EL ESPEJISMO DEL IMPACTO AMBIENTAL: discursos internacionales, políticas vacías y ciencia domesticada.

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Introducción

Entre el 22 y 24 de octubre de 2025, el Auditorio Alfonso Caso de la UNAM será testigo de un evento interesante: el 5° Congreso Nacional de Impacto Ambiental, con el tema "Desafíos y estrategias en el cumplimiento de Tratados y Acuerdos ambientales". Por tres días, especialistas, funcionarios y consultores se reunirán a discutir temas que van desde el Convenio de Biodiversidad hasta el T-MEC, pasando por cambio climático y seguridad hídrica.

El tema de atención no es la agenda, digamos, lucidamente diseñada, sino la paradoja que representa: mientras más se discuten estos temas en auditorios cómodos, menos se resuelven en la realidad cotidiana. México vive una contradicción persistente donde la política ambiental genera más congresos que resultados, más ponencias que transformaciones y más compromisos que implementaciones.

Lo inquietante es que este espejismo no se sostiene solo por inercia gubernamental, sino que encuentra cómplices en sectores que, por cortesía profesional o cercanía institucional, prefieren discutir "problemas" sin incomodar a quienes pueden resolverlos. El sector académico nacional, las universidades especializadas y organizaciones como la propia Academia Mexicana de Impacto Ambiental han optado frecuentemente por señalar diagnósticos sin cuestionar por qué las soluciones se evaden sistemáticamente.

Este artículo no pretende sumar otro análisis más sobre tratados internacionales. Busca cuestionar por qué seguimos atrapados en ciclos donde los problemas se diagnostican hasta el cansancio, pero las causas estructurales permanecen intocadas.

Tratados internacionales: el coleccionismo diplomático sin traducción práctica

Si alguien hiciera un recorrido por los archivos de la SEMARNAT, encontraría una colección impresionante, tal vez de papel o archivos electrónicos, mejor dicho, decenas de tratados ambientales firmados con gran ceremonia, fotografías protocolarias con funcionarios sonrientes y comunicados de prensa que presumen el "liderazgo ambiental" de México. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Acuerdo de París, el Marco Kunming-Montreal, la Convención Ramsar... etc.., una vitrina diplomática envidiable.

Pero aquí viene la pregunta incómoda: ¿cuándo fue la última vez que un ciudadano, una empresa responsable o una comunidad rural pudo invocar directamente uno de estos tratados para resolver un problema ambiental concreto? ¿Qué utilidad práctica tiene  conocer el Convenio de Biodiversidad si, en la práctica, México, solo haciendo lo indispensable, sigue perdiendo 500 mil hectáreas de bosque por año?

La respuesta revela el corazón del problema, esto es, los tratados funcionan como teatro diplomático. México los firma para mantener su estatus internacional de "país comprometido"(bueno, cuando así buscaba hacerlo) pero su traducción a políticas operativas es lenta, superficial o directamente decorativa; habrá alguien que no le interese? Los gobiernos recogen aplausos en foros internacionales mientras, internamente, las instituciones responsables de implementar esos compromisos operan con presupuestos recortados y capacidades limitadas.

Sin duda, el caso del Acuerdo de París es ejemplar: México se comprometió a reducir emisiones mientras simultáneamente construye la refinería de Dos Bocas y mantiene subsidios a combustibles fósiles. ¿Es ignorancia técnica o cinismo político?, tal vez, compromiso con el pueblo?, uno, dos o todos?

Más preocupante aún es la complicidad del sector académico nacional. Universidades y centros de investigación suelen citar estos marcos como si fueran soluciones automáticas, evadiendo las preguntas incómodas: ¿por qué México firma lo que no puede implementar? ¿Por qué las instituciones académicas especializadas no cuestionan públicamente esta brecha entre compromisos y realidad?

Si bien se señala, se hace necesaria generar o presentar, al menos, un propuesta constructiva para quien la pudiera considerar/atrapar, pudiendo ser la misma Autoridad Ambiental, esto es, crear un sistema de implementación obligatoria, desde luego, cubriendo los requisitos que por Ley son necesarios, y se convierta, cada tratado firmado, en política ambiental que redunde en legislación nacional específica, con cronogramas verificables, presupuestos etiquetados y consecuencias institucionales por incumplimiento; es claro que hoy en día, la agenda ambiental no es la prioritaria si se toma en consideración la disminución de la partida presupuestaria para tal rubro y el Congreso está interesado en temas diversos a los ambientales; debería ser un hecho que si un país no puede implementar un tratado, quizá debería evitar firmarlo.

El desafío para el sector académico: Evaluar críticamente la efectividad real de estos instrumentos en lugar de repetirlos como mantras. ¿Cuántos tratados han generado cambios medibles en territorio nacional? Desde su firma, aprobación por el Senado y publicación y entrada en vigor en México, a la fecha?, según cada sector habrá una respuesta, pero es posible que todos converjan en una respuesta incómoda, pero honesta.

