El costo ambiental invisible del narcotráfico y la guerra contra las drogas. Parte 2
- GCDS
- hace 2 días
- 22 Min. de lectura
México: el Estado como generador de impactos y de omisiones ambientales.
Nota sobre esta entrega
Este texto es la segunda de dos entregas sobre los impactos ambientales del narcotráfico y de las políticas de control de drogas. En la Parte 1 se presentó un panorama general e internacional sobre cultivos ilícitos, laboratorios, narco‑deforestación y la huella de la prohibición. En esta Parte 2 el foco se desplaza a México, con énfasis en un ángulo poco explorado: cuando el Estado mexicano decomisa, transporta, almacena, destruye o abandona drogas, precursores, combustibles robados y bienes asegurados, se convierte en generador de impactos ambientales y en sujeto obligado a la debida diligencia ambiental. La tesis central es que, hoy, esa responsabilidad está subdimensionada, fragmentada y, en muchos casos, simplemente ignorada.
I. Introducción: del mapa global al caso mexicano
En México es común hablar del narcotráfico en clave de violencia, seguridad, gobernabilidad y economía ilegal, considerando que es el punto que atrae, para bien o para mal, lo que sí es menos frecuente es reconocer que la cadena de producción, tráfico y combate al narcotráfico produce impactos significativos sobre agua, suelos, aire y ecosistemas, y que una parte nada menor de esos impactos se genera a partir de la actuación, más bien, de la forma de actuar del Estado en diversas acciones como son los aseguramientos, destrucciones, operativos y omisiones en remediar los daños.
Si en el plano global vimos que cada kilo de droga sintética puede dejar decenas de litros de residuos tóxicos y que la cadena de la cocaína tiene una huella climática relevante, en México vale la pena preguntar: ¿qué sucede con las toneladas de precursores incautados, con los laboratorios desmantelados, con el combustible robado que se recupera, con los vehículos quemados en narcobloqueos y con los restos de explosiones e incendios en tomas clandestinas? ¿Quién maneja esos residuos?, ¿bajo qué reglas?, ¿con qué controles?, ¿qué se hace o deja de hacer para evitar que se conviertan en nuevas fuentes de contaminación y riesgo?
La idea conceptual de la presente entrega es proponer leer la política mexicana contra el narcotráfico también como una política de gestión (o no gestión) de residuos peligrosos, y preguntarse en qué medida instituciones como SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, FGR, SEMARNAT, PROFEPA y los gobiernos estatales y municipales cumplen, o no, con las obligaciones ambientales que derivan de sus propias decisiones.
II. México en la cadena de drogas: producción, tránsito y residuos
México ocupa un lugar complejo en el mapa global de las drogas, esto nos lleva a identificar al país como productor (particularmente de metanfetaminas, fentanilo, marihuana y, en menor medida, amapola); es un país de tránsito de cocaína sudamericana hacia Estados Unidos y además es la plataforma logística para múltiples flujos ilícitos.
De esta posición se derivan al menos tres grandes corrientes de impacto ambiental:
Residuos de producción: cultivos ilícitos, laboratorios de metanfetaminas y fentanilo, almacenamiento de precursores y combustibles.
Residuos de aseguramientos: drogas, precursores, mezclas químicas, combustibles robados, vehículos, armas, equipo, chatarra.
Residuos y emisiones derivados de operativos y violencia asociada: narcobloqueos, quema de camiones, incendios en bodegas, explosiones en tomas clandestinas, destrucción de infraestructura.
Estudios recientes sobre impactos ambientales de las drogas en América Latina sugieren que la producción clandestina de metanfetaminas en México podría estar generando, por sí sola, del orden de miles de toneladas de residuos químicos al año, manejados fuera de la infraestructura formal de residuos peligrosos y sin una trazabilidad clara hacia sitios de tratamiento o disposición final, toneladas que, sumadas a los volúmenes de drogas y precursores incautados en el país, da una idea del potencial de generación de desechos que hoy se sitúa en una zona gris institucional.
III. Cuando el Estado decomisa: de la cadena de custodia a la responsabilidad ambiental
1. El aseguramiento como punto de inflexión jurídica
Desde el punto de vista jurídico, el aseguramiento de bienes relacionados con delitos —entre ellos drogas, sustancias químicas, combustibles, armas, vehículos y equipo— implica que el Estado, a través de la autoridad ministerial y de las fuerzas de seguridad, se convierte en tenedor, custodio y responsable de esos bienes. La lógica penal se centra en la cadena de custodia para efectos probatorios: preservar evidencia, evitar contaminación o pérdida, garantizar la integridad de las muestras y objetos.
Sin embargo, desde una óptica de derecho ambiental, el aseguramiento significa también que el Estado se convierte, de facto, en un operador temporal de sustancias y residuos peligrosos.
