La agenda ambiental del Segundo Informe. Primera entrega de una serie de tres notas sobre la agenda ambiental del Segundo Informe de Gobierno.
El Segundo Informe de Gobierno reúne una amplia agenda ambiental: agua y saneamiento, cambio climático, residuos, restauración, biodiversidad, ordenamiento territorial, costas, inspección y energía. La información presentada permite identificar instrumentos, obras, autorizaciones y acciones de vigilancia; además, deja una agenda de seguimiento para conocer cómo esas acciones se traducen en un cumplimiento efectivo y en resultados ambientales medibles.
El Segundo Informe de Gobierno presenta el capítulo de desarrollo sustentable como una política que articula la gestión del agua, la restauración ecológica, la conservación, la gestión de residuos, el control de la contaminación, el ordenamiento territorial y la transición energética. El documento contiene datos relevantes para ubicar la dirección de la política pública y los instrumentos activados entre septiembre de 2025 y junio o agosto de 2026, según el programa reportado.
La lectura regulatoria del Informe requiere una distinción sencilla. Una autorización, un convenio, una inspección, una obra iniciada, un programa formulado o un recurso captado acreditan actividad administrativa. Un resultado ambiental, como la mejor calidad del agua, la recuperación de un ecosistema, la reducción de emisiones, la disminución de residuos o el cumplimiento sostenido, requiere, además, indicadores, metodología, línea base, seguimiento y datos públicos. Esta nota reúne los principales anuncios y datos del capítulo ambiental, e identifica asuntos que convendrá observar en la siguiente etapa.
Esta primera entrega presenta los principales contenidos de la agenda ambiental y propone una forma de leerlos, distinguiendo entre la actividad administrativa y los resultados ambientales comprobables.
Las siguientes entregas examinarán la numeralia, las inconsistencias y omisiones del Informe, así como los elementos que aún se requieren para acreditar resultados ambientales efectivos.
Agua: saneamiento, infraestructura y calidad
La agenda hídrica ocupa un lugar central. El Informe presenta la tecnificación del riego, el reordenamiento de concesiones, la gestión del agua como derecho humano y la recuperación ambiental de las cuencas de los ríos Tula, Lerma-Santiago y Atoyac como ejes de la política de desarrollo sustentable. El Programa Nacional de Tecnificación de Riego contempla 17 distritos prioritarios en 120 municipios de 13 entidades, con una meta de tecnificar 250 mil hectáreas en beneficio de 225 mil productores.
En las tres cuencas prioritarias, el Informe reporta obras e intervenciones específicas. Para el río Tula, se refiere a la construcción de 11 kilómetros de colectores, dos parques ribereños y un centro de vigilancia y protección de las aguas nacionales; en el Atoyac, se señalan obras de reingeniería, cuatro plantas de tratamiento, 40 kilómetros de colectores, 9 kilómetros de línea de reúso y un humedal con parque integrado, con la expectativa de eliminar más de 371 descargas. Para Lerma-Santiago, reporta desazolve, construcción, rehabilitación o ampliación de seis plantas de tratamiento, reconversión energética en siete plantas, más de 26 kilómetros de colectores y tres estaciones de monitoreo de calidad del agua.
El propio Informe aporta un dato útil para dimensionar el reto. Al cierre de 2025, el monitoreo de calidad del agua abarcó 1,043 sitios de aguas superficiales; 21.2% cumplió los límites aceptables en uno o más indicadores, 16.1% incumplió alguno de los parámetros de Escherichia coli, coliformes fecales, sólidos suspendidos o saturación de oxígeno disuelto, y 62.7% incumplió otros parámetros, incluidos la demanda bioquímica y química de oxígeno, la toxicidad aguda o los enterococos fecales.
¿Qué significa y qué falta… La información identifica infraestructura y acciones en curso, pero el saneamiento y la restauración no son sinónimos de obra construida. Será relevante conocer la ubicación y capacidad de cada planta, avance físico y financiero, caudal efectivamente tratado, operación y mantenimiento, manejo de lodos, control de descargas y series públicas de calidad del agua antes y después de las intervenciones. En particular, los datos de monitoreo deberían permitir observar si las acciones reducen la carga contaminante en los cuerpos receptores, y no sólo si aumentan la infraestructura disponible.
Cambio climático y energía: metas, instrumentos y ejecución
El Informe reporta la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) presentada en noviembre de 2025. Según el documento, México estableció metas netas absolutas de emisiones para 2035: entre 364 y 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente de manera no condicionada, y entre 332 y 363 millones de toneladas de CO₂ equivalente condicionadas al financiamiento, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de capacidades mediante la cooperación internacional. También refiere la aprobación, en junio de 2026, del Programa Especial de Cambio Climático 2026–2030 y los trabajos para que la primera fase operativa del Sistema de Comercio de Emisiones entre en vigor a finales de 2026.
