I. INTRODUCCIÓN
Nuestro país no es la excepción y su sistema jurídico está evolucionando y en este sentido, primero bajo presiones de índole internacional, y después de índole social, se han incorporado en el orden normativo figuras que tienden a la defensa de los derechos medio ambientales, tal es el caso de la denuncia ciudadana o popular que contemplan algunas leyes. No obstante, la sociedad y los legisladores se pronuncian en el sentido de que esta
figura se ha revelado como francamente ineficaz.
La mayoría de los mexicanos está de acuerdo en que las empresas o personas responsables de daños ambientales paguen por la reparación del daño ambiental. Una encuesta realizada por Bimsa en noviembre del 2006 reveló que 90% de los ciudadanos estaría de acuerdo con la implementación de un sistema de responsabilidad ambiental, 6% no está de acuerdo ni en desacuerdo y solamente 3% está en desacuerdo.
Por lo anterior, se puede afirmar que nueve de cada 10 mexicanos están de acuerdo con un sistema que castigue a quienes deterioren o dañen el medio ambiente y que se les cobre por su reparación. Entre las personas que no están de acuerdo con estas medidas se encuentran aquellas con estudios de postgrado. Uno de cada 10 de ellos se encuentra en desacuerdo o muy en desacuerdo con un sistema de responsabilidad ambiental con estas
características.
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