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LA AGENDA AMBIENTAL DEL 2.º INFORME DE GOBIERNO. La numeralia ambiental del Segundo Informe. Cifras, inconsistencias y datos que requieren explicación. Segunda entrega.

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GCDS
hace 7 días
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LA AGENDA AMBIENTAL DEL 2.º INFORME DE GOBIERNO. La numeralia ambiental del Segundo Informe. Cifras, inconsistencias y datos que requieren explicación. Segunda entrega.

La primera entrega explicó el terreno: qué información proporciona el Segundo Informe de Gobierno 2025-2026 y cómo debe interpretarse su agenda ambiental, hídrica y energética. Esta segunda cambia de enfoque. Examina cómo se construye la numeralia oficial y qué puede significar cada cifra.

 

El documento reúne miles de datos y describe una extensa actividad gubernamental, lo cual no autoriza a descalificarlo en bloque ni a afirmar que todo su contenido es relativo. La revisión permite una conclusión más útil: existen cifras verificables, datos correctos pero incompletos, metas futuras incorporadas a la narrativa de logros, universos estadísticos que no pueden conciliarse y, al menos, un error numérico evidente.

 

La diferencia importa. Una crítica rigurosa no necesita exagerar: basta con exigir que cada afirmación pública corresponda al grado de evidencia que realmente la respalda. Esta lectura incluye energía y agua, pero también la evaluación de impacto ambiental, la atmósfera, los residuos, los sitios contaminados, las áreas naturales protegidas, el ZOFEMAT y la procuración de justicia ambiental.

 

La numeralia, en una mirada

Materia

Cifra que presenta el Informe

Cómo debe leerse

 

Energía

1,070.5 a 11,229.8 miles de barriles diarios; aumento declarado de 14.9%

La cantidad final impresa es incompatible con el porcentaje; la cifra congruente parece ser 1,229.8.

Electricidad

8,025 MW limpios y 32,475 MW de nueva capacidad

Son capacidades anunciadas o previstas; no equivalen a MW instalados, interconectados y en operación.

Agua

17 proyectos estratégicos; el indicador 4.6.2 reporta uno implementado

La cartera combina estudios, obras iniciadas, avances parciales y proyectos futuros.

Concesiones

538,805 títulos revisados y 58,938 inconsistencias detectadas

Revisar y detectar no significa corregir, extinguir títulos ni recuperar volúmenes.

EIA y MIA

593 proyectos resueltos: 426 autorizados y 167 no autorizados

Mide las decisiones emitidas; no los tiempos, la calidad del análisis, el cumplimiento posterior ni el resultado ambiental.

Atmósfera y LAU

152 inspecciones; 73 con irregularidades. Seis visitas en CDMX y ocho en Nuevo León

Los universos son focalizados y no permiten inferir una tasa nacional de cumplimiento.

Residuos peligrosos

10,800 registros, 1,150 avisos y 953,666 toneladas autorizadas para importación

Mezcla actos, capacidades y cantidades autorizadas; no acredita el volumen efectivamente manejado.

Sitios contaminados

1,120 sitios en un inventario y 1,259 sitios remediados en otro

Son inventarios distintos; no deben restarse ni presentarse como una sola ecuación.

ANP y ADVC

232 ANP federales; 36 nuevas ADVC y 623 ADVC acumuladas

Decretar, certificar o intervenir la superficie no demuestra, por sí solo, un manejo efectivo.

ZOFEMAT

35,328,535 m² destinados; el desglose visible suma 35,296,979.5 m²

El pasaje deja 31,555.5 m² sin explicación en su desglose.

Procuración

1,021 inspecciones de impacto ambiental y 480 clausuras

Las inspecciones, las medidas y los expedientes resueltos pertenecen a etapas y universos diferentes.

 

1. Un error aritmético que sí puede demostrarse

 

La inconsistencia más clara aparece en la página 379. El Informe señala que, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, las ventas de petrolíferos de alto valor —gasolina, diésel y turbosina— aumentaron 14,9%, al pasar de 1.070,5 a 11.229,8 miles de barriles diarios.

 

La aritmética no coincide con la cantidad impresa. Si 1,070.5 se incrementa en 14.9%, el resultado es de aproximadamente 1,230.0 miles de barriles diarios. Por tanto, la cifra congruente parece ser 1,229.8 y no 11,229.8. Todo indica que se añadió un dígito al dato publicado.

