SERIE COMPENSACIÓN FORESTAL pieza 2. Cinco ejes para una arquitectura de convergencia.
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Fondo Forestal Mexicano y Fondo de Capital Ambiental — hacia una convergencia posible
CUATRO AFIRMACIONES
El caso de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, autorizada mediante oficio SRA/DGIRA/DG-06238-22 del 12 de diciembre de 2022, documenta empíricamente la brecha diagnosticada en la primera pieza de esta serie: obligaciones de compensación forestal por depósito de 39.87 millones de pesos al Fondo Forestal Mexicano y restauración comprometida de 2,847.33 hectáreas, sin reporte público consolidado de la ejecución material al 30 de junio de 2026.
El Fondo Forestal Mexicano, previsto en el artículo 118 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, requiere, en su operación, una arquitectura de trazabilidad, verificación técnica independiente y rendición de cuentas periódica. Esa arquitectura no se ha institucionalizado en los veintiún años de operación del instrumento.
El Fondo de Capital Ambiental, anunciado el 22 de julio de 2026 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ofrece un modelo institucional de gobernanza tripartita, administración segregada, seguimiento técnico y financiero, y rendición de cuentas periódica, del que se puede aprender por convergencia.
Los cinco ejes que se proponen en esta pieza —registro público georreferenciado, verificación técnica independiente, informe anual público, integración presupuestaria con el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar, y convergencia operativa con el Fondo de Capital Ambiental— son ejecutables dentro del marco jurídico vigente. No requieren reforma legal.
1. El caso El Bajío como evidencia empírica
1.1 Datos del proyecto y autorización
El proyecto Central Fotovoltaica Puerto Peñasco se ubica en el ejido El Bajío, en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, aproximadamente a 27 kilómetros al oriente de la cabecera municipal. El proyecto contempla una superficie aproximada de dos mil hectáreas de predio, con una instalación proyectada de doscientos setenta y ocho mil paneles fotovoltaicos y una capacidad instalada objetivo de mil megavatios. La inversión estimada asciende a aproximadamente mil seiscientos millones de dólares. La promovente es la Comisión Federal de Electricidad, en su calidad de empresa productiva del Estado.
La autorización en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales fue emitida por la DGIRA de la SEMARNAT mediante el oficio SRA/DGIRA/DG-06238-22 de fecha 12 de diciembre de 2022, con notificación el 17 de noviembre de 2022, dentro del expediente 26SO2021E0061. El 13 de marzo de 2023, mediante el oficio SRA/DGIRA/DG-00935-23, se emitió una ampliación de plazo relacionada con el mismo expediente; la primera fase del proyecto fue inaugurada oficialmente el 17 de febrero de 2023.
1.2 Contenido de la carga compensatoria
El oficio resolutivo autoriza el cambio de uso de suelo en terrenos forestales (CUSTF) de 813.522 hectáreas de vegetación de tipo desierto arenoso. Como carga compensatoria por dicho cambio de uso de suelo, la resolución fija dos obligaciones económicas y de restauración de conformidad con el artículo 118 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el artículo 141 de su Reglamento:
Depósito al Fondo Forestal Mexicano. Depósito ordenado por un monto de treinta y nueve millones ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos sesenta y siete pesos con ochenta y cuatro centavos ($39,869,667.84 MXN), calculado conforme a las variables de la fórmula del artículo 141 del Reglamento.
Superficie de restauración comprometida. Aplicación del factor de compensación reglamentario, del que resulta un compromiso de restauración material equivalente a dos mil ochocientas cuarenta y siete hectáreas con tres mil doscientos setenta metros cuadrados (2,847.3270 hectáreas).
Ambas obligaciones son condicionantes vinculantes de la autorización otorgada. Su cumplimiento se rige por lo dispuesto en la LGDFS, en el Reglamento correspondiente y en las condicionantes específicas incorporadas al resolutivo.
