PROYECTOS ESTRATÉGICOS BAJO LA LUPA AMBIENTAL. Parte 2. Agua: construir no es gobernar.


Acueductos, presas, saneamiento y tecnificación: entre la infraestructura anunciada y el resultado hídrico verificable.
La política hídrica mexicana ha vuelto a poner la infraestructura en el centro de la conversación. Acueductos, presas, plantas de tratamiento, redes de distribución, obras contra inundaciones y tecnificación de distritos de riego forman parte de una estrategia que busca atender problemas reales: ciudades con abastecimiento insuficiente, acuíferos sometidos a una presión creciente, pérdidas en la conducción y la distribución, contaminación de ríos, rezagos en saneamiento y un sector agrícola que concentra la mayor parte del uso consuntivo del agua.
La dimensión de la apuesta no es menor, considerando que el Gobierno federal reporta 17 proyectos estratégicos de infraestructura hídrica, 24 mil obras de agua potable y drenaje en 2,183 municipios, la tecnificación de más de 250 mil hectáreas agrícolas y acciones específicas para el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, y que ha informado de una inversión superior a 180 mil millones de pesos en infraestructura hídrica.
Son obras importantes y, en varios casos, necesarias, pero la pregunta ambiental no termina cuando el agua comienza a circular por una nueva tubería, más bien, ahí empieza.
1. La política hídrica cambió de escala
El Programa Nacional Hídrico 2026–2030 reconoce que el problema no puede reducirse al abastecimiento; sus cinco objetivos incluyen la gobernanza, el derecho humano al agua y al saneamiento, la eficiencia productiva, el manejo sustentable de cuencas y acuíferos y la resiliencia frente al cambio climático.
Sin duda, la orientación es relevante porque reconoce algo elemental, como es que el agua no puede administrarse únicamente como infraestructura. Un acueducto puede resolver un déficit de suministro; una presa puede incrementar la capacidad de regulación; una planta de tratamiento puede aumentar el volumen potencialmente saneado; y la tecnificación puede disminuir las pérdidas en canales y parcelas. Pero ninguno de esos resultados equivale, por sí mismo, a la seguridad hídrica.
La primera lectura es favorable: se está invirtiendo en un problema estructural. La segunda exige una lupa distinta: ¿qué problema hídrico específico resuelve cada obra y cómo sabremos, una vez terminada, que efectivamente lo resolvió?
2. La fuente importa tanto como la tubería
México no enfrenta un problema homogéneo de escasez, ya que el propio Programa Nacional Hídrico muestra una desigualdad territorial extraordinaria y reconoce que la disponibilidad per cápita disminuyó de 17 742 a 3 656 metros cúbicos por habitante en siete décadas, con una proyección de 3 285 metros cúbicos para 2030. Sin dejar de lado que, en las regiones con mayor presión, el margen es aún menor, la evaluación ambiental de la infraestructura adquiere relevancia, ya que no basta con saber cuántos kilómetros tendrá un acueducto ni de qué cuenca proviene el agua: también importa conocer la disponibilidad real de esa fuente, qué usuarios y ecosistemas dependen de ella, cuánto se extraerá, cuál será su costo energético y qué sucederá con esa agua después de utilizarla.
La infraestructura puede redistribuir el agua. No necesariamente la crea.
3. Más agua disponible no siempre significa menor presión
Una nueva fuente puede mejorar sustancialmente el abastecimiento de una ciudad, lo que constituye un beneficio social y ambiental que debe reconocerse, el problema aparece cuando el volumen adicional simplemente se suma a la extracción existente.
Si una presa, un acueducto o una nueva fuente permite sustituir pozos sobreexplotados, reducir las extracciones subterráneas o recuperar los niveles piezométricos, existe un beneficio hídrico medible; pero si, por el contrario, el nuevo volumen sólo permite incrementar la demanda, expandir la mancha urbana o mantener simultáneamente las fuentes anteriores, el resultado puede ser muy distinto.
Por eso, la pregunta relevante no debería ser solamente cuánto agua nueva entregará el proyecto, sino qué extracción dejará de realizarse gracias a él.
4. El campo: donde puede estar una de las mayores oportunidades
La agricultura continúa siendo el principal usuario del agua en México; por ello, el Programa Nacional de Tecnificación del Riego constituye uno de los componentes más relevantes de la estrategia actual. CONAGUA reporta la modernización de más de 250 mil hectáreas en 18 distritos de riego de 15 entidades federativas.
En principio, se puede decir que la apuesta tiene lógica: revestir y entubar canales, modernizar los sistemas de bombeo, nivelar terrenos e introducir sistemas más eficientes pueden disminuir las pérdidas y aumentar la productividad del agua. Ahora, el reto, nuevamente, está en la medición.