 

Es un error material, no una diferencia de interpretación. No demuestra que todo el capítulo energético sea incorrecto; sí revela que una cifra central pudo incorporarse a un documento oficial de rendición de cuentas sin que una comprobación aritmética elemental detectara la inconsistencia.

 

2. Cuando el futuro aparece dentro de los logros

 

En la página 384, bajo el encabezado "Principales logros en permisos de Generación Eléctrica Limpia", el Informe afirma que se instalarán hasta 8,025 MW de capacidad mediante proyectos eólicos y fotovoltaicos. También señala que se asignaron 38 proyectos, con una inversión estimada de hasta 204,541 millones de pesos.

 

Los verbos son relevantes. "Se instalarán" y "agregarán" describen capacidad futura. Los 8,025 MW pueden presentarse como proyectos asignados, adjudicados o previstos, pero no como capacidad ya instalada, interconectada y que genera electricidad. Lo mismo ocurre con los 32,475 MW anunciados para incorporarse durante la administración y con la meta de alcanzar en 2030 una participación de 38% de fuentes limpias y renovables.

 

Para evaluar el avance, el Informe debería separar la capacidad proyectada, autorizada, contratada, en construcción, interconectada y efectivamente en operación. Sin esa secuencia, una meta futura adquiere, visualmente, el mismo peso que un resultado ya alcanzado.

 

3. Agua: diecisiete proyectos, un proyecto implementado y casi 59 mil inconsistencias

 

La narrativa hídrica agrupa 17 proyectos estratégicos bajo una lógica de avance común. Sin embargo, el indicador 4.6.2 establece como meta para 2030 la implementación de los 17 y reporta, con carácter preliminar, un avance acumulado de apenas un proyecto en 2026. Las fichas incluyen una obra con avance físico de 51.1%, acciones con 2.5%, estudios y anteproyectos concluidos, evaluaciones de alternativas y proyectos cuyo inicio material se programó para 2026.

 

No hay anomalía en que una cartera pública contenga proyectos en distintas fases. El problema surge cuando la planeación, el estudio, la contratación, la construcción y la operación se integran en una sola narrativa. El número 17 describe el tamaño de la cartera, no su nivel real de ejecución.

 

El Informe también destaca la revisión de 538,805 títulos de concesión de aguas nacionales y la detección de 58,938 inconsistencias en proceso de atención. Revisar y detectar no equivalen a subsanar, modificar o extinguir títulos, ni a recuperar volúmenes. Para conocer el resultado haría falta precisar cuántos casos concluyeron, qué volúmenes se recuperaron, en qué cuencas o acuíferos y con qué efecto sobre la disponibilidad.

 

En cuanto a la calidad del agua, los 1,651 sitios monitoreados en 2025 sí pueden reconstruirse: 1,043 corresponden a aguas superficiales y 608 a aguas subterráneas. En cambio, los conjuntos de 197 inspecciones y 150 clausuras o medidas, frente a otro reporte de 250 visitas y 121 medidas, no pueden conciliarse sin conocer la autoridad, el periodo, la materia, la unidad de conteo y los posibles traslapes.

 

4. Evaluación de impacto ambiental: 593 resoluciones no equivalen a 593 resultados

 

Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, la DGIRA reportó 593 proyectos resueltos: 255 manifestaciones de impacto ambiental en modalidad regional, 294 en modalidad particular, 40 documentos técnicos unificados de cambio de uso de suelo forestal y 4 informes preventivos. El desglose suma correctamente el total.

 

De ese universo, 426 proyectos fueron autorizados y 167 no obtuvieron autorización: 71.8% y 28.2%, respectivamente. La proporción permite conocer el sentido de las resoluciones, pero no el tiempo empleado para resolverlas, la complejidad de los proyectos, las condicionantes impuestas, la calidad del análisis técnico ni el cumplimiento posterior.

 

En otra parte, el Informe registra 1,021 visitas de inspección de impacto ambiental, 191 verificaciones, 506 recorridos, 93 operativos y 480 clausuras. Estas cifras corresponden a la fase de inspección y vigilancia, no al universo de 593 evaluaciones de la DGIRA. No pueden sumarse ni utilizarse para calcular una supuesta tasa de incumplimiento de los proyectos evaluados. La numeralia exige distinguir entre autorización previa, inspección, medida de seguridad y resolución sancionadora.

