ECONOMÍA CIRCULAR: de los instrumentos a los resultados. Parte 2 Infraestructura, mercados y trazabilidad: condiciones para acreditar el aprovechamiento de materiales.
Resumen
Esta segunda entrega examina cómo distinguir los instrumentos de economía circular tanto en su implementación como en sus resultados. A partir de referencias de Nuevo León, Jalisco y Veracruz, propone relacionar el alcance de los servicios, las condiciones de inversión y de mercado, y la información de seguimiento, para precisar qué puede acreditarse y qué decisiones faltan cuando la cadena no funciona como estaba previsto.
Esta segunda entrega da continuidad a “Economía circular: de los principios a los instrumentos”, en la que examinamos las condiciones jurídicas e institucionales de la transición a partir de las referencias de la Ciudad de México y el Estado de México. Ahora avanzamos hacia su aplicación práctica para analizar cómo la infraestructura, los mercados y la trazabilidad pueden contribuir a que los instrumentos se traduzcan en resultados verificables, tomando como referencia a Nuevo León, Jalisco y Veracruz.
El vínculo entre ambas entregas puede expresarse en una pregunta: ¿qué tendría que cambiar en la operación de una empresa para que un instrumento de economía circular deje de ser solo una referencia normativa o de planeación? En este análisis, proponemos examinar tres conexiones: la del servicio de manejo con el aprovechamiento, la de la inversión con la demanda de materiales y la de los registros administrativos con lo que efectivamente ocurre en las instalaciones.
Nuevo León, Jalisco y Veracruz sirven como referencias para desarrollar esas conexiones, no como experiencias equivalentes ni como una clasificación del desempeño estatal. Los antecedentes citados tienen alcances distintos, por lo que el artículo distingue entre lo que documentan las fuentes y las propuestas de evaluación que aquí se formulan; el objetivo es precisar qué decisiones y qué evidencia harían falta para pasar del instrumento a su aplicación.
Recolectar es un paso, no el resultado completo
Cuando se informa sobre una jornada de acopio o sobre la apertura de una instalación, la atención suele centrarse en la cantidad recibida y en la capacidad disponible; desde luego, ambos datos son útiles, aunque describen momentos distintos y no bastan para conocer cuánto material se aprovechó, qué calidad se obtuvo ni qué ocurrió con las fracciones que no pudieron recuperarse.
Para evaluar una cadena, es recomendable relacionar, dentro de un mismo periodo, lo recibido, lo procesado, lo que permanece almacenado, los materiales recuperados y los rechazos; esta distinción permitiría advertir, por ejemplo, si una mayor recepción se traduce en aprovechamiento o en acumulación, y evitaría contar como reciclado un material que aún espera tratamiento o su salida al mercado.
El seguimiento cobra utilidad cuando esa información modifica una decisión: corregir la separación en origen si se reciben materiales contaminados, revisar la capacidad contratada cuando aumenta el almacenamiento o buscar otro destino cuando el usuario rechaza el producto recuperado. La evidencia no sustituye a la operación, pero permite identificar en qué parte de la cadena falta intervenir.
Nuevo León: seguir la ruta de los residuos de construcción
En julio de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León hizo un llamado al sector constructor, a la ciudadanía y a los prestadores de servicios para evitar que los residuos de construcción y demolición terminaran en arroyos, ríos o terrenos baldíos. En esa comunicación señaló que las escombreras, estaciones de transferencia, centros de acopio y sitios de reciclaje requieren autorización expresa de la dependencia, y exhortó a verificar que los prestadores cuenten con autorización vigente. [1]
El llamado establece una condición previa: contar con una ruta de manejo que no termine en un depósito irregular. A partir de ahí, surge una pregunta distinta: la del aprovechamiento, cuya respuesta requiere conocer qué sucede después de la recepción; la autorización de una instalación no acredita por sí sola que todo el material que ingresa se recicle.
Para desarrollar esa diferencia, se podría separar lo que suele quedar comprendido en una misma expresión: “retirar el escombro”. Un servicio puede limitarse a recoger y trasladar los residuos a un destino autorizado, mientras que acreditar su aprovechamiento requiere seguir la clasificación, el procesamiento y la aplicación del material obtenido. Antes de evaluar el resultado, la empresa necesita tener claro cuál de esos alcances contrató.