En el sector eléctrico, el Informe vincula la política de planeación con el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025–2039 y el Programa Sectorial de Energía 2025–2030, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación.
La ruta anunciada contempla incorporar 32,475 MW de nueva capacidad de generación durante la administración, de los cuales 22,376 MW corresponderían a tecnologías renovables, firmes e intermitentes. La meta es elevar la participación de las fuentes renovables del 23% en 2024 al 38% de la energía generada en 2030.
El Informe distingue entre algunos resultados ya obtenidos y los proyectos por ejecutar. Entre septiembre de 2025 y junio de 2026 entraron en operación cuatro centrales de ciclo combinado con 1,750 MW de capacidad conjunta; además, se concluyó la repotenciación de la hidroeléctrica El Encanto, con 7 MW adicionales, y la rehabilitación de Infiernillo. En cuanto a proyectos renovables, se reporta la aprobación de 17 proyectos por 2,858 MW mediante la convocatoria de octubre de 2025, así como la adjudicación de 38 proyectos por CFE bajo esquemas mixtos, con capacidad conjunta de hasta 8,025 MW.
También se reporta que la energía renovable inyectada al Sistema Eléctrico Nacional aumentó en 7.9%, de 57,997.9 a 62,557.8 GWh, entre septiembre de 2025 y junio de 2026. El programa Techos Solares para el Bienestar, por su parte, reporta 5,134 hogares beneficiados, 6,160 kW instalados y una reducción anual estimada del consumo eléctrico de 12,366 MWh.
Qué significa y qué falta… La meta del 38% es una previsión para 2030, no un resultado actual. Para seguirla, será importante distinguir la capacidad instalada, la capacidad contratada, las obras en construcción, la generación efectivamente entregada al sistema y la participación porcentual respecto del total nacional. También será necesario observar la disponibilidad de transmisión, los permisos, las interconexiones, la evaluación ambiental y social, el financiamiento y los calendarios de entrada en operación. En materia climática, las metas de la NDC y del PECC deberán traducirse en medidas sectoriales, presupuestos, inventarios y mecanismos públicos de seguimiento.
Restauración, biodiversidad y territorio
El “Informe” reporta que entre septiembre de 2025 y junio de 2026 se autorizaron 47 solicitudes de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, con una afectación de 1,198.8 hectáreas. Las medidas de compensación asociadas requirieron la restauración y reforestación de 4,206.9 hectáreas, mientras que el Fondo Forestal Mexicano registró una captación de 188.8 millones de pesos por concepto de compensación ambiental.
Asimismo, reporta 414 proyectos de restauración de ecosistemas con fines productivos, con una inversión de 52.3 millones de pesos, desarrollados en 183 áreas naturales protegidas y áreas destinadas voluntariamente a la conservación. En cuencas costeras, manglares y humedales, se refieren a acciones de restauración en 6,300 hectáreas mediante 85 proyectos. También informa que se establecieron 36 nuevas Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), que sumaron 85,054.8 hectáreas; a junio de 2026, se reportan 623 ADVC con una superficie conjunta de 1,381,113.7 hectáreas.
En el ordenamiento ecológico, se indica que 24 programas continuaron en formulación o actualización en ocho entidades federativas y que se formalizaron ocho convenios de coordinación vinculados a dichos procesos. El Informe también registra 185 opiniones técnicas sobre ordenamiento ecológico para apoyar procedimientos de impacto ambiental, cambios de uso del suelo forestal y otros procesos de gestión.
Qué significa y qué falta... Las cifras permiten identificar autorizaciones, recursos, superficies comprometidas y proyectos de intervención. La cuestión posterior es la trazabilidad: dónde se ubican las superficies compensadas o restauradas, con qué criterios de equivalencia se seleccionaron, cuánto recurso se asignó y se ejerció, y qué indicadores muestran supervivencia, recuperación de la cobertura, conectividad, calidad del suelo o funcionalidad ecológica. La superficie intervenida es un indicador inicial; no acredita, por sí sola, una restauración concluida.
Costas, ZOFEMAT y acceso público
La agenda marino-costera reporta acciones de limpieza, restauración, delimitación y administración de la zona federal. La Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025–2030 reportó, durante su primer año, 2,980 kilómetros de litoral atendido —27% de la meta nacional—, 432 playas adoptadas, 979 jornadas de limpieza, participación de 56,462 personas voluntarias y 1,513 toneladas de residuos recolectados.
En materia de administración de playas y de la zona federal marítimo-terrestre, el Informe refiere la supervisión de trabajos de delimitación a lo largo de 537.7 kilómetros en los municipios de Baja California Sur, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. También reporta la destinación de 35,328,535 m² de ZOFEMAT y de terrenos ganados al mar, incluyendo superficies destinadas a CINVESTAV y CONANP para la conservación, investigación, monitoreo y educación ambiental.