Evaluación de Impacto Ambiental, desde su concepción como un instrumento estratégico al día de hoy, como trámite de escritorio

En el mes de octubre se dedicarán sesiones enteras al "rol de la EIA en la protección de ecosistemas costeros y humedales", no es un cuestionamiento, es una noble intención que revela, inadvertidamente, y en cierta forma, una parte del problema. ¿Por qué reducir la discusión de impacto ambiental a ecosistemas costeros cuando México enfrenta problemas ambientales mucho más amplios, trascendentes y urgentes?

La respuesta está en que se ha convertido la Evaluación de Impacto Ambiental, en lo que nunca debió ser, simplemente porque no es su naturaleza, lo han hecho en un trámite administrativo más, donde la misma autoridad no ha tenido la intención, desde hace mucho años, en hacerlo un “Instrumento de Política Ambiental”; si bien analizar y estudiar la problemática de las zonas costeras, con claridad meridiana de trascendencia, en realidad impide tener  una visión de “gran angular” ignorando la complejidad territorial del país.

Seamos brutalmente honestos: Una buena cantidad de Manifestaciones de Impacto Ambiental que se procesan en México (posiblemente el calificar “…buena cantidad…” sea no específica, real u objetiva, pero no se puede decir si para arriba o para abajo) son ejercicios de llenado de formatos o “… copy-paste…”. El consultor incluye las especies esperadas, menciona las medidas de mitigación de catálogo, cita las normas correctas y envía el expediente. La autoridad verifica que estén los sellos apropiados, confirma que se mencionen los tratados correspondientes y otorga la autorización.

También es cierto que, es justo y honesto, el reconocer y hacer mención que muchos proyectos han tenido la gran experiencia de ser analizados, estudiados y manifestados por los que conforman la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA), en donde el convivir, trabajar e interactuar con los consultores, sean biólogos, hidrobiólogos, ingenieros, sociólogos hasta abogados, siempre ha sido y seguirá siendo una grata experiencia, profesional y personal.

De aquellos que gustan del “… formateo, machoteo o copy-paste…” por lo general encuentran: un resultado de Documentos de 500 páginas que nadie lee completo y que raramente influyen en decisiones estratégicas del proyecto. Mientras tanto, los verdaderos problemas ambientales como son el crecimiento urbano descontrolado, desarrollos turísticos sin control y mal evaluados, contaminación industrial difusa, sobreexplotación de acuíferos, agricultura intensiva, entre otros,  quedan fuera del radar porque no encajan en el formato preestablecido.

Es como intentar diagnosticar una neumonía con un termómetro: la herramienta funciona, pero está mal aplicada.

Propuesta transformadora: La EIA debe recuperar su función como instrumento de política ambiental que influya en la planeación territorial nacional, no solo de evaluación de proyectos aislados. Esto significa analizar impactos acumulativos, sinergias regionales y alternativas de desarrollo. Sí, es más complejo, pero también significa que dejará de ser un requisito para convertirse en herramienta de decisión real.

Responsabilidad de consultores y sus organizaciones profesionales: Parte de la labor que realiza la AMIA, es el de capacitar/actualizar y difundir información relevante de la materia con el objeto de apoyar la importante labor de elevar estándares técnicos y rechazar la cultura del trámite. Un consultor que entrega una MIA mediocre, sin estudios de campo, sin investigación, no solo defrauda a su cliente; contribuye al deterioro de todo el sistema de evaluación ambiental del país.

Transición energética: la caja negra donde prosperan corrupción y complicidad

Hablemos sin eufemismos. Si en la tercera semana de octubre se tiene considerado el tener expertos y platicar sobre "Convención Marco de Cambio Climático y aspectos energéticos" como uno de los temas centrales, es porque el asunto ya no se puede ignorar. Pero abordar transición energética en México no es solo es un tema de técnicos, tecnicismos y/o expertos, en realidad es adentrarse en un laberinto como el “Yancheng Dafeng Dream Maze” donde se cruzan intereses petroleros, corrupción política y crimen organizado y lo que se le pueda adicionar.

Mientras países europeos desarman infraestructura de combustibles fósiles, México sigue construyendo refinerías como si el cambio climático fuera una moda pasajera. La refinería de Dos Bocas no es solo un error estratégico; es una declaración ideológica, este país, con este tipo de proyectos, apuesta al pasado energético mientras presume compromisos climáticos que no se ve o no se hace evidente que quiera cumplir.

Pero lo más grave no son las decisiones equivocadas, sino la opacidad total con que se toman. ¿Quién decide qué proyectos energéticos se aprueban? ¿Con qué estudios de impacto? ¿Por qué proyectos de energía renovable enfrentan obstáculos burocráticos interminables mientras los fósiles avanzan sin problemas?, será que los dos lados del escritorio no identifican la responsabilidad que pueden, pudieran o “…in deed…” enfrentan.

