La agenda ambiental del 2.º Informe de Gobierno 2026. Mucha actividad, ¿mejoró el ambiente? Lo que el Segundo Informe todavía no permite demostrar. Tercera entrega.
La primera entrega presentó el contenido ambiental, hídrico y energético del Segundo Informe de Gobierno 2025-2026. La segunda examinó su numeralia: un error aritmético comprobable, metas futuras incorporadas a apartados de logros, proyectos en etapas heterogéneas y datos que no pueden conciliarse sin una explicación institucional. Esta tercera entrega plantea una pregunta diferente y más exigente: ¿la actividad gubernamental descrita permite demostrar que el ambiente mejoró?
El informe contiene una relación extensa de obras, autorizaciones, inspecciones, clausuras, brigadas, apoyos, superficies atendidas, proyectos regionales y mecanismos de conservación. Esa información es útil y, en numerosos casos, acredita una administración activa. Sin embargo, una acción realizada no implica necesariamente un resultado ambiental. Construir una planta de tratamiento no demuestra que opere de manera continua; proteger un nido no equivale a recuperar una población; captar una compensación forestal no acredita que el ecosistema haya sido restaurado; y clausurar una instalación no prueba que el daño haya sido reparado.
Para hablar de mejoría ambiental se requieren otros elementos: línea base, metodología, periodo comparable, localización, indicadores de presión y estado, permanencia del resultado y posibilidad de verificación independiente. El problema central del Informe no es que carezca de datos, sino que buena parte de ellos mide productos administrativos o físicos sin establecer el vínculo con el cambio ambiental que se pretende producir.
La actividad reportada no equivale, por sí sola, a un resultado ambiental demostrado.
1. Agua: la obra construida no garantiza el servicio ni el saneamiento
A través de PROAGUA, el Informe consigna 190 obras de agua potable y 76 de alcantarillado; la rehabilitación de 310 sistemas de agua potable y 42 de alcantarillado; así como 9 plantas de tratamiento construidas, 4 ampliadas y 11 rehabilitadas. Son productos materiales relevantes y pueden ampliar la capacidad de prestar servicios.
Lo que no se presenta de manera integrada es su desempeño posterior. Para conocer el resultado, sería necesario informar cuántas obras están entregadas y operando; cuántas horas al día suministran agua; qué presión mantienen; cuál es la calidad en el punto de consumo; cuánto caudal realmente tratan las plantas; qué porcentaje de su capacidad instalada utilizan; si cumplen de manera sostenida la NOM-001-SEMARNAT-2021; y cuál es el destino de los lodos y del agua tratada.
Por esa razón, la cifra de personas beneficiadas debe entenderse como la población atendida o potencialmente cubierta por la infraestructura, no como prueba automática de que cada persona recibe agua suficiente, continua y potable. Entre construir una obra y garantizar el derecho humano al agua existe una etapa decisiva de operación, mantenimiento, vigilancia y medición que el Informe no permite evaluar de manera conjunta.
2. Ríos: monitorear e intervenir no equivale a recuperar la calidad
El Informe registra 1,651 sitios de monitoreo de la calidad del agua en 2025: 1,043 de aguas superficiales y 608 de aguas subterráneas. En los ríos Atoyac, Tula y Lerma-Santiago se reportan 300 sitios superficiales y dos campañas de muestreo, además de colectores, plantas de tratamiento, desazolve, restauración, inspección y participación comunitaria.
La existencia de una red de monitoreo y de una agenda de intervención es indispensable, pero aún no se describen los medios empleados. La evidencia del resultado debería mostrar, por estación y fecha, la concentración de contaminantes, su clasificación, la tendencia respecto de una línea base, las fuentes controladas, los caudales efectivamente tratados y el cumplimiento de las descargas. Sin esa secuencia, se sabe que se midió y que se actuó, pero no cuánto mejoró el agua.
El documento vincula la recuperación ambiental de esos tres ríos con un beneficio aproximado para 26 millones de personas. La magnitud parece corresponder a la población de los territorios involucrados, no a una medición individual del beneficio ni a la demostración de que las cuencas ya fueron recuperadas. Mientras las obras y medidas continúen en curso, la expresión más precisa sería “población potencialmente beneficiada por una intervención en curso”.