En términos de gestión, puede ser una buena idea vincular los registros de salida de la obra con los de recepción y con la información disponible sobre las operaciones posteriores, e identificar también las fracciones que no se aprovechan. Si una constancia acredita únicamente la entrega, debería presentarse como tal y no como prueba de reciclaje; cuando se contrate un resultado adicional, convendría acordar desde el inicio la evidencia que permita comprobarlo, sin confundir estas recomendaciones contractuales con obligaciones legales generales.
La aportación del caso de Nuevo León a este análisis consiste, entonces, en distinguir entre dos planos de decisión: verificar la regularidad del servicio y conocer el resultado del manejo. El comunicado sustenta el primero, mientras que el segundo exige información adicional de la cadena; conservar esa separación evita atribuir al documento oficial una tasa de recuperación o un desempeño que no reporta.
Jalisco: vincular la planeación con las cadenas productivas
En Jalisco, la presentación oficial de la Hoja de Ruta de Economía Circular describe un proyecto impulsado por las secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y de Desarrollo Económico, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y desarrollado por Deuman. Su objetivo es establecer estrategias potenciales para acelerar la transición del sistema productivo, con referencias a los sectores de alimentos y bebidas, manufactura, construcción, turismo y hotelería, y servicios de tecnologías de la información. [2]
La misma comunicación destaca la colaboración público-privada y menciona, entre sus principios rectores, la transición justa y local, la transformación digital, la revalorización de los recursos, la participación colectiva, la competitividad y el consumo sostenible. Estos elementos permiten entender la hoja de ruta como un esfuerzo de articulación, sin convertir su presentación en prueba de que las acciones previstas ya se ejecutaron o de que alcanzaron sus resultados. [2]
La pregunta que interesa aquí es cómo traducir esa articulación en decisiones de inversión y de compra, para lo cual habrá que examinar cada proyecto como una relación entre quien suministra el material, quien lo transforma y quien lo utiliza, porque la instalación de equipos resuelve una parte del proceso, pero deja por definir las condiciones de entrada y de salida que sostendrían la operación.
Antes de comprometer recursos, el análisis tendría que identificar los volúmenes disponibles, su composición y regularidad, la calidad de la separación, las distancias y las especificaciones del posible usuario. Para ilustrarlo, una planta proyectada con base en el volumen total generado debería revisar qué fracción estará realmente disponible y sea apta para su proceso; de lo contrario, el diagnóstico de generación y la previsión de suministro responderían a preguntas distintas.
La evaluación de la hoja de ruta podría organizarse en tres niveles: la acción anunciada, su ejecución comprobable y el cambio obtenido. Presentar una estrategia pertenece al primero; documentar responsables, recursos y acciones realizadas permitiría examinar el segundo, mientras que acreditar la prevención, la permanencia de bienes en uso o el aprovechamiento correspondería al tercero. La referencia citada da cuenta de la presentación y del enfoque del proyecto, pero no resuelve por sí sola los otros dos niveles.
Veracruz: relacionar los servicios con el seguimiento
La información pública de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz incluye trámites de gestión de residuos de manejo especial, entre ellos los relativos al registro de generadores y a los planes de manejo, componente administrativo que ofrece un punto de partida para examinar cómo se vincula la descripción del manejo previsto con el seguimiento de su ejecución. [3]
La distinción puede plantearse a partir del expediente de una empresa: una cosa es identificar los residuos y las operaciones previstas en un plan, y otra, comprobar a quién se entregaron, qué servicio se realizó y qué destino tuvieron. Para evaluar la ejecución, habría que contrastar ambos conjuntos de información, de modo que las diferencias se traduzcan en ajustes de gestión y no permanezcan ocultas detrás de un documento que describe una operación distinta de la real.
Por ejemplo, si durante un periodo se acumula material porque el destino previsto deja de recibirlo, el seguimiento debería permitir reconocer la interrupción y revisar las alternativas aplicables antes de continuar con los envíos. La revisión jurídica tendría que atender al residuo, a la operación y a las condiciones específicas de las autorizaciones correspondientes, sin suponer que cualquier habilitación permite realizar indistintamente todas las actividades.
Veracruz aporta así una referencia administrativa para formular una prueba de coherencia entre lo previsto y lo realizado. El portal citado permite identificar trámites, pero no demostrar el aprovechamiento estatal; esa limitación no debe suplirse con afirmaciones generales, sino con una delimitación clara del análisis: el registro organiza la información y la comprobación del resultado requiere contrastarla con la operación.
