DGIRA: Del Filtro Técnico al Cuello de Botella Institucional.
- GCDS
- 30 sept
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La política ambiental mexicana se ha construido a lo largo de cuatro décadas, en un tránsito complejo que va de regulaciones dispersas y fragmentadas hacia instituciones especializadas con responsabilidades crecientes. En este proceso, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) surge como una de las piezas clave del engranaje institucional. Su razón de ser era clara: ordenar, controlar y dar certeza en ámbitos críticos de la política ambiental nacional la autorización de proyectos productivos.
Sin embargo, con el paso del tiempo, todo pareciera ser que se ha evolucionado en sentido contrario a su misión original. Hoy se caracteriza más por rezagos interminables, trámites discrecionales y falta de capacidad operativa que, por el rigor técnico y la certeza jurídica, deberían ofrecer. Lo que nació como institución de garantía ambiental, se ha convertido en un símbolo de ineficiencia y obstáculo al desarrollo sostenible.
Antes de la LGEEPA: dispersión y vacío institucional
Previo a la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en 1988, la regulación ambiental en México estaba fragmentada. Las autorizaciones para proyectos productivos se repartían entre varias dependencias:
a. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) emitía permisos parciales vinculados a planeación urbana.
b. La Secretaría de Salud regulaba descargas de aguas residuales y emisiones con criterios sanitarios, no ambientales.
El resultado era un vacío institucional: no había un órgano técnico que evaluara integralmente los impactos ambientales de los proyectos ni que gestionara con visión sostenible las zonas costeras.
La LGEEPA vino a llenar ese vacío, y con ella surgieron instancias especializadas. La DGIRA aparece como respuesta concreta, en particular para controlar el boom industrial y energético de los 90’s.
DGIRA: Del Filtro Técnico al Cuello de Botella Institucional
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de SEMARNAT representa una de las paradojas más ilustrativas del sistema ambiental mexicano, concebida como el filtro técnico que garantizaría la protección ambiental sin obstaculizar el desarrollo económico responsable, se ha convertido en un cuello de botella institucional que genera más incertidumbre jurídica que certeza ambiental.
La DGIRA dentro de la Estructura Institucional
Como una de las cinco direcciones generales de la Subsecretaría de Regulación Ambiental, la DGIRA tiene entre sus facultades principales evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental (MIA´s) y estudios de riesgo de obras y actividades de competencia federal, así como expedir las autorizaciones correspondientes. Su mandato legal, establecido por la LGEEPA, la posiciona como el guardián técnico que debe equilibrar la protección ambiental con las necesidades de desarrollo nacional.
Sin embargo, la realidad operativa dista significativamente de esta aspiración institucional. La DGIRA se ha caracterizado por rezagos sistemáticos, criterios de evaluación inconsistentes y una discrecionalidad que mina la confianza tanto de los promoventes como de la sociedad civil; situación que ha sido oscilante dependiendo de la administración de que se trate.
Problemática Estructural: Cuando la Técnica se Subordina a la Burocracia
Rezagos Operativos Crónicos
El tiempo promedio de respuesta para la evaluación de una Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Particular podría ser de 65 días pero en la realidad, por mucho excede a más del doble del tiempo, siendo la constante de una no respuesta, lo que sin duda, supera los plazos legalmente establecidos y genera un efecto dominó de costos económicos e incertidumbre jurídica. Esta situación se agrava cuando se considera que a la gran mayoría de los proyectos se les solicita información adicional, no por deficiencias técnicas sustantivas, sino por la ausencia de criterios claros de suficiencia de información y en algunos casos para ganar tiempo o para liberar la presión que pudiera haber, conocedores de que hay proyectos que tienen más peso que otros.
Discrecionalidad en Lugar de Criterios Técnicos
La evaluación de impacto ambiental en México padece de falta de criterios homogéneos y objetivos. Los evaluadores operan sin lineamientos técnicos precisos que determinen cuándo un documento proporciona la información mínima necesaria para ser evaluado. Esta carencia obliga a los funcionarios a improvisar criterios caso por caso, generando inconsistencias que se traducen en tratamientos desiguales para proyectos similares.
