PROYECTOS ESTRATÉGICOS BAJO LA LUPA AMBIENTAL. Parte 7. COFEPRIS bajo la lupa: regular, autorizar… ¿y resolver?


Digitalización, simplificación, rezago, criterios y control de una autoridad que administra riesgos sanitarios… y también incertidumbre regulatoria.
COFEPRIS ocupa una posición singular dentro de la administración pública federal; regula medicamentos, dispositivos médicos, alimentos, bebidas, productos de aseo, sustancias peligrosas, establecimientos, publicidad, importaciones y exportaciones, y participa en la vigilancia de factores ambientales y laborales que pueden afectar la salud; sus decisiones pueden abrir o cerrar mercados, detener una línea de producción, impedir una importación, condicionar una inversión o, en sentido contrario, permitir que un producto llegue a millones de personas.
Precisamente por eso, el análisis de la Comisión no debería reducirse a saber si expide muchos o pocos permisos, una autoridad sanitaria eficaz debe ser capaz de identificar riesgos, aplicar criterios técnicamente consistentes, resolver en plazos razonables, explicar sus decisiones y ofrecer al regulado una ruta comprensible cuando el caso no encaja perfectamente en un catálogo de trámites.
En los últimos años, COFEPRIS ha emprendido una transformación relevante que incluye la digitalización mediante DIGIPRiS, la simplificación administrativa, la reducción de homoclaves, los avisos autogestivos, los nuevos canales de contacto, el reliance regulatorio (mecanismos de reconocimiento y aprovechamiento de evaluaciones realizadas por autoridades regulatorias de referencia) y una mayor articulación con las autoridades sanitarias estatales; desde una visión pragmática, son movimientos que deben reconocerse, sin embargo, vistos en conjunto con los propios comunicados de la institución, las reformas legales de 2026 y los resultados de fiscalización, también dejan preguntas que merecen una mirada más exigente.
Esta Lupa no pretende descalificar a COFEPRIS ni convertir problemas administrativos en acusaciones generales; lejos de eso, intenta algo más útil: contrastar lo que la autoridad jurídicamente puede hacer, lo que institucionalmente promete hacer, aquello que reconoce que todavía debe corregir y los espacios donde el regulado sigue enfrentando incertidumbre.
1. Una autoridad con facultades extraordinariamente amplias
La reforma a la Ley General de Salud, publicada el 15 de enero de 2026, confirmó y amplió el papel de COFEPRIS. El artículo 17 Bis dispone que la Secretaría de Salud ejerce, a través de la Comisión, atribuciones de regulación, control, vigilancia y fomento en materia sanitaria.
Entre otras facultades, COFEPRIS puede proponer la política nacional de protección contra riesgos sanitarios, evaluar y expedir autorizaciones, ejercer control y vigilancia sobre productos, sustancias, actividades y establecimientos, imponer sanciones, aplicar medidas de seguridad y coordinar el Sistema Federal Sanitario.
La amplitud importa porque permite desmontar una explicación frecuente de los problemas de atención: en muchos casos, COFEPRIS carece de competencia; en realidad, el punto está en cómo transforma esa competencia en decisiones oportunas, consistentes y explicables.
Una autoridad con capacidad para autorizar, verificar, asegurar, suspender y sancionar necesita, por la misma razón, estándares de actuación particularmente claros.
El Reglamento de la Comisión complementa esa arquitectura al distribuir funciones entre áreas como la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, la Comisión de Autorización Sanitaria, la Comisión de Operación Sanitaria y la Comisión de Fomento Sanitario; si bien el diseño existe, pero el reto cotidiano es lograr que evidencia, autorización, operación y fomento funcionen como partes de una misma lógica regulatoria y no como compartimentos que trasladan al particular la tarea de descubrir qué área debe resolverle.
2. Simplificar no es lo mismo que resolver
COFEPRIS reportó que, durante 2025, redujo su universo de trámites de 287 a 106 mediante 11 acuerdos de simplificación. Los acuerdos publicados en el Diario Oficial también redujeron los plazos formales en trámites de alto impacto: por ejemplo, para ciertos registros sanitarios de medicamentos y dispositivos médicos se establecieron plazos inferiores a los previamente vigentes.