Como tal, debería estar sujeto a los mismos principios a los que cualquier particular es requerido y sometido como es la prevención, precaución, minimización de daños, manejo adecuado de residuos, transparencia y rendición de cuentas; si nos ponemos en la vida real, si un particular derrama solventes en un río o quema residuos tóxicos a cielo abierto, se configura una infracción o un delito ambiental; por el otro lado, si el Estado hace algo funcionalmente equivalente al destruir precursores sin control o cuando son de manera inmisericorde quemados vehículos y cuanto pueden con combustible y aceites en medio de una ciudad, el riesgo ambiental por supuesto existe, no desaparece por el simple hecho de que la acción lleve un uniforme.
2. Tipología de aseguramientos con relevancia ambiental
En México, los aseguramientos con carga ambiental relevante incluyen, cuando menos:
a. Drogas: marihuana, cocaína, metanfetamina, fentanilo y otras sustancias.
b. Precursores y substancias químicas: solventes, reactivos, ácidos, bases, sales, mezclas.
c. Combustibles robados (huachicol): gasolina, diésel, turbosina y otros petrolíferos.
d. Vehículos: automóviles, camionetas, camiones de carga, tractocamiones, autobuses, pipas, motocicletas.
e. Embarcaciones y aeronaves: lanchas rápidas, barcos pesqueros, avionetas.
f. Infraestructura y equipo: laboratorios clandestinos, contenedores, tanques de almacenamiento, bombas, mangueras, maquinaria.
Cada una de estas categorías implica, en términos ambientales, materiales inflamables, tóxicos, corrosivos o persistentes, susceptibles de generar emisiones contaminantes, derrames o lixiviados si no se manejan bajo criterios técnicos, lo que en realidad, sea de quien sea este tipo de corrientes, no dejan de ser tóxicas y perjudiciales para el medio ambiente.
3. Instituciones involucradas
El tratamiento de estos aseguramientos pasa, de manera simplificada, por varias instancias:
a. SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional: participan en operativos en campo, ejecutan aseguramientos iniciales, pueden custodiar, trasladar y, en algunos casos, destruir bienes bajo órdenes del Ministerio Público.
b. Fiscalía General de la República (FGR): conduce la investigación, determina el destino final de los bienes asegurados (incluida su destrucción) y coordina actuaciones con fuerzas de seguridad.
c. SEMARNAT y PROFEPA: en teoría, autoridades ambientales competentes para regular y vigilar el manejo y la disposición de residuos peligrosos, emisiones, descargas y remediación de sitios contaminados; se han preguntado que hacen, como mantienen un control adecuado o cercano a como lo hacen con algunas de las industrias que les interesa dar seguimiento?
d. Gobiernos estatales y municipales: intervienen en limpieza de escenas (por ejemplo, retirar vehículos quemados en narcobloqueos), disposición de escombros y atención a comunidades afectadas y en la mayoría de los casos sin tomar en cuenta lo que están moviendo y los efectos jurídicos de esa “limpieza” que cada quien sabrá con que objeto se realiza.
Uno de los puntos torales que se busca explorar en esta entrega es que la interacción entre estas instituciones, en lo relativo a la dimensión ambiental de los aseguramientos, es débil, opaca y, en muchos casos, inexistente en la práctica; habrá evidencia contrario a esto que se indica?
IV. Lo que se hace (y lo que no) con drogas, precursores y huachicol
1. Incineración y destrucción de drogas
En el discurso oficial, la destrucción de drogas incautadas se presenta como un acto de eficacia y transparencia, cuando se escuchan la noticias, se hace alarde de que “toneladas de sustancias ilegales son incineradas bajo supervisión de autoridades federales, con actas, videos y mensajes públicos”.
La realidad es que más bien casi nunca se detalla es cómo y dónde se realiza esa incineración y qué controles se aplican para evitar que el remedio se convierta en una fuente más agresiva de contaminación.
A todo esto nos podríamos hacer algunas preguntas:
¿Se realiza la incineración en instalaciones diseñadas para el manejo de residuos peligrosos, con control de emisiones y tratamiento de cenizas, o en fosas y barrancas a cielo abierto?
¿Se clasifican las cenizas resultantes como residuos peligrosos y se llevan a confinamientos autorizados, o simplemente se entierran o dispersan?
¿Existe monitoreo de aire, suelos y aguas en torno a los sitios de destrucción?
¿Interviene PROFEPA o alguna instancia ambiental en la definición de métodos, sitios y seguimiento de estas destrucciones?
En la práctica, la narrativa se agota en el dato penal (“incineramos X toneladas”), sin ofrecer información mínima sobre la gestión ambiental de ese proceso; en realidad lo que sucede es que la ausencia de lineamientos públicos y poca transparencia sugiere que, en muchos casos, el criterio dominante es la rápida desaparición del objeto del delito, no la minimización de su impacto como residuo tóxico.
