PROYECTOS ESTRATÉGICOS BAJO LA LUPA AMBIENTAL. Parte 4. Regulación ambiental: cuando el permiso ambiental no es suficiente.


Fragmentación regulatoria, circularidad y cumplimiento frente a múltiples autoridades.
Una misma operación puede responder ante varias autoridades. El reto no es acumular permisos, sino identificar riesgos, coordinar obligaciones y demostrar resultados.
En las entregas anteriores de esta serie hemos revisado los trenes de pasajeros, la política hídrica y la restauración de ecosistemas a partir de una pregunta común: ¿el beneficio ambiental anunciado puede demostrarse y cuál es el costo ambiental total para obtenerlo?
La regulación merece ser sometida a una pregunta semejante.
México cuenta con un amplio entramado de leyes, reglamentos, normas oficiales, autorizaciones, concesiones, registros, avisos, licencias, verificaciones e inspecciones. Sin embargo, el número de disposiciones aplicables o de permisos obtenidos no permite, por sí mismo, determinar si una actividad está adecuadamente regulada ni, mucho menos, si produce mejores resultados ambientales.
Hay, además, una dificultad que pocas veces se aprecia al observar el cumplimiento desde fuera de una instalación: una misma actividad puede encontrarse simultáneamente bajo la competencia de distintas autoridades, cada una de ellas evaluando un riesgo distinto y aplicando un régimen jurídico propio.
SEMARNAT puede revisar impactos ambientales, emisiones, residuos o riesgos; CONAGUA, el aprovechamiento del agua, las descargas o la ocupación de bienes nacionales; COFEPRIS, los riesgos sanitarios derivados del agua, sustancias o procesos; DEFENSA, determinados materiales explosivos y sustancias químicas; ASEA, en el sector de hidrocarburos, combina seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental. A ello se suman autoridades estatales, municipales, de protección civil, de desarrollo urbano y otras que pueden intervenir, según la actividad.
La realidad productiva, sin embargo, no se rige por dependencias, para una empresa existe una sola instalación, un proceso productivo y una operación diaria; en la Administración Pública pueden existir numerosos expedientes.
Y la incorporación progresiva de esquemas de economía circular introduce una variable adicional: procesos que antes terminaban en una descarga, un residuo o una disposición final ahora pueden incorporar reúso, recuperación, reparación, reincorporación, valorización o retorno de materiales.
La economía circular pretende cerrar ciclos materiales; la regulación todavía suele gestionarlos mediante expedientes separados.
Por ello, la pregunta ya no debería limitarse a si la empresa cuenta con autorización ambiental; sería, más bien, más completa: ¿se identificaron todos los riesgos de la operación, las autoridades que los regulan, las obligaciones asociadas y las consecuencias jurídicas que surgen cuando los materiales, el agua o los productos dejan de seguir una trayectoria lineal?
1. Una actividad, varios reguladores
La clasificación administrativa de un proyecto no siempre coincide con la realidad física de su operación; esto es, una planta industrial puede utilizar agua de un pozo, generar descargas, emitir contaminantes a la atmósfera, almacenar sustancias químicas, generar residuos peligrosos y de manejo especial, utilizar materiales sujetos a controles específicos y contar con instalaciones sujetas a protección civil.
Así las cosas, para la empresa, todo forma parte del mismo proceso de interacción burocrática; por su parte, la autoridad, en cambio, puede observar cada componente por separado, lo que hace evidente una de las paradojas del cumplimiento regulatorio contemporáneo: el riesgo es integral, pero su administración sigue estando ampliamente fragmentada.
La división de competencias tiene razones jurídicas e institucionales, digamos, comprensibles; resultaría difícil imaginar una sola autoridad especializada simultáneamente en agua, salud, sustancias químicas, residuos, explosivos, seguridad industrial, impacto ambiental y desarrollo urbano. La realidad sea dicha, el problema surge cuando esa especialización se convierte en incomunicación.