La simplificación tiene valor real. Eliminar requisitos redundantes, fusionar trámites y reducir los plazos normativos pueden disminuir costos y espacios de intermediación; sin embargo, existe una diferencia entre reducir el número de homoclaves y reducir la incertidumbre regulatoria; digamos, un procedimiento puede tener menos requisitos y seguir siendo difícil si el criterio técnico no es previsible, si una prevención llega tarde, si casos semejantes reciben respuestas diferentes o si el plazo legal y el tiempo real de resolución se separan considerablemente.
La propia institución reconoce que el rezago no está resuelto. En febrero de 2026 presentó la notificación por correo electrónico como una medida que contribuiría a la eliminación del “rezago administrativo”; y en agosto, durante la Reunión Nacional del Sistema Federal Sanitario, el comisionado federal incluyó entre las prioridades la digitalización integral, la homologación de criterios técnicos y la reducción del rezago, que pueden considerarse reconocimientos institucionales importantes porque permiten ubicar el problema sin recurrir a percepciones anecdóticas.
3. Lo que COFEPRIS ya no quiere dictaminar
En marzo de 2026, COFEPRIS anunció que los avisos dejarían de ser objeto de dictaminación. La razón es jurídicamente coherente: son trámites autogestivos y, por tanto, no requieren resolución expresa ni prevención; el acuse de recepción produce los efectos correspondientes y la autoridad conserva sus facultades de verificación.
Este cambio refleja un modelo regulatorio que, al menos en determinadas materias, se desplaza de la revisión previa hacia la confianza y la vigilancia posterior, lo que puede ser una evolución positiva: la autoridad concentra recursos en actividades de mayor riesgo y el particular evita esperar una resolución que aporta poco valor.
Pero la simplificación modifica la distribución del riesgo: esto es, cuando la autoridad deja de dictaminar previamente, el regulado asume con mayor claridad la responsabilidad de haber clasificado correctamente su actividad, de haber presentado la información necesaria y de haber cumplido las condiciones técnicas. Por ello, cuanto más autogestivo sea el modelo, más importante resulta que los criterios de verificación posteriores sean accesibles, homogéneos y previsibles; de lo contrario, la simplificación puede eliminar una ventanilla sin eliminar la incertidumbre.
4. DIGIPRiS: trazabilidad tecnológica y opacidad sustantiva no son lo mismo
DIGIPRiS fue concebida como una plataforma para agilizar trámites, reducir el uso de papel, disminuir la intermediación y garantizar la trazabilidad, en este orden de ideas, COFEPRIS ha señalado que para septiembre de 2024 ya se habían gestionado más de medio millón de trámites mediante la plataforma, con lo que se puede decir que la digitalización, por sí misma, es un “avance difícil de discutir”.
En realidad, el detalle sensible es otra cosa, esto es, digitalizar el expediente no implica necesariamente transparentar el razonamiento regulatorio; un sistema puede registrar cuándo ingresó una solicitud, qué documento se anexó y cuándo cambió de estatus, sin que el usuario conozca con suficiente claridad por qué un dictaminador previno, qué criterio utilizó, cómo se comparó el caso con precedentes similares o por qué una solicitud permaneció más tiempo que otra en una etapa determinada.
La Auditoría Superior de la Federación introdujo, además, una dimensión que no puede ignorarse, así, en la auditoría forense 76 de la Cuenta Pública 2024 observó, respecto del servicio de la plataforma, falta de supervisión oportuna de entregables, ausencia de evidencia suficiente sobre transferencia de control, funcionalidades y evaluaciones de desempeño, así como deficiencias en la verificación de protocolos de seguridad, cifrado, sitios espejo, registros de auditoría y pruebas de penetración.
Con lo anterior, COFEPRIS respondió en agosto de 2026 que la ASF no había determinado un “desvío de 71.5 millones de pesos” y que las observaciones correspondientes habían sido atendidas y subsanadas.