3. Aire, LAU y RETC: regular y reportar no demuestra una atmósfera más limpia
En materia de calidad del aire, el Informe señala que se verificó el cumplimiento de las normas aplicables en 499 empresas y se emitieron 1,587 certificados de familias de motores. También reporta la operación de 23 Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) en el mismo número de entidades federativas, con una población de referencia de 91 millones de habitantes.
Son datos sobre la cobertura regulatoria, los instrumentos y la población potencialmente alcanzada; no constituyen, por sí mismos, mediciones de la mejora atmosférica.
El propio documento constituye una señal de incumplimiento. Entre enero y junio de 2026, seis visitas de la PROFEPA en la Ciudad de México detectaron la falta de actualización de los equipos, procesos y sistemas incorporados a las Licencias Ambientales Únicas (LAU); mientras tanto, en Nuevo León se realizaron ocho visitas y se impusieron siete clausuras temporales totales a equipos y procesos no autorizados.
Sin embargo, el Informe no permite conocer el universo de establecimientos federales, cuántas LAU fueron expedidas o actualizadas, cuánto tiempo persistieron las irregularidades ni qué reducciones de emisiones se obtuvieron tras las medidas correctivas.
El Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) informó que para 2025 hay 5,060 empresas sujetas a reporte y 82 sustancias emitidas o transferidas. Su utilidad depende de la comparabilidad de las series, de la calidad y la verificación de las declaraciones, de la cobertura del universo obligado y del acceso a datos por establecimiento, sustancia y territorio. Para acreditar un resultado, deberían observarse, como criterios, tendencias de partículas, ozono y otros contaminantes; días de cumplimiento de las normas; reducción efectiva de emisiones en fuentes fijas y móviles; y el cumplimiento posterior de las obligaciones contenidas en las LAU. Tener programas, certificados y registros es indispensable; demostrar que el aire mejoró exige resultados ambientales medibles.
4. Bosques: superficie atendida no significa ecosistema restaurado
Entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2026 se registraron 5,007 incendios forestales y 390,537.5 hectáreas afectadas. El informe se refiere a brigadas, brechas cortafuego, quemas prescritas, capacitación y acciones de sanidad forestal. Son componentes indispensables de la prevención y la respuesta, pero la superficie afectada no revela por sí sola la severidad ecológica ni permite determinar si la estrategia redujo el daño en comparación con temporadas similares.
Una hectárea recorrida por un fuego de baja intensidad no equivale a una hectárea con pérdida severa de arbolado, del suelo y de la capacidad de regeneración. Para evaluar la respuesta serían necesarias series ajustadas por condiciones climáticas, tipo de vegetación, severidad, tiempo de control, recurrencia, cambio posterior de cobertura y recuperación natural o inducida.
En cambio, de uso de suelo forestal, el Informe señala 47 autorizaciones que afectaron 1,198.8 hectáreas y acciones compensatorias de restauración y reforestación sobre 4,206.9 hectáreas, financiadas con 188.8 millones de pesos captados por el Fondo Forestal Mexicano. La relación superficial puede parecer favorable, pero la equivalencia ecológica no es aritmética; es necesario conocer la ubicación, el ecosistema sustituido y restaurado, el avance físico, la supervivencia a los tres y cinco años, el mantenimiento, la conectividad, la recuperación del suelo y la auditoría de resultados.
La misma cautela corresponde a Sembrando Vida. Sus 423,397 personas beneficiarias, 1.058 millones de hectáreas en establecimiento y 1,468 millones de plantas acreditan una escala operativa considerable. No prueban, sin embargo, la restauración ecológica consolidada, por lo que deben medirse la supervivencia, la composición de especies, la adicionalidad, la permanencia, la conectividad, la captura neta de carbono y las posibles sustituciones de la vegetación previa.
5. Biodiversidad y conservación: cobertura jurídica no es efectividad
El Informe comunica la protección de 2,272,818 nidos de tortuga golfina, las acciones contra la pesca ilegal de vaquita marina y totoaba, el retiro de redes y el aseguramiento de embarcaciones. También reporta 36 nuevas Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con 85,054.8 hectáreas, para alcanzar un acumulado de 623 ADVC y 1,381,113.7 hectáreas.
