EL PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE 2025-2030; ECONOMÍA CIRCULAR Y MODERNIZACIÓN AMBIENTAL: El nuevo paradigma productivo mexicano. Parte 3.
- GCDS
- 17 sept
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La transición del modelo lineal hacia la circularidad económica
La culminación de las transformaciones institucionales analizadas en nuestro primer artículo sobre el PROMARNAT 2025-2030 y su materialización territorial examinada en nuestro segundo análisis sobre polos de desarrollo, encuentra su expresión más avanzada en las políticas de economía circular que están reconfigurando el panorama productivo nacional.
México enfrenta un déficit crítico de circularidad: únicamente el 0.4% de los materiales que sirven de insumo a la economía logran reciclarse o reutilizarse, frente al promedio global de 7.2%. Esta brecha representa, paradójicamente, una oportunidad extraordinaria para el desarrollo de industrias de reciclaje, remanufactura y aprovechamiento de residuos que el actual gobierno ha decidido o al menos esa es la idea, de capitalizar estratégicamente.
El proyecto Tula: laboratorio nacional de economía circular
El complejo de economía circular de Tula, Hidalgo, descrito por la presidenta Claudia Sheinbaum como "el proyecto de economía circular más ambicioso del mundo", constituye el paradigma del nuevo modelo productivo mexicano. Este megaproyecto integra aprovechamiento de residuos, tratamiento de aguas residuales, generación de energía renovable y producción de materiales reciclados en un sistema industrial cerrado que busca eliminar prácticamente los desechos.
La replicabilidad del modelo se garantiza mediante la construcción de 10 plantas tratadoras de residuos adicionales en el territorio nacional, creando una red de infraestructura de economía circular que transformará la gestión de residuos, de modelo de disposición final, hacia aprovechamiento productivo integral.
Marcos regulatorios e incentivos para la circularidad
Los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), establecidos mediante decretos del 4 y 21 de julio de 2025, crean el marco institucional más avanzado de América Latina para promover inversión en economía circular.
Los incentivos fiscales específicos incluyen:
1. Deducción inmediata del 100% en activos fijos nuevos para proyectos de economía circular hasta 2030
2. Crédito fiscal del 100% sobre derechos por uso de bienes del dominio público federal para desarrolladores
3. Deducción adicional del 25% en gastos de capacitación e innovación vinculados a circularidad
4. Exención de presentación de avisos para acelerar procesos administrativos.
Deducción inmediata del 100% en activos fijos nuevos: Permite a las empresas deducir de impuestos, en un solo ejercicio fiscal, la totalidad de la inversión en maquinaria, equipo e infraestructura destinada a proyectos de economía circular, incentivando así la modernización y adopción rápida de tecnologías limpias.
Crédito fiscal del 100% sobre derechos por uso de bienes del dominio público federal: Este beneficio elimina el costo de los derechos que normalmente se deben pagar al usar bienes federales (terrenos, instalaciones públicas, etc.), facilitando el uso de infraestructura pública para el desarrollo de proyectos circulares.
Exención de presentación de avisos para acelerar procesos administrativos: Usualmente, las empresas están obligadas a presentar diversos avisos y notificaciones ante la SEMARNAT para acceder a ciertos beneficios lo que significa que, para agilizar la entrada en operación de los proyectos dentro de los polos de desarrollo, se eliminan ciertos trámites administrativos que solían demorar el inicio de obras o el acceso a estímulos fiscales, invirtiendo directamente sin pasar por procesos burocráticos adicionales, siempre y cuando cumplan requisitos previos y cuenten con constancia de la autoridad; no obstante, la morosidad o tal vez tortuguismo no ha disminuido convirtiéndose en cuello de botella todo el gran rezago que se generó desde hace más de 6 años.
Estos instrumentos económicos representan el marco de incentivos más comprehensivo implementado en México para promover un sector industrial específico desde la creación de las maquiladoras en la década de 1960; a todo esto, habrá que ver la efectividad de la creatividad ya que no solo debe haber palabras.
