EL PRECIO DE TRANFORMAR: lo que las cuentas no siempre muestran. Agua, emisiones, residuos y patrimonio natural en las decisiones industriales.
Una nota reciente atribuye a la decisión de refinar petróleo, en lugar de exportarlo, una importante pérdida de ingresos potenciales para Pemex. Más allá de la cifra y de los supuestos necesarios para sostenerla, la comparación abre una pregunta distinta: ¿qué estamos contando cuando calculamos lo que gana o pierde el país? La propia publicación distingue entre una pérdida contable y el costo de oportunidad de haber elegido una alternativa por encima de otra. [1]
La pregunta no interesa únicamente al sector petrolero, pues también puede plantearse en cualquier proceso industrial que transforma materias primas, utiliza agua y energía, genera productos y produce emisiones, descargas o residuos. No se trata de negar el valor de la producción, sino de reconocer qué elementos deben formar parte de su evaluación y hasta qué punto las cuentas de una operación permiten explicar sus consecuencias.
Conocer el precio de venta, los costos de producción y el margen de una actividad es indispensable, aunque no basta para determinar cuánto valor genera o compromete desde una perspectiva ambiental y social.
Precio, costo y valor no son equivalentes
Quien dirige una empresa sabe cuánto paga por sus materias primas, cuánto cuesta transformarlas y qué ingreso espera obtener por el producto. Esa información permite decidir si conviene producir, invertir, modernizar o sustituir un proceso; sin embargo, el precio de un insumo no refleja necesariamente todo lo que implica su uso.
El agua, por ejemplo, no interviene sólo como un suministro cuyo costo aparece en una factura, sino que también importan su disponibilidad y su calidad. Algo semejante ocurre con los combustibles y las emisiones asociadas a su uso, o con los materiales que ingresan a una instalación y no se incorporan al producto, sino que terminan como mermas, residuos o fracciones susceptibles de aprovechamiento.
La contabilidad ambiental-económica ofrece un marco para relacionar estas dimensiones, al integrar información económica con datos sobre activos naturales y flujos de agua, energía, emisiones y residuos. El sistema de Naciones Unidas busca ampliar esa perspectiva sin sustituir las cuentas financieras ni asumir que todo valor ambiental puede reducirse a una cifra monetaria. [2, 3]
Para la industria, la cuestión práctica consiste en determinar si el análisis se limita a conocer el costo de compra y transformación o si continúa hasta identificar qué recursos se utilizaron, qué materiales se perdieron y qué responsabilidades permanecen.
Un patrimonio que exige una evaluación distinta
En el petróleo existe una particularidad que no debe diluirse: la Constitución establece que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación, inalienable e imprescriptible; de igual forma, dispone que las actividades de exploración y extracción se desarrollen mediante los mecanismos previstos en el artículo 27, con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo a largo plazo de la Nación. [4]
Distinguir entre Nación, Estado y gobierno no es un asunto meramente terminológico, porque el patrimonio nacional no debería reducirse a un recurso disponible para los objetivos inmediatos de una administración. Su aprovechamiento exige explicar los beneficios que aporta, las condiciones bajo las cuales se realiza y las responsabilidades que conlleva.
Conviene conservar, al mismo tiempo, la precisión jurídica de que la referencia constitucional se refiere a los hidrocarburos en el subsuelo y no debe trasladarse, sin distinción, a todos los productos, instalaciones o bienes utilizados por Pemex, cuyo régimen requiere un análisis específico.
Nada de ello implica que cualquier decisión de conservación sea superior a cualquier decisión productiva; significa que la evaluación de un recurso nacional no debería limitarse al ingreso de una operación ni al volumen que se logra transformar. La pregunta es qué obtiene la Nación, qué compromete y en qué condiciones elige una determinada ruta.
La variable ambiental no es un anexo
Si el ambiente aparece únicamente en el apartado de permisos o en la explicación posterior de una afectación, su incorporación a la decisión llega tarde: para que tenga un peso efectivo, debe intervenir desde la comparación de alternativas, junto con las consideraciones técnicas, financieras y de abastecimiento.