 

5. Atmósfera y LAU: pocos casos focalizados no describen el cumplimiento nacional

 

El Informe señala la verificación de las normas aplicables en 499 empresas y la expedición de 1,587 certificados de familias de motores. También reporta 152 visitas de inspección en atmósfera a instalaciones con alto potencial de impacto ambiental; en 73 de ellas se detectaron irregularidades, de las cuales se derivaron 32 medidas correctivas y 1 medida sancionatoria.

 

Los datos mezclan objetos regulatorios distintos, empresas, familias de motores, visitas y medidas, y no explican la situación procesal de todas las visitas con irregularidades. El 48% que resulta de dividir 73 entre 152 no puede presentarse como tasa nacional de incumplimiento, porque el Informe indica que se inspeccionaron instalaciones de alto potencial y no una muestra representativa del universo regulado.

 

Respecto de las Licencias Ambientales Únicas, PROFEPA realizó seis visitas en la Ciudad de México y detectó falta de actualización de los equipos, procesos y sistemas. En Nuevo León, efectuó ocho visitas a empresas de jurisdicción federal e impuso siete clausuras temporales totales a equipos y procesos no autorizados. Son datos relevantes sobre riesgo regulatorio, pero están demasiado focalizados para describir el estado nacional de las LAU o la reducción efectiva de las emisiones.

 

6. Residuos peligrosos: registros, autorizaciones y toneladas que miden cosas diferentes

 

En regulación y control de residuos peligrosos se registran 10,800 registros y 1,150 avisos de cierre o de suspensión de la generación. Se otorgaron autorizaciones a 42 establecimientos, con capacidad acumulada de 225,169 toneladas, y 16 prórrogas, con 831,133 toneladas anuales. Para transporte, se reportan 44 autorizaciones con capacidad de 1,731 toneladas por viaje y 11 prórrogas con 18,172 toneladas por viaje al año.

 

Estas cantidades no forman un solo total: unas cuentan actos administrativos; otras, la capacidad acumulada, toneladas por año o toneladas por viaje. La propia nota del Informe reconoce que un vehículo puede realizar varios viajes y transportar una carga mayor. Por ello, la capacidad autorizada no equivale al volumen efectivamente recolectado, transportado, tratado o dispuesto.

 

En los movimientos transfronterizos se autorizaron 38 exportaciones por 85,838 toneladas y 95 importaciones por 953,666 toneladas. La diferencia es llamativa ya que la cantidad autorizada para importar es más de once veces la autorizada para exportar, pero tampoco acredita que esos volúmenes hayan cruzado efectivamente la frontera ni explica su composición, destino, valorización o disposición final.

 

7. Sitios contaminados y pasivos ambientales: dos inventarios que no deben restarse

 

El Informe registra 20 propuestas de remediación aprobadas para 8,362.39 metros cuadrados y 6,426.16 metros cúbicos de suelo, así como 42 informes de conclusión que abarcaron 42,821.77 metros cuadrados y 70,380.92 metros cúbicos de suelo. Son avances administrativos y físicos distintos: una propuesta aprobada no es todavía una remediación concluida.

 

Al 31 de mayo de 2026, el Inventario Nacional de Sitios Contaminados registró 1,120 sitios considerados pasivos y emergencias ambientales, mientras que el Inventario Nacional de Sitios Remediados registró 1,259 sitios. No existe contradicción necesaria ni puede concluirse que se hayan remediado más sitios que los contaminados actualmente: son inventarios separados, con temporalidades y reglas de actualización que el propio Informe no integra en una sola serie.

 

Para conocer el rezago real harían falta altas, bajas, sitios activos al inicio y cierre del periodo, tiempo promedio de remediación, superficie y volumen pendientes, tipo de contaminante, responsable y validación final. Sin esos elementos, ambos totales describen inventarios, pero no una tasa nacional de solución.

 

8. ANP y ADVC: más superficie protegida no es la misma cifra que manejo efectivo

 

El anexo estadístico mantiene, para 2026, un total de 232 áreas naturales protegidas federales y 98,000.7 miles de hectáreas: 23,096.6 miles terrestres y de aguas continentales y 74,904.2 miles marinas. La nota metodológica aclara que durante el primer semestre de 2026 no se decretó ninguna ANP nueva.