Se trata de esfuerzos relevantes, pero sus unidades deben interpretarse correctamente, esto es, un nido protegido es una medida de manejo; el resultado biológico también depende del número de huevos, del éxito de eclosión, de las crías liberadas, de la supervivencia, del reclutamiento y de la tendencia poblacional. De manera semejante, retirar redes o asegurar embarcaciones demuestra intervención, pero la recuperación de una especie exige observar una reducción sostenida de la mortalidad y el comportamiento de la población.
La incorporación de superficie a una figura de conservación tampoco garantiza automáticamente vigilancia, financiamiento, manejo, conectividad ni la reducción de amenazas. Para valorar la efectividad de ANP y ADVC, se necesitaría un tablero que identificara programas de manejo vigentes, presupuesto y personal operativo, presiones persistentes, cumplimiento de la zonificación, participación de propietarios y comunidades, y tendencias en el estado de los ecosistemas y de las especies objeto de conservación.
La protección jurídica es el punto de partida. El resultado se observa cuando la figura modifica las amenazas, conserva el hábitat y mantiene o recupera los procesos ecológicos. El Informe contabiliza correctamente buena parte de la cobertura y de las actividades, pero no integra evidencia suficiente para medir su efectividad a escala nacional.
6. Costas y ZOFEMAT: delimitar, destinar e inspeccionar no equivale a conservar
En administración de playas marítimas, el Informe reporta la supervisión de trabajos de delimitación en 537.7 kilómetros de litoral y la destinación de 35,328,535 metros cuadrados de zona federal marítimo-terrestre y de terrenos ganados al mar. De esta superficie, 34,142,707.4 metros cuadrados se destinaron a la CONANP en Angostura, Sinaloa; 1,112,476 metros cuadrados, también a la CONANP, en Cozumel; y 41,796.1 metros cuadrados al CINVESTAV en Telchac Puerto, Yucatán, con fines de protección, investigación, monitoreo o educación ambiental.
En ZOFEMAT se registraron 287 inspecciones, 14 verificaciones, 230 recorridos de vigilancia y 24 operativos, además de 31 comités de vigilancia ambiental participativa con 416 integrantes. El Informe también señala que 28 playas mantuvieron su certificación conforme a la NMX-AA-120-SCFI-2016. Estas cifras muestran actividad administrativa y social, pero reúnen actos de naturaleza diferente: delimitar identifica físicamente el bien nacional; destinar asigna un uso público; certificar acredita el cumplimiento de determinados requisitos; e inspeccionar verifica las obligaciones y puede iniciar procedimientos.
Para conocer el resultado ambiental y social sería necesario informar qué tramos quedaron formalmente delimitados y cartografiados; qué superficies destinadas cuentan con programa, presupuesto y vigilancia; qué ocupaciones irregulares fueron corregidas; qué accesos públicos fueron recuperados; cuál fue el desenlace de las inspecciones; y cómo evolucionaron la calidad del agua, la integridad de dunas, manglares y humedales, la anidación de especies y la presión turística. La gestión territorial de la costa no puede evaluarse únicamente en metros cuadrados o en actos realizados, sino por la conservación efectiva y el acceso público que generan.
7. Residuos y economía circular: la norma todavía debe convertirse en capacidad
El Informe destaca la expedición de la Ley General de Economía Circular, los registros y autorizaciones en materia de residuos peligrosos, los proyectos regionales y un diagnóstico según el cual el 72% de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial podría valorizarse. Al mismo tiempo, el propio diagnóstico reconoce una infraestructura insuficiente, con sólo 52 rellenos sanitarios en operación, y desigualdades territoriales relevantes.
Una ley es un hito jurídico, pero no constituye por sí misma economía circular funcionando
El resultado dependerá de las reglas operativas, la responsabilidad extendida del productor, los sistemas de información, la trazabilidad, la infraestructura de acopio y valorización, el financiamiento, los mercados de materiales recuperados, la inspección y la medición de las toneladas efectivamente evitadas, reutilizadas, recicladas o valorizadas. El potencial del 72% no equivale a una tasa real de aprovechamiento.