La Universidad Autónoma Metropolitana, en su análisis del procedimiento de evaluación, identificó que la problemática central consiste en que no había criterios de suficiencia para determinar cuándo un documento proporciona la información mínima necesaria para ser evaluado técnicamente. Esta ausencia de estándares claros convierte cada evaluación en un ejercicio de interpretación subjetiva.
Recursos Técnicos Insuficientes
La DGIRA opera con un "reducido equipo de dictaminación" (este tema se agudiza derivado de las diversas reducciones presupuestarias que ha sufrido el sector y a la “austeridad franciscana” a la que han sometido a todos los temas medioambientales lo que genera la problemática de la insuficiencia para atender la carga de trabajo que representa la evaluación de proyectos estratégicos nacionales. Esta limitación no solo genera rezagos, sino que compromete la calidad técnica de las evaluaciones, forzando decisiones apresuradas o superficiales que no cumplen con el rigor que amerita la protección ambiental.
La Realidad Cotidiana: Testimonios del Cuello de Botella
Tras analizar los rezagos, la discrecionalidad y la falta de criterios claros, conviene ilustrar cómo estos factores impactan de forma tangible la vida de los actores involucrados:
El desarrollador turístico
Un proyecto de ecoturismo en la península de Yucatán, con inversión de 15 M USD y promesas de generar 120 empleos, permanece en "limbo regulatorio" desde hace 18 meses. La empresa ha pagado 1.2 M USD en intereses de línea de crédito sin avanzar un metro en obra, pues cada envío de información adicional toma hasta 45 días en ser validado, solo para recibir nuevas solicitudes de datos.
La empresa de energías renovables
Una filial mexicana de un consorcio extranjero adquirió turbinas eólicas por 8 M USD para un parque en Oaxaca. El equipo está almacenado en renta de bodega, generando un costo operativo de 300 k USD mensuales, mientras la DGIRA retrasa la aprobación más allá de los 90 días legales. Este desincentivo a proyectos limpios contrasta con la respuesta expedita cuando se trata de obras con respaldo político.
El consultor ambiental
Profesionales independientes dedican en promedio poco más de 30 horas adicionales por expediente para satisfacer solicitudes inconsistentes de información. En un caso, un expediente "técnicamente completo" requirió cinco rondas de correcciones menores por ausencia de un criterio de suficiencia definido, extendiendo el proceso de 60 a 210 días sin justificación técnica clara.
La PyME constructora
Una empresa de construcción de tamaño mediano invirtió 500 k USD en infraestructura para un parque industrial. Tras 12 meses esperando autorización de MIA, agotó su capital de trabajo y debió suspender operaciones, provocando la pérdida de 50 empleos directos y 200 indirectos. La angustia empresarial se convierte en desempleo comunitario cuando la burocracia frena emprendimientos productivos.
Estos cuatro casos muestran que la DGIRA no discrimina según tamaño o sector: todos pagan el costo del cuello de botella. En total, más o menos unos 1,545 proyectos están detenidos únicamente por falta de resolución, lo que traduce un retraso promedio de 199 días para privados frente a 36-55 (en algunos menos) días para proyectos públicos; esto nos lleva a considerar, bueno, al menos pensar que la agilidad con la que los diversos proyectos de infraestructura que ha desarrollado el Gobierno, han sido autorizados, a lo que de igual forma, no se puede ser omiso a la interrogante de lo interesante que sería analizar lo que se autorizó contra lo que se presentó como una Manifestación.
Más allá de la autoridad: la corresponsabilidad técnica y el rol del consultor ambiental
Es en realidad justo el tener que decir que no todo el rezago y la frustración del sistema de evaluación ambiental puede atribuirse a la administración pública. Existe una parte igualmente crítica del problema que se ubica “del otro lado del escritorio”: el desempeño deficiente de algunos consultores y técnicos ambientales.