Un mismo plano puede ser solicitado por distintas autoridades; la misma representación legal puede tener que acreditarse varias veces; un cambio de domicilio, de representante o de responsable técnico puede requerir actualizaciones independientes; por su parte, una modificación del proceso puede tener efectos ambientales, sanitarios, hídricos y de seguridad que no necesariamente se tramitan de manera coordinada y una autorización obtenida ante una autoridad no necesariamente resuelve (ni siquiera anticipa) las obligaciones que surgirán frente a otra. El resultado puede ser una instalación que cuenta con múltiples permisos y, sin embargo, conserva áreas de incertidumbre.
2. Agua: cuando CONAGUA y COFEPRIS observan el mismo recurso desde perspectivas diferentes
El agua probablemente sea uno de los ejemplos más claros; para CONAGUA, el punto de partida puede ser el derecho a aprovechar las aguas nacionales, el volumen concesionado, la medición, la descarga o la ocupación de bienes nacionales. Para COFEPRIS, en cambio, interesan particularmente la condición sanitaria del sistema de abastecimiento y la calidad del agua cuando esta se utiliza para consumo humano o interviene en determinados procesos.
La propia COFEPRIS identifica entre las actividades sujetas a vigilancia sanitaria los sistemas de abastecimiento y control de calidad del agua para uso y consumo humano, así como los establecimientos privados abastecidos mediante pozos.
No existe contradicción: ambas autoridades observan el mismo recurso desde perspectivas jurídicas distintas.
La complejidad aumenta al introducir el reúso; si una instalación trata internamente una corriente y pretende reincorporarla al proceso, reducir el consumo de agua de primer uso o destinarla a actividades diferentes, la iniciativa puede ser ambientalmente deseable, pero inmediatamente surgen preguntas regulatorias: ¿qué calidad debe alcanzar el agua para el uso pretendido?, ¿se trata todavía de una descarga?, ¿el reúso modifica el balance hídrico de la instalación?, ¿existen implicaciones sanitarias?, ¿deben actualizarse permisos o información previamente presentada?, ¿cómo se acredita que el volumen efectivamente reutilizado sustituye agua de primer uso?
La circularidad hídrica, por tanto, no elimina el derecho administrativo, sino que lo vuelve más interesante; el reto consiste en evitar que un proyecto ambientalmente conveniente quede atrapado entre categorías regulatorias diseñadas para un esquema lineal de extracción → uso → descarga.
La transición hacia modelos de extracción → uso → tratamiento → reúso → recirculación requiere reglas capaces de seguir el agua a lo largo de ese nuevo ciclo.
3. COFEPRIS: cuando el ambiente también es salud
La relación entre el medio ambiente y la salud tampoco se limita al agua; COFEPRIS tiene competencia sobre actividades y establecimientos relacionados con factores ambientales que pueden afectar la salud, incluidos sustancias tóxicas, plaguicidas, saneamiento básico y sistemas de abastecimiento.
Esto resulta importante porque las empresas suelen organizar internamente sus obligaciones por áreas: medio ambiente, seguridad, salud, calidad, jurídico; en un sistema como el nuestro, la regulación no siempre respeta esas fronteras internas.
Un cambio en una materia prima puede tener consecuencias sanitarias; una modificación en el tratamiento del agua puede alterar las obligaciones de calidad. Un material recuperado puede ser ambientalmente aprovechable y, sin embargo, resultar incompatible con determinadas condiciones sanitarias del proceso.
Incluso una modificación puramente corporativa, como el cambio de representante legal, de establecimiento, de domicilio o de responsable sanitario, puede impedir la continuidad de trámites posteriores si la información en las plataformas no está actualizada, lo que evidencia una dimensión de la burocracia que suele subestimarse: el cumplimiento regulatorio no depende únicamente del desempeño ambiental o sanitario de la instalación; depende también de que su identidad administrativa permanezca correctamente actualizada.
La simplificación emprendida por COFEPRIS durante 2025 y 2026 busca precisamente reducir trámites, requisitos y tiempos, sin duda, un avance relevante, pero simplificar el catálogo de una dependencia no necesariamente resuelve la coordinación con las demás.
