EL AGUA EN MÉXICO. POLÍTICAS PÚBLICAS, LEGISLACIÓN Y GOBERNANZA DEL AGUA: Entre reformas necesarias y controversias políticas. Parte 4
- GCDS
- 8 sept
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Introducción
La gestión del agua en México se encuentra en una encrucijada histórica donde convergen la urgencia de reformas legislativas fundamentales, controversias políticas intensas y la necesidad impostergable de transformar un marco institucional obsoleto. Más de una década después de la constitucionalización del derecho humano al agua en 2012, México sigue sin contar con una Ley General de Aguas que reglamenten efectivamente este derecho, mientras opera con una Ley de Aguas Nacionales de 1992 que ha recibido más de 300 modificaciones parciales sin lograr adaptarse a los desafíos contemporáneos del cambio climático, la inequidad hídrica y la crisis de gobernanza.
El debate actual sobre la nueva legislación hídrica ha polarizado a actores fundamentales: organizaciones civiles, academia, gobierno federal y legisladores mantienen visiones contradictorias sobre el modelo de gestión hídrica que requiere el país. Esta polarización no es meramente técnica, sino que refleja concepciones opuestas sobre el papel del Estado, el mercado y la sociedad civil en la gestión de un recurso que es simultáneamente derecho humano fundamental, bien común, insumo económico estratégico y elemento vital para la supervivencia de ecosistemas.
El Marco Legal Vigente: Una Ley Obsoleta con Más de 300 Parches
La Ley de Aguas Nacionales: Un Modelo Agotado
La Ley de Aguas Nacionales, publicada el 1° de diciembre de 1992, surgió como consecuencia de la reforma al artículo 27 constitucional del 6 de enero de ese mismo año, que abrió la entrega de permisos a privados, que pasó de 2,600 a 360,000 hasta 2023, transformando el carácter del agua de un bien humano a un recurso con valor económico. Esta transformación conceptual fundamental ha orientado la gestión hídrica mexicana durante más de tres décadas hacia un modelo que prioriza criterios de eficiencia económica sobre consideraciones de equidad social y sustentabilidad ambiental.
La obsolescencia de esta ley es reconocida incluso por las autoridades actuales. La Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, ha reconocido que es una ley que de alguna manera fue quedando obsoleta y por lo tanto necesitamos actualizarla. Sin embargo, las más de 300 modificaciones realizadas entre 2004 y 2023 evidencian que el problema no puede resolverse mediante reformas parciales, sino que requiere una transformación integral del marco normativo.
Consecuencias de la Fragmentación Normativa
La acumulación de modificaciones parciales ha generado un marco legal contradictorio e incoherente que dificulta tanto su aplicación como su interpretación. La ley actual no incorpora principios fundamentales del derecho humano al agua establecidos en tratados internacionales, carece de mecanismos efectivos para garantizar acceso equitativo y presenta vacíos normativos que facilitan la sobreexplotación y contaminación de fuentes hídricas.
Esta fragmentación normativa se traduce en discrecionalidad administrativa excesiva, criterios técnicos inconsistentes entre regiones y ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La CONAGUA opera con un marco legal que permite interpretaciones contradictorias según conveniencias políticas o presiones económicas, generando inseguridad jurídica tanto para usuarios como para autoridades locales.
La Batalla por la Ley General de Aguas: Tres Décadas de Controversias
El Mandato Constitucional Incumplido
La reforma constitucional de 2012 que incorporó el derecho humano al agua estableció la obligación de crear una Ley General de Aguas que reglamentara este derecho. Sin embargo, más de una década después, este mandato constitucional permanece incumplido debido a controversias políticas profundas sobre el modelo de gestión hídrica que debe adoptar México.
El artículo 4° constitucional establece que "toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible". Esta formulación requiere una ley reglamentaria que establezca mecanismos específicos para garantizar este derecho, defina responsabilidades institucionales claras y cree instrumentos efectivos de exigibilidad. La ausencia de esta ley mantiene el derecho al agua como una aspiración constitucional sin instrumentos operativos efectivos.
La Iniciativa de 2015: El Primer Gran Fracaso
El primer intento significativo de crear una Ley General de Aguas ocurrió en 2015, cuando los diputados Kamel Athié Flores (PRI), José Antonio Rojo García de Alba (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo (PAN) y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD) presentaron una iniciativa que generó oposición masiva de organizaciones civiles, academia y movimientos sociales.
