EL AGUA EN MÉXICO. Principales contribuyentes y responsables en la crisis. Parte 3
- GCDS
- 5 sept
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Introducción
La crisis hídrica mexicana no es resultado de causas naturales inevitables, sino consecuencia de decisiones institucionales, omisiones regulatorias y conflictos de intereses que han perpetuado un modelo insostenible de gestión del agua. Identificar a los principales responsables y contribuyentes de esta crisis es fundamental para entender por qué, después de décadas de reformas legales y programas gubernamentales, México sigue enfrentando desabasto, inequidad y degradación de sus recursos hídricos.
El sistema hídrico mexicano se caracteriza por una responsabilidad difusa donde múltiples los actores, que van desde autoridades federales hasta grandes usuarios industriales, municipios y los agricultores comparten responsabilidades fragmentadas sin mecanismos efectivos de coordinación o rendición de cuentas. Esta situación ha generado un círculo vicioso donde la inacción de las autoridades fomenta el aprovechamiento irregular del agua, mientras que la impunidad incentiva la sobreexplotación y contaminación por parte de usuarios que priorizan beneficios económicos sobre sustentabilidad y sin poner atención en aquellos usuarios industriales que han invertido cantidades importantes para tener uso eficiente, reciclar y tener una descarga adecuada, digamos, en cumplimiento a la NOM que corresponda, según sea a donde se descargue.
CONAGUA y el Nivel Federal: La Autoridad Ausente
Recortes Presupuestales y Ausencia de Estrategia Integral
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) enfrenta una crisis de capacidades que compromete su función regulatoria fundamental. Los recortes presupuestales han sido sistemáticos y devastadores, por ejemplo, en 2017 se aplicó una reducción del 40%, la más severa de la década, y para 2025 se ejecutó una disminución adicional del 12.6% respecto a 2023. Esta reducción ocurre precisamente cuando México enfrenta condiciones críticas sin precedentes: el 60% del territorio nacional presenta algún grado de sequía y más del 70% de las aguas superficiales están contaminadas.
La institución "no cuenta con los recursos necesarios ni ningún plan estratégico" para abordar la crisis hídrica que afecta al país. Esta ausencia de visión integral se refleja en políticas reactivas que responden a emergencias puntuales sin abordar las causas estructurales del problema. La falta de planeación estratégica impide anticipar crisis hídricas regionales y desarrollar medidas preventivas efectivas.
Fragmentación Institucional y Discrecionalidad Regulatoria
CONAGUA opera con criterios técnicos inconsistentes que varían según regiones, tipos de usuarios y presiones políticas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado diversas omisiones atribuibles a la CONAGUA en el otorgamiento de concesiones, incluyendo falta de investigación y sanción a cobros efectuados por concesionarios en contravención a la Ley de Aguas Nacionales.
El caso más ilustrativo es la gestión de concesiones donde CONAGUA ha expedido prórrogas irregulares y extemporáneas sin sustentos normativos, pretendiendo subsanar sus irregularidades mediante la expedición de una prórroga con efectos retroactivos en procesos que pueden tardar años en resolverse. Esta discrecionalidad genera inseguridad jurídica para usuarios regulares y fomenta la corrupción en el otorgamiento de permisos, lo que entorpece la gestión y actuación de grupos y organizaciones que legítimamente solicitan en tiempo y forma lo que conforme a Derecho es procedente.
Inacción Ante Conflictos y Violaciones Normativas
La institución muestra, digamos lo que se llamaría una notoria falta al principio de debida diligencia, esto, al no adoptar las medidas necesarias y razonables para atender las afectaciones reportadas por usuarios y comunidades. En casos documentados, CONAGUA ha ignorado denuncias de sobreexplotación de acuíferos, violación de condiciones de concesión y conflictos entre usuarios durante años, permitiendo que las controversias escalen hasta convertirse en problemas sociales graves.
Esta inacción es particularmente crítica en la prevención de conflictos entre usuarios. La autoridad carece de protocolos efectivos para mediar disputas hídricas y frecuentemente permite que sectores económicamente poderosos impongan sus intereses sobre comunidades vulnerables sin intervención regulatoria apropiada.