4. SEDENA: una sustancia puede tener varias identidades jurídicas
Algo semejante ocurre con determinadas sustancias químicas, esto es, para producción pueden ser materias primas, para el área ambiental pueden representar riesgo por almacenamiento, emisiones, derrames o generación de residuos. Para la protección civil, pueden constituirse materiales sujetos a condiciones particulares de seguridad; y para la SEDENA, pueden encontrarse sujetos a controles específicos de fabricación, compra, almacenamiento, consumo, importación, exportación o transporte.
Una misma sustancia puede, por tanto, adoptar distintas identidades regulatorias: materia prima → sustancia controlada → insumo productivo → factor de riesgo → material transportado → remanente → residuo.
Incluso el transporte especializado muestra claramente esa concurrencia normativa cuando los controles pueden implicar permisos, condiciones de traslado y documentación de distintas autoridades.
La circularidad plantea aquí otra pregunta: ¿Qué ocurre cuando un material regulado deja de utilizarse conforme a su destino original y es recuperado, devuelto, reprocesado o reincorporado? La intención de evitar desperdicios no modifica automáticamente su naturaleza jurídica.
Un material puede conservar restricciones derivadas de su composición, peligrosidad, almacenamiento o transporte aun cuando económicamente haya adquirido un nuevo valor. Por ello, recuperar valor no equivale necesariamente a cambiar de régimen jurídico. La trazabilidad resulta indispensable.
5. ASEA: riesgo, operación y ambiente bajo una lógica más integrada
ASEA ofrece un ejemplo particularmente interesante porque su propia arquitectura institucional reúne seguridad industrial, seguridad operativa y protección del medio ambiente dentro del sector de hidrocarburos. El modelo no elimina la complejidad técnica ni administrativa, pero reconoce algo fundamental: los riesgos reales no ocurren de manera independiente sólo porque la legislación los haya clasificado en materias distintas.
Una falla operativa puede producir simultáneamente afectaciones ambientales, riesgos para los trabajadores, daños a terceros, contaminación del suelo o del agua, emisiones, generación de residuos y responsabilidades administrativas.
La circularidad tampoco puede observarse al margen de esa realidad. La recuperación, recirculación o reincorporación de materiales en procesos industriales puede reducir consumos y residuos, pero también modificar balances, condiciones de almacenamiento, características de los procesos y perfiles de riesgo.
Una solución circular mal evaluada puede reducir un impacto y generar otro; por eso, el análisis no debería detenerse en preguntar cuánto material fue recuperado; de igual forma, es aplicable preguntarse cómo cambió el riesgo de la operación al recuperarlo.
6. Residuos: circularidad no significa ausencia de control
Probablemente es en los residuos donde la circularidad enfrenta su prueba más dura. La Ley General de Economía Circular incorpora instrumentos, responsabilidades e indicadores orientados a prolongar la vida útil de los productos, aprovechar los materiales y reducir la generación de residuos, pero la economía circular no sustituye automáticamente el régimen jurídico de residuos.
La NOM-161-SEMARNAT-2011 continúa vigente y establece criterios para clasificar los residuos de manejo especial, identificar aquellos sujetos a planes de manejo y definir los elementos de dichos instrumentos; el reto radica precisamente en la frontera entre residuo, material recuperado, componente reutilizable y producto.
El hecho de que una empresa recolecte, clasifique, desensamble, repare, reacondicione, triture, recupere componentes o comercialice materiales provenientes de residuos no convierte automáticamente todas esas operaciones en economía circular ni las excluye de los controles ambientales aplicables.
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son un buen ejemplo, en ese mercado pueden coexistir operadores con infraestructura, controles, trazabilidad y destinos verificables, junto con otros con modelos de operación mucho menos claros.
La palabra “reciclaje” puede abarcar actividades muy diferentes.