Esa comparación requiere examinar el agua utilizada, las emisiones, las descargas, los materiales que entran y salen del proceso y los residuos que requieren manejo, además de definir el territorio y el periodo de análisis. No es lo mismo evaluar una instalación que evaluar una cadena productiva, ni observar un resultado anual que decidir una inversión con consecuencias a largo plazo.
Las cuentas de flujos de materiales permiten organizar las entradas y salidas físicas, incluyendo recursos provenientes del ambiente, importaciones, exportaciones y salidas hacia el entorno. Su interés está en observar la transformación como un sistema y no únicamente como una relación entre compras y ventas. [5]
No se propone cargar indiscriminadamente costos adicionales a una actividad, sino evitar una evaluación incompleta; de igual forma, no es necesario expresar todo en términos monetarios: los indicadores físicos, las condiciones de disponibilidad, las alternativas técnicas y las restricciones jurídicas aplicables pueden ser decisivos, sin convertirse en partidas intercambiables por mayores ingresos.
Residuos: lo que sale del proceso también cuenta.
Los residuos merecen atención propia y su análisis debería comenzar antes de contratar su recolección o disposición, desde el momento en que se decide qué materiales utilizar y cómo transformarlos.
Para ello conviene preguntar qué proporción de la materia prima se incorpora al producto y cuál termina como material fuera de especificación, merma o residuo, para después examinar qué puede prevenirse, qué es recuperable y qué fracciones requieren tratamiento o disposición. Este planteamiento conecta el desempeño ambiental con la gestión del proceso, sin presuponer que todo residuo tenga un mercado o que cualquier aprovechamiento resulte conveniente.
Antes de presentar una salida como solución, es necesario comprobar sus condiciones técnicas, la calidad del material, los destinos y los costos. La inclusión de residuos junto con agua, energía y emisiones en la contabilidad ambiental permite relacionar esas salidas con la actividad que las origina y formular una pregunta más útil que el volumen producido: cuánto se convierte en bienes útiles y qué cargas acompañan ese resultado. [3]
Desde esta perspectiva, trasladar un residuo a un tercero no basta para dar por concluida la evaluación del proceso; es necesario conocer qué destino recibe, qué aprovechamiento se acredita y qué fracciones permanecen sujetas a tratamiento o disposición, sin que ello implique que su transferencia extinga las responsabilidades jurídicas que correspondan.
Lo que la industria puede encontrar en esta discusión
La industria no necesita que se le explique cuánto cuestan las materias primas; la aportación consiste en revisar si la forma de medirlas permite identificar las pérdidas, los riesgos y las oportunidades de mejora que interesan a la empresa.
Un análisis útil partiría de preguntas concretas: cuánto material ingresa y cuánto se incorpora efectivamente al producto; dónde se generan pérdidas y por qué; qué cuesta prevenirlas o gestionarlas; y qué alternativas permitirían reducir los consumos o los residuos sin trasladar el problema a otra etapa. También tendría que considerar las obligaciones y responsabilidades futuras desde la decisión de inversión, no cuando sea necesario responder por ellas.
Estas preguntas no son contrarias a la producción, sino que buscan comprender su calidad y las condiciones para sostenerla. En esa revisión, debe distinguirse entre los gastos ya registrados y los costos que quedan fuera de las cuentas de la empresa, a fin de evitar duplicidades al evaluar sus consecuencias.
Los análisis del Fondo Monetario Internacional sobre combustibles fósiles, por ejemplo, separan los costos de suministro de los daños climáticos y sanitarios derivados de la contaminación atmosférica. Esa distinción metodológica muestra por qué el precio y el costo social no son necesariamente equivalentes, aunque no autoriza a trasladar estimaciones globales a una instalación concreta. [6, 7]
Para una empresa, estos elementos pueden formar parte de la selección de tecnología, la evaluación de proveedores o el análisis de una inversión. La conveniencia de cada medida tendrá que comprobarse, porque no toda sustitución reduce impactos ni toda recuperación de materiales resulta técnica y económicamente viable.
ASG: llevar la variable ambiental a la decisión empresarial
Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, conocidos como ASG o ESG por sus siglas en inglés, ofrecen otra entrada a esta discusión. Su interés no radica en añadir una etiqueta al desempeño industrial, sino en relacionar el uso de recursos y los impactos del proceso con las personas involucradas y con la forma en que se toman, supervisan y explican las decisiones.
