EL AGUA EN MÉXICO: Historia, poder, crisis y situación actual (2025). Parte 1
- GCDS
- 28 ago
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Contextualización: raíces y tensiones del agua en México
El agua ha sido, desde tiempos prehispánicos hasta hoy, símbolo y fuente de poder en México. En las civilizaciones originarias, el control de cauces y sistemas hidráulicos (como las chinampas en el Valle de México y los acueductos de los mayas en Uxmal) aseguraba la subsistencia pero también determinaba qué gobernantes y sacerdotes poseían autoridad sobre el territorio. Tras la llegada de los españoles, el agua pasó a ser recurso administrado y distribuido por la Corona y sus representantes novohispanos, como el virrey Antonio de Mendoza, primer gran regulador de cauces. La construcción del Acueducto de Chapultepec en la Ciudad de México, dirigido por Hernández de Alcalá (s. XVI), reflejó cómo el agua era instrumento de control estatal y de integración política.
En tiempos modernos, la administración, concesión y manejo del agua han estado estrechamente asociados con figuras como Adolfo López Mateos (quien impulsó la expansión de los distritos de riego y la construcción de infraestructura hidráulica en los años 50-60) y Jorge Ramírez de Aguilar, primer titular de CONAGUA, quien implementó el marco jurídico nacional de concesiones y promovió el Acuerdo Nacional por el Uso Sustentable del Agua en los años 90. Hoy, más de 77% del agua concesionada en México se dirige a la agricultura y la asignación de grandes volúmenes ha favorecido, como es del dominio público, durante décadas a sectores con influencia política y económica, manteniendo la disputa por el dominio sobre el recurso y la toma de decisiones estratégicas.
Se pudiera decir que en el siglo XX, con la modernización en general y el crecimiento urbano, la administración del agua se volvió un eje estratégico para el desarrollo nacional, pero también fuente de desigualdad, conflictos y rezagos institucionales.
Evolución legal y política: de la ley napoleónica al Estado regulador
Durante el siglo XIX y el Porfiriato, México adopta marcos legales inspirados en el derecho europeo, emitiendo las primeras leyes nacionales sobre concesión y aprovechamiento de aguas. El agua se va consolidando como “bien de dominio público”, bajo resguardo de la federación, pero su manejo sigue concentrado en elites políticas y económicas.
La Revolución Mexicana cambia el paradigma: el artículo 27 de la Constitución de 1917 proclama que “las aguas dentro del territorio nacional son propiedad de la Nación”, dando origen a la intervención estatal. Desde entonces, la “autoridad del agua” se convierte en factor clave para definir el rumbo agrario, urbano e industrial del país.
Conflictos y actores: campesinos, industriales, Estado y sociedad
A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, la gestión del agua en México ha sido fuente constante de tensión social. Campesinos y ejidatarios han luchado por el acceso equitativo y la justicia hídrica frente a grandes propietarios y usuarios industriales; las ciudades, cada vez más pobladas, han demandado caudales crecientes en detrimento de zonas rurales.
El Estado (a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos primero, y después mediante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha fungido como árbitro, regulador y, en ocasiones, actor político que responde a presiones de distintos sectores. Las decisiones sobre distribución, concesiones y saneamiento han sido y siguen siendo parte de la disputa social y electoral, enmarcando conflictos emblemáticos en el norte, bajío y centro del país; hoy en día no es clara la visión o política de la Autoridad del Agua, se ha metido en un conflicto de rezago que simplemente, genera inseguridad y falta de certeza jurídica para el particular, derivado, desde accidentes, falta de personal, conflictos internos decisiones imprecisas/inadecuadas, dando como resultado “un tema” de una falta de una prudente administración del recurso.
El nacimiento de la administración hídrica moderna
La fundación en 1947 de la Secretaría de Recursos Hidráulicos (antecesora de CONAGUA, creada en 1989) profesionalizó la planificación y gestión, permitiendo construir infraestructura mayor e iniciar el control de grandes obras de riego, presas y sistemas urbanos; no obstante, la modernización quedó a un lado, por ser el agua un instrumento de negociación, por lo que al día de hoy, la deseada modernización, continúa tristemente incompleta, persistiendo, en consecuencia, la centralización, la falta de transparencia, la limitada capacidad de vigilancia y coerción así como la escasa voz social en la definición de prioridades hídricas; la realidad es que tanto la SRH como la CONAGUA, sin duda marcaron el inicio de una gestión centralizada, encargada de regular el acceso, planificar inversiones y enfrentar emergencias. Sin embargo, los problemas de coordinación, transparencia y adaptación a los desafíos socioambientales persisten.
La Ley de Aguas Nacionales (1992 y reformas) impulsa nuevas reglas de concesión y participación privada pero, sigue dejando temas centrales sin resolver, como son la asignación inequitativa, baja coordinación entre niveles de gobierno y poca adaptación a los retos contemporáneos.
Herencia y presente: los nudos estructurales que explican la crisis
La crisis del agua en México de 2025 no surge de la nada, es el resultado acumulativo de una historia de desequilibrios sociales, malas políticas públicas y una institucionalidad hídrica constantemente superada por el crecimiento demográfico, económico y los retos ambientales.