En algunos casos, se logra una recuperación efectiva de materiales y un manejo adecuado de las fracciones resultantes; en otros, el proceso puede limitarse a separar lo que conserva valor comercial y desplazar el resto hacia otro eslabón de la cadena, y ahí es cuando surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿dónde termina realmente el residuo?
No basta con acreditar que fue entregado a un tercero; tampoco debería serlo si ese tercero se autodenomine reciclador. Una gestión circular debería permitir reconstruir la cadena: qué se recibió → cuánto se recibió → qué se recuperó → cómo se procesó → qué fracciones quedaron → quién las recibió → cuál fue su destino final.
La dificultad aumenta cuando la capacidad de inspección y vigilancia de la autoridad resulta insuficiente y en esas condiciones puede generarse un incentivo económico perverso: quien evita costos de infraestructura, autorizaciones, manejo seguro, almacenamiento, trazabilidad o disposición final puede ofrecer servicios más baratos que quien sí asume esas obligaciones, con lo que se hace evidente que ya no se trata solo de un problema ambiental, se convierte en un problema de competencia desigual.
Quien cumple puede terminar compitiendo contra quien reduce costos precisamente porque una parte de su cadena permanece fuera de la vista.
La circularidad no debería convertirse en un refugio regulatorio para actividades que, fuera de esa etiqueta, seguirían requiriendo autorización, trazabilidad y control.
La economía circular necesita recicladores, recuperadores, reparadores, gestores, acopiadores, transformadores y mercados secundarios, pero, precisamente por ello, necesita distinguir a quienes realmente cierran ciclos de quienes simplemente mueven el residuo al siguiente eslabón.
Porque, tratándose de residuos, cerrar el ciclo no implica encontrar un nuevo comprador; significa demostrar que el ciclo se cerró efectivamente.
7. El costo invisible del cumplimiento
Hasta aquí podría pensarse que el problema se resuelve simplemente identificando cada autoridad y obteniendo las autorizaciones correspondientes, pero no se debe perder de vista que existe otra variable: el costo de administrar la regulación.
No se trata únicamente de los derechos que se enteran al gobierno; las empresas invierten tiempo y recursos en estudios técnicos, planos, levantamientos, análisis de laboratorio, certificaciones, firmas electrónicas, representantes legales, plataformas, responsables técnicos, prevenciones, inspecciones, actualizaciones, renovaciones y conservación de expedientes, a lo que hay que agregar abogados, ingenieros, laboratorios, verificadores, consultores, gestores y personal interno.
Y todavía existe un costo menos visible: el costo de oportunidad regulatorio. Una autorización pendiente puede retrasar una ampliación; una prevención puede detener un proyecto; una modificación societaria no actualizada o no informada puede bloquear otro trámite, como el que se tramita ante SEDENA. Una plataforma que no reconoce al representante vigente puede impedir la presentación de una solicitud. Una autorización sectorial puede condicionar el inicio de operaciones aun cuando las demás estén listas.
La propia política pública mexicana ya reconoce ese problema; así, la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos establece mecanismos de simplificación, homologación, digitalización e interoperabilidad para disminuir las cargas administrativas. Al 30 de abril de 2026, la Agencia de Transformación Digital reportaba 3,109 trámites simplificados en 106 instituciones, con reducciones significativas en Medio Ambiente y en COFEPRIS.
Si bien se podría considerar que la dirección es correcta, queda pendiente una pregunta más compleja: ¿qué ocurre cuando el costo burocrático no está en un solo trámite, sino en la suma y la descoordinación de muchos trámites?
8. Digitalizar no siempre significa simplificar
La digitalización es indispensable: reduce papel, traslados, tiempos de recepción y puede facilitar el seguimiento, no obstante, no hay duda de que una plataforma electrónica no elimina por sí sola requisitos duplicados, criterios distintos o expedientes que no dialogan entre sí.
Puede ocurrir algo más sencillo: digitalizar la burocracia sin simplificarla.
El reciente Acuerdo de CONAGUA, publicado el 30 de octubre de 2026, ofrece un ejemplo oportuno, ya que se incorporaron determinados trámites a la Ventanilla Digital Única de Trámites del Agua y se establecieron acciones de simplificación para procedimientos relacionados con descargas, la ocupación de terrenos federales y la regularización.