Conviene mirar esas dimensiones de manera articulada: qué agua, energía y materiales utiliza la operación y qué emisiones, descargas y residuos genera; quién recibe sus beneficios y quién puede enfrentar sus afectaciones; y qué órganos de dirección conocen esa información, evalúan alternativas y dan seguimiento a los compromisos.
Existe un vínculo concreto con la evaluación financiera en IFRS S1, que contempla la divulgación de riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad que, de manera razonable, puedan afectar los flujos de efectivo, el acceso al financiamiento o el costo de capital de una entidad en el corto, mediano o largo plazo. La norma organiza esa información en torno a la gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos, las métricas y los objetivos; su referencia aquí es metodológica y no implica afirmar su obligatoriedad para toda empresa mexicana ni considerarla una certificación de desempeño ambiental. [8]
Esa perspectiva es útil, pero no agota la cuestión, esto es, nos tenemos que preguntar cómo el deterioro ambiental puede afectar a una empresa no es lo mismo que preguntar cómo la actividad de esa empresa afecta al ambiente. Ambas preguntas deben mantenerse visibles, porque una atiende a la exposición del negocio y la otra, a las consecuencias de su operación.
La gobernanza debería reflejarse en decisiones verificables sobre las alternativas consideradas, la información que sustentó la elección, las responsabilidades asignadas y la forma de comprobar los resultados. Su valor estaría en incorporar esas preguntas antes de comprometer una inversión, y no solo en comunicar lo realizado.
Cambiar de alternativa no siempre elimina la afectación
La discusión entre refinar y exportar requiere una delimitación cuidadosa, porque comparar únicamente el lugar donde ocurre la transformación puede llevar a confundir la reducción de una presión local con su eliminación a lo largo de toda la cadena.
Antes de concluir que una alternativa es ambientalmente mejor, habría que precisar qué actividades permanecen, cuáles cambian de ubicación y cómo se cubrirá la demanda de productos. El mismo cuidado corresponde a cualquier industria que sustituya un material, contrate un tratamiento externo o modifique su cadena de suministro, sin asumir que mayores ingresos compensen cualquier impacto o que un cambio de proceso genere beneficios por sí mismo.
Conservar tampoco equivale simplemente a dejar de producir; más allá de ello, exige definir qué se protege, qué actividad se evita o se modifica y cómo se atenderán las necesidades que motivaban la producción. Refinar y exportar son destinos del crudo, mientras que conservar el ambiente es un objetivo que debe atravesar la evaluación de ambos.
Si se propone reducir o diferir una actividad como alternativa, será necesario explicitar sus condiciones y consecuencias para que la comparación sea consistente, en lugar de comparar conceptos que responden a preguntas distintas.
Decidir qué vale, no sólo cuánto cuesta
La nota petrolera puede ser un punto de partida, pero la discusión trasciende a Pemex e interesa a cualquier actividad que transforma recursos y a cualquier autoridad que deba valorar sus beneficios y consecuencias.
El reto no es construir una oposición automática entre la industria y la conservación, sino reconocer que una buena decisión necesita explicar tanto el valor que crea como el patrimonio que utiliza y las responsabilidades que deja.
Cuando se trata de hidrocarburos en el subsuelo, esa exigencia se vincula con un patrimonio cuya titularidad constitucional corresponde a la Nación; cuando se trata de materias primas adquiridas por una empresa, conocer el precio pagado sigue siendo indispensable, aunque no agota la evaluación ambiental del proceso. [4]
Así las cosas, la pregunta no es únicamente cuánto deja transformar un recurso, sino qué conserva, qué compromete y para quién genera valor esa transformación.
Fuentes consultadas
1. Industry & Energy Magazine. Pemex sacrifica 41 mil millones de dólares al apostar por refinar en lugar de exportar. 13 de octubre de 2026.
2. Naciones Unidas. Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SEEA).
3. Naciones Unidas. System of Environmental-Economic Accounting—Central Framework.
4. Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 27.
5. Naciones Unidas. Material Flow Accounts.
6. Fondo Monetario Internacional. Fossil Fuel Subsidies.
7. Fondo Monetario Internacional. IMF Fossil Fuel Subsidies Data: 2023 Update.
8. IFRS Foundation. IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information.
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