Si bien ambas afirmaciones pueden coexistir (DIGIPRiS es una plataforma real y utilizada y, al mismo tiempo, su contratación, supervisión y seguridad fueron objeto de observaciones de fiscalización), para el regulado, la pregunta relevante no debería centrarse en la polémica política, sino en si la plataforma ofrece trazabilidad suficiente para conocer no solo dónde está un expediente, sino también cómo y con qué criterio se está decidiendo.
5. El rezago: el dato que debería poder verse
COFEPRIS publica listados de resoluciones disponibles y dispone de mecanismos para consultar el estatus de las solicitudes. También ha reducido los plazos normativos y ha habilitado las comunicaciones electrónicas. Sin embargo, en las fuentes públicas revisadas para este análisis no se localizó un tablero consolidado que permita conocer, por homoclave y de manera periódica, cuántos asuntos se encuentran pendientes, cuál es la antigüedad de ese inventario, cuál es el tiempo real promedio o mediano de resolución y qué porcentaje de los trámites se resuelve dentro del plazo legal.
Sin duda, la diferencia es importante ya que saber que un expediente “está en trámite” no equivale a conocer el desempeño del regulador. Para una empresa, el tiempo regulatorio forma parte de la viabilidad de una inversión, del lanzamiento de un producto y de la continuidad operativa.
Para la autoridad, medir únicamente las entradas y las resoluciones puede ocultar el tamaño y la antigüedad del inventario pendiente.
Una autoridad que reconozca como prioridad el abatimiento del rezago tendría una oportunidad clara de transparencia: publicar indicadores periódicos por tipo de trámite, diferenciando entre plazo legal, tiempo real, expedientes prevenidos, expedientes fuera de plazo y causas de suspensión o demora. La comparación no debería servir para “castigar” áreas, sino para identificar dónde se concentran los cuellos de botella y qué simplificaciones realmente funcionan.
6. El Sistema Federal Sanitario: una sola política, ¿treinta y tres criterios?
La reforma de enero de 2026 incorporó expresamente el Sistema Federal Sanitario a la Ley General de Salud; en este sentido, el nuevo artículo 9 Bis lo integra con COFEPRIS, las autoridades de protección sanitaria de las entidades federativas, mediante acuerdos de coordinación, y los laboratorios estatales, en su componente regulatorio. El artículo 17 Bis, a su vez, atribuye a COFEPRIS la coordinación del Sistema.
El cambio legal es relevante porque convierte en mandato expreso lo que durante años funcionó mediante convenios y coordinación administrativa. También hace más visible una pregunta sobre la certeza jurídica: ¿un mismo hecho, producto o establecimiento recibe una interpretación equivalente en la Federación y en las entidades federativas?
La propia COFEPRIS identificó en agosto de 2026 la homologación de criterios técnicos como una prioridad. Ese reconocimiento debería conducir a herramientas verificables: criterios interpretativos comunes, matrices de competencia, protocolos de verificación homologados, mecanismos de consulta entre la Federación y los estados, y la trazabilidad de las diferencias justificadas. Coordinar no consiste sólo en reunir autoridades; consiste en reducir las contradicciones que el regulado no tiene por qué absorber.
7. El problema más difícil: cuando el caso no cabe en el catálogo
Los sistemas regulatorios funcionan mejor cuando el supuesto está perfectamente identificado: registro sanitario, aviso, licencia, permiso, modificación, prórroga. La dificultad surge cuando una empresa plantea una solución técnica nueva, una combinación no prevista expresamente o una actividad que se sitúa entre categorías regulatorias.
En esos casos la pregunta del particular deja de ser “¿qué formato lleno?” y se convierte en “¿puedo hacerlo, en qué condiciones y qué evidencia necesita la autoridad para aceptarlo?”. Esa diferencia es central. Una agencia regulatoria madura no solo procesa solicitudes; también genera certeza técnica para situaciones nuevas sin obligar a que cada innovación termine primero en una controversia.