Si bien la herramienta facilita la gestión, la presentación electrónica no sustituye los requisitos sustantivos ni convierte automáticamente una solicitud en una autorización.
La digitalización resuelve el cómo se presenta, pero la simplificación debería revisar también qué se pide, por qué se pide, cuántas veces se pide y qué otra autoridad ya posee esa información.
9. El permiso tampoco termina el cumplimiento
Otra dificultad consiste en creer que obtener la autorización marca el final del proceso; en realidad, muchos permisos son apenas el comienzo; en un número importante de ellos, existen reportes, renovaciones, muestreos, bitácoras, análisis, calibraciones, manifiestos, programas, capacitaciones, actualizaciones e inspecciones.
Por otro lado, las instalaciones también cambian: se modifican procesos, hay relevos de representantes, cambian los responsables técnicos/sanitarios, se incorporan nuevas o diferentes sustancias, se sustituyen equipos y se modifican capacidades. Aparecen nuevas corrientes de residuos, se empiezan a desarrollar proyectos de reúso y ahora se busca incorporar estrategias de circularidad.
El riesgo consiste en que la operación evolucione mientras el expediente permanezca congelado. Por ello, el cumplimiento no debería verse como una fotografía documental. Debe observarse como una película.
La secuencia relevante podría ser: actividad → riesgo → autoridad → autorización → obligación operativa → vigilancia → evidencia → actualización → resultado verificable.
Y cuando aparece la circularidad, habría que añadir: insumo → uso → residuo o subproducto → recuperación → reincorporación → trazabilidad → nuevo uso. Cada transición puede tener consecuencias regulatorias.
10. Circularidad: una prueba de estrés para la regulación
La circularidad no es el tema central de la presente entrega, pero constituye una excelente prueba para evaluar qué tan preparada está nuestra regulación para gestionar procesos contemporáneos.
Los marcos regulatorios ambientales se desarrollaron durante décadas en torno a modelos predominantemente lineales: extraer → producir → consumir → desechar. Ahora se pretende avanzar hacia modelos de reducir → reutilizar → reparar → recuperar → reciclar → reincorporar.
Eso obliga a responder preguntas que no siempre son sencillas: ¿cuándo un residuo deja jurídicamente de ser residuo?, ¿qué requisitos debe cumplir un material secundario para reincorporarse?, ¿quién acredita su trazabilidad?, ¿qué responsabilidad conserva el generador?, ¿qué ocurre con las fracciones no aprovechables?, ¿cómo se verifica un porcentaje de circularidad?, ¿un cambio destinado a reutilizar materiales modifica una autorización ambiental existente?, ¿el reúso de agua modifica obligaciones sanitarias?, ¿la recuperación de una sustancia altera los controles sobre almacenamiento o transporte?
El reto no consiste en impedir la circularidad mediante regulación, así como tampoco permitir que la circularidad se convierta en argumento para eludirla. Consiste en construir reglas que sepan reconocer cuándo una innovación realmente reduce impactos y cuándo simplemente cambia la etiqueta de una actividad.
11. ¿Simplificación o desregulación?
Simplificar tampoco significa necesariamente controlar menos; eliminar requisitos innecesarios, homologar documentos, compartir información entre dependencias o impedir que una empresa presente cinco veces la misma escritura constitutiva puede reducir costos sin disminuir la protección ambiental, de hecho, podría mejorarla.
Una autoridad que invierte menos tiempo en revisar documentos repetitivos puede dedicar más recursos a evaluar riesgos reales. El reto consiste en distinguir entre la burocracia que protege y la que simplemente se acumula.
Un estudio técnico necesario para comprender un riesgo no debería eliminarse bajo el argumento de la simplificación. Una copia certificada de un documento que ya obra en poder del Gobierno quizá sí. Una inspección bien dirigida puede ser indispensable. La captura nuevamente de información que ya posee otra dependencia probablemente no.