2. Precursores, laboratorios y mezclas químicas
Algo similar ocurre con los precursores y las instalaciones de los laboratorios clandestinos, esto es, el demoler un laboratorio, derramar los contenidos de tanques o contenedores en una fosa o aplicar fuego a estructuras donde hay restos químicos puede resolver un problema inmediato de seguridad, pero con toda seguridad estará generando todo un tema por no decir un conflicto de contaminación de suelos y aguas.
Desde una óptica de derecho ambiental, la destrucción de un laboratorio clandestino debería implicar:
a. Identificación de sustancias presentes (en la medida de lo posible).
b. Contención de derrames y residuos.
c. Retiro de contenedores, equipos y materiales como residuos peligrosos.
d. Evaluación básica del sitio y, cuando proceda, acciones de remediación.
En la práctica, lo que suele ser visible es la imagen de tanques volcados, restos calcinados y envases abandonados, sin evidencia de que se haya seguido un protocolo de saneamiento posterior. Esto no sólo implica un riesgo ambiental, sino también un riesgo probatorio: si se destruyen o dispersan sustancias sin registro adecuado, sin duda, se estará complicando la acreditación de los delitos relacionados con precursores o residuos.
3. Combustible robado (huachicol)
El huachicol agrega otra capa de complejidad, el tema es que es político, social, de corrupción y lejos de disminuir las actividades de importación, manejo y venta de ese tipo de combustible, cada año se reportan cientos de tomas clandestinas, fugas, derrames e incendios en ductos de combustibles, buques, pipas, carrotanques ferroviarios, etc.
Cuando las autoridades localizan y “aseguran” combustible robado, queda abierto un abanico de situaciones:
a. Combustible almacenado en contenedores improvisados (pipas clandestinas, tanques, bidones, tambos) en bodegas o predios rurales.
b. Combustible derramado en suelos agrícolas, caminos, cuerpos de agua y cuerpos de agua subterráneos, producto de tomas clandestinas mal selladas o de accidentes.
c. Explosiones y grandes incendios que consumen combustible, suelos, vegetación y estructuras cercanas.
En todos estos casos, debería existir una cadena de actuaciones que combine seguridad, protección civil y protección ambiental:
Contención de derrames (diques, barreras, materiales absorbentes).
Extracción y transporte del combustible recuperable a instalaciones seguras.
Limpieza y remediación de suelos y, en su caso, aguas afectadas.
Disposición adecuada de tierras contaminadas y residuos de limpieza.
Sin embargo, más allá de comunicados sobre tomas selladas y litros recuperados, rara vez por no decir, NUNCA se publican datos sobre sitios remediados, volúmenes de suelo contaminado extraídos o monitoreos posteriores, lo que sugiere que la dimensión ambiental del huachicol es, de nuevo, la gran ausente en la contabilidad oficial.
V. Narcobloqueos, vehículos quemados y operaciones especiales
1. Narcobloqueos y destrucción de vehículos
En episodios recientes de violencia asociada al narcotráfico se han registrado cientos de narcobloqueos en vías federales y locales, con camiones de carga, autobuses, camionetas y autos incendiados de manera simultánea. Cada uno de esos vehículos contiene combustible, aceites, plásticos, metales, baterías y otros componentes que, al quemarse, liberan mezclas de contaminantes y generan grandes volúmenes de chatarra y residuos.
Lo que generalmente se conoce es el conteo de vehículos afectados, las pérdidas económicas y, en los casos más graves, el número de víctimas.
Lo que casi nunca se discute es:
a. ¿Quién es responsable de retirar esos restos?
b. ¿Bajo qué clasificación se manejan (residuos sólidos urbanos, chatarra, residuos peligrosos)?
c. ¿Se separan y gestionan por componentes (baterías, aceites, filtros, neumáticos) o se tratan como simple fierro viejo?
d. ¿Existe un procedimiento estándar para la limpieza de pavimentos, suelos y cunetas donde se derramaron combustibles y se depositaron residuos de combustión?
La respuesta suele ser que esta tarea recae, en los hechos, en autoridades estatales o municipales y, en algunos casos, en concesionarios carreteros y empresas aseguradoras, sin un marco federal claro que reconozca el carácter ambiental de estos residuos lo que lleva como resultado lamentable que las comunidades aledañas a esos eventos, conviven, durante semanas o meses, con restos calcinados, suelos impregnados de hidrocarburos y aire de mala calidad, sin que nadie asuma expresamente la obligación de remediar.
2. Operaciones especiales y “colateral ambiental”
En el caso de los operativos de alto impacto como son los desplegados en persecución o abatimiento de líderes criminales, como se ha podido ver implican, con frecuencia, la movilización intensiva de fuerzas armadas, el uso de armamento pesado y, en ocasiones, daños a viviendas, comercios, vehículos y equipamiento urbano. Desde la perspectiva de seguridad, estos daños pueden verse como “colateral inevitable”; desde la perspectiva ambiental, forman parte de una huella material que incluye:
a. Escombros de estructuras dañadas.
b. Restos de vehículos, postes, mobiliario urbano.
c. Posibles contaminantes derivados de incendios, explosiones y derrames.