 

En paralelo, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, se certificaron 36 nuevas Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con un total de 85,054.8 hectáreas. El acumulado llegó a 623 ADVC y 1,381.113.7 hectáreas. No son cifras incompatibles: las ANP decretadas y las ADVC certificadas pertenecen a instrumentos jurídicos y universos distintos.

 

El Informe también menciona 414 proyectos de restauración con fines productivos desarrollados en 183 áreas  (123 ANP federales y 60 ADVC) y 200 proyectos comunitarios en 65 ANP marinas y costeras, con 52.35 millones de pesos y acciones en 605,018.2 hectáreas. Estas cifras muestran la cobertura institucional; para demostrar la efectividad, se necesitaría conocer la distribución del gasto, la permanencia de las acciones, la condición ecológica inicial y el cambio observado.

 

9. ZOFEMAT: un total cuya integración no queda completamente explicada

 

El Informe señala que se destinaron 35,328,535 metros cuadrados de zona federal marítimo-terrestre y de terrenos ganados al mar. Después, identifica tres superficies: 41,796.1 metros cuadrados en Telchac Puerto; 34,142,707.4 metros cuadrados en Angostura; y 1,112,476 metros cuadrados en Cozumel.

 

La suma de esas tres cantidades es de 35,296,979.5 metros cuadrados. En consecuencia, el desglose visible queda 31,555.5 metros cuadrados por debajo del total anunciado. La diferencia podría corresponder a otro destino no descrito, a un ajuste de corte o a un error de integración; el texto no lo aclara. No es correcto afirmar, sin más, que el total sea falso, pero sí que no puede reconstruirse completamente a partir de la información publicada.

 

En la misma materia se reportan 287 inspecciones, 14 verificaciones, 230 recorridos y 24 operativos. Cada categoría representa una actuación distinta. Sin el número de expedientes iniciados, de medidas impuestas, de resoluciones y de superficies regularizadas o recuperadas, la suma de actos no permite conocer el resultado de la vigilancia de la ocupación de playas y ZOFEMAT.

 

10. Procuración de justicia ambiental: actividad intensa, trazabilidad incompleta

 

Además de las 1,021 inspecciones de impacto ambiental, el Informe registra 152 visitas a la atmósfera, 197 inspecciones a los recursos hídricos y 28,440 interacciones ciudadanas recibidas por correo, portal y teléfono. También informa sobre multas, clausuras, aseguramientos y medidas de aplicación urgente en diversos sectores.

 

La numeralia acredita un despliegue institucional, pero no permite seguir una misma cadena desde la denuncia hasta la reparación: interacción ciudadana, denuncia admitida, inspección, irregularidad detectada, medida de seguridad, procedimiento, resolución, cobro de multa y reparación del daño son momentos distintos. Contarlos sin una clave común puede distorsionar la percepción de los resultados o impedir conocer cuántos asuntos concluyeron realmente.

 

Un sistema verificable debería mostrar las tasas de atención y de conclusión, la duración de los procedimientos, la reincidencia, el cumplimiento de las medidas correctivas, el cobro efectivo de las multas y la reparación acreditada. La procuración de justicia ambiental no se mide únicamente por el número de actuaciones, sino por la proporción en que logra corregir el incumplimiento y reparar el daño.

 

11. La transición energética sin su contrapeso ambiental

 

El Informe presenta la expansión de la capacidad renovable, los techos solares, la eficiencia energética, la electrificación y el biometano. Al mismo tiempo, describe la producción de petróleo y gas, la refinación, el procesamiento de crudo, la ampliación de gasoductos y la cogeneración. Ambas agendas coexisten, pero el balance ambiental no se construye con el mismo nivel de detalle.

 

El Reporte de resultados no dictaminados de PEMEX del segundo trimestre de 2026 aporta datos que modifican la interpretación. Frente al mismo trimestre de 2025, la empresa reportó aumentos de 0.5% en emisiones de dióxido de carbono equivalente, 12.4% en óxidos de azufre, 7.7% en consumo de energía y 99% en el envío de gas hidrocarburo a la atmósfera. También informó de una reducción del 5.1% en las emisiones de metano y de un incremento del 1% en el uso de agua reutilizada.