La iniciativa de 2015 fue percibida como un intento de "privatización extrema del agua" que favorecía "intereses de grandes compañías nacionales y transnacionales con intereses simultáneos en negocios de gas, agua, petróleo y energía". Organizaciones como Greenpeace denunciaron que la propuesta "era privatizadora e inconstitucional" y buscaba "beneficiar a unos pocos en detrimento de la mayoría".
La Respuesta de la Sociedad Civil: Movilización Sin Precedentes
La oposición a la iniciativa de 2015 generó una de las movilizaciones civiles más amplias en la historia legislativa mexicana reciente. La coalición de oponentes incluyó:
Academia: Los institutos de Investigaciones Jurídicas, de Geología y de Geografía de la UNAM desarrollaron análisis técnicos que demostraron que la iniciativa "criminalizaba la investigación científica, legalizaba la contaminación del agua, intensificaba conflictos ambientales y eliminaba la participación ciudadana".
Organizaciones Civiles: Más de 90,000 personas firmaron una petición en Avaaz exigiendo desechar el dictamen. Organizaciones como Agua para Todos, Greenpeace, la Central Campesina Cardenista y decenas de grupos locales realizaron protestas, foros y campañas de información pública.
Partidos de Oposición: El PRD, MORENA y otras fuerzas políticas se declararon opuestos a la iniciativa, calificándola como "un dictamen y una iniciativa que nos quiere imponer el PRI autoritario".
La presión social fue tan intensa que el dictamen fue finalmente desechado el 18 de junio de 2015 al vencer el plazo legislativo sin votación. Greenpeace calificó esta victoria como "un triunfo para México y para las voces de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de la academia y de los científicos".
Los Puntos de Controversia Fundamentales
El análisis detallado de las organizaciones civiles identificó cinco críticas fundamentales a la iniciativa de 2015 que siguen siendo relevantes para debates posteriores:
1. No establecía bases para gestión sustentable del recurso hídrico, priorizando criterios económicos sobre sustentabilidad ambiental.
2. No garantizaba acceso equitativo al recurso, permitiendo que sectores económicamente poderosos monopolizaran fuentes hídricas.
3. Violaba el derecho humano al agua al establecer acceso mínimo de solo 50 litros por habitante por día a cambio de pago, sin garantías de calidad.
4. No consideraba el derecho humano al saneamiento, limitando obligaciones estatales a suministro básico sin tratamiento de aguas residuales.
5. Minimizaba participación ciudadana e inducía participación privada sin sustento constitucional.
La Iniciativa Ciudadana: Una Propuesta Alternativa Desde la Sociedad Civil
La Construcción Colectiva de una Alternativa
Ante la ausencia de iniciativas gubernamentales que garantizaran efectivamente el derecho humano al agua, organizaciones civiles y académicas construyeron colectivamente una propuesta alternativa denominada "Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas". Este proceso, coordinado por la Coalición de Agua para Tod@s, involucró a "más de 500 investigadores y ciudadanos de organizaciones civiles" durante dos años de trabajo técnico y consultas regionales.
La propuesta ciudadana surge de "la sociedad civil, universidades, redes ciudadanas, académicas, juristas comprometidos para proteger el agua, las cuencas y las comunidades contra proyectos privatizantes y contaminantes, represas, minas y otras amenazas". Su elaboración incluyó "más de 450 académicos, investigadores, especialistas, junto con comunidades y comités de usuarios" en un proceso sin precedentes de construcción legislativa participativa.
Principios Fundamentales de la Propuesta Ciudadana
La iniciativa ciudadana se fundamenta en principios radicalmente diferentes a las propuestas gubernamentales:
a. Derecho Humano Prioritario: Establece el agua como derecho humano fundamental que debe priorizarse sobre usos comerciales e industriales, garantizando mínimos de 100 litros por persona por día con calidad potable.
b. Gestión Pública y Participativa: Prohíbe privatización de sistemas de agua y saneamiento, fortaleciendo gestión pública con participación ciudadana efectiva en toma de decisiones.
c. Sustentabilidad y Protección de Cuencas: Incorpora principios de gestión integral de cuencas, protección de ecosistemas acuáticos y prohibición de actividades que comprometan cantidad y calidad del agua.
d. Justicia Hídrica: Incluye mecanismos específicos para garantizar acceso de pueblos indígenas, comunidades rurales y sectores urbanos marginados, reconociendo usos y costumbres tradicionales.
e. Participación Social Obligatoria: Establece consejos de cuenca con participación ciudadana vinculante, procesos obligatorios de consulta pública y mecanismos de exigibilidad ciudadana.