En contextos como el operativo que derivó en la muerte de un líder criminal de alto perfil, donde se reportan decenas de narcobloqueos, vehículos destruidos y afectaciones en múltiples puntos de diversos estados, sería razonable esperar algún tipo de informe posterior que detalle no sólo el saldo humano y de seguridad, sino también el saldo ambiental y las medidas adoptadas para mitigarlo. La ausencia de este tipo de informes alimenta la idea de que el componente ambiental de la seguridad es, en los hechos, invisible para la institucionalidad mexicana.
VI. Crimen organizado, tráfico de vida silvestre y debilidad institucional
En México, el negocio de las drogas ilícitas se ha ido entrelazando con otras economías criminales que dependen directamente de la biodiversidad: tráfico de fauna y flora, tala ilegal, pesca furtiva y ganadería extensiva de fachada. Lejos de ser actividades marginales, estas ramas se articulan con las mismas rutas, redes de corrupción y mecanismos de lavado de dinero construidos alrededor del narcotráfico, encontrando en la debilidad de la política ambiental y de procuración de justicia un terreno fértil para expandirse.
1. De las drogas a la vida silvestre: diversificación del negocio criminal
Diversos estudios y reportes periodísticos documentan que organizaciones criminales en México han ampliado su portafolio más allá de las drogas para incluir madera, fauna marina y terrestre, así como otros productos de la biodiversidad de alto valor en mercados internacionales. En esta diversificación, las rutas, contactos y estructuras de protección desarrolladas para el tráfico de drogas se reutilizan casi intactas para mover jaguares, loros, tortugas, maderas preciosas o productos marinos hacia Estados Unidos, Asia y Europa.
El sur y sureste del país, donde tenemos que incluir la Selva Maya, Chiapas y las costas del Golfo y el Caribe, todo lo mencionado como las rutas, contactos, etc., aparecen de manera recurrente como territorios estratégicos tanto por su riqueza biológica como por su función en las cadenas logísticas del crimen organizado.
Viendo así la realidad, lo que tenemos en estos espacios, es una línea muy delgada que se configura como la frontera entre “delitos ambientales” y “delitos contra la salud” la cual, sin duda cada vez más difusa, mismas que son controladas por este grupo de personas para el movimiento de precursores químicos, cocaína, madera, fauna y personas.
2. Narco‑deforestación y destrucción de hábitat de especies protegidas
La llamada narco‑deforestación describe la conversión acelerada de bosques y selvas en potreros, caminos, pistas clandestinas y “ranchos” vinculados a economías ilegales y ha sido documentada con especial claridad en el paisaje de la Selva Maya. Investigaciones en la Reserva de la Biósfera Maya (lado guatemalteco, pero en un bosque continuo con México) estiman que la ganadería ilegal asociada a redes del narcotráfico explica una proporción significativa, en algunos polígonos entre 59% y 87%, de la deforestación reciente, utilizada para lavar capitales y consolidar control territorial.
En la porción mexicana de la Selva Maya, hacia Calakmul y la franja fronteriza con Guatemala y Belice, trabajos periodísticos y de investigación han descrito un patrón similar a lo que estamos comentando, es decir, la apertura de potreros y caminos, compra de grandes extensiones para ganadería extensiva de fachada y presencia de “mafias madereras” que operan bajo la sombra de organizaciones criminales.
Estos procesos fragmentan ecosistemas y afectan corredores de especies listadas en la NOM‑059‑SEMARNAT‑2010, como el jaguar (Panthera onca), así como diversas aves, primates y otros mamíferos que dependen de bloques continuos de selva.
3. Tráfico de fauna y flora protegidas: delito “gemelo” del narcotráfico
En paralelo, México se ha consolidado como origen, tránsito y destino del tráfico de vida silvestre, esto es, de aves, reptiles, anfibios, primates, felinos y especies marinas de alto valor económico.
Informes recientes muestran que el jaguar, diversas especies de loros y guacamayas, monos, tortugas marinas y otras especies protegidas se capturan y movilizan desde el sur‑sureste hacia centros urbanos y plataformas de exportación, muchas veces con apoyo o protección de estructuras vinculadas al narcotráfico.
En Chiapas, investigaciones periodísticas describen una “ruta secreta” de tráfico de fauna silvestre en la que se intercambian especies por precursores químicos o se utilizan para alimentar cadenas comerciales hacia Asia, articulando así el sur‑sureste como nodo de exportación de biodiversidad bajo control de redes criminales.
A nivel nacional, organizaciones especializadas han documentado que estos circuitos utilizan empresas legales, criaderos registrados y Unidades de Manejo para la Conservación (UMAs) para “blanquear” el origen de los ejemplares, aprovechando vacíos en la supervisión oficial.