1.3 Estado documentado de la ejecución material
Al 30 de junio de 2026 —tres años y seis meses después de la emisión del resolutivo autorizatorio—, la búsqueda en fuentes oficiales de un reporte público consolidado sobre la ejecución material de la superficie de restauración comprometida no arroja resultados. Se han revisado con este fin: el sitio institucional de la Comisión Nacional Forestal, el sitio institucional de la SEMARNAT, la Gaceta Ecológica, los reportes de sostenibilidad publicados por la Comisión Federal de Electricidad, y las respuestas a solicitudes de información pública referidas en publicaciones periodísticas.
Reportes de organizaciones civiles con trabajo de campo en la zona (Fundación Ceiba y Los Ángeles Press, con publicaciones entre marzo y junio de 2026) refieren un avance material de aproximadamente 1.5 hectáreas reforestadas al momento de sus respectivas visitas. Estas fuentes se citan aquí sólo en su carácter de reproductoras de un estado de hecho verificado en campo, sin sustituir la información oficial que corresponde a las autoridades y a la promovente.
El diagnóstico técnico de este documento no formula reproches individuales, en su lugar, documenta una brecha estructural entre el compromiso reglamentario cuantificado (2,847.33 hectáreas) y la información pública disponible sobre su ejecución material. Esa brecha es, empíricamente, la misma que se diagnosticó en la Pieza I de esta serie para el conjunto del mecanismo de compensación forestal en México. El caso El Bajío no es excepcional: es paradigmático.
1.4 Cinco consideraciones técnico-jurídicas
Primera. La condición compensatoria del resolutivo autorizatorio es vinculante en los términos del artículo 55 Bis y del artículo 161 de la LGEEPA, y su ejecución material (no solo el depósito económico) integra el objeto del cumplimiento.
Segunda. La ejecución material y la verificación institucional son actos administrativos distintos. La primera es carga del promovente. La segunda es competencia de la autoridad. Ambas concurren al ciclo de cumplimiento previsto en la LGDFS y su Reglamento.
Tercera. El régimen de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) previsto en la LGEEPA cumple una función legítima de política pública ambiental, pero su tratamiento como sucedáneo de una compensación forestal cuantificada reglamentariamente distorsiona ambos instrumentos.
Cuarta. La verificación institucional efectiva no puede depender de la iniciativa de organizaciones civiles, de la prensa especializada o del propio ejido receptor. Requiere un régimen de verificación técnica reglada, con plazos determinados y consecuencias administrativas.
Quinta. La ventana temporal entre la autorización y la verificación suele superar los tres años en la práctica administrativa. En ese lapso, el proyecto opera de manera consolidada y el efecto disuasivo del incumplimiento se diluye. El diseño reglamentario debería incorporar hitos intermedios de verificación exigibles.
2. El Fondo de Capital Ambiental como marco institucional de contraste
2.1 Naturaleza y gobernanza del nuevo fondo.
El 21 de julio de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) suscribieron el convenio de constitución del Fondo de Capital Ambiental para México. La presentación oficial del fondo tuvo lugar el 22 de julio de 2026 ante empresas, instituciones financieras, fundaciones y organismos internacionales.
Conforme al comunicado oficial y a la presentación institucional, el Fondo de Capital Ambiental se estructura sobre las siguientes bases:
Naturaleza jurídica. Fondo con aportaciones de terceros (empresas, fundaciones, organismos de cooperación, banca de desarrollo), con administración segregada por parte de CAF respecto de su propio balance.
Objeto material. Restauración y recuperación de ecosistemas, conservación y gestión de áreas naturales protegidas, promoción de la economía circular y de la bioeconomía, gestión sustentable del agua y del suelo, calidad del aire, acción climática y otras prioridades ambientales del país.
Meta inicial y escalabilidad. Meta inicial de movilización de 10 millones de dólares, con la incorporación progresiva de nuevos aportantes. Fuentes financieras han referido una escala potencial de entre cien y ciento cincuenta millones de dólares en función de la respuesta del sector privado y de la cooperación internacional.
Gobernanza. Comité directivo tripartito integrado por SEMARNAT, SHCP y CAF, así como una instancia técnica encargada del análisis y la evaluación de proyectos. La ruta de aprobación contempla la revisión técnica, la aprobación por comité y la ejecución con seguimiento.