El Desafío de la Implementación
Para que la iniciativa ciudadana sea considerada por el Congreso de la Unión, requiere reunir 120,000 firmas según la Ley Orgánica del Congreso General. En julio de 2025, las organizaciones promotoras anunciaron que habían logrado superar esta meta, presentando formalmente la propuesta ante la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el proceso legislativo enfrenta obstáculos políticos significativos. Los legisladores federales han mostrado resistencia sistemática a considerar propuestas que limiten la participación privada en gestión hídrica o que establezcan obligaciones presupuestales específicas para garantizar el derecho al agua.
La Posición del Gobierno Federal: Entre Continuidad y Cambio
La Iniciativa del Ejecutivo Federal 2025
El gobierno actual, a través de CONAGUA, presentó en febrero de 2025 una nueva iniciativa de Ley General de Aguas suscrita por los diputados de las comisiones especializadas. Esta propuesta busca "crear una propuesta renovada encaminada a incorporar el uso del aprovechamiento de las aguas, su distribución, control, preservación de su cantidad y calidad", pero mantiene elementos controvertidos de propuestas anteriores.
La Secretaria Alicia Bárcena anunció que la renovación será "realmente de manera participativa, donde podamos consultar a todas las personas involucradas". Sin embargo, organizaciones civiles han señalado que "la iniciativa de la Ley General de Aguas que elaboró el Ejecutivo federal no garantiza conforme a los estándares internacionales, el derecho humano al agua y al saneamiento para los grupos más vulnerables del país".
Actualización y enfoque federal: “desprivatización”, proyectos estratégicos y regularización concesionada
A la par del debate legislativo y la agenda pendiente, en septiembre de 2025 el gobierno federal de Claudia Sheinbaum lanzó una serie de acciones que buscan dar un giro relevante a la gestión histórica del agua: la llamada “desprivatización” del recurso. Como documentó la periodista Adriana Alarcón (2025), la administración federal recuperó más de 4 mil millones de metros cúbicos de agua a través de la regularización y revocación de concesiones excesivas, equivalente a tres o cuatro veces el consumo anual de la Ciudad de México, enfatizando (CONAGUA) que el proceso apunta a garantizar el derecho humano al agua, reforzar el uso eficiente en agricultura y cambiar el modelo de concesión históricamente orientado más hacia intereses privados que hacia el interés público.
Destaca también el lanzamiento de 17 proyectos hídricos estratégicos (suministro, drenaje, saneamiento, control de inundaciones) en las regiones de mayor necesidad, con inversiones previstas de más de 122 mil millones de pesos para 2025-2030 y alcance proyectado a 36 millones de personas.
Mauricio Rodríguez y Efraín Morales (CONAGUA) subrayaron que los programas incluyen inspecciones, sanciones y facilidades de regularización para pequeños y medianos productores exiliados del esquema concesional, así como reformas administrativas para evitar el uso indebido de títulos y volúmenes.
A pesar de la magnitud financiera y operativa, subsisten retos estructurales:
a. La coordinación efectiva; b. La supervisión de resultados; c. La vigilancia de nuevas concesiones y; d. La transparencia en la ejecución de obras.
Este esfuerzo institucional debe analizarse con mirada crítica, pues la historia reciente muestra que el éxito no depende solo de la inversión o la recuperación de volúmenes, sino de su traducción en acceso equitativo, eficiencia y participación real de las comunidades.
Alarcón, A. (2025, 04 de septiembre). “Sheinbaum Advances Water ‘Deprivatization’ With 17 Projects”, ENTORNO INFRAESTRUCTURA
El Plan Nacional Hídrico 2024-2030
Paralelamente a la discusión legislativa, el gobierno federal lanzó el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, que incluye el "Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad" firmado el 25 de noviembre de 2024 con respaldo de los 32 gobiernos estatales.
