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EL PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE 2025-2030; POLOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ACCIÓN CLIMÁTICA: La regionalización de la política ambiental mexicana. Parte 2.

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    GCDS
  • 16 sept
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EL PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE 2025-2030; POLOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ACCIÓN CLIMÁTICA: La regionalización de la política ambiental mexicana. Parte 2.

De la planificación sectorial a la gestión territorial integrada

Como analizamos en nuestro artículo anterior sobre la nueva arquitectura institucional del PROMARNAT 2025-2030, el sector ambiental mexicano ha evolucionado hacia un enfoque territorial que articula conservación, desarrollo económico y justicia social. Esta transformación se materializa concretamente a través de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, una estrategia que representa 1.5% del PIB nacional en inversión y la generación de 300,000 empleos directos.

 

Los primeros 15 Polos de Desarrollo establecidos en 14 entidades federativas (Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Sonora) operan bajo el modelo de clusters industriales con infraestructura social integral. Este esquema pretende evitar el crecimiento urbano desorganizado tradicional, integrando fuentes de empleo con zonas habitacionales, equipamiento educativo y servicios de salud.

 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático: metas y compromisos cuantificables

El PROMARNAT 2025-2030 establece como meta la reducción de 140 millones de toneladas de CO₂ equivalente para 2030, lo que representa, en su caso, una disminución del 35% respecto a las emisiones actuales de 758 millones de toneladas anuales. Esta meta se estructura en tres componentes operativos: mitigación, adaptación y política climática transversal.

 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), actualizada en mayo de 2025, establece una visión 10-20-40 años que integra sectores energético, industrial, agrícola, de transporte y manejo de residuos. México produce actualmente 120,000 toneladas diarias de residuos, 90% de los cuales se depositan en vertederos a cielo abierto, representando una oportunidad significativa para reducción de emisiones y aprovechamiento energético.

 

Coordinación intergubernamental: el desafío de la implementación territorial

La implementación territorial del PROMARNAT 2025-2030 enfrenta su mayor desafío en la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno. México cuenta con 32 entidades federativas, 2,469 municipios y 16 alcaldías de la Ciudad de México, cada uno con marcos normativos, capacidades técnicas y prioridades políticas diferentes.

 

Asimetrías en capacidades institucionales subnacionales

Los gobiernos estatales presentan capacidades heterogéneas para implementar políticas ambientales complejas:

1. Estados avanzados (Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro) cuentan con secretarías ambientales consolidadas, marcos regulatorios modernos y presupuestos específicos

2. Estados intermedios (15-20 entidades) poseen estructuras básicas pero requieren fortalecimiento técnico y financiero

3. Estados con limitaciones críticas (8-12 entidades) carecen de personal especializado, infraestructura tecnológica y recursos suficientes

 

Los gobiernos municipales enfrentan limitaciones aún más severas: solo el 12% cuenta con direcciones ambientales específicas, y únicamente el 3% tiene personal técnico especializado en gestión ambiental.

 

Mecanismos de coordinación institucional

El Sistema Nacional de Coordinación Ambiental establece cuatro instrumentos operativos:

1. Conferencia Nacional de Gobernadores para el Medio Ambiente: Reuniones semestrales con participación obligatoria de secretarios estatales del ramo

2. Consejos Regionales de Cuenca: Coordinación hídrica con participación tripartita (federal-estatal-municipal)

3. Comités Técnicos Especializados: Grupos de trabajo en temas específicos (cambio climático, residuos, biodiversidad)

4. Sistema Nacional de Información Ambiental: Plataforma digital integrada para monitoreo y reporte

 

Retos de armonización normativa

La fragmentación jurídica constituye un obstáculo significativo:

1. Códigos ambientales estatales con criterios técnicos incompatibles entre sí

2. Reglamentos municipales que contradicen disposiciones federales o estatales

3. Procedimientos administrativos desarticulados que generan duplicidad de trámites

4. Sistemas de sanciones con escalas punitivas asimétricas

 

Transferencia de recursos y asistencia técnica

El Programa de Fortalecimiento Ambiental estatal contempla:

1. Transferencias específicas por 4,800 millones de pesos durante el sexenio

2. Asistencia técnica federalizada mediante brigadas especializadas

3. Programas de capacitación para 15,000 funcionarios estatales y municipales

4. Convenios de colaboración con universidades públicas para formación continua

 

Casos exitosos de coordinación intergubernamental

El modelo de gestión integrada ha mostrado resultados positivos en:

1. Cuenca Lerma-Chapala: Coordinación efectiva entre 5 estados para restauración hídrica

2. Corredor Biológico Mesoamericano México: Articulación de 9 estados del sureste para conservación

3. Programa de Gestión Integral de Residuos del Valle de México: Coordinación metropolitana exitosa

 

Estos casos demuestran que la coordinación intergubernamental es factible cuando existen incentivos claros, recursos suficientes y liderazgo técnico competente.

