero y residuos sólidos:
CEMDA – Informe residuos sólidos 2024:
Tiraderos clandestinos y problemas ambientales (UNAM, 2024):
Diagnóstico nacional RME/RSU y obstáculo circularidad:
Inventario de residuos sólidos de la CDMX:
Veracruz: transición de tiraderos a rellenos sanitarios:
Financiamiento y obstáculos municipales (Zero Waste):
Evaluación marco normativo y políticas públicas (CEMDA):
Crónica problemáticas Puebla (Ibero Puebla):
Diagnóstico reciente Estado de México (Programa Basureros 2025):
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