Las respuestas están en esa caja negra que nadie quiere abrir porque adentro hay más que incompetencia técnica, conflictos de interés, contratos dudosos/peculiares/interesantes y, posiblemente, en varios casos, influencia del crimen organizado que ha encontrado en megaproyectos energéticos una fuente de recursos.

Y aquí viene la complicidad académica más grave: universidades y centros de investigación que estudian "transición energética" en abstracto, citando casos europeos sin analizar por qué México va en sentido contrario. ¿Dónde están los estudios sobre captura regulatoria en el sector energético? ¿Dónde la investigación sobre vínculos entre crimen organizado e infraestructura?

La AMIA específicamente, ha estado trabajando en desarrollar sus capacidades para generar conocimiento crítico sobre estos temas, sigue haciendo falta; es de la mayor relevancia mayor participación del gremio y una mejor toma de decisiones; parecería que se hace  sugerible organizar sesiones técnicas sobre obstáculos reales de la transición, como resolverlos y como tener una actuación efectiva para la resolución de dichos obstáculos.

Propuesta sin rodeos: México necesita un roadmap energético transparente con metas intermedias verificables, presupuestos específicos y nombres de responsables. No más "estrategias" de escritorio; cronogramas operativos con consecuencias por incumplimiento.

El papel que deberían jugar las instituciones académicas especializadas: Es indispensable tener la decisión de que se tiene que trabajar, para Investigar y documentar obstáculos reales, incluyendo temas de corrupción y captura regulatoria. Si no es sencillo o no se puede hablar claro sobre estos asuntos, ¿para qué sirve?

Áreas Naturales Protegidas: entre la simulación oficial y el saqueo organizado

Si se revisan las actividades que se desarrollarán en la tercera semana de octubre, se incluye el tema de la "Conservación de la Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas", como si fuera un tema de celebración. Aún y cuando se conoce y reconoce la labor y profesionalismo del actual “Comisionado Nacional”, tenemos que reconocer que México está perdiendo biodiversidad a velocidad alarmante mientras presume tener una de las redes de ANPs más extensas de América Latina.

Esta contradicción no es casualidad; es resultado de políticas diseñadas para simular conservación sin implementar protección real. Cada año se "declaran" nuevas ANPs con fanfarria mediática, pero ¿alguien ha visitado las ANPs declaradas hace 10 años? El panorama es desalentador: guardaparques sin equipamiento, instalaciones deterioradas, senderos intransitables y, frecuentemente, actividades ilegales operando con impunidad total.

Mexico pierde aproximadamente 500 mil hectáreas de bosque anualmente, pero las cifras oficiales siempre son menores porque se maquillan con programas de "reforestación" que plantan árboles donde no sobreviven o con reclasificaciones cartográficas que convierten bosques degradados en "áreas en recuperación".

El comercio ilegal de especies opera con una eficiencia que contrasta dramáticamente con la ineficiencia de las autoridades que supuestamente lo combaten. Desde loros en mercados populares hasta maderas preciosas en puertos de exportación, el tráfico funciona como industria mientras PROFEPA inspecciona, sanciona en papel, clausura temporalmente... y al mes siguiente todo continúa igual.

Lo más triste/lamentable es el doble discurso institucional: funcionarios que inauguran programas de conservación mientras sus mismas dependencias autorizan cambios de uso de suelo que destruyen exactamente lo que dicen proteger.

Responsabilidad académica doble: El sector académico nacional forma biólogos, forestales y ambientólogos sin plenitud de la realidad del sector (donde diversas variables, operan como un factor/variable más), mientras organizaciones como la AMIA organizan congresos donde se discute "conservación de biodiversidad" sin mencionar jamás por qué las políticas de conservación fracasan sistemáticamente.

Propuesta incómoda: Si México no puede manejar efectivamente las ANPs existentes, debería suspender creación de nuevas hasta resolver problemas operativos (presupuestarios) de las actuales. Mejor tener menos áreas realmente protegidas que muchas nominalmente protegidas, aún y cuando estén controladas, como ya lo mencioné por un profesional como lo es el actual Comisionado Nacional.

El derecho a disentir: la herramienta democrática subutilizada

Llegamos al punto que podría cambiar todo, el derecho a disentir sin confrontación destructiva. En democracia, la crítica técnica constructiva no debería interpretarse como deslealtad personal; debería reconocerse como mecanismo de mejora institucional.