Disputas entre sectores campesinos, industriales, urbanos y autoridades han marcado el desarrollo hídrico nacional. Hoy, el país enfrenta, sin recursos y sin una política publica acorde a la problemática que se enfrenta, el reto de transformar su modelo de gestión y garantizar que el agua deje de ser instrumento de poder, negociación o privilegio y se convierta en derecho efectivo y bien público para todos.
La CONAGUA es hoy el órgano nacional rector de la política hídrica en México, responsable de la administración, regulación, vigilancia, inversión y garantía del derecho humano al agua y saneamiento. Su labor implica coordinar actores estatales y municipales, mediar entre intereses productivos y sociales, y enfrentar presiones políticas, financieras y técnicas cada vez más complejas.
Diagnóstico nacional: ¿Por qué México vive una crisis de agua en 2025?
Magnitud de la crisis
En 2025, México enfrenta su peor crisis hídrica en décadas. Sequía histórica, sobreexplotación y contaminación de cuerpos de agua, infraestructura deteriorada, desigualdad estructural y una institucionalidad superada por el ritmo de cambio ( en donde se hace necesario hacer mención la serie de conflictos institucionales que ha venido enfrentando, cambios de personal y conflictos personales) y la presión social determinan un paisaje, medio patético y crítico para millones de personas.
Datos y tendencias clave
1. México ocupa el lugar 26 mundial en estrés hídrico y cumple solo el 69.9% del ODS 6 (gestión sostenible del agua), por debajo del promedio latinoamericano (72.6%).
2. Al 31 de marzo de 2025, las principales presas mostraban apenas 56.5% de almacenamiento; el sistema Cutzamala, vital para la CDMX, estaba al 53.3%. Hace una década superaban el 85%, cayendo más de 30 puntos porcentuales.
3. El Monitor de Sequía de CONAGUA mostró que el 42.8% del territorio nacional enfrenta algún grado de sequía, con más del 65% de municipios del norte bajo niveles críticos.
4. La disponibilidad anual per cápita bajó a menos de 3,500 m³ en 2025 y se estima que caerá por debajo de 3,000 m³ en 2030, lo cual sería “estrés extremo” según la ONU.
5. Más de 30 millones de mexicanos sufren escasez severa; otros 43 millones dependen de tandeos, pipas o compra cotidiana de agua embotellada.
6. El 60% de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación y sólo el 47% del agua residual municipal es tratada antes de su reintegración en ríos o acuíferos.
Factores clave de la crisis
Sequía prolongada y cambio climático:
En 2025, México vive uno de los periodos más secos para el norte y centro del país. Las olas de calor, la tala y la deforestación reducen la recarga de acuíferos e intensifican los estiajes. El estiaje ahora inicia antes y termina más tarde, y ni siquiera ciclones y lluvias puntuales logran revertir la tendencia de disminución de suministro superficial y subterráneo.
Infraestructura obsoleta y fugas:
Hasta el 40% del agua urbana se pierde en redes por fugas y envejecimiento de tuberías. El mantenimiento y la renovación de la infraestructura hídrica tiene costos exorbitantes, y muchas ciudades y organismos estatales carecen de recursos para afrontarlo. En CDMX, el sistema hidráulico suma más de 12,000 kilómetros de tuberías que requieren inversión y reparación constante.
Contaminación y degradación:
El 60% de los cuerpos de agua muestran grados peligrosos de contaminación, especialmente en regiones agrícolas e industriales. El uso masivo de agroquímicos y la insuficiente supervisión industrial provocan acumulación de metales pesados, restos sintéticos y pérdida de calidad para consumo humano. México es campeón mundial en consumo per cápita de agua embotellada (cerca de 282 litros por persona), reflejo de la desconfianza social en la calidad y disponibilidad del suministro público.
Gobernanza y marco institucional:
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es el principal órgano rector de la política hídrica en México, responsable de administrar concesiones, supervisar el cumplimiento normativo y gestionar la inversión en infraestructura hidráulica. Sin embargo, enfrenta actualmente una fragmentación operativa y política que limita de manera significativa su capacidad para articular respuestas integrales y efectivas. Los organismos estatales y municipales, que se encargan del suministro local, padecen déficits crónicos en personal capacitado, recursos financieros, recaudación y herramientas de transparencia, lo que suele traducirse en servicios desiguales, corrupción y baja eficiencia en la gestión.
El Plan Nacional Hídrico 2024-2030, así como el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua (firmado en 2024), son apuestas ambiciosas y necesarias que buscan reordenar el sistema de concesiones, priorizar el acceso humano y modernizar tanto el marco legal como la infraestructura nacional. Entre sus principales ejes estratégicos se contemplan la revisión activa de concesiones para corregir acaparamiento y sobreexplotación, megaproyectos para dotar de agua potable a zonas de alto estrés hídrico, saneamiento de ríos clave y el impulso de un registro nacional de concesiones y participación ciudadana.