Estados y Municipios: Capacidades Desiguales, Responsabilidades Compartidas
Capacidades Técnicas Heterogéneas y Recursos Limitados
Los municipios mexicanos presentan capacidades técnicas dramáticamente asimétricas para gestión hídrica. Mientras ciudades como Monterrey o León han desarrollado sistemas sofisticados de administración del agua, miles de municipios rurales y pequeños carecen de personal técnico capacitado, infraestructura básica y recursos financieros para garantizar servicios mínimos
Esta heterogeneidad genera inequidades extremas en calidad de servicio. Según estudios especializados, la correlación entre capacidad municipal y acceso al agua es directa, esto es, municipios con menores recursos per cápita presentan mayores índices de desabasto, tandeos y dependencia de fuentes inseguras. La brecha entre municipios ricos y pobres en materia hídrica se amplía cada año debido a la ausencia de mecanismos federales de compensación.
Politización de la Gestión Hídrica y Falta de Continuidad
La gestión municipal del agua se caracteriza por alta volatilidad política que interrumpe proyectos de largo plazo cada tres años. Los cambios de administración frecuentemente abandonan programas de eficiencia hídrica, infraestructura y mantenimiento debido a criterios partidistas antes que técnicos. Esta discontinuidad impide consolidar mejoras estructurales y genera ciclos recurrentes de crisis y emergencias.
La politización se agrava, como es del dominio público, por el uso clientelar del agua, esto es, administraciones municipales frecuentemente manipulan el suministro para presionar políticamente a opositores o beneficiar a aliados. Estas prácticas erosionan la confianza ciudadana y convierten el acceso al agua en una herramienta de control político antes que en un derecho fundamental.
Omisión en Fiscalización y Tolerancia a Usos Irregulares
Los gobiernos estatales y municipales muestran sistemática tolerancia hacia usos irregulares del agua que generan ingresos económicos locales. Desarrollos inmobiliarios sin permisos hídricos, industrias que operan sin autorizaciones de descarga y actividades comerciales que sobreexplotan fuentes locales operan con impunidad debido a complicidades, compadrazgos y lo que se pueda sumar, claro de tipo institucional.
La ausencia en el trabajo de campo que permita investigar y, en su caso, sancionar a violaciones hídricas se debe frecuentemente a que los infractores son importantes generadores de empleo o contribuyentes fiscales locales. Esta lógica económica de corto plazo compromete la sustentabilidad hídrica regional y perpetúa modelos de desarrollo insostenibles.
Grandes Usuarios Agrícolas: Ineficiencia Estructural y Resistencia al Cambio
Concentración Desproporcionada del Consumo Nacional
El sector agrícola consume entre 70% y 77% del agua disponible en México, concentrando este uso en distritos de riego que emplean técnicas de irrigación frecuentemente obsoletas. Esta concentración es desproporcionada considerando que la agricultura emplea apenas el 12% de la población económicamente activa y contribuye con menos del 4% del PIB nacional.
Los "grandes desperdicios de agua" en agricultura se deben a técnicas ancestrales de riego (por ejemplo por inundación o rodamiento del agua) que pueden generar pérdidas superiores al 57% del agua utilizada. Mientras millones de mexicanos enfrentan tandeos domésticos, distritos de riego mantienen prácticas que desperdician más agua que la que consume toda la población urbana del país.
Sobreexplotación de Acuíferos Sin Control Efectivo
En México existen 653 acuíferos, de los cuales 101 están sobreexplotados y 17 presentan problemas de intrusión salina. La mayor parte de esta sobreexplotación se debe a concesiones agrícolas que extraen volúmenes superiores a la capacidad de recarga natural. La Suprema Corte de Justicia ha identificado casos donde las autoridades no requirieron las manifestaciones de impacto ambiental necesarias para conceder la explotación de los mantos acuíferos.
El caso del Acuífero Principal de la Región Lagunera ilustra esta problemática a pesar de estar severamente sobreexplotado, CONAGUA siguió otorgando concesiones agrícolas sin evaluar impactos acumulativos o implementar medidas de sustentabilidad. Esta práctica se repite en acuíferos críticos de Guanajuato, Sonora, Coahuila y Chihuahua donde la agricultura de exportación prioriza ganancias inmediatas sobre sustentabilidad hídrica.