Transformación de cadenas de valor y sectores productivos
La Responsabilidad Extendida del Productor (REP), contemplada en la estrategia nacional de economía circular, establece que fabricantes deben responsabilizarse de sus productos al final de la vida útil, incluyendo recolección, clasificación y tratamiento preferentemente mediante reciclaje. Esta medida incentiva el rediseño de productos para facilitar gestión posterior y minimizar impactos ambientales.
Sectores estratégicos como el automotriz y papelero han avanzado significativamente en implementación de economía circular, mientras que nuevas industrias como aprovechamiento de neumáticos, baterías y aparatos eléctricos y electrónicos están emergiendo como oportunidades de inversión prioritarias.
El programa "Basura Cero" de la Ciudad de México, que maneja más de 13,000 toneladas diarias de residuos, se convierte en modelo replicable para otras metrópolis, promoviendo separación adecuada, plantas de reciclaje, producción de composta y reconocimiento laboral del personal de limpieza.
Integración con objetivos de mitigación climática
La economía circular se articula directamente con las metas de reducción de 140 millones de toneladas de CO₂ equivalente que analizamos en nuestro artículo anterior sobre acción climática territorial. El aprovechamiento de residuos orgánicos para generación de energía, la reducción de extracción de materias primas vírgenes y la optimización de procesos productivos contribuyen sustancialmente a los objetivos nacionales de mitigación.
La política climática transversal incorpora economía circular como eje estratégico, integrando manejo de residuos con generación de energía renovable, reducción de emisiones industriales y adaptación de ecosistemas urbanos.
Dimensión social y laboral de la economía circular
Un aspecto crítico es la dignificación del trabajo en el sector de manejo de residuos, donde 65.5% de trabajadores pertenece a la economía informal en condiciones vulnerables y sin derechos laborales básicos. Las políticas de economía circular incluyen programas específicos de formalización laboral, capacitación técnica y mejora de condiciones de trabajo para personal de limpieza, recolección y separación de residuos.
La participación ciudadana se articula mediante cambios en hábitos de consumo, separación adecuada de residuos y promoción de prácticas de reparación, reutilización y reciclaje a nivel doméstico y comunitario.
La política sectorial busca formalizar y dignificar estos empleos mediante programas de capacitación, seguridad social y reconocimiento laboral.
También se promueve la “circularidad social”, es decir, políticas que incluyen a recicladores y comunidades vulnerables como actores centrales, dándoles acceso a beneficios, formación y participación en la toma de decisiones.
La inclusión social busca una economía circular donde los beneficios sean compartidos equitativamente y no solo centrados en la eficiencia de recursos. Esto implica empoderar comunidades con empleos verdes, redes de comercio local, y reducción de desigualdades.
Responsabilidad Ambiental Corporativa
En México, la responsabilidad ambiental corporativa se basa en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA) haciéndose necesario comentar:
1. Obliga a empresas y organizaciones a prevenir, reparar y, en caso de daño, compensar adecuadamente los impactos ambientales negativos generados por sus actividades.
2. Incluye tanto actividades directas como indirectas (por cadena de suministro o uso de terceros).
3. Exige no solo el cumplimiento legal, sino implementar sistemas de gestión ambiental, transparencia y reporte.
La LFRA y otras normas establecen mecanismos de reparación, compensación y, de ser necesario, sanción económica o incluso criminal para conductas que dañen el medio ambiente.
Ya hemos comentado en artículos previos que adoptar responsabilidad ambiental, siempre estará aportando ventajas competitivas como es: mejor imagen pública, acceso a mercados internacionales, cumplimiento de criterios ESG (ambiental, social, gobernanza) y protección ante riesgos financieros asociados a daños ambientales.
Cada vez más, la responsabilidad ambiental corporativa va más allá de la regulación y se convierte en un estándar esperado por consumidores, inversionistas y la sociedad, abarcando reducción de emisiones, economía circular, transparencia y participación comunitaria.
Perspectivas internacionales y posicionamiento regional
Actualmente, México está avanzando hacia la armonización de su marco normativo con estándares internacionales:
1. Se alinea con políticas de la Unión Europea y países líderes en economía circular.
2. Varias entidades federativas ya han adoptado leyes y programas propios de economía circular: Querétaro, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Morelos, entre otros.