Entre los objetivos del plan está "llamar a las empresas y distritos a entregar excedentes de agua en las concesiones para que la nación tenga acceso bajo múltiples escenarios, como alguna crisis por sequía o en la búsqueda de sustentabilidad alimentaria nacional".
Tras negociaciones, "67 distritos y unidades de riego se comprometieron a regresar más de 2,800 millones de metros cúbicos, el equivalente a tres años de consumo en la Ciudad de México".
Limitaciones del Enfoque Gubernamental
A pesar de estos avances, organizaciones especializadas mantienen críticas fundamentales al enfoque gubernamental:
Falta de Enfoque de Derechos Humanos: Las organizaciones han "señalado reiteradamente que la iniciativa carece de mecanismos de garantía para los grupos étnicos, comunidades equiparables y personas en condiciones de pobreza".
Ausencia de Participación Real: Aunque se promete participación, los procesos siguen siendo consultativos sin carácter vinculante, manteniendo la toma de decisiones centralizada en autoridades federales.
Continuidad del Modelo Concesional: La propuesta gubernamental mantiene el sistema de concesiones privadas sin transformaciones estructurales hacia gestión pública participativa.
La Respuesta Legislativa: Polarización y Estancamiento
Las Comisiones Especializadas del Congreso
Las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados han sido el escenario principal del debate legislativo sobre la nueva ley de aguas. Sin embargo, la composición partidista de estas comisiones ha reproducido polarizaciones políticas que dificultan consensos técnicos.
Los presidentes de estas comisiones han estado históricamente vinculados a intereses específicos: el sector agrícola (que consume 77% del agua nacional), la industria de infraestructura hídrica y organismos operadores urbanos. Esta situación genera conflictos de interés evidentes cuando se trata de diseñar marcos regulatorios que limiten privilegios sectoriales establecidos.
Demandas de Organizaciones Civiles para el Proceso Legislativo
Ante el ingreso de la nueva iniciativa gubernamental, organizaciones civiles han demandado que "para el proceso de dictamen se lleven a cabo en San Lázaro foros en los que participen los legisladores y se tome en cuenta la opinión de especialistas, así como de individuos y grupos interesados".
Específicamente solicitan que se discutan "abiertamente con los legisladores el contenido de ambas iniciativas" (gubernamental y ciudadana) "y que el texto final que se apruebe garantice efectivamente el derecho humano al agua para todos y todas, particularmente para los grupos más vulnerables de nuestro país".
Obstáculos Políticos y Económicos
El estancamiento legislativo refleja resistencias estructurales de sectores económicos que se benefician del modelo actual:
a. Grandes Usuarios Agrícolas: Distritos de riego y unidades privadas que reciben agua subsidiada, temen que una nueva ley establezca tarifas realistas y restricciones de uso.
b. Sector Industrial: Empresas con concesiones privilegiadas resisten marcos regulatorios que obliguen a tratamiento de descargas o pagos por servicios ambientales.
c. Desarrolladores Inmobiliarios: El sector inmobiliario teme que una nueva ley limite desarrollos en zonas de escasez hídrica o establezca obligaciones de infraestructura costosas.
d. Organismos Operadores: Entidades público-privadas que administran sistemas urbanos resisten marcos regulatorios que limiten tarifas o establezcan estándares de calidad más exigentes.
Experiencias Locales: Innovación en Marcos Normativos Subnacionales
Ciudad de México: Liderazgo en Legislación Hídrica
Ante la ausencia de una Ley General de Aguas federal, algunas entidades han desarrollado marcos normativos locales innovadores. La Ciudad de México ha sido pionera con su "Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua", que establece principios más avanzados que la legislación federal.
En 2024, la Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas que "extienden el deber del gobierno local de contar con bebederos en el Gobierno capitalino, alcaldías, y órganos autónomos" y permiten "impulsar un manejo integral y sustentable sobre el agua de lluvia y buscar alternativas para obtener una red de alcantarillado pluvial".