Una reducción del agua aplicada por hectárea no implica automáticamente que el volumen ahorrado quede disponible para el acuífero, el río o el abastecimiento humano. Para acreditar el beneficio será necesario conocer cuánto se utilizaba antes, cuánto se utiliza después, qué superficie cambió de cultivo, qué volumen quedó efectivamente disponible y cuál fue su destino.
La tecnificación puede ser positiva, pero no se debe perder de vista que la eficiencia de riego y la recuperación hídrica no son necesariamente sinónimos.
5. Saneamiento: construir la planta es sólo el comienzo
El saneamiento ofrece quizá el ejemplo más evidente de la distancia entre la infraestructura y el resultado; una planta no debería medirse únicamente por su capacidad instalada, sino por el caudal que efectivamente recibe y trata, la calidad del efluente, su cumplimiento normativo, el destino del agua tratada y el efecto verificable sobre el cuerpo receptor.
La secuencia relevante es otra: capacidad instalada → caudal recibido → caudal tratado → calidad del efluente → cumplimiento → reúso o descarga → condición del cuerpo receptor.
Si alguno de esos eslabones falla, la planta puede existir físicamente sin generar el beneficio ambiental esperado.
6. Atoyac, Lerma-Santiago y Tula: una prueba importante
El Gobierno federal ha convertido el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula en uno de sus principales compromisos ambientales. En septiembre de 2026 se reportaban trabajos de construcción o rehabilitación en 23 plantas de tratamiento y en 282 kilómetros de colectores, además del control de descargas, la limpieza de cauces, la restauración de riberas, la reforestación y otras acciones.
El enfoque resulta particularmente interesante porque comienza a combinar infraestructura y vigilancia. Para el sistema Lerma-Santiago, SEMARNAT reportó inspecciones de PROFEPA y Conagua que derivaron en clausuras y procedimientos administrativos, así como en obras de tratamiento y restauración.
Un río no se recupera solo construyendo plantas. Se recupera cuando disminuye la carga contaminante que efectivamente recibe.
Ese debería ser uno de los indicadores principales: no sólo cuántas plantas se construyeron o cuántos kilómetros de colectores se instalaron, sino si la calidad del agua mejoró de manera sostenida y medible.
7. El reúso: cerrar parcialmente el ciclo
El reúso merece una atención especial porque permite sustituir, en determinados procesos, el agua de primer uso por agua tratada. Bien instrumentado, puede reducir la presión sobre las fuentes superficiales y subterráneas y disminuir las descargas.
Pero el indicador tampoco debería limitarse a cuánto se trata. Importa conocer cuánto se reutiliza efectivamente, qué uso sustituye, si cumple con la calidad necesaria para su nuevo destino y si esa sustitución se traduce en una reducción real de las extracciones.
La economía circular aplicada al agua no consiste únicamente en tratar. Consiste en cerrar parcialmente el ciclo.
8. Hay otra infraestructura que casi no se inaugura
El artículo de Verónica Mastretta, “La crisis hídrica en México, una crisis de Estado”, publicado recientemente en Nexos, aporta un contrapunto útil: la crisis no deriva únicamente de la falta de obra, sino también de debilidades en la gestión, la operación, la inspección, el mantenimiento y la continuidad institucional.
Hay una infraestructura hídrica que normalmente no aparece en las fotografías de inauguración: medición, laboratorios, telemetría, padrones confiables, monitoreo de acuíferos, vigilancia de descargas, mantenimiento, operadores capacitados, información pública y sistemas de seguimiento.
Sin esa infraestructura institucional resulta difícil saber si una obra está produciendo el resultado para el que fue construida. El propio Programa Nacional Hídrico establece como primer objetivo fortalecer la gobernanza del agua, mejorar la supervisión de las concesiones y elevar la eficiencia administrativa.
El desafío ya está reconocido. La pregunta será si su ejecución recibe la misma atención que la de las obras físicas.
9. Lo que la narrativa de infraestructura todavía debería mostrar
Los comunicados gubernamentales ofrecen información abundante sobre inversión, kilómetros de red, avance físico, plantas, hectáreas tecnificadas y población beneficiada. Sin duda, esa información importa, pero de igual manera, un verdadero tablero de seguridad hídrica debería incorporar también indicadores de resultado.
Fuente: cuenca o acuífero de origen; disponibilidad antes y después; extracción autorizada y volumen realmente extraído.
Abastecimiento: volumen proyectado y entregado, continuidad del servicio y población efectivamente atendida.