COFEPRIS ha comenzado a publicar guías no regulatorias y mecanismos de verificación de la admisibilidad. Es una señal positiva: las guías para la clasificación de suplementos o las guías de apoyo documental muestran que la autoridad reconoce el valor de orientar antes de sancionar; sin embargo, todavía existe espacio para desarrollar un mecanismo más claro de consultas técnicas para casos atípicos, con respuestas institucionales, publicables de manera anonimizada cuando tengan valor general y sin convertir la consulta en una autorización informal.
En materias que evolucionan rápidamente (nuevos procesos, reúso o tratamiento de agua, ingredientes, tecnologías, dispositivos, modelos digitales o innovaciones productivas) la ausencia de una ruta consultiva puede producir dos resultados igualmente malos: que el regulado no innove por miedo a la sanción o que avance bajo su propio criterio y descubra la interpretación de la autoridad hasta la visita de verificación.
8. Integridad: declararla no sustituye demostrarla
En enero de 2024, COFEPRIS afirmó haberse consolidado como una institución “libre de corrupción y con cero impunidad”. Informó entonces sobre la destitución de 43 personas, la eliminación de intermediarios y la operación de cámaras de solapa como mecanismos para reducir la discrecionalidad.
La narrativa institucional debe leerse junto con la fiscalización posterior. La auditoría forense 76 de la Cuenta Pública 2024 dejó 121.934 millones de pesos pendientes de aclarar y generó siete recomendaciones, tres promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, catorce promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones. El informe también documentó transferencias de recursos a un servidor público de COFEPRIS y a su cónyuge, vinculadas a contratos revisados.
Es indispensable mantener la precisión jurídica: una observación de la ASF, un monto por aclarar o una promoción de responsabilidad no equivalen automáticamente a una sentencia firme ni permiten imputar conductas a toda la institución. Pero sí demuestra algo más sencillo: la integridad no puede certificarse mediante una declaración institucional. Debe medirse de forma continua mediante controles, auditorías, trazabilidad, investigación de responsabilidades y resultados públicos.
9. ¿Quién regula al regulador?
COFEPRIS es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud y, por tanto, no opera fuera de los controles. La propia Ley General de Salud establece la supervisión de la Secretaría; la Auditoría Superior de la Federación fiscaliza el uso de los recursos públicos; el Órgano Interno de Control puede investigar faltas administrativas; las decisiones de la autoridad son impugnables y el juicio de amparo permite reclamar actos u omisiones cuando se actualizan sus presupuestos; además, las obligaciones de transparencia y acceso a la información ofrecen vías adicionales de escrutinio.
En septiembre de 2026, también se incorporó la línea 079 como canal permanente para resolver dudas sobre trámites y para recibir quejas o denuncias por irregularidades o condicionamientos en la prestación de servicios. La creación del mecanismo es útil, pero su verdadero valor dependerá de lo que deba medirse: cuántas consultas recibe, qué materias concentran problemas, cuántas quejas se canalizan, cuánto tardan en resolverse y qué cambios institucionales producen.
El control del regulador no debería entenderse únicamente como la persecución de faltas, cuando de hecho también implica exigir calidad regulatoria: decisiones dentro de plazo, razones comprensibles, criterios consistentes, canales para corregir errores y evidencia de que los procesos mejoran.
10. Lo que sería razonable poder saber
Una COFEPRIS más transparente no necesita revelar información confidencial de las empresas ni convertir cada dictamen en un precedente obligatorio. Sin embargo, puede hacer visible mucha más información útil para elevar la certeza regulatoria.
Entre los datos que tendría sentido publicar periódicamente se encuentran: inventario de trámites pendientes por homoclave y antigüedad; tiempos legales frente a tiempos reales de resolución; porcentaje de expedientes prevenidos y causas más frecuentes; criterios técnicos de aplicación general; diferencias de criterio detectadas entre autoridades estatales y forma de corregirlas; resultados agregados de verificaciones; desempeño de los canales de atención; y seguimiento de recomendaciones, observaciones de auditoría y acciones correctivas.