El reto es convertir el marco normativo en resultados tangibles. Para ello deben publicarse series sobre generación total y per cápita; prevención; reutilización; reciclaje; valorización; rechazo y disposición final; infraestructura disponible y realmente utilizada; cumplimiento de la responsabilidad extendida del productor; y trazabilidad de los materiales. Sin esas variables, la política puede describir potenciales y capacidades, pero no demostrar una reducción neta del consumo de recursos ni de la disposición final.
8. Residuos peligrosos y sitios contaminados: autorización no es manejo comprobado
En regulación y control de residuos peligrosos, el Informe consigna 10,800 registros y 1,150 avisos de cierre o de suspensión de la generación. Se otorgaron autorizaciones a 42 establecimientos de manejo, con capacidad acumulada de 225,169 toneladas, y 16 prórrogas por 831,133 toneladas anuales; en transporte se concedieron 44 autorizaciones y 11 prórrogas. Para movimientos transfronterizos se reportan 38 autorizaciones de exportación por 85,838 toneladas y 95 de importación por 953,666 toneladas.
Esas cantidades describen registros, autorizaciones y capacidades máximas; no necesariamente toneladas efectivamente generadas, recolectadas, tratadas, transportadas o valorizadas. La diferencia es particularmente importante en el transporte, donde la capacidad autorizada se expresa por viaje y un mismo vehículo puede efectuar varios movimientos. Para evaluar el desempeño se requieren manifiestos y balances agregados, trazabilidad desde el generador hasta el destino final, capacidad realmente utilizada, rechazos, incidentes, importaciones efectivamente ingresadas, exportaciones realizadas y el cumplimiento de los condicionantes.
En la remediación, se aprobaron 20 propuestas para emergencias y pasivos ambientales, correspondientes a 8,362.39 metros cuadrados y 6,426.16 metros cúbicos de suelo; además, se aprobaron 42 informes de conclusión de programas de remediación, con 42,821.77 metros cuadrados y 70,380.92 metros cúbicos de suelo remediado. Al 31 de mayo de 2026, el Inventario Nacional de Sitios Contaminados registró 1,120 sitios considerados pasivos y emergencias, mientras que el Inventario Nacional de Sitios Remediados acumulaba 1,259 sitios.
Las dos cifras acumuladas corresponden a inventarios distintos y no deben restarse entre sí para obtener un supuesto saldo nacional. Tampoco la aprobación de una propuesta equivale a la remediación ejecutada, ni un informe de conclusión permite conocer con mayor detalle si se alcanzaron niveles de limpieza compatibles con el uso futuro ni si existe seguimiento posterior. Para medir resultados, se necesita una serie homogénea de altas y bajas, responsables, contaminantes, nivel de riesgo, superficie y volumen intervenidos, costos, fuente de financiamiento, uso final del predio y verificación de la permanencia.
9. Evaluación de impacto ambiental: resolver expedientes no demuestra prevención efectiva
El Informe señala que, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental resolvió 593 proyectos: 255 Manifestaciones de Impacto Ambiental en modalidad regional, 294 en modalidad particular, 40 trámites unificados vinculados al cambio de uso del suelo forestal y 4 informes preventivos. Del total, 426 proyectos fueron autorizados y 167 no obtuvieron autorización, lo que equivale aproximadamente al 71.8% y al 28.2%, respectivamente.
Conviene distinguir los conceptos. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el procedimiento preventivo mediante el cual la autoridad analiza y resuelve; la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es uno de los estudios que presenta el promovente, en modalidad particular o regional. Por ello, contabilizar MIA o resoluciones no permite conocer, por sí solo, la profundidad ni la eficacia preventiva de la evaluación.
En materia de riesgo ambiental, el Informe registra la recepción de 138 Estudios de Riesgo Ambiental de plantas en operación y de 148 Programas para la Prevención de Accidentes, de los cuales 52 fueron aprobados. Estos instrumentos atienden peligros derivados de actividades altamente riesgosas y no sustituyen la EIA.