Propuestas Institucionales de Vanguardia
En julio de 2025, la diputada Olivia Garza del PAN presentó una iniciativa para "crear el Instituto de Investigación del Agua de la CDMX" que incluiría "un consejo consultivo con representación ciudadana y recursos asignados" para abordar la crisis estructural capitalina caracterizada por "escasez, contaminación y sobreexplotación de acuíferos".
Esta propuesta refleja reconocimiento de que la crisis hídrica requiere instituciones especializadas con capacidades técnicas específicas, financiamiento adecuado y participación ciudadana efectiva, elementos ausentes en el marco federal actual.
Límites de las Iniciativas Locales
A pesar de lo que se ha buscado hacer, las innovaciones locales enfrentan limitaciones constitucionales significativas. La Ley de Aguas Nacionales federal prevalece sobre legislaciones locales en materias como concesiones, calidad de agua y gestión de cuencas que trascienden límites municipales o estatales.
Esta situación genera un federalismo hídrico disfuncional donde entidades innovadoras como la Ciudad de México pueden establecer estándares avanzados para servicios locales, pero no pueden regular actividades federales (industria, agricultura, trasvases) que afectan directamente su disponibilidad hídrica.
Controversias Contemporáneas: Los Temas Pendientes
Participación Privada vs. Gestión Pública
Una de las controversias más persistentes se refiere al papel de la participación privada en la gestión hídrica. Mientras el gobierno federal y algunos legisladores consideran que la participación privada es indispensable para financiar infraestructura hídrica, algunas organizaciones civiles y académicas han buscado sostener que esta participación viola el derecho humano al agua y genera exclusión de sectores vulnerables.
Esta controversia no es meramente ideológica sino que refleja experiencias concretas, esto es, organizaciones civiles documentan casos donde la participación privada ha resultado en incrementos tarifarios que excluyen a sectores de bajos ingresos, deterioro de calidad de servicio en zonas no rentables y falta de transparencia en operación de sistemas.
Financiamiento: El Nudo Gordiano
El financiamiento de infraestructura hídrica constituye el argumento central de quienes promueven participación privada. México requiere inversiones estimadas en 980,000 millones de dólares en infraestructura hídrica para los próximos 20 años, mientras que la inversión pública actual es apenas 1,100 millones de dólares anuales.
Sin embargo, organizaciones especializadas argumentan que el problema no es ausencia de recursos públicos sino priorización presupuestaria, si consideramos que México destina más recursos a subsidios energéticos y fiscales que a infraestructura hídrica, mientras mantiene una de las cargas fiscales más bajas de América Latina.
Pueblos Indígenas y Usos Tradicionales
La legislación hídrica debe resolver tensiones entre marcos legales modernos y sistemas tradicionales de gestión hídrica de pueblos indígenas y comunidades rurales. La Constitución reconoce derechos territoriales indígenas, pero la Ley de Aguas Nacionales vigente no incorpora estos derechos de manera efectiva.
Organizaciones indígenas demandan que cualquier nueva legislación reconozca y proteja usos y costumbres tradicionales, autogestión comunitaria de fuentes locales y participación efectiva en decisiones sobre proyectos que afecten territorios ancestrales.
Reflexión: La Necesidad de un Nuevo Consenso Nacional
Elementos para un Nuevo Pacto Hídrico
La experiencia de más de una década de controversias legislativas demuestra que México requiere un nuevo consenso nacional sobre la gestión hídrica que trascienda polarizaciones políticas e incorpore genuinamente intereses de todos los sectores sociales.
Este consenso debe fundamentarse en principios no negociables:
a. Primacía del Derecho Humano al Agua: Cualquier marco legal debe garantizar acceso básico antes que usos comerciales, estableciendo mecanismos efectivos de exigibilidad.
b. Gestión Integral de Cuencas: La nueva legislación debe abandonar enfoques sectoriales fragmentados y adoptar gestión ecosistémica que considere interconexiones entre agua, suelo, biodiversidad y clima.
c. Participación Social Vinculante: Los marcos normativos deben establecer participación ciudadana con carácter vinculante, no meramente consultivo, especialmente para comunidades directamente afectadas.
d. Transparencia y Rendición de Cuentas: Las autoridades hídricas deben operar con transparencia total, incluyendo información sobre concesiones, calidad de agua, inversiones públicas y decisiones técnicas.