También sería útil un repositorio de criterios anonimizados sobre casos complejos. No para sustituir la ley ni para crear regulación por oficio, sino para que el sector regulado comprenda cómo la autoridad aplica conceptos técnicos que inevitablemente requieren interpretación. La previsibilidad es una forma de prevención sanitaria: facilita el cumplimiento antes de que la autoridad deba sancionar.
11. Una agenda posible: menos misterio, más regulación basada en evidencia
Los cambios recientes indican que la COFEPRIS intenta transformarse. La reducción de trámites, la digitalización, los esquemas de reliance, los avisos autogestivos, las guías no regulatorias y la formalización del Sistema Federal Sanitario pueden mejorar significativamente la regulación sanitaria mexicana.
Pero la siguiente etapa no debería medirse sólo por cuántos trámites se eliminaron o por cuántos expedientes ingresaron a una plataforma. Debería medirse por la capacidad de resolver de manera consistente, explicar los criterios, mantener tiempos predecibles, coordinar con las autoridades estatales y responder técnicamente cuando surja un caso no previsto en el formulario.
En otras palabras, COFEPRIS necesita seguir siendo una autoridad sólida. Una agencia sanitaria débil tampoco beneficia a las empresas: aumenta la informalidad, deteriora los mercados y expone a la población. La cuestión no es reducir su capacidad de intervención, sino elevar la calidad con la que la ejerce.
La pregunta que queda bajo la lupa, entonces, no es si COFEPRIS regula, lo cual, sin duda, no está en duda; tampoco si autoriza, verifica ni sanciona; lo verdaderamente interesante es si puede convertirse en una autoridad que, además de administrar expedientes y riesgos, sea capaz de generar certeza.
Porque, para proteger la salud, no basta con poder decir “no”, una buena regulación también debe ser capaz de explicar cuándo puede decir “sí”, en qué condiciones, en cuánto tiempo y con qué evidencia.
Fuentes principales consultadas
Ley General de Salud. Reforma publicada en el DOF el 15 de enero de 2026 (artículos 9 Bis, 17 Bis, 18 y correlativos). Consultar fuente
Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Consultar fuente
COFEPRIS. “COFEPRIS consolida en 2025 un sistema regulatorio más ágil, seguro y con reconocimiento internacional”, 31 de diciembre de 2025. Consultar fuente
DOF. Acuerdo de simplificación de trámites de COFEPRIS, 22 de agosto de 2025. Consultar fuente
COFEPRIS. “COFEPRIS elimina la dictaminación de Avisos como parte de la simplificación administrativa”, 12 de marzo de 2026. Consultar fuente
COFEPRIS. “COFEPRIS mejora servicios y plazos de atención mediante notificaciones por correo electrónico”, 27 de febrero de 2026. Consultar fuente
COFEPRIS. Reunión Nacional del Sistema Federal Sanitario, 2026. Consultar fuente
COFEPRIS. Plataforma DIGIPRiS. Consultar fuente
ASF. Auditoría de Cumplimiento Forense 76, Cuenta Pública 2024: Programa G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios”. Consultar fuente
COFEPRIS. “Aclaraciones sobre información publicada respecto de DIGIPRiS”, 25 de agosto de 2026. Consultar fuente
COFEPRIS. “Cofepris se consolida como institución libre de corrupción y con cero impunidad”, 28 de enero de 2024. Consultar fuente
COFEPRIS. Línea 079 para trámites, dudas, quejas y denuncias, 23 de septiembre de 2026. Consultar fuente
COFEPRIS. Guías no regulatorias, actualizadas el 14 de octubre de 2026. Consultar fuente
COFEPRIS. Listado de resoluciones disponibles, actualizado el 5 de noviembre de 2026. Consultar fuente
Nota metodológica. El documento distingue entre hechos normativos, datos institucionales y observaciones de fiscalización. Las observaciones de la ASF se describen en sus propios términos y no se presentan como determinaciones firmes de responsabilidad individual. La ausencia de ciertos indicadores se refiere exclusivamente a las fuentes públicas revisadas a la fecha indicada.





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