Para apreciar su eficacia, sería necesario conocer el universo obligado, los plazos de revisión, las medidas impuestas, los programas pendientes, los accidentes e incidentes ocurridos y la verificación del cumplimiento de las acciones preventivas.
Para valorar los resultados, se necesitaría identificar los sectores y la localización; los ecosistemas y las superficies involucrados; los tiempos de resolución; los proyectos sometidos a consulta o reunión pública; el análisis de alternativas; los impactos acumulativos, indirectos y sinérgicos; la fragmentación de proyectos; los condicionantes impuestos; las modificaciones posteriores; el seguimiento de su cumplimiento; y la relación con el ordenamiento ecológico, la disponibilidad de agua, el cambio climático y la biodiversidad.
Una autorización acredita una decisión administrativa, no que los impactos se hayan evitado ni que las medidas hayan funcionado durante la construcción y la operación.
10. Procuración de justicia ambiental: clausurar no equivale a reparar
En materia de impacto ambiental, la PROFEPA reporta 1,021 visitas de inspección, 191 verificaciones, 506 recorridos, 93 operativos y 480 clausuras; los procedimientos resueltos impusieron multas por 138.7 millones de pesos. Contra la tala ilegal se registran 178 operativos, 591 recorridos, 1,694 inspecciones, 104 aserraderos clausurados y 424 predios clausurados.
Las cifras acreditan un esfuerzo de verificación. También pueden revelar la magnitud del incumplimiento. Su eficacia ambiental sólo puede determinarse al relacionarla con el universo regulado, la reincidencia, el cumplimiento de las medidas correctivas, el cobro efectivo de las multas, el levantamiento justificado de las clausuras, la regularización posterior y la reparación o compensación del daño.
La ASEA informa 1,895 actos de autoridad y 1,568 medidas cautelares; además, 147 inspecciones en operativos interinstitucionales produjeron 49 clausuras temporales, de las cuales 49 fueron totales y 6 parciales. Nuevamente, la actividad de vigilancia es visible, pero falta conocer cuántos riesgos fueron eliminados, qué instalaciones corrigieron sus incumplimientos, qué medidas se mantuvieron y cuál fue el efecto en emisiones, fugas, derrames y accidentes.
Una clausura es una medida de seguridad o una consecuencia procedimental; no es sinónimo de restauración. Una multa impuesta tampoco equivale a una multa cobrada, y ninguna de las dos demuestra por sí sola que el daño ambiental haya sido reparado. Este es uno de los vacíos más importantes para evaluar la procuración de justicia ambiental.
11. Cambio climático, energía y minería: las etiquetas no sustituyen el balance ambiental
La actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional y la aprobación del Programa Especial de Cambio Climático 2026-2030 son hitos de planeación, pero sus metas todavía deben traducirse en presupuestos, medidas sectoriales y trayectorias verificables de emisiones, de adaptación y de reducción de la vulnerabilidad. Sin inventarios oportunos y una línea base comparable, la existencia de instrumentos no permite determinar si el país disminuyó efectivamente sus emisiones o fortaleció su resiliencia.
La narrativa de transición energética debe leerse junto con los indicadores ambientales de PEMEX. La incorporación de proyectos renovables no elimina la necesidad de presentar, en una misma serie, generación efectiva por tecnología, emisiones de gases de efecto invernadero, óxidos de azufre, metano, venteo y quema de gas, consumo de energía, derrames, uso de agua y entrada real de nueva capacidad limpia.
La pregunta de esta tercera entrega no es cuántos megavatios se anunciaron, sino si la combinación de la expansión de las energías renovables y la actividad fósil produjo una reducción neta y verificable de los impactos. El Informe todavía no elabora ese balance integrado, sin una línea base ni series comparables; la palabra transición expresa una orientación de política pública, no un resultado ambiental demostrado.
En minería ocurre algo parecido. El Informe presenta, bajo el concepto de minería responsable, 20,542 títulos vigentes sobre 9.19 millones de hectáreas y la recuperación de 1.62 millones de hectáreas mediante la cancelación de 2,141 concesiones. Esa recuperación es jurídica y administrativa, lo que significa que la superficie deja de estar concesionada, pero no implica que un ecosistema haya sido restaurado ni que un pasivo ambiental haya desaparecido.