Para Compostela, Nayarit, el Informe señala la conclusión de la formulación del Programa Territorial Operativo de la Zona Costera. Según el documento, el proceso identificó 21 accesos prioritarios al mar cuya recuperación contribuiría al acceso público a playas, a actividades tradicionales y a la reducción de conflictos vinculados con desarrollo turístico y uso de suelo.
¿Qué significa y qué falta… La formulación de un programa, la identificación de accesos y la realización de trabajos de delimitación son avances en la planeación y la administración. Conviene observar su traducción en actos concretos: publicación o formalización de instrumentos, planos y tramos delimitados, autoridad responsable, calendario de ejecución, coordinación con estados y municipios, mecanismos para recuperar accesos y tratamiento de concesiones, permisos, posesiones o litigios existentes.
En materia de residuos recolectados en la costa, será útil conocer su separación, valorización, reciclaje, disposición final y reducción en la fuente.
Residuos, cumplimiento y procuración de justicia ambiental
La Ley General de Economía Circular fue publicada el 19 de enero de 2026, de acuerdo con el Informe, junto con reformas a la LGEEPA y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En residuos peligrosos, se reportan 10,800 registros y 1,150 avisos de cierre o de suspensión de la generación; autorizaciones para 42 establecimientos de manejo, con capacidad acumulada de 225,169 toneladas, y movimientos transfronterizos autorizados de residuos peligrosos. El Informe también refiere la publicación, el 18 de mayo de 2026, del Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026–2030.
En sustancias peligrosas, se reporta la disposición final de 2,800 toneladas de residuos contaminados con bifenilos policlorados (BPC), la actualización del inventario nacional de transformadores contaminados y el seguimiento a la eliminación de mercurio en instalaciones de cloro-sosa. El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) reportó en 2025 información de 5,060 empresas sujetas a reporte y de 82 sustancias objeto de seguimiento.
La procuración de justicia ambiental representa una parte relevante del balance. En materia de impacto ambiental, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, se realizaron 1,021 visitas de inspección, 191 verificaciones, 506 recorridos de vigilancia y 93 operativos, de los cuales se derivaron 480 clausuras, 55 aseguramientos y multas por 138.7 millones de pesos. En ZOFEMAT se reportan 287 inspecciones, 14 verificaciones, 230 recorridos y 24 operativos. En materia forestal, se informan 178 operativos especiales, 1,694 inspecciones, 104 aserraderos clausurados y 424 predios clausurados.
El Informe también describe una estrategia de cumplimiento voluntario y de autorregulación. El Programa Nacional de Auditoría Ambiental estimó beneficios para 767 empresas certificadas, incluidos una reducción reportada de 532,540 toneladas de CO₂ equivalente, un ahorro de agua y una disminución de residuos. A junio de 2026, se registraron 565 Organismos de Evaluación de la Conformidad aprobados para intervenir en materias como la calidad del aire, los residuos, el ruido, las fuentes fijas y los gases de efecto invernadero.
Qué significa y qué falta…Inspección, clausura, multa, cumplimiento, reparación y restauración son momentos distintos. Para evaluar el efecto de la procuración será útil conocer cuántas resoluciones quedaron firmes, qué multas fueron cobradas, cuáles clausuras continuaban vigentes, qué medidas correctivas se cumplieron y qué reparaciones ambientales se ejecutaron.
En circularidad, la expedición de una ley y las autorizaciones de manejo son puntos de partida; la evaluación requerirá indicadores sobre prevención, reducción, reúso, valorización, reciclaje, destino final y trazabilidad de materiales.
Cierre
El Segundo Informe presenta una agenda ambiental con instrumentos regulatorios, intervenciones territoriales y actividad administrativa identificable. Hay datos que permiten dar seguimiento a obras de saneamiento, programas de restauración, autorizaciones forestales, acciones de vigilancia, metas de energía renovable, regulación de residuos y procesos de ordenamiento.
La siguiente etapa consistirá en observar la ejecución. En agua, el indicador relevante será la disminución de contaminantes y el funcionamiento de la infraestructura; en restauración, la recuperación ecológica y no solo las hectáreas intervenidas; en energía, la generación renovable efectiva y no únicamente la capacidad prevista; y en procuración, el cumplimiento y la reparación posteriores a la inspección o sanción. Esa distinción no resta importancia a las acciones reportadas: permite darles seguimiento con los elementos necesarios para determinar si alcanzan los resultados ambientales propuestos.
La segunda entrega analizará las cifras ambientales del Informe: qué miden realmente, cuáles requieren explicación y cuáles corresponden a metas, acciones iniciadas o resultados todavía pendientes de demostración.
Fuente principal: Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno 2025–2026, capítulo 4, “Desarrollo Sustentable”, pp. 463–503 y 505–520; y capítulos sectoriales relativos a la planeación y la transición energética, pp. 371–413. Disponible en el portal oficial del Segundo Informe de Gobierno
El presente documento representa el punto de vista del autor, cualquier duda, comentario o consideración, con gusto, nos encontramos a la orden.
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