Eficiencia: pérdidas antes y después, consumo energético por metro cúbico y agua recuperada mediante la tecnificación.
Saneamiento: capacidad instalada, caudal efectivamente tratado, cumplimiento de los estándares de calidad y porcentaje reutilizado.
Ambiente: evolución de los niveles de los acuíferos, caudales ecológicos, calidad del cuerpo receptor y ecosistemas afectados o recuperados.
Resultado: extracción que pudo dejar de realizarse, reducción real de la contaminación y beneficio sostenido cinco o diez años después.
Ésa sería la verdadera segunda infraestructura que debería acompañar a los proyectos: un sistema público de indicadores capaz de demostrar su balance hídrico y ambiental.
10. Una pregunta incómoda: ¿qué pasa después de llevar el agua?
Cada nuevo proyecto puede generar efectos posteriores que normalmente quedan fuera del alcance de la fotografía inicial. Una mayor disponibilidad puede favorecer la vivienda, la industria, el comercio o la agricultura. Eso puede ser precisamente parte del objetivo, lo que implica que la política hídrica debe coordinarse con el ordenamiento territorial.
Si un acueducto resuelve una escasez inmediata, pero genera una nueva expansión urbana que vuelve a saturar la fuente algunos años después, el problema simplemente habrá cambiado de escala. El agua y el territorio no pueden seguir planificándose de manera independiente.
La disponibilidad hídrica debería ser una condición de la planeación del crecimiento y no únicamente una consecuencia que la infraestructura deba resolver posteriormente.
11. Del proyecto al balance
Como en el caso de los trenes, sería injusto negar de antemano los beneficios de la infraestructura; sin duda, México necesita inversión hídrica: reparar redes, sanear ríos, modernizar distritos de riego, construir infraestructura para comunidades sin servicio y encontrar nuevas fuentes cuando las actuales ya no son suficientes.
El problema surge cuando confundimos la ejecución del proyecto con la solución del problema, cuando para evaluar ambientalmente estas obras, habría que seguir una cadena mucho más completa:
fuente → extracción → conducción → distribución → consumo → descarga → tratamiento → reúso o retorno → condición final de la cuenca o acuífero.
Sólo entonces podremos saber si el proyecto aumentó la disponibilidad de agua, trasladó la presión a otra región, redujo la extracción, disminuyó la contaminación o simplemente añadió capacidad física al sistema.
Consideración final
La inversión hídrica que realiza México hoy puede convertirse en una oportunidad importante para corregir rezagos acumulados durante décadas. Pero la magnitud de las obras debería ir acompañada de una exigencia de medición equivalente.
La pregunta no puede limitarse a cuánto se invirtió y cuánto se construyó. Tendrá que evolucionar hacia: ¿cuánto disminuyó la presión hídrica, cuánto volumen se recuperó, cuánto dejó de extraerse, cuánto se reutilizó y qué condición ambiental quedó después de la obra?
Porque una presa almacena agua. Un acueducto la transporta. Una planta puede tratarla. Un sistema de riego puede utilizarla con mayor eficiencia. Pero gobernar el agua significa lograr que todas esas piezas produzcan, juntas y a lo largo del tiempo, un resultado hídrico verificable.
Idea de cierre
No confundir infraestructura hídrica con seguridad hídrica.
Una obra puede llevar agua. El verdadero resultado consiste en demostrar que, después de hacerlo, la cuenca, el acuífero y la población están en mejores condiciones que antes.
Fuentes principales de consulta
Programa Nacional Hídrico 2026–2030. Diario Oficial de la Federación. Enlace
CONAGUA. “El Gobierno de México desarrolla obras estratégicas para mejorar los servicios de agua, drenaje y saneamiento para el bienestar del pueblo”, 6 de septiembre de 2026. Enlace
Presidencia de la República. “En 5 años, aumentó en 7 millones el número de mexicanos con agua entubada en su vivienda; se invirtieron 180 mil mdp en obras”, 30 de septiembre de 2026. Enlace
CONAGUA. “Gobierno de México avanza en la implementación del Programa Nacional de Tecnificación del campo”, 4 de septiembre de 2026. Enlace
SEMARNAT. “Avanza saneamiento y recuperación de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula”, 1 de septiembre de 2026. Enlace
CONAGUA. “El Gobierno de México rescata tres ríos prioritarios para mejorar sus entornos y llevar bienestar a las familias”, 5 de septiembre de 2026. Enlace
Verónica Mastretta. “La crisis hídrica en México, una crisis de Estado”. Nexos, 27 de octubre de 2026. Enlace





Comentarios