La caracterización de 20 pasivos ambientales mineros en Durango, tres de alta atención y 17 de media, es un paso del diagnóstico. La prueba de responsabilidad ambiental exigiría conocer cuántos pasivos existen en el país, cuáles fueron remediados, quién asumió el costo, qué ocurrió con las presas de jales, el agua, el suelo, las emisiones y el cambio de uso del suelo forestal, y cómo se verificaron el cierre y la estabilidad a largo plazo. Sin esos datos, el responsable funciona como un propósito sectorial, no como una conclusión acreditada.
12. El tablero que falta
El Informe podría convertirse en una herramienta mucho más sólida si cada política distinguiera cuatro niveles: recursos e insumos; actividades ejecutadas; productos entregados; y resultados ambientales observados. Esta secuencia permitiría evitar que una autorización, una hectárea incorporada, una planta sembrada, una inspección o una obra anunciada se utilicen como sustitutos de la mejora buscada.
Estado ambiental. Calidad del agua y del aire, cobertura y condición de ecosistemas, poblaciones de especies, contaminación del suelo y disponibilidad hídrica, siempre frente a una línea base.
Operación y permanencia. Obras realmente operando, capacidad utilizada, mantenimiento, supervivencia, continuidad del servicio y permanencia del resultado a lo largo del tiempo.
Cumplimiento y reparación. Medidas correctivas cumplidas, multas cobradas, reincidencia, daños reparados, riesgos reducidos y seguimiento posterior al levantamiento de las clausuras.
Trazabilidad territorial. Ubicación, autoridad responsable, presupuesto aprobado y ejercido, población efectivamente atendida, metodología, periodo de medición y datos abiertos que permitan verificar cada afirmación.
Con ese tablero, la rendición de cuentas dejaría de ser una mera acumulación de cifras y permitiría conocer la relación entre el gasto, la gestión pública y el cambio ambiental. También permitiría identificar dónde una política funciona, dónde requiere corrección y dónde el resultado anunciado aún no existe.
13. Cierre de la serie
El Segundo Informe es valioso como inventario de prioridades, decisiones y actividad gubernamental. No obstante, su abundancia de cifras no basta para acreditar que el ambiente haya mejorado; la distancia entre acción y resultado atraviesa el agua, el aire, los bosques, la biodiversidad, las costas, los residuos, la evaluación de impacto ambiental, la vigilancia, el cambio climático, la energía y la minería.
Una lectura crítica no exige negar todo lo realizado ni atribuir falsedad a cada cifra. Exige algo más útil: clasificar correctamente la información y no atribuir a una obra, una meta, una autorización o un acto de autoridad un significado que todavía no puede sostener.
El Gobierno acredita actividad; en diversos rubros aún debe acreditar eficacia.
Esa es la conclusión de las tres entregas: el Informe permite saber lo que se dice, qué se hizo, y qué le gustaría proponer. Para saber si México tiene hoy mejores condiciones ambientales se necesitan resultados abiertos, comparables, territorialmente identificables y verificables. Sin esa evidencia, la narrativa puede comunicar esfuerzo, pero aún no demuestra transformación ambiental.
Fuentes principales consultadas
Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno 2025-2026, especialmente los apartados de agua, aire, residuos, sitios contaminados, biodiversidad, gestión forestal, impacto y riesgo ambiental, ZOFEMAT, vigilancia, energía y minería. Portal oficial del Segundo Informe.
Petróleos Mexicanos, Reporte de resultados no dictaminados 2T26, apartados de seguridad, salud y protección ambiental. Consultar documento oficial.
Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, indicadores del Eje General 4, Desarrollo sustentable. Consultar publicación oficial.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, NOM-001-SEMARNAT-2021, límites permisibles de contaminantes en descargas a cuerpos receptores de propiedad de la nación. Consultar norma oficial.
El presente documento representa el punto de vista del autor, cualquier duda, comentario o consideración, con gusto, nos encontramos a la orden.
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