Instrumentos financieros. Donaciones, créditos y esquemas reembolsables cuando el proyecto lo permita, con la finalidad declarada de preservar los recursos sin comprometer el equilibrio de las finanzas públicas.
Trazabilidad y rendición de cuentas. Seguimiento técnico y financiero como principio de diseño, con medición de resultados, indicadores de impacto y reporte periódico a aportantes.
2.2 El contraste institucional
El Fondo de Capital Ambiental incorpora, como principios de diseño institucional, exactamente los elementos que la operación del Fondo Forestal Mexicano no ha consolidado en sus veintiún años de existencia. El contraste no es retórico: es documentable elemento por elemento.
Elemento | Fondo Forestal Mexicano | Fondo de Capital Ambiental |
Base normativa | LGDFS art. 118 | Convenio SEMARNAT-SHCP-CAF (22 jul 2026) |
Administrador | SEMARNAT-CONAFOR | CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe |
Origen de recursos | Compensación obligatoria de promoventes de CUSTF | Aportaciones voluntarias de empresas, fundaciones y aliados |
Escala inicial | Depósitos anuales sin reporte público consolidado | USD 10 millones iniciales, escalable |
Gobernanza | Institucional interna | Tripartita con comité directivo e instancia técnica |
Trazabilidad | Sin reporte público consolidado en veintiún años | Administración segregada, seguimiento técnico y financiero |
Rendición de cuentas | Fragmentada, verificable por vía negativa | Periódica, formalizada, con indicadores de resultados |
Verificación | Reactiva | Técnica y financiera integrada al diseño |
Si bien la lectura del cuadro no pretende ser acusatoria, el Fondo Forestal Mexicano y el Fondo de Capital Ambiental son instrumentos con naturaleza jurídica y fines distintos: el primero es un fondo público con un régimen legal específico en la LGDFS; el segundo es un fondo con aportes de terceros, administrado por una institución financiera multilateral, con la idea de que uno sustituya al otro, documentándose que el diseño institucional del segundo puede aportar al primero, por vía de convergencia operativa, elementos que el legislador incorporó en 2003 al artículo 118 de la LGDFS de manera general y que la práctica administrativa no ha desarrollado.
3. Marco jurídico aplicable
La propuesta de arquitectura de convergencia se sostiene en el siguiente marco normativo y compromisos internacionales, todos vigentes:
3.1 Régimen forestal
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). Artículos 22, fracciones XV y XIX; 117; 118 (Fondo Forestal Mexicano); y disposiciones relativas al cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Reglamento de la LGDFS. Artículo 141, que contiene la fórmula reglamentaria para el cálculo del depósito compensatorio y del factor de restauración material.
3.2 Régimen general ambiental
LGEEPA. Artículos 28, fracción IX (obras y actividades que requieren autorización de impacto ambiental); 35 Bis (contenido de las resoluciones); 55 Bis (naturaleza vinculante de las condicionantes); 77 Bis (restauración ambiental); 161, 162 y 167 (inspección, vigilancia y sanción).
Reforma LGEEPA 2026. Discusión en curso en el Congreso de la Unión, con incidencia en la arquitectura de los instrumentos económicos y de rendición de cuentas ambientales. El principio de no regresión ambiental, incorporado por vía jurisprudencial y por la doctrina consolidada, orienta la interpretación de cualquier ajuste normativo en esta materia.
3.3 Régimen de la Empresa Productiva del Estado
Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Régimen específico de la empresa productiva del Estado, con la obligación de sujeción al marco ambiental aplicable, en igualdad de condiciones con cualquier promovente privado.
3.4 Compromisos internacionales
Acuerdo de Escazú. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2021. Artículos 5 (acceso a la información ambiental), 6 (generación y divulgación de la información ambiental) y 7 (participación pública en decisiones ambientales).