No obstante, hay desafíos persistentes que amenazan la efectividad de estas iniciativas:
a. El presupuesto asignado a CONAGUA para 2025 sufrió una reducción de casi el 40%, ubicando la ejecución de muchos proyectos en una situación crítica.
b. La resistencia de actores tradicionales (agrícola, industrial, gobiernos locales) a modificar esquemas de privilegio y concesiones históricas.
c. La implementación de mecanismos efectivos de vigilancia y rendición de cuentas, con escasos avances tangibles en el combate a la corrupción y en la digitalización completa de registros y expedientes.
d. La necesidad de un cambio cultural genuino que posicione la justicia hídrica y la adaptación climática como ejes transversales y no solo como eslóganes de política pública.
De lo anterior, se podría poner a la consideración el hecho de que, si el Estado mexicano y la sociedad no logran fortalecer y dotar de capacidades reales a CONAGUA, garantizar transparencia y una coordinación efectiva multinivel, los planes y acuerdos corren el riesgo de quedar en buenas intenciones y promesas. Cualquier reforma que se pretenda “impulsar” necesita ir más allá de la retórica, es urgente autonomía técnica, recursos garantizados, vigilancia estricta y participación ciudadana activa para que el derecho al agua sea una política de facto y no meramente declarativa.
Actores involucrados: contribuciones y retos
Agricultura:
a. Consume el 73-77% del agua concesionada nacional; los distritos de riego seleccionados para intervención en el Plan Nacional Hídrico representan casi el 40% del consumo total agrícola.
b. Hasta el 57% del agua de riego se desperdicia antes de llegar al cultivo debido a infraestructura obsoleta y técnicas ineficientes.
c. La sobreexplotación de más de 100 de los 653 acuíferos nacionales perjudica la sustentabilidad de comunidades rurales y periurbanas.
Industria:
a. Segundo consumidor a nivel nacional, con presencia especialmente estratégica en cuencas críticas.
b. Genera alto volumen de descargas, muchas veces sin tratamiento suficiente, aunque algunos sectores han invertido en tecnologías de reúso y tratamiento de aguas.
c. El modelo industrial presiona tarifas bajas y permisos preferentes, pero la eficiencia global del sector sigue siendo baja frente a los desafíos del cambio climático y la escasez.
Ciudades y uso doméstico:
a. Entre 8 y 12% del agua nacional destinada a consumo humano, pero con altísimo desperdicio.
b. La urbanización desordenada y expansión metropolitana, junto con falta de renovación de redes, aumentan la presión sobre fuentes y dificultan el acceso equitativo.
c. El consumo de agua embotellada, con alto costo social y ambiental, pone en evidencia la deficiencia en confianza y cobertura de la infraestructura pública.
Autoridades (CONAGUA y gobiernos locales):
a. CONAGUA coordina concesiones, vigilancia, inversión, tecnología y cultura del agua. Su labor es crucial en la asignación y control del recurso, pero limitada por baja recaudación, falta de continuidad política y presión sectorial.
b. Gobiernos estatales y municipales dependen de recursos federales y habitualmente carecen de capacidad técnica para la gestión y modernización.
c. Los avances recientes, como la digitalización de expedientes y proyectos de reparación, son parte de una estrategia de modernización, pero la ejecución enfrenta resistencia burocrática, falta de vigilancia estricta y recaudación insuficiente.
Cierre y un par de reflexiones
La crisis del agua en México es mucho más que un conjunto de cifras alarmantes o colapsos puntuales en la infraestructura es el espejo de nuestra historia de privilegios, desidia y contradicciones institucionales. En México, el agua ha pasado de ser un bien sagrado y comunal a convertirse en el recurso más disputado y, en demasiados casos, desperdiciado por intereses particulares y por modelos políticos fragmentados.
Este primer capítulo es apenas el inicio de una serie de cuatro o cinco artículos que buscarán ir más allá de los lugares comunes y del discurso oficial. El propósito es desnudar la realidad de la crisis hídrica nacional y colocar, sobre la mesa, la urgencia de un nuevo pacto ético-político: acceso equitativo, corresponsabilidad de todos los sectores y reordenamiento de las prioridades públicas y privadas frente al futuro del recurso más vital de México.
En 2025, seguir esperando que la coyuntura, el clima o la mera inversión en infraestructura resuelvan por sí mismos el desastre hídrico sería, por decirlo de alguna manera, irresponsable. La historia demuestra que las soluciones duraderas exigen reformas profundas en la gobernanza, transparencia, justicia social y vigilancia ciudadana del agua. Tanto las autoridades como actores productivos y sociales enfrentan hoy la disyuntiva de continuar con el statu quo o dar el salto hacia una política hídrica verdaderamente democrática y sustentable.
La respuesta, y la agenda, urge y nos incluye a todos.
No te pierdas la siguiente entrega de esta serie, donde indagaremos en la desigualdad y la administración local y nacional del agua, mostrando casos, retratos y modelos para una gestión más justa y eficiente. México ya no puede esperar.
El presente documento, es la opinión personal de su autor, no es ni significa la respuesta a pregunta, consulta o duda que se tuviera sobre algunos de los temas planteados, cualquier consideración que se tuviera sobre el particular, con gusto, estamos a la orden.
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