El problema en el sector ambiental mexicano es una cultura de cortesía que confunde crítica técnica con agresión personal. Señalar que un programa no funciona se interpreta como ataque al funcionario que lo dirige. Cuestionar efectividad de políticas se entiende como deslealtad institucional. Proponer alternativas se percibe como arrogancia académica. Esto nos llevará de manera indefectible a un sistema donde errores se perpetúan porque nadie quiere incomodar. Donde políticas ineficaces se mantienen, porque cambiarlas?  implicaría reconocer fallas. Donde innovación se estanca, porque proponer diferencias que pudieran generar fricciones.

Pero disentir no significa confrontar. Significa usar autoridad técnica, evidencia empírica y experiencia profesional para señalar lo que no funciona y proponer alternativas viables. Es lo que deberían hacer las asociaciones de consultores, las academias especializadas y organizaciones civiles, esto es:  ejercer contrapeso técnico al poder político.

En general los congresos deberían ser un espacio ideal para ejercer este derecho a disentir,  pero en muchos casos, los programas sugieren lo contrario: sesiones "técnicas" donde funcionarios presentarán políticas sin espacio real para cuestionamiento fundamentado. Mesa de "análisis" que probablemente evitarán análisis incómodos.

Propuestas concretas:

Para la Autoridad Ambiental: Crear espacios institucionales para recibir críticas técnicas. Mecanismos formales donde especialistas puedan señalar problemas sin temor a exclusión.

Para instituciones académicas y organizaciones profesionales: Recuperar independencia crítica. Si expertos no cuestionan, si técnicos no analizan, si académicos no incomodan, ¿cuál es su función social?

Para ciudadanos y consultores: Ejercer el derecho democrático a exigir explicaciones. La política ambiental no puede ser asunto exclusivo de funcionarios; debe ser tema de interés público.

Propuestas específicas: del diagnóstico perpetuo a la acción verificable

Después de tanto señalamiento, es justo ofrecer alternativas operativas que cualquiera pueda implementar mañana mismo.

Para la Autoridad Ambiental:

a. Sistema de implementación obligatoria de tratados con cronogramas y consecuencias por incumplimiento

b. Rediseñar EIA como instrumento de política ambiental que influya en la planeación del territorial nacional

c. Roadmap transparente de transición energética con metas verificables

d. Indicadores de desempeño reales para ANPs; suspender creación de nuevas hasta mejorar existentes

e. Espacios institucionales para crítica técnica fundamentada

Para el sector académico y organizaciones profesionales especializadas:

a. Evaluar de manera crítica, la efectividad de tratados internacionales en contexto nacional

b. Elevar estándares técnicos de EIA; rechazar cultura del trámite

c. Investigar obstáculos reales de políticas ambientales, incluyendo corrupción

d. Desarrollar metodologías de monitoreo independiente

e. Recuperar función de contrapeso técnico al poder político

Para particulares, consultores y sus organizaciones:

a. Exigir claridad regulatoria en implementación de tratados

b. Rechazar proyectos de EIA mediocres que deterioran el sistema

c. Demandar transparencia en el proceso o en la llamada “transición energética”

d. Participar en vigilancia de ANPs y políticas de conservación

e. Ejercer derecho a disentir constructivamente

Si se busca una conclusión se podría afirmar: el espejismo se rompe cuando alguien dice la verdad

1. El 5° Congreso Nacional de Impacto Ambiental podría ser una oportunidad histórica para romper el espejismo que caracteriza la política ambiental mexicana. Su programa aborda temas centrales, reúne a actores clave y ocurre en momento crítico para el país.

2. Pero también podría ser una oportunidad perdida más si se convierte en repetición de diagnósticos conocidos, presentación de políticas ineficaces y celebración de compromisos que no se cumplirán.

3. El espejismo del impacto ambiental en México se sostiene en complicidad colectiva: gobiernos que simulan acciones, sector académico que evita incomodar, consultores que cumplen trámites y ciudadanos que delegan responsabilidades. Romper este círculo requiere que cada actor asuma su parte y actúe en consecuencia.

4. Los tratados pueden ser útiles, pero sólo si se implementan. La EIA puede ser poderosa, pero sólo si recupera su naturaleza y función estratégica. La transición energética puede ser oportunidad, pero sólo con transparencia. Las ANPs pueden conservar biodiversidad, pero sólo con gestión efectiva y recursos.

5. Las soluciones existen y son aplicables. Requieren romper inercias, incomodar intereses y ejercer el derecho democrático a disentir.

¿Estamos dispuestos a cambiar espejismo por realidad? La respuesta no está en ponencias de funcionarios, ni en papers académicos, ni en manifiestos activistas. Está en acciones concretas que cada uno tome después del congreso.

El espejismo se rompe cuando alguien tiene el valor profesional de decir la verdad. Y la verdad, en democracia, es derecho y responsabilidad de todos.

El presente documento contiene opinión personal del autor y no representa posición específica sobre asuntos particulares que se pudieran generar; cualquier duda, comentario o sugerencia, estamos atentos.

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