Conflictos con Comunidades y Resistencia a Modernización
Los grandes usuarios agrícolas frecuentemente entran en conflicto directo con comunidades rurales que dependen de las mismas fuentes hídricas. En casos documentados, se tiene que usuarios de riego han cobrado por servicios no autorizados a comunidades indígenas y campesinas que tradicionalmente tenían acceso a fuentes locales.
La modernización de sistemas de riego enfrenta resistencia sistemática de organizaciones de usuarios que perciben las mejoras en eficiencia, como amenazas a volúmenes concesionados. Esta resistencia se debe a que muchos usuarios agrícolas han construido sus modelos de negocio asumiendo disponibilidad ilimitada de agua subsidiada, haciendo que, cualquier restricción o cobro realista, amenace su viabilidad económica.
Sector Industrial: Contaminación Sistemática y Autorregulación Limitada
Descarga de Aguas Residuales Sin Tratamiento Adecuado
En realidad, el mito popular reza en el sentido de que la industria mexicana es la que contamina más indicando, sin sustento que es el equivalente a la generada por 100 millones de habitantes, afirmación que además de sesgada, no permite ubicar las grandes inversiones que se realizan para que esto que se dice, precisamente no sea la realidad; es común, ver sistemas de tratamiento, procedimientos para reuso y de uso eficiente en plantas industriales que tienen la vocación y el compromiso, no todas, pero si un gran número de ellas en las diversas zonas/regiones del país.
Cuando la afirmación se inclina hacia el punto de indicar que las descargas industriales, agrícolas y urbanas sin tratar constituyen una de las principales causas de degradación de calidad de cuerpos de agua nacionales, con seguridad hay un alto porcentaje de realidad, pero al no precisar cuál de ellas es la que más contribuye a esa degradación, valdría la pena dar una revisada a los volúmenes que cada sector descarga, a la serie de producto químicos que el sector agrícola utiliza de manera inmisericorde. Esta contaminación no solo reduce la disponibilidad efectiva de agua, sino que incrementa exponencialmente los costos de potabilización y tratamiento.
El problema se agrava porque hay zonas industriales que operan plantas de tratamiento subutilizadas o ineficientes que cumplen nominalmente con normatividad pero generan efluentes que siguen contaminando ecosistemas acuáticos. La falta de infraestructura adecuada para el tratamiento de aguas residuales industriales compromete la calidad de fuentes que podrían ser reutilizadas para otros fines.
Conflictos Laborales y Comunitarios por Impactos Ambientales
Las industrias con alto consumo hídrico, es frecuente que en ocasiones algunos vecinos les generen conflictos, pudiendo ser efectivamente por escasez o por alguna presión que algún líder de la zona quiera desarrollar; en algunas comunidades se hace evidente cuando sufren escasez real o ficticia por algún tipo de acaparamiento industrial o simplemente porque alguien así quiere generar poder para sí. Existen evidencias más o menos documentados de diversas empresas que han efectivamente, monopolizado fuentes locales, afectando a comunidades sin acceso básico al agua.
Estos conflictos se agravan cuando las industrias contaminan fuentes que tradicionalmente utilizaban comunidades para consumo humano y actividades productivas locales. La ausencia de mecanismos efectivos de mediación convierte estas disputas en conflictos sociales prolongados que pueden incluir bloqueos, manifestaciones y confrontaciones directas.
Conflictos Entre Usuarios: La Guerra Silenciosa por el Agua
Agricultura vs. Usuarios Domésticos: Priorización Económica Sobre Derechos Humanos
El conflicto más sistemático ocurre entre usuarios agrícolas que concentran el consumo nacional y usuarios domésticos que enfrentan restricciones crecientes. Las políticas hídricas mexicanas han priorizado históricamente la continuidad de actividades económicas sobre el acceso doméstico, violando el principio fundamental del derecho humano al agua.
Esta priorización se manifiesta en que durante sequías o escasez regional, las autoridades implementan restricciones domésticas (tandeos, cortes programados) mientras mantienen concesiones agrícolas completas. Es común ver que las familias paguen de 10 a 20 veces más por agua, en comparación con sectores agrícolas que reciben agua subsidiada para cultivos de exportación.
Urbano vs. Rural: Trasvases y Megaproyectos Extractivos
Las ciudades mexicanas han resuelto históricamente sus crisis hídricas mediante trasvases que extraen agua de cuencas rurales, generando conflictos interregionales de larga duración. El Sistema Cutzamala ejemplifica esta problemática: extrae agua de cuencas rurales de Michoacán y Estado de México para abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México, dejando a comunidades de origen con acceso limitado.