 

Incorporar únicamente los datos adversos también sería selectivo. La existencia de proyectos renovables no se ve desmentida por el desempeño de PEMEX, pero tampoco demuestra, por sí sola, una trayectoria neta de descarbonización. Se requieren series comparables de generación, combustibles, emisiones, fugas, venteo, quema, eficiencia y de la entrada efectiva de nueva capacidad limpia.

 

La categoría de 22,376 MW, denominada "tecnologías renovables, firmes e intermitentes", combina atributos distintos e impide determinar cuánto corresponde a cada una de ellas; sin desagregación, no puede verificarse qué parte es renovable, qué se considera firme ni cómo se calculó la participación prevista.

 

12. Qué debería permitir una numeralia ambiental verificable

 

Cada cifra relevante debería acompañarse, como mínimo, de su universo, unidad de medida, periodo, línea base, fuente, metodología y etapa de ejecución. En proyectos y programas, también habría que distinguir entre presupuesto anunciado, presupuesto aprobado y presupuesto ejercido; avance físico; entrada en operación; población efectivamente atendida; y resultado ambiental medido.

 

En la gestión regulatoria se necesita una cadena trazable: trámites ingresados, resueltos y pendientes; tiempo de resolución; autorizaciones otorgadas y negadas; inspecciones realizadas; irregularidades detectadas; medidas impuestas; procedimientos concluidos; sanciones firmes; cumplimiento de las medidas y reparación acreditada. Publicar piezas aisladas de esa secuencia describe actividad, pero no permite evaluar el desempeño institucional.

 

Cuando se reportan hectáreas, metros cuadrados, toneladas, volúmenes o capacidades, el desglose debe reconstruir el total y advertir sobre los traslapes. Cuando se comparan años, la metodología y el universo deben permanecer constantes o explicarse el cambio. Esas condiciones no son una exigencia estadística excesiva: son el mínimo para que la rendición de cuentas sea comprobable.

 

13. Lo que revela la numeralia

 

Los ejemplos revisados no justifican afirmar que el Segundo Informe sea falso en su conjunto. Muestran algo más preciso y defendible: la numeralia oficial combina resultados obtenidos, actividad administrativa, capacidades autorizadas, carteras de proyectos, superficies intervenidas, metas futuras y afirmaciones cuyo alcance depende de información que no se publica junto con ellas.

 

Existe un error numérico claro; hay metas futuras dentro de apartados de logros; proyectos heterogéneos bajo una misma cifra; inventarios que no deben restarse; superficies cuyo desglose no reconstruye el total; y actuaciones de evaluación, inspección y sanción que pertenecen a universos diferentes.

 

La conclusión no es que los números carezcan de valor. Es que requieren contexto, clasificación y trazabilidad. La transparencia no consiste únicamente en acumular cifras: exige señalar qué se midió, durante qué periodo, con qué metodología, respecto de qué línea base, bajo la responsabilidad de qué autoridad y en qué etapa material se encuentra cada acción.

 

 

La tercera entrega aborda la siguiente pregunta: si toda esta actividad produjo una mejoría ambiental verificable. Para responderla, deberán examinarse los resultados de la evaluación de impacto ambiental, la calidad del agua y del aire, la remediación efectiva, el manejo de residuos, la conservación de especies y ANP, el cumplimiento de las clausuras, la recuperación de ZOFEMAT y la reparación del daño.

 

 

Fuentes principales consultadas

Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno 2025-2026, especialmente pp. 374-389, 442-445, 463-518 y anexo estadístico, pp. 731-735. https://www.informegobierno.gob.mx/

Petróleos Mexicanos, Reporte de resultados no dictaminados 2T26, apartados 6.2, 9.1 y 9.2. https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte%202T26.pdf

 


El presente representa la opinión personal del autor y en ningún caso representa una respuesta a pregunta o consulta sobre el particular; cualquier duda que se tuviera sobre el particular, con gusto estamos atentos.

 


LA AGENDA AMBIENTAL DEL 2.º INFORME DE GOBIERNO. La numeralia ambiental del Segundo Informe. Cifras, inconsistencias y datos que requieren explicación. Segunda entrega.



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