Lecciones de la Experiencia Internacional
Países como Colombia, Ecuador y Bolivia han desarrollado marcos constitucionales y legales que priorizan el derecho humano al agua sin excluir participación privada regulada. Estas experiencias demuestran que es posible construir consensos que combinen gestión pública con participación regulada del sector privado, siempre que se establezcan salvaguardas efectivas para proteger derechos fundamentales.
La clave está en definir claramente qué actividades pueden ser objeto de participación privada (construcción de infraestructura, servicios técnicos especializados) y cuáles deben mantenerse bajo gestión pública (definición de políticas, regulación, control de calidad, atención a sectores vulnerables).
Llamado a la Acción: Hacia una Legislación Democrática y Efectiva
Requisitos para un Proceso Legislativo Democrático
El proceso de discusión de la nueva Ley General de Aguas debe cumplir estándares democráticos mínimos que incluyan:
1. Foros Públicos Vinculantes: Realizar consultas públicas en todas las regiones del país donde las conclusiones ciudadanas tengan carácter vinculante para el proceso legislativo.
2. Evaluación Técnica Independiente: Someter todas las propuestas legislativas a evaluación técnica por parte de instituciones académicas independientes especializada en gestión hídrica.
3. Participación de Pueblos Indígenas: Garantizar consulta libre, previa e informada de pueblos indígenas según estándares internacionales.
4. Transparencia Total: Publicar todos los análisis técnicos, dictámenes, presiones de grupos de interés y proceso de toma de decisiones legislativas.
Una Oportunidad Histórica
México tiene la oportunidad histórica de desarrollar un marco legal hídrico de vanguardia que combine efectividad técnica, justicia social y sustentabilidad ambiental. Sin embargo, esta oportunidad se perderá si prevalecen intereses partidistas, presiones de grupos económicos o visiones tecnocráticas que excluyan participación ciudadana. La experiencia de más de una década de debates demuestra que no es posible imponer marcos legales sin consenso social amplio. La legitimidad y efectividad de cualquier nueva legislación hídrica dependerá de su capacidad para incorporar genuinamente aspiraciones y necesidades de todos los sectores de la sociedad mexicana.
El agua es demasiado importante para dejarse a la discrecionalidad de políticos o tecnócratas. Requiere marcos legales democráticos, participativos y efectivos que garanticen este derecho fundamental para las generaciones presentes y futuras.
Enlace hacia la innovación hídrica
A lo largo de más de una década de debates legislativos, México ha enfrentado una contradicción persistente, mientras la Constitución reconoce el agua como derecho humano, los marcos normativos e institucionales han demostrado ser insuficientes para traducir este principio en acceso efectivo, equidad y sustentabilidad para toda la población. La parálisis institucional, las resistencias sectoriales y los modelos de gestión centrados en privilegios históricos han impedido que la gestión hídrica evolucione al ritmo de las necesidades sociales y ambientales que impone el siglo XXI.
Sin embargo, este largo ciclo de controversia y estancamiento puede ser también la antesala de una transformación estructural. La creciente crisis hídrica nacional, las nuevas demandas sociales y la presión internacional empujan para busca adoptar modelos sostenibles que obliguen a pensar más allá del marco legal tradicional. La oportunidad está en desplazar el foco desde la imposición de parches regulatorios hacia estrategias integrales que aprovechen el potencial de la innovación tecnológica, la economía circular y la inversión inteligente en infraestructura, áreas que ya impulsan cambios en otros países y que comienzan a germinar en México.
Así, el reto inmediato trasciende, sin duda, la reforma normativa, se trata de imaginar y construir un sistema de gestión hídrica donde la ciencia, la tecnología, la participación social y la ética ambiental sean los motores de un nuevo pacto por el agua. El siguiente capítulo invita a explorar cómo la innovación, la digitalización y las soluciones circulares pueden convertirse en la pieza central para resolver de fondo los problemas de escasez, inequidad y eficiencia, abriendo así el horizonte a un modelo de seguridad hídrica verdaderamente incluyente y de futuro.
El presente es la opinión personal del autor y no debe ser considerado como la respuesta a pregunta, consulta o duda sobre alguno de los temas comentados; cualquier duda, comentario o consideración que se tuviera sobre el particular, con gusto nos encontramos a la orden.
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