3. Este marco facilita la inversión extranjera y la transferencia de tecnologías limpias, ya que empresas globales buscan operar en regiones con reglas claras, incentivos y enfoque sostenible. México se debería perfilar como líder regional en Latinoamérica en materia de economía circular, tanto por la escala de sus programas como por el avance normativo y la infraestructura, pero como hacer que las alcayatas no sean su principal limitante/lastre de actuación.
Esta armonización normativa, bien podría facilitar inversión extranjera directa en sectores de economía circular y permitir transferencia de tecnologías limpias que aceleren la transición hacia modelos productivos sustentables.
Retos
El sector ambiental y la economía circular en México enfrentan retos estructurales que deben preverse y atender:
1. Crisis hídrica: Escasez y contaminación del agua, sobre todo en grandes ciudades y regiones áridas.
2. Gestión integral de residuos: Persisten altos niveles de disposición final en tiraderos y sitios no controlados.
3. Contaminación atmosférica: Altos índices en zonas urbanas e industriales, agravados por deficiente movilidad y falta de normatividad efectiva.
4. Deforestación y pérdida de biodiversidad: Cambio de uso de suelo, tala ilegal y presión sobre ecosistemas críticos.
5. Falta de capacidades institucionales: Recursos humanos insuficientes, rotación de personal técnico, y fragmentación de políticas públicas entre niveles de gobierno.
6. Financiamiento: Limitaciones para garantizar inversión de largo plazo, tanto pública como privada, para transición sostenible.
7. Inclusión y equidad social: Necesidad de asegurar que los beneficios lleguen a toda la población, cerrar la brecha informalidad-formalidad, y respetar derechos laborales en toda la cadena circular.
8. Anticipación a efectos del cambio climático: Resiliencia ante eventos extremos, adaptación y prevención de desastres ambientales.
Con estos retos, viendo las circunstancias actuales en las que nos encontramos como país, la poca sensibilidad de la mayoría de los que proponen y de los que hacen leyes, es un poco más que claro que se requieren políticas estructuradas, entender lo que es y la razón de una debida/adecuada coordinación multisectorial, empujar hacia la innovación tecnológica y un constante monitoreo permanente del avance hacia la economía circular; sin lo anterior, la tarea además de titánica, bien podría entrar a un estadio complejo de sortear.
Hacia un nuevo paradigma de desarrollo sustentable ( ¿? )
Las transformaciones analizadas a lo largo de esta serie editorial, desde la nueva arquitectura institucional del PROMARNAT 2025-2030 hasta su materialización territorial en polos de desarrollo y su culminación en políticas de economía circular, configuran un paradigma integral de desarrollo sustentable que trasciende enfoques sectoriales tradicionales.
La coherencia sistémica entre instrumentos de planificación, marcos regulatorios, incentivos económicos y participación social representa una evolución institucional significativa que posiciona a México como referente regional en políticas ambientales avanzadas.
Los retos de implementación incluyen desarrollo de capacidades técnicas, financiamiento de inversiones de largo plazo, y coordinación efectiva entre múltiples actores gubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, el marco institucional establecido y los recursos comprometidos sugieren viabilidad técnica y política para estas transformaciones.
El éxito de estas políticas determinará no solo el cumplimiento de compromisos ambientales internacionales, sino la competitividad económica de México en un contexto global que prioriza, de manera relevante la sostenibilidad, eficiencia de recursos y responsabilidad ambiental corporativa.
Esta serie editorial ha explorado las dimensiones institucional, territorial y productiva de la transformación ambiental mexicana que tiene como punto de partida éste 2025. Como se evidencia, las políticas del PROMARNAT 2025-2030 representan más que ajustes sectoriales: “constituyen los fundamentos de un nuevo modelo de desarrollo que integra crecimiento económico, justicia social y sostenibilidad ambiental en una propuesta coherente y operativamente viable para el México del siglo XXI”.
Para los efectos de cualquier referencia, la siguiente es la liga que permite abrir El Programa Sectorial de Medio Ambiente 2025-2030.
[Fin de la serie: "El Programa Sectorial de Medio Ambiente 2025-2030]
El presente es la opinión personal del autor y no representa respuesta a consulta o a pregunta alguna que se hubiere podido generar por motivo del tema(s) que se han desarrollado; cualquier duda, comentario o sugerencia, con gusto estamos atento.
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