Estos trasvases crean "territorios hidráulicamente colonizados" donde cuencas rurales pobres subsidian el crecimiento de metrópolis ricas sin recibir compensación adecuada. Las comunidades rurales afectadas frecuentemente carecen de recursos legales para impugnar estos proyectos, perpetuando inequidades territoriales extremas.
Usuarios Formales vs. Informales: El Mercado Negro del Agua
En contextos de escasez extrema emerge un mercado informal del agua que incluye desde venta de pipas hasta perforación irregular de pozos. Este mercado opera al margen de la regulación oficial y frecuentemente es controlado por grupos que "cobran por servicios no autorizados" a usuarios desesperados.
La informalidad hídrica genera conflictos entre usuarios que pagan tarifas oficiales y quienes acceden a fuentes irregulares a precios superiores pero con disponibilidad garantizada. Esta situación erosiona la legitimidad del sistema formal incentivando la proliferación de usos ilegales que agravan la sobreexplotación.
Inseguridad Jurídica y Omisión Sistemática de Autoridades
Falta de Aplicación Efectiva de la Ley de Aguas Nacionales
El marco legal hídrico mexicano establece sanciones que van desde multas equivalentes a 20,000 a 50,000 UMA´s hasta clausura temporal o definitiva de actividades que violen disposiciones ambientales. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas sanciones es extraordinariamente limitada debido a falta de capacidades institucionales y criterios discrecionales en la imposición de penalidades.
PROFEPA, la autoridad responsable de aplicar sanciones ambientales, opera con recursos presupuestales insuficientes que limitan su capacidad de fiscalización efectiva. En 2023, la institución realizó menos de 15,000 inspecciones en todo el territorio nacional, una cobertura insignificante considerando el número de concesiones, permisos y usuarios del agua existentes.
Tolerancia Institucional a Conflictos Sin Mediación
Las autoridades hídricas mexicanas carecen de protocolos institucionales para mediar conflictos entre usuarios o entre usuarios y autoridades. La CNDH, no siendo un referente, ha documentado casos donde CONAGUA omite adoptar las medidas correspondientes para atender planteamientos de usuarios afectados durante años, permitiendo que controversias menores escalen hasta convertirse en conflictos sociales graves.
Esta omisión de mediación genera un vacío institucional donde usuarios poderosos imponen sus intereses mediante recursos económicos o políticos, mientras que usuarios vulnerables carecen de mecanismos efectivos para defender sus derechos hídricos. El resultado es la proliferación de conflictos que permanecen irresueltos durante décadas.
Impunidad Ante Violaciones al Derecho Humano al Agua
A pesar de que la Constitución Política y tratados internacionales ratificados por México establecen el derecho humano al agua, las violaciones sistemáticas a este derecho permanecen en la impunidad. La Suprema Corte ha identificado que las autoridades hídricas no han ejercido sus facultades de prevención, vigilancia, control efectivo del agua como lo establecen sus obligaciones constitucionales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los Estados deben abstenerse de llevar a cabo acciones que menoscaben estos derechos y tomar medidas legislativas, administrativas y financieras para garantizarlos. Sin embargo, alguien podría afirmar que efectivamente, la CONAGUA ha llevado a cabo las acciones o medidas para la prevención, vigilancia y control efectivo del agua, cuando sus procesos de administrar, medir o tener claridad del estado de la Cuenca Hidrológicas a lo largo del país, en realidad deja mucho que desear, lo que genera la afirmación en el sentido de que las autoridades mexicanas sistemáticamente incumplen sus obligaciones, generando un contexto de indefensión para millones de personas que carecen de acceso básico al agua.
Usuarios Domésticos: Los Más Vulnerables del Sistema
Exclusión de Decisiones sobre Gestión Hídrica
Los usuarios domésticos, que representan menos del 12% del consumo nacional pero incluyen a toda la población mexicana, están sistemáticamente excluidos de decisiones sobre gestión hídrica que los afectan directamente. Las políticas de distribución de agua, tarifas, horarios de suministro y calidad de servicio se toman sin participación ciudadana efectiva y frecuentemente priorizan intereses comerciales sobre necesidades básicas.