Frente al riesgo y las penas asociadas al tráfico de drogas, el tráfico de vida silvestre aparece para estas organizaciones como un negocio de alto valor y relativamente bajo riesgo penal, donde la probabilidad de una investigación financiera o de una sentencia ejemplar sigue siendo muy reducida.
4. El papel del Estado: omisiones ambientales en territorios del narco
El marco jurídico mexicano reconoce formalmente la protección de la biodiversidad (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Vida Silvestre, Código Penal Federal, NOM‑059‑SEMARNAT‑2010), y tipifica el tráfico de vida silvestre como delito ambiental, no obstante, se han desarrollado estudios y diagnósticos que coinciden en señalar que las capacidades de vigilancia, inspección y procuración ambientales, se encuentran severamente debilitadas, limitadas presupuestariamente y todo esto, particularmente en regiones donde operan organizaciones criminales.
Durante años se han registrado recortes presupuestales, dispersión institucional y una presencia limitada de autoridades ambientales y de seguridad en campo, lo que se traduce en inspecciones esporádicas, operativos aislados y una persecución penal marginal de los delitos contra la fauna, la flora y el patrimonio forestal.
En la práctica, la severidad formal de las normas contrasta con el reducido número de investigaciones, órdenes de aprehensión y sentencias vinculadas a tráfico de vida silvestre, tala ilegal o deforestación ligada a economías criminales.
El sureste como territorio tomado
En el sureste mexicano, particularmente en Chiapas y en la región de la Selva Maya, distintos reportes describen un proceso de captura territorial por parte de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, que disputan rutas de drogas, migrantes y otras economías ilegales. En la Selva Maya y sus extensiones hacia Calakmul y la frontera con Guatemala, la llamada narcoganadería (ganadería extensiva impulsada por capitales criminales) se ha convertido en uno de los motores centrales de la deforestación y del control territorial, con impactos directos sobre corredores biológicos de jaguar y otras especies listadas en la NOM‑059‑SEMARNAT‑2010.
En varias comunidades se habla ya de “territorios tomados”, donde estos grupos regulan de facto el comercio local, el transporte, la circulación de personas e incluso la resolución de conflictos, mientras el Estado mantiene una presencia intermitente o meramente simbólica.
En este contexto, la narco‑ganadería, la tala ilegal y el tráfico de fauna encuentran condiciones óptimas para expandirse: se abren potreros y caminos en la Selva Maya y zonas aledañas a Calakmul bajo protección de capitales criminales; se consolidan rutas de tráfico de animales desde Chiapas hacia otros estados y hacia el exterior, estando documentada la entrada de organizaciones criminales a la pesca y al comercio de productos marinos y maderas en las costas del Golfo y el Caribe.
En Chiapas, organizaciones locales han documentado cómo el tráfico de fauna silvestre, como son aves, reptiles y mamíferos, se integra a las rutas de drogas y precursores, consolidando al sureste como un nodo de exportación de biodiversidad hacia mercados asiáticos bajo protección de grupos criminales, con los respectivos malos efectos sobre el medio ambiente que van referidos a la pérdida acelerada de hábitat para especies listadas en la NOM‑059 y la imposibilidad práctica de implementar políticas de conservación o de manejo forestal sostenible en territorios donde la autoridad efectiva no es el Estado, sino las redes criminales.
En el mundo del deber ser, la vigilancia de estos delitos ambientales recae en instancias como la PROFEPA, la SEMARNAT, las comisiones forestales y pesqueras, así como en la Fiscalía General de la República cuando se trata de delitos federales; pero que dicta el mundo de los terrenales, el mundo real, tan simple como que múltiples diagnósticos apuntan a una PROFEPA subfinanciada y con muy poca presencia en campo, a Oficinas de Representación, antes consideradas como “Delegaciones” en los Estados, sin capacidad de inspección sistemática y a fiscalías que rara vez integran carpetas sólidas por tráfico de vida silvestre o tala ilegal vinculada a redes criminales.
Se podría decir que el resultado es que, en territorios donde el crimen organizado controla la deforestación, la ganadería extensiva de fachada y el tráfico de fauna, el mensaje real que envía el Estado (a través de la inacción de sus autoridades ambientales y de justicia) es que la biodiversidad es un blanco de bajo o nulo riesgo para las economías criminales
PROFEPA y la procuración ambiental en mínimos
Aunque PROFEPA fue concebida como el órgano técnico‑jurídico encargado de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental, sus capacidades están hoy muy lejos de la escala de las economías criminales que depredan bosques, selvas y fauna. Informes recientes documentan plantillas reducidas, recortes presupuestales, alta rotación de personal y una cobertura territorial que claramente sobrepase por mucho sus capacidades, en especial en regiones del sureste donde coinciden alta biodiversidad y presencia de organizaciones criminales.