Simplificar no debería significar regular menos. Debería significar regular mejor.
12. Interoperabilidad: de los expedientes aislados al cumplimiento integral
El verdadero siguiente paso probablemente no sea solo eliminar más trámites; podría ser que las autoridades compartan información básica, reconozcan identidades jurídicas, relacionen establecimientos, consulten autorizaciones y eviten que cada dependencia reconstruya desde cero el mismo expediente empresarial.
Es claro que una empresa tiene una identidad corporativa, instalaciones, procesos, utiliza agua, maneja sustancias, genera residuos y emisiones, y cuenta con representantes y responsables. La Administración Pública debería ser capaz de reconocer esa misma realidad.
La interoperabilidad no implica que una autoridad invada las competencias de otra; significa que las competencias distintas puedan observar una misma operación sin obligar al regulado a fragmentarse artificialmente frente al Estado.
La circularidad hace aún más evidente esa necesidad: si un material sale de un proceso y entra en otro, la regulación debería poder seguirlo; si el agua se trata y se reutiliza, debería poderse conocer su recorrido; por otro lado, si un residuo se transforma en insumo, debería existir evidencia suficiente para acreditar la transición y si una sustancia cambia de destino, deberían identificarse las consecuencias regulatorias correspondientes.
Ahí se encuentra uno de los retos más interesantes del cumplimiento ambiental contemporáneo: pasar de administrar permisos a administrar riesgos y resultados.
13. Bajo la lupa
En las entregas anteriores de esta serie hemos insistido en no confundir anuncios, infraestructura o superficie protegida con resultados ambientales; lo mismo ocurre con la regulación.
No deberíamos confundir más leyes con mejor regulación; más permisos con mayor cumplimiento; más trámites con mayor control; más digitalización con verdadera simplificación; ni más actividades denominadas “circulares” con mayor circularidad.
La regulación cumple su propósito cuando permite identificar riesgos, prevenir daños, verificar el cumplimiento de las obligaciones, corregir incumplimientos y demostrar resultados, lo cual requiere que sea comprensible, coordinada, verificable y administrativamente razonable.
Existe una paradoja que no debería ignorarse: una regulación excesivamente fragmentada puede consumir tantos recursos en demostrar el cumplimiento formal que termine restándolos al cumplimiento material.
Pero también existe la paradoja inversa: una regulación débil, mal coordinada o escasamente vigilada puede convertir conceptos ambientalmente valiosos (como reciclaje, reúso o circularidad) en simples etiquetas comerciales.
El reto no consiste, por tanto, en escoger entre regulación y simplificación, ni entre control y circularidad, sino en hacer que trabajen juntos.
Porque una instalación puede tener todos sus permisos perfectamente ordenados en una carpeta y, aun así, conservar vacíos importantes de cumplimiento, y un residuo puede cambiar de propietario varias veces sin haber cerrado realmente ningún ciclo.
Al final, la diferencia está en la evidencia.
El expediente acredita autorizaciones. La operación demuestra si realmente se cumple.
Fuentes de referencia
COFEPRIS – Riesgos ambientales: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/riesgos-ambientales
DEFENSA – Sustancias químicas: https://www.gob.mx/defensa/acciones-y-programas/sustancias-quimicas
ASEA – Programa de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente 2025–2030: https://www.gob.mx/asea/acciones-y-programas/programa-de-seguridad-industrial-seguridad-operativa-y-proteccion-al-medio-ambiente-del-sector-hidrocarburos-2025-2030-420407
Ley General de Economía Circular: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEC.pdf
NOM-161-SEMARNAT-2011: https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-161-semarnat-2011/
Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNETB.pdf
Agencia de Transformación Digital – Simplificación en el Gobierno Federal: https://www.gob.mx/atdt/agendas/2030/simplificacion-en-el-gobierno-federal
DOF – Acuerdo CONAGUA, 30 de octubre de 2026: https://sidof.segob.gob.mx/notas/5802602





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