Convenio sobre Diversidad Biológica — Marco Global de Kunming-Montreal. Meta 3 (conservación efectiva del 30% de la superficie terrestre y marina para 2030), Meta 2 (restauración del 30% de los ecosistemas degradados) y Meta 14 (integración de la biodiversidad en la planificación).
Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y Programa Especial de Cambio Climático 2026-2030. Alineación con las prioridades ambientales del país declaradas en el propio anuncio del Fondo de Capital Ambiental.
4. Cinco ejes para una arquitectura de convergencia
Los cinco ejes siguientes constituyen una propuesta técnica de política pública, formulada como una sugerencia abierta a las autoridades responsables; de hecho, es claro que todos son ejecutables en el marco jurídico vigente, esto es, no requieren reforma legal.
Eje 1 · Registro público georreferenciado de compensaciones forestales
Constitución de un registro público único, con acceso libre por internet, en el que se publique cada compensación forestal derivada de autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, con la información siguiente: expediente, promovente, superficie autorizada del CUSTF, superficie de restauración comprometida en aplicación del factor reglamentario, monto del depósito al Fondo Forestal Mexicano, ubicación georreferenciada del predio de restauración comprometido, fecha de la resolución que autoriza y estado documentado de la ejecución material con actualización semestral. Base normativa / base legal: LGDFS art. 22; LGEEPA arts. 35 Bis y 159 Bis; Acuerdo de Escazú arts. 5 y 6.
Eje 2 · Verificación técnica independiente con criterios publicados
Establecimiento, por vía de acuerdo administrativo de la SEMARNAT y la CONAFOR, de un régimen de verificación técnica independiente de la ejecución material de las restauraciones comprometidas, con criterios técnicos publicados en el Diario Oficial de la Federación, plazos ciertos (verificación en campo dentro de los treinta y seis meses siguientes a la autorización, con hitos intermedios al año doce y al año veinticuatro) y consecuencia administrativa reglada en caso de incumplimiento. Base normativa / base legal: LGDFS arts. 117 y 118; Reglamento LGDFS art. 141; LGEEPA arts. 161, 162 y 167.
Eje 3 · Informe anual público consolidado del Fondo Forestal Mexicano
Publicación anual, por parte de la CONAFOR, de un informe consolidado del Fondo Forestal Mexicano que incluye: depósitos recibidos por concepto de compensación forestal en el ejercicio; superficie autorizada acumulada de CUSTF; superficie de restauración comprometida acumulada; superficie con verificación de ejecución material confirmada; saldo financiero del fondo; asignaciones y desembolsos realizados. El informe se ofrecería como pieza equivalente en materia de trazabilidad al reporte que el Fondo de Capital Ambiental habrá de rendir a sus aportantes conforme al diseño anunciado. Base normativa / base legal: LGDFS art. 118; LGEEPA art. 159 Bis; Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Eje 4 · Integración presupuestaria con el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar
Coordinación operativa entre los recursos del Fondo Forestal Mexicano provenientes de compensación forestal y el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar, para permitir la concurrencia de recursos en proyectos de restauración de mayor escala y con acompañamiento comunitario. Esta coordinación no altera la naturaleza jurídica de cada instrumento, pero permite optimizar el impacto material de los recursos disponibles y asegurar la continuidad de las restauraciones más allá del ciclo de compensación individual. Base normativa / base legal: LGDFS arts. 118 y 138; Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar.
Eje 5 · Convergencia operativa con el Fondo de Capital Ambiental
Exploración, mediante un instrumento administrativo entre SEMARNAT, CONAFOR, SHCP y CAF, de un esquema de convergencia operativa entre el Fondo Forestal Mexicano y el Fondo de Capital Ambiental. La propuesta no plantea fusión ni sustitución.