Un consultor ambiental inadecuado agrede tanto a sus clientes como al interés público. Errores básicos en la interpretación legal, omisiones en los estudios técnicos, ausencia de rigor metodológico o la entrega de documentos incompletos se traducen en expedientes deficientes, correcciones interminables y un incremento innecesario en los tiempos de respuesta; no es difícil encontrar y/o saber de grandes expedientes pero de pura literatura referenciada sin valor al proyecto. El resultado es un doble castigo, tanto para el promovente como para los demás actores que ven sus proyectos detenidos y recursos desperdiciados, tanto en lo económico como en lo ambiental.
Las consecuencias van más allá del incumplimiento administrativo. Los promoventes que depositan su confianza en asesoría ambiental mal informada/capacitada o poco ética pueden ver frustrada la viabilidad de sus iniciativas, o incluso exponerse a sanciones legales, multas y daño reputacional irreparable. Esta situación afecta especialmente a pequeñas empresas y actores sin experiencia, que muchas veces eligen consultores “por precio” y terminan pagando el costo real en tiempo, recursos y oportunidades perdidas.
A esto se suma la falta de una certificación profesional obligatoria y de mecanismos efectivos de monitoreo y rendición de cuentas en el gremio de consultores ambientales. Mientras no existan estándares mínimos claros y supervisión técnica rigurosa, el ciclo de expedientes deficientes y resoluciones tardías se perpetuará, afectando tanto la gestión pública como la privada.
La transformación que México necesita no termina en la modernización institucional de la DGIRA. Es indispensable robustecer la profesionalización y la ética del consultor ambiental: fomentar esquemas de certificación, actualización continua, y mecanismos formales de transparencia y denuncia por mala praxis, para asegurar que quien asesore lo haga con solvencia, rigor técnico y una visión honesta del interés público.
Solo así será posible romper el círculo vicioso de ineficiencia y frustración y avanzar hacia un sistema de evaluación de impacto ambiental confiable, ágil y profesional, donde la corresponsabilidad entre autoridad y consultores sea norma, y no la excepción.
Casos Paradigmáticos: La Política Ambiental como Variable de Ajuste
El Tren Maya: Discrecionalidad Selectiva
Los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a la evaluación ambiental del Tren Maya evidencian cómo la DGIRA puede acelerar procesos cuando existe presión política, mientras que proyectos sin respaldo gubernamental enfrentan dilaciones injustificadas. Esta selectividad compromete la credibilidad técnica de la institución y convierte la evaluación ambiental en una herramienta de política económica más que de protección ecosistémica.
Proyectos Privados: El Limbo de la Incertidumbre
Empresas que han invertido años en el desarrollo de proyectos sustentables enfrentan parálisis regulatoria que puede extenderse por períodos indefinidos, generando costos financieros que frecuentemente superan las inversiones ambientales originalmente contempladas. Esta situación desincentiva la inversión responsable y privilegia a quienes pueden costear largos procesos de cabildeo institucional.
Consecuencias Institucionales y Económicas
Pérdida de Confianza Institucional
La inconsistencia en los criterios de evaluación ha generado pérdida de confianza tanto en inversionistas nacionales como extranjeros. La percepción de arbitrariedad en las decisiones ambientales se traduce en sobrecostos que las empresas incorporan a sus proyecciones, encareciendo inversiones que podrían contribuir al desarrollo sustentable.
Impacto en la Competitividad Nacional
México compite internacionalmente por inversiones en sectores como energías renovables, infraestructura sustentable y tecnologías limpias. La incertidumbre regulatoria generada por la DGIRA coloca al país en desventaja frente a jurisdicciones que ofrecen marcos regulatorios predecibles y eficientes, sin sacrificar estándares ambientales.