 

Instrumentos de política territorial para la acción climática

Los polos de desarrollo incorporan criterios de sostenibilidad ambiental como requisitos obligatorios: evaluación de impacto ambiental, planes de manejo de residuos, eficiencia energética, y protección de ecosistemas circundantes. Esta integración asegura que el crecimiento económico regional sea compatible con objetivos de mitigación climática.

 

El ordenamiento ecológico territorial se fortalece como instrumento rector que regula el uso del suelo según su aptitud natural, promoviendo mejores relaciones socioambientales entre campo y ciudad con enfoque de cuenca. Esta herramienta es fundamental para evitar conflictos ambientales en las zonas de nueva industrialización.

 

Un elemento innovador es la coordinación interinstitucional obligatoria, esto es, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático coordina acciones entre SEMARNAT, SENER, SAGARPA, SEDATU, SCT y SEDESOL para asegurar coherencia de políticas sectoriales con objetivos ambientales. Esta articulación, si se logra dar de manera armoniosa, no hay duda de que será crucial para el desarrollo de las políticas de economía circular que abordaremos en nuestro tercer y último artículo.

 

Gestión integrada de recursos hídricos y restauración ecosistémica

El derecho humano al agua se operacionaliza territorialmente a través de proyectos de tecnificación de riego en 200,000 hectáreas, desarrollo de infraestructura de abastecimiento y reciclamiento, y saneamiento de los tres ríos más contaminados del país. Estos proyectos se integran con los polos de desarrollo, asegurando disponibilidad hídrica para las nuevas actividades productivas.

 

La restauración ambiental adquiere escala sin precedentes: 100,000 hectáreas de bosques y 80,000 hectáreas de manglares mediante el Acuerdo Nacional de Bosques.

 

Esta meta se vincula directamente con servicios ambientales, captura de carbono y adaptación climática para comunidades vulnerables.

 

Incentivos económicos para la transición sustentable

Los polos de desarrollo ofrecen incentivos fiscales específicos que promocionan inversiones ambientalmente responsables: deducción inmediata del 100% en activos fijos nuevos, deducción adicional del 25% en programas de capacitación dual, y apoyo del 25% en proyectos de investigación y desarrollo. Estos instrumentos económicos canalizan inversión privada hacia tecnologías limpias y procesos productivos eficientes.

 

La política de economía circular comienza a implementarse territorialmente a través de los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), con el proyecto piloto de Tula, Hidalgo, como "el complejo ambiental más ambicioso del mundo" para aprovechamiento de residuos, tratamiento de agua y generación de energía.

 

Participación social y justicia ambiental territorial

El enfoque de justicia ambiental se materializa priorizando comunidades indígenas y afromexicanas en programas de restauración, conservación y aprovechamiento sustentable. Los polos de desarrollo incorporan consultas previas, libres e informadas, así como participación en beneficios económicos derivados de proyectos ambientales.


La participación ciudadana se fortalece mediante consejos consultivos regionales, observatorios ambientales locales, y mecanismos de contraloría social para proyectos de infraestructura. Esta gobernanza participativa es esencial para legitimar socialmente las transformaciones territoriales.

 

Retos de implementación y evaluación territorial

Los principales desafíos operativos incluyen armonización de marcos regulatorios estatales y municipales, desarrollo de capacidades técnicas locales, y coordinación presupuestaria entre órdenes de gobierno. El PROMARNAT 2025-2030 establece programas específicos de asistencia técnica federalizada y transferencia de recursos para fortalecer gobiernos estatales.

 

La evaluación y monitoreo territorial se basa en indicadores ambientales georeferenciados, reportes periódicos de autoridades locales y sistemas de información integrados que permiten ajustes adaptativos a las políticas implementadas.

 

Como hemos analizado en esta segunda entrega, los polos de desarrollo territorial representan la materialización concreta de los objetivos del PROMARNAT 2025-2030 que examinamos inicialmente. La integración de criterios ambientales en el desarrollo regional constituye una innovación institucional significativa que requiere, sin embargo, complementarse con transformaciones profundas en los modelos productivos y de consumo.

 

En nuestro artículo final, analizaremos cómo las políticas de economía circular, los incentivos tecnológicos y la modernización de cadenas de valor están configurando un nuevo paradigma económico-ambiental que posiciona a México como líder regional en sostenibilidad, cerrando así el círculo de transformaciones iniciadas con la nueva arquitectura institucional que presentamos al inicio de esta serie.

 

[Continuará en la tercera y última entrega: "Economía Circular y Modernización Ambiental: El Nuevo Paradigma Productivo Mexicano"]


 

El presente representa la opinión del autor y en ningún momento se puede tomar como una respuesta a una consulta, pregunta o solución a un tema relacionado con el contenido del presente; cualquier duda o comentario, con gusto nos encontramos a la orden.




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