Los mercados también forman parte de la solución
La relación entre oferta y demanda permite integrar los tres apartados anteriores. Si el objetivo del proyecto es reincorporar un material a una actividad productiva, habría que identificar, desde el diseño, quién podría utilizarlo, con qué especificaciones, en qué cantidad y en qué condiciones de entrega, en lugar de considerar resuelta la cadena al instalar capacidad de procesamiento.
Esa revisión puede conducir a decisiones distintas de comprar más equipo: mejorar la separación para cumplir con una especificación, ajustar la frecuencia de entrega al volumen disponible o someter el material a pruebas antes de comprometerse con su suministro. Se trata de ejemplos de decisiones de gestión, no de requisitos uniformes para todos los proyectos, y su pertinencia dependerá de la aplicación que se pretenda dar al material.
También habría que separar la viabilidad comercial del balance ambiental; esto es, un acuerdo de venta no demuestra por sí mismo una mejora ambiental, del mismo modo que un beneficio ambiental esperado no resuelve la cuestión de quién financiará la operación. Para sostener ambas afirmaciones, habría que examinar sus respectivos elementos, incluidos el transporte, el acondicionamiento, el tratamiento y las fracciones no aprovechables.
Costos, trazabilidad y continuidad
La continuidad merece una revisión propia: quién paga cada operación, qué ocurre si cambia el precio del material y cómo se atenderá la interrupción de un destino. En lugar de atribuir toda la viabilidad al valor de venta esperado, se podrían identificar los costos de recolección, clasificación, procesamiento y manejo de rechazos, así como la distribución de dichos costos entre los participantes.
Estas condiciones deberían reflejarse en el alcance del servicio contratado y en sus mecanismos de seguimiento. Para comparar propuestas, convendría distinguir lo que cada precio incluye, la evidencia ofrecida y la respuesta prevista ante contingencias; de esa forma, una oferta limitada al retiro no se evaluaría como si garantizara el mismo resultado que otra que comprende operaciones posteriores y su comprobación.
Como criterio de revisión, se podría sugerir que cada afirmación de aprovechamiento responda a cuatro preguntas conectadas: qué material se siguió, qué operación recibió, qué cantidad llegó a una aplicación identificable y con qué evidencia se sostiene esa conclusión. Cuando falte alguno de esos elementos, el reporte debería describir el alcance efectivamente comprobado, en lugar de extenderlo a todo el conjunto de la cadena.
De los instrumentos a los resultados
Las tres referencias conducen a una conclusión de gestión: no conviene evaluar con la misma evidencia el manejo autorizado, la ejecución de una estrategia y el aprovechamiento de materiales. Nuevo León permite plantear la separación entre servicio y resultado; Jalisco, entre planeación, inversión y demanda; Veracruz, entre información administrativa y operación. Los antecedentes citados sostienen esas entradas al análisis, no una comparación de resultados estatales. [1–3]
Este es el paso que da continuidad a la primera entrega: después de identificar las condiciones jurídicas e institucionales, corresponde precisar qué debe observarse en la práctica y qué decisiones se tomarán a partir de esa información. El seguimiento tendría que permitir reconocer tanto un avance como una desviación, porque documentar que una cadena no funciona también aporta elementos para corregirla.
Así las cosas, el valor de los instrumentos no debería medirse únicamente por su existencia ni el de las operaciones por las cantidades recibidas. Para sostener una afirmación de circularidad hace falta explicar qué se evitó generar, qué permaneció en uso o qué material encontró una aplicación, según el objetivo de cada iniciativa; cuando la evidencia todavía no alcanza, la tarea consiste en delimitar lo comprobado y resolver la información faltante, no en presentar la intención como resultado.
Fuentes y enlaces de consulta
Gobierno de Nuevo León, Secretaría de Medio Ambiente. “Secretaría de Medio Ambiente hace un llamado a la disposición responsable de los escombros”, 21 de julio de 2026.Consultar fuente
Gobierno de Jalisco, Secretaría de Desarrollo Económico. “Presenta Gobierno de Jalisco la Hoja de Ruta de Economía Circular” .Consultar fuente
Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Medio Ambiente. Portal de trámites, sección Gestión de Residuos de Manejo Especial. Consultar fuente
Nota de alcance: las fuentes citadas documentan los antecedentes expresamente atribuidos. Las propuestas de evaluación, los ejemplos hipotéticos y los criterios de gestión forman parte del análisis del autor y no se presentan como resultados estatales ni como obligaciones legales generales.
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