En este contexto, los operativos y decomisos (por ejemplo, de tortugas, aves o ejemplares de especies protegidas) tienden a ser acciones reactivas y puntuales, más cercanas al “caso mediático” que a una política sostenida de inspección, investigación y sanción.
Con esta realidad y sin fortalecer de manera seria a PROFEPA y sin articularla con SEMARNAT, CONAFOR, CONAPESCA, la FGR y las fiscalías estatales, cualquier estrategia contra los impactos ambientales del narcotráfico y del tráfico de vida silvestre seguirá siendo fragmentaria y simbólica.
5. Debilidad institucional y “lavado” de naturaleza
Más allá de la simple ausencia, ya se han señalado varios mecanismos de “lavado” de recursos naturales como es el uso de permisos, concesiones, UMAs, aserraderos y empresas pesqueras para dar apariencia de legalidad a madera, fauna y productos marinos de origen ilícito. Es evidente que ante la falta de sistemas robustos de trazabilidad, de inspecciones regulares y de cruces de información entre autoridades ambientales, aduaneras y de seguridad, permite que grandes volúmenes de productos extraídos en contextos de control criminal ingresen al mercado formal sin mayores obstáculos.
Esta frontera difusa entre legalidad e ilegalidad no es un accidente, sino el resultado de un diseño institucional que no integra la dimensión de crimen organizado en la política ambiental y forestal, y que mantiene el tráfico de vida silvestre y la tala ilegal como delitos de baja prioridad en la agenda penal y de seguridad.
6. Lo que revela este caso sobre la política de drogas del Estado
La expansión del crimen organizado hacia la biodiversidad es, al mismo tiempo, una adaptación del mercado ilícito y un síntoma de la incapacidad del Estado para gobernar o tal vez, tener control sobre el territorio. La política de control de las drogas en México, al centrarse casi exclusivamente en decomisos de sustancias, detenciones de alto impacto mediático y operaciones militares focalizadas, ha ignorado, como ya se ha mencionado, de manera sistemáticamente los daños ambientales y de biodiversidad que comparte con el tráfico de vida silvestre, la narco‑ganadería y la tala ilegal.
El Estado lejos de controlar o detener, digamos, minimizar los impactos ambientales del narcotráfico, con su inacción o poca actividad en materia de vigilancia ambiental, se convierte en un protagonista del tema de la pérdida de biodiversidad en los territorios donde dice combatir al crimen organizado.
VII. Ausencia de protocolos ambientales claros y coordinación institucional
1. Marco normativo disponible… y no aplicado
México cuenta con un marco jurídico relativamente robusto en materia de:
Residuos peligrosos.
Prevención y control de la contaminación de suelos y aguas.
Emisiones a la atmósfera.
Evaluación del impacto ambiental.
En teoría, las actuaciones del Estado que impliquen manejo de sustancias peligrosas, destrucción de bienes contaminantes o afectaciones significativas o no tan no significativas pero si contaminantes, a suelos, aguas y aire, como diría el clásico, “deberían sujetarse” a estos marcos, ya sea mediante autorizaciones, planes de manejo, bitácoras, reportes o visitas de inspección.
En la práctica, las operaciones contra el narcotráfico parecen operar en un circuito paralelo, donde la prioridad penal y de seguridad desplaza sistemáticamente la aplicación de normas ambientales; desde luego, no se trata de considerar que las leyes ambientales no existan, lo que en realidad sucede es que no se consideran aplicables a las actuaciones del propio Estado en contextos de combate al crimen organizado, como si los riesgos ambientales pudieran suspenderse por la vía de la urgencia.
2. Falta de protocolos y de transparencia
La ausencia de protocolos ambientales específicos se refleja en varios planos:
a. No hay lineamientos públicos detallados sobre cómo destruir drogas, precursores y laboratorios minimizando impactos ambientales.
b. No existen, o no se conocen, protocolos interinstitucionales que definan la participación de SEMARNAT (por lo que respecta a la parte normativa)/PROFEPA en la planeación, supervisión y evaluación de destrucciones masivas o de remediaciones asociadas a operativos.
c. No hay obligaciones claras de publicar datos sobre volúmenes de residuos generados, sitios utilizados, métodos empleados y resultados de monitoreo posterior.
Esta opacidad dificulta la vigilancia social, la investigación independiente y la construcción de buenas prácticas. También deja a las propias fuerzas armadas y de seguridad sin un marco claro que les permita compatibilizar su mandato de protección con la prevención de daños ambientales.
VIII. Comunidades afectadas y justicia ambiental en México
Las omisiones ambientales de la política de drogas no son una abstracción, lejos de eso, como se puede ver, se materializan en comunidades específicas. Pueblos y colonias en zonas de cultivos y laboratorios, localidades cercanas a ductos ordeñados y tomas clandestinas, colonias y barrios que se convierten en escenarios de narcobloqueos, enfrentamientos y quema de vehículos.