Desincentivos a la Sustentabilidad
Paradójicamente, los rezagos y la discrecionalidad de la DGIRA desincentivan las mejores prácticas ambientales. Las empresas que invierten recursos significativos en tecnologías limpias y medidas de mitigación no reciben trato preferencial, mientras que proyectos de menor calidad ambiental pueden recibir autorizaciones más expeditas mediante cabildeo o presión política.
Propuestas de Transformación Institucional
1. Digitalización con Trazabilidad Obligatoria
Implementar un sistema digital integral que documente cada etapa del proceso de evaluación, con tiempos obligatorios para cada fase y alertas automáticas cuando se excedan los plazos legales. Este sistema debe incluir:
a. Registro temporal de cada revisión y modificación al expediente
b. Justificación técnica obligatoria para solicitudes de información adicional
c. Indicadores de desempeño por evaluador y por tipo de proyecto
d. Portal de transparencia que permita a los promoventes consultar el estatus real de sus expedientes
e. Criterios Técnicos Homogéneos
f. Desarrollar y publicar manuales técnicos específicos por sector que establezcan:
f.1 Criterios de suficiencia de información objetivos y verificables
f.2 Lineamientos técnicos para la evaluación de impactos específicos
f.3 Metodologías estandarizadas para la valoración de medidas de mitigación
f.4 Escalas de impacto que permitan tratamientos diferenciados pero consistentes
g. Fortalecimiento de Capacidades Técnicas:
g.1 Incrementar significativamente la plantilla técnica especializada de la DGIRA, priorizando:
g.1.1 Profesionales con maestrías o doctorados en ciencias ambientales específicas y con práctica.
g.1.2 Programas de actualización técnica continua y obligatoria
g.1.3 Intercambios técnicos con instituciones académicas nacionales e internacionales
g.1.4 Sistemas de evaluación de desempeño basados en criterios técnicos objetivos
2. Consejos Técnicos Consultivos
Establecer consejos técnicos consultivos externos integrados por:
a. Representantes de instituciones académicas especializadas
b. Expertos técnicos independientes por sector de actividad
c. Representantes de organizaciones ambientales con capacidad técnica comprobada
d. Especialistas internacionales en evaluación de impacto ambiental
3. Incentivos a la Excelencia Ambiental
Crear mecanismos de reconocimiento para proyectos que excedan estándares ambientales:
a. Procesos de evaluación expeditos para empresas con certificaciones ambientales internacionales
b. Reducción de requisitos documentales para proyectos con tecnologías probadamente sustentables
c. Reconocimientos públicos a las mejores prácticas ambientales
d. Beneficios fiscales coordinados con la Secretaría de Hacienda
El Imperativo del Cambio Institucional
La DGIRA tiene la oportunidad histórica de redefinir su papel institucional y ser una Unidad Administrativa a la altura que siempre ha debido estar, simplemente por la naturaleza de la actividad y de lo que representa su función y dejar de ser un obstáculo burocrático para convertirse en el motor técnico que catalice el desarrollo sustentable de México. Esto requiere reconocer que la protección ambiental efectiva no se logra mediante dilaciones y discrecionalidad, sino a través de criterios técnicos rigurosos, procesos eficientes y transparencia absoluta.
El México del siglo XXI necesita una DGIRA que compita internacionalmente en excelencia regulatoria ambiental, que atraiga inversiones responsables mediante la certeza jurídica y que demuestre que la protección ecosistémica y el desarrollo económico no solo son compatibles, sino mutuamente potenciadores cuando se gestionan con rigor técnico y visión estratégica.
La transformación de la DGIRA no es solo una necesidad administrativa: es un imperativo nacional para posicionar a México como líder regional en gestión ambiental técnicamente sólida y económicamente inteligente.
El presente artículo de opinión es propia del autor y tan solo es un punto de vista personal el cual no atiende a un asunto en particular ni busca resolver consulta o duda sobre alguno de los aspectos tratados; cualquier duda, con gusto, nos encontramos a la orden.
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