Esta exclusión se agrava en comunidades indígenas y rurales que enfrentan las mayores barreras para acceso al agua debido a discriminación por motivos de género, edad y condición social. Las mujeres asumen desproporcionalmente la responsabilidad del acarreo de agua, limitando sus oportunidades educativas y económicas, mientras que niños faltan frecuentemente a la escuela para participar en tareas de abastecimiento familiar.
Criminalización de Protestas por Acceso al Agua
Las manifestaciones ciudadanas por acceso al agua frecuentemente enfrentan represión policial y criminalización por parte de autoridades que interpretan estas demandas como alteración del orden público antes que como reivindicación de derechos fundamentales. Casos documentados incluyen detenciones de líderes comunitarios que organizan protestas por tandeos prolongados o contaminación de fuentes locales.
Esta criminalización disuade la participación ciudadana en defensa del derecho al agua y perpetúa un modelo autoritario de gestión hídrica donde las autoridades toman decisiones unilaterales sin rendir cuentas a usuarios afectados. La represión de protestas hídricas viola tanto derechos de participación política como derechos económicos, sociales y culturales.
Carga Económica Desproporcionada: El Costo de la Ineficiencia Institucional
Las familias mexicanas asumen costos crecientes por la ineficiencia del sistema hídrico oficial: compra de agua embotellada para consumo básico, instalación de tinacos y cisternas para almacenamiento, compra de agua de pipas durante emergencias y pago de tarifas que subsidian ineficiencias operativas de organismos públicos.
Estas erogaciones representan un porcentaje significativo del ingreso familiar, especialmente en sectores de menores recursos que pueden destinar hasta el 30% de sus ingresos a gastos relacionados con agua. Esta carga económica constituye un impuesto regresivo que penaliza a las familias más pobres por la ineficiencia de un sistema que deberían garantizar las instituciones públicas.
Así las cosas, bien se puede poner sobre la mesa la siguiente reflexión:
La Urgencia de Responsabilidades Claras y Rendición de Cuentas
La crisis hídrica mexicana no puede resolverse sin identificar y responsabilizar a los actores que la han causado y perpetuado. La responsabilidad difusa actual permite que cada actor traslade culpas a otros mientras evita asumir costos de soluciones reales. Es necesario establecer mecanismos claros de rendición de cuentas, aplicación efectiva de sanciones y participación ciudadana en decisiones hídricas.
La transformación del sistema requiere que CONAGUA recupere capacidades regulatorias efectivas, que los grandes usuarios asuman costos reales del agua que utilizan, que las autoridades locales prioricen sustentabilidad sobre beneficios políticos inmediatos y que los usuarios domésticos tengan mecanismos efectivos para defender su derecho fundamental al agua.
Con lo anterior en consideración, se puede hacer una convocatoria para accionar hacia un “Nuevo Pacto Hídrico Nacional”.
México requiere un nuevo pacto hídrico que establezca responsabilidades específicas, mecanismos de supervisión ciudadana y consecuencias reales por incumplimiento. Este pacto debe priorizar el derecho humano al agua sobre beneficios económicos sectoriales, establecer criterios técnicos transparentes para asignación de agua y crear instituciones efectivas de mediación y resolución de conflictos hídricos.
La crisis hídrica no se resolverá con más recursos presupuestales para las mismas instituciones ineficaces ni con tecnologías que mantengan estructuras inequitativas de poder. Requiere transformaciones profundas en gobernanza, transparencia, participación social y distribución equitativa de costos y beneficios del agua.
El agua es un bien común que debe gestionarse democráticamente, no un recurso que pueden monopolizar sectores económicamente poderosos mientras millones de mexicanos enfrentan restricciones básicas. La responsabilidad de garantizar este derecho fundamental corresponde a todos los actores del sistema hídrico, pero especialmente a las autoridades que tienen la obligación constitucional de protegerlo.
Este artículo es el tercero de la serie "El Agua en México" que analiza la crisis hídrica nacional desde perspectivas técnicas, institucionales y sociales para contribuir al debate sobre soluciones integrales y sustentables.
El presente documento contiene la opinión personal del autor y no representa la respuesta ni opinión específica o particular a un asunto, tema, pregunta o consulta que sobre los temas se pudiera generar; cualquier duda, comentario, sugerencia estamos atentos y a la orden.
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