Plantea que el nuevo Fondo pueda aportar al Fondo Forestal Mexicano lo siguiente:
a) Modelo de gobernanza replicable. Adopción, mediante acuerdo interno entre la CONAFOR y la SEMARNAT, de una instancia técnica externa análoga a la del Fondo de Capital Ambiental, con capacidad para el análisis y la evaluación de los proyectos de restauración comprometidos.
b) Estándar de trazabilidad. Adopción de los criterios de administración segregada, seguimiento técnico y financiero, y reporte periódico que caracterizan el diseño del Fondo de Capital Ambiental, con adaptación al régimen legal del Fondo Forestal Mexicano.
c) Alianza operativa para cofinanciamiento. Posibilidad de estructurar proyectos de restauración vinculados a compensaciones forestales vigentes que califiquen como proyectos bancables para la cartera del Fondo de Capital Ambiental, con cofinanciamiento entre ambos fondos cuando la escala del proyecto lo justifique.
d) Marco de rendición de cuentas homologable. Convergencia en los criterios de medición de resultados y en los indicadores de impacto, con adaptación a la especificidad forestal, para permitir la comparabilidad institucional entre ambos instrumentos.
El cruce con el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal es relevante: si el Fondo de Capital Ambiental incorpora la restauración de manglares y la conservación de ecosistemas como prioridades expresas, la articulación operativa con el Fondo Forestal Mexicano, cuya carga compensatoria también alimenta la restauración material, bien podrá permitir construir una contribución mexicana coherente con la Meta 2 y con la Meta 3 del Marco Global. Base normativa / base legal: LGDFS art. 118; LGEEPA arts. 20 Bis 5 y 159 Bis; Convenio sobre Diversidad Biológica; convenio SEMARNAT-SHCP-CAF del 21 de julio de 2026.
5. Reforma sin reforma legal
La característica común a los cinco ejes propuestos es que ninguno requiere modificación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad ni del Reglamento de la LGDFS. Todos son ejecutables por vía de acuerdo administrativo, de lineamientos, de disposiciones de carácter general o de convenios interinstitucionales.
Esa característica no es accesoria. Es sustantiva por tres razones:
Primera. La compensación forestal, como instrumento, no adolece de un déficit legislativo. Adolece de un déficit en la arquitectura administrativa. La ley previó el mecanismo en 2003. El Reglamento incorporó la fórmula. La operación administrativa no ha desarrollado los elementos de trazabilidad, verificación y rendición de cuentas que confieren efectividad al instrumento.
Segunda. En el contexto del debate sobre la LGEEPA 2026, la propuesta se ancla al principio de no regresión ambiental: no se propone reformar las disposiciones vigentes que sustentan el mecanismo. Se propone dar efectividad administrativa a las obligaciones ya contempladas en la ley y el reglamento. Esa efectividad es, en sí misma, un cumplimiento del principio de no regresión: no se puede regresar en la eficacia de un instrumento que la ley ya reconoció como obligatorio.
Tercera. El aprovechamiento del momentum institucional generado por el anuncio del Fondo de Capital Ambiental permite alinear una reforma administrativa forestal con una prioridad expresa del Ejecutivo Federal, sin costo político ni legislativo y con posibilidad de tracción presupuestaria a través de la CAF.
Consideración final
El caso del Bajío no es excepcional. Es paradigmático. Ilustra, en un solo expediente y con documentación pública verificable, sin necesidad de fuentes reservadas, la brecha estructural que la primera pieza de esta serie diagnosticó en el conjunto del mecanismo de compensación forestal en México. No es un caso de mala fe. Es un caso de arquitectura administrativa incompleta.
La conclusión no es que el proyecto Central Fotovoltaica Puerto Peñasco deba detenerse ni que su autorización deba anularse. La conclusión tampoco es que el Fondo Forestal Mexicano deba desmontarse ni transferirse. La conclusión es que el instrumento de compensación forestal, tal como opera hoy, no garantiza al Estado mexicano acreditar la restauración material que la ley exige. Y sin acreditación, el instrumento no cumple su función.
El anuncio del Fondo de Capital Ambiental, el 22 de julio de 2026, abre una ventana institucional relevante. No sólo por los recursos que puede movilizar, sino porque, por contraste, hace evidente que el Estado mexicano sabe diseñar un instrumento ambiental con gobernanza tripartita, administración segregada, seguimiento técnico y rendición de cuentas periódica. Lo hizo para el fondo nuevo. La pregunta legítima, técnica y de política pública, es por qué no se ha hecho para el instrumento forestal que opera desde 2005.