En muchos de estos lugares, la población vive una doble victimización:
a. Como víctimas de violencia, extorsión, desplazamiento, pérdida de familiares y de medios de vida.
b. Como víctimas de contaminación de suelos, aguas y aire, de exposición a residuos peligrosos y de pérdida de servicios ecosistémicos (bosque, agua, suelos fértiles).
Desde una perspectiva de justicia ambiental, sería razonable esperar políticas específicas de atención a estos impactos como sería, por mencionar algunos, el monitoreo de salud, la remediación de sitios, el acceso a información, la participación en decisiones sobre destrucción de aseguramientos y remediaciones.
Como ya se ha hecho mención, las comunidades reciben poco más que la orden de “volver a la normalidad” una vez que los vehículos han sido retirados de la carretera o que la toma clandestina ha sido sellada; pero eso sí, que permanezca en el suelo, en el agua o en los cuerpos todos aquellos agentes o elementos que afectando los elementos, queda fuera de la contabilidad oficial.
IX. Lo que está mal: omisiones con nombre y apellido y una agenda mínima de corrección
A la luz de lo anterior, es posible formular algunas críticas estructuradas:
SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional operan aseguramientos, destrucciones y operativos sin un marco ambiental sistemático y visible. No basta con asegurar y destruir; se requiere documentar, mitigar y remediar los impactos que sus propias actuaciones generan sobre suelos, aguas y aire.
La FGR concibe la cadena de custodia como un problema exclusivamente probatorio, sin integrar criterios de gestión de residuos y de prevención de daños ambientales en la definición del destino final de las sustancias y bienes asegurados.
SEMARNAT y PROFEPA están prácticamente ausentes del diseño y supervisión de la destrucción de drogas, precursores, combustibles y bienes asegurados y de la remediación de sitios afectados por operativos o eventos de narcoviolencia. Esto es especialmente grave en un país que aspira a fortalecer su institucionalidad ambiental.
Los gobiernos estatales y municipales cargan, de manera informal y reactiva, con la limpieza de narcobloqueos, escombros y residuos, sin contar con lineamientos técnicos, recursos específicos ni apoyo sistemático de la federación para remediar los daños.
Se hace necesaria una política pública clara que reconozca el costo ambiental del narcotráfico y de la guerra contra las drogas como un problema de responsabilidad del Estado, más allá de los discursos generales sobre “daños colaterales”.
Frente a este diagnóstico, al menos cuatro líneas de corrección parecen mínimas:
Elaborar y publicar protocolos interinstitucionales para el manejo y destrucción ambientalmente responsable de drogas, precursores, combustibles y bienes asegurados, con participación efectiva de SEMARNAT y PROFEPA.
Establecer obligaciones de transparencia sobre volúmenes destruidos, métodos, sitios, monitoreos y remediaciones realizadas, con énfasis en episodios de alto impacto (narcobloqueos masivos, explosiones, grandes operativos).
Crear programas específicos de remediación y atención a comunidades afectadas, integrando salud, medio ambiente y reparación del daño.
Incorporar el análisis del costo ambiental del narcotráfico y de la prohibición en debates de seguridad, cambio climático y financiamiento internacional, como condición para hablar de políticas de drogas realmente responsables.
En pocas palabras, mientras el país discute al narcotráfico casi exclusivamente en clave de violencia, seguridad y geopolítica, el costo ambiental del negocio y de su combate sigue fuera de cuadro. El resultado es paradójico, tenemos las acciones en nombre de la ley y el orden, el propio Estado genera, tolera o invisibiliza pasivos ambientales que van de los residuos de laboratorios y el huachicol, a los vehículos quemados en narcobloqueos y la pérdida de biodiversidad en territorios controlados por el crimen organizado; pareciera que asumir esta dimensión no es un lujo retórico, se trata de una condición mínima para cualquier política de drogas que pretenda llamarse responsable, con lo que si el Estado no se reconoce como parte del problema ambiental, difícilmente podrá formar parte de la solución.
Relación de referencias, notas y enlaces
1. UNODC – Informe Mundial sobre las Drogas 2022, folleto “Las drogas y el medio ambiente”(World Drug Report 2022, Booklet 5)Español (PDF):https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22_Booklet_5_spanish.pdfInglés (resumen general del folleto 5):https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2022_booklet-5.html
2. GPDPD – Drugs and the Environmenthttps://www.gpdpd.org/en/drug-policy/drugs-and-the-environment
3. Dianova International – The Impact of Drugs on the Environmenthttps://www.dianova.org/news/the-impact-of-drugs-on-the-environment/
Impactos ambientales de producción y tráfico (América Latina, incluye México)
4. COPOLAD III – The Silent Destruction: Environmental impacts of drug production and traffickingVersión en inglés (PDF):https://copolad.eu/wp-content/uploads/2024/09/COPOLAD_Publicaciones_Version_final_Estudio_Impactos_Ambientales_ENGLISH.pdfVersión en español (PDF):https://copolad.eu/wp-content/uploads/2024/09/COPOLAD_Publicaciones_Version_final_Estudio_Impactos_Ambientales.pdf
5. Artículo de síntesis sobre el enfoque ambiental en políticas de drogas (COPOLAD)https://copolad.eu/en/el-enfoque-ambiental-en-las-politicas-de-drogas-una-mirada-desde-el-programa-copolad-iii/
Residuos de drogas sintéticas y precursores
6. EUDA/EMCDDA – Environmental impact of synthetic drug production: analysis of groundwater samples(residuos de labs, infiltración a aguas subterráneas)PDF: https://www.euda.europa.eu/system/files/documents/2023-10/edmr-background-paper_groundwater_0.pdf
7. Polizei NRW – Dumping: Illegal disposal of waste from drug productionhttps://polizei.nrw/en/article/dumping-illegal-disposal-of-waste-from-drug-production
Narco‑deforestación y cambio de uso de suelo
8. BBC – Drug trafficking is speeding deforestation in Central Americahttps://www.bbc.com/news/science-environment-25960481
9. Northern Arizona University – Central America’s forests: the silent victim in the drug warshttps://news.nau.edu/central-americas-forests/
10. Mongabay – How drug cartels destroy the last habitat of Mexico’s thick-billed parrothttps://news.mongabay.com/2025/07/how-cartels-destroy-the-last-habitat-of-mexicos-thick-billed-parrot-commentary/
Huella de la prohibición (operativos, carbono, destrucción)
11. WOLA – What’s the Carbon Footprint of Drug Prohibition?https://www.wola.org/analysis/whats-the-carbon-footprint-of-drug-prohibition/
12. DEA Museum – Illegal Drugs and the Environment(nota y materiales de divulgación)https://museum.dea.gov/news/dea-museum-presents-illegal-drugs-and-environment
Narco‑ganadería y Selva Maya
13. La “narcoganadería” amenaza la selva maya – Pie de Página / MongabayGanadería ilegal vinculada a narco explicando hasta 59–87% de la deforestación en áreas de la Reserva de la Biósfera Maya.https://piedepagina.mx/la-narcoganaderia-amenaza-la-selva-maya/
14. Desafíos en la Selva Maya: crimen organizado, desigualdad hídrica y políticas de conservación transfronteriza – Mongabay LatamCrimen organizado expandiéndose por áreas fronterizas de la Selva Maya y afectando conservación e investigación.https://es.mongabay.com/2025/04/desafios-selva-maya-crimen-organizado-desigualdad-hidrica-politicas-conservacion-transfronteriza
Chiapas y tráfico de fauna
15. Chiapas, territorio tomado – El País MéxicoDescripción de control territorial de grupos criminales en comunidades de Chiapas.https://elpais.com/mexico/2024-04-14/chiapas-territorio-tomado.html
16. Animal trafficking in Chiapas: the secret route that puts biodiversity at risk – Milenio (video)Ruta de tráfico de fauna en costa de Chiapas, intercambio con mafia china, cuarto ingreso más rentable para cárteles.https://www.youtube.com/watch?v=xlbrZ8xg1Ro
Carteles, pesca y madera (incluye Golfo / Caribe)
17. Mexican cartels are taking control of the fishing and logging industry – El País (en inglés)Cárteles (Sinaloa, CJNG) tomando control de pesca y tala para abastecer demanda china, incluyendo península de Yucatán y costas mexicanas.https://english.elpais.com/international/2022-05-23/mexican-cartels-are-taking-control-of-the-fishing-and-logging-industry.html
Tráfico de fauna a escala nacional (para conectar sureste con panorama país)
18. Merciless Markets / Mexico wildlife trafficking – Center for Biological DiversityInforme amplio sobre tráfico de vida silvestre en México.https://biologicaldiversity.org/campaigns/Mexico-wildlife-trafficking/
19. Mexico wildlife trafficking report (PDF)Detalle de especies, rutas y fallas institucionales.https://biologicaldiversity.org/campaigns/Mexico-wildlife-trafficking/pdfs/Mexico-wildlife-trafficking-report-English.pdf
20. Massive turtle bust in Mexico reveals ‘Wild West’ of wildlife trafficking MongabayDecomiso de tortugas y productos marinos, uso de UMAs y permisos para “lavar” fauna.https://news.mongabay.com/2025/11/massive-turtle-bust-in-mexico-reveals-wild-west-of-wildlife-trafficking
El presente documento representa la opinión de su autor y no pretende resolver pregunta, consulta o algún aspecto relacionado con los tema tratados en el mismo, cualquier duda, comentario o consideración, con gusto estamos a la orden.
Comentarios