Los cinco ejes propuestos en esta pieza no constituyen la única arquitectura posible. Es una arquitectura posible, ejecutable conforme al derecho vigente, ofrecida como insumo técnico a las autoridades competentes. La corrección de la arquitectura administrativa de la compensación forestal en México es una tarea de política pública. Este documento sólo pretende contribuir, con base en la normativa vigente, al diálogo institucional.
FUENTES DOCUMENTALES
Documentos oficiales del caso El Bajío
Oficio resolutivo SRA/DGIRA/DG-06238-22 de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT, del 12 de diciembre de 2022, expediente 26SO2021E0061. Texto íntegro: apps1.semarnat.gob.mx — 26SO2021E0061.pdf.
Gaceta Ecológica de la SEMARNAT, índice general de proyectos en evaluación de impacto ambiental: sinat.semarnat.gob.mx — Gaceta Ecológica.
Consulta de trámites de la SEMARNAT (búsqueda por clave de proyecto): app.semarnat.gob.mx/consulta-tramite.
Comisión Federal de Electricidad, libro institucional “Central Fotovoltaica Puerto Peñasco: el futuro de la energía solar”, publicación oficial: app.cfe.mx — Libro_PUERTOPENASCO.pdf.
Documentos oficiales del Fondo de Capital Ambiental
Comunicado oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “México presenta el Fondo de Capital Ambiental”, 22 de julio de 2026: gob.mx/semarnat — México presenta el Fondo de Capital Ambiental.
Presentación oficial del Fondo de Capital Ambiental para México, transmisión institucional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 22 de julio de 2026: youtube.com — Presentación oficial (SHCP).
Marco normativo
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Cámara de Diputados: diputados.gob.mx — LGDFS.
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: ordenjuridico.gob.mx — Reglamento de la LGDFS.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, texto vigente: diputados.gob.mx — LGEEPA.
Acuerdo de Escazú, decreto de promulgación (DOF 22 de abril de 2021) y ficha institucional de SEMARNAT: gob.mx/semarnat — Acuerdo de Escazú.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Apuntes para la implementación del Acuerdo de Escazú”, publicación institucional: scjn.gob.mx — ApuntesEscazu.pdf.
Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, Convenio sobre la Diversidad Biológica: cbd.int — Marco Global de Biodiversidad.
Fuentes periodísticas verificadoras
Los Ángeles Press, “Semarnat y CFE incumplen reforestación de El Bajío en Sonora”, 29 de junio de 2026: losangelespress.org — reforestación de El Bajío.
Dialogue Earth, “La mayor planta solar de América Latina altera territorio indígena”, 3 de abril de 2025: dialogue.earth — central fotovoltaica y compensación forestal.
Infobae México, “México activa fondo ambiental de 10 millones de dólares”, 22 de julio de 2026: infobae.com — fondo ambiental de 10 mdd.
El Financiero, “Fondo de Capital Ambiental: clave para la transición ecológica en México”, 22 de julio de 2026: elfinanciero.com.mx — Fondo de Capital Ambiental.
La Crónica de Hoy, “Semarnat y Hacienda firman el Fondo de Capital Ambiental para México en colaboración con CAF”, 21 de julio de 2026: cronica.com.mx — firma del Fondo de Capital Ambiental.
El Sol de México, “Gobierno de México activa fondo ambiental para restaurar ecosistemas”, 21 de julio de 2026: oem.com.mx — fondo ambiental restauración.
Este documento se elaboró exclusivamente con documentos públicos: oficios y resolutivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT, publicaciones oficiales de la Comisión Federal de Electricidad, publicaciones de la Gaceta Ecológica, el comunicado oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 22 de julio de 2026 sobre el Fondo de Capital Ambiental, y reportes periodísticos que reproducen documentos oficiales. No incorpora testimonios ni fuentes de origen no verificable; ante cualquier duda o comentario, con gusto nos encontramos a la orden.
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