Cuando el agua deja de ser solo un costo: el mensaje del nuevo PEAS para empresas y desarrolladores.

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En México, el agua ya no es solo un costo operativo, es claro que se está convirtiendo en uno de los principales riesgos regulatorios y de negocio para empresas y desarrolladores.

Para una empresa o un desarrollador que opera en zonas de estrés hídrico, el agua ha dejado de ser únicamente un insumo operativo, no cabe duda de que en la práctica se ha convertido en un riesgo de negocio esto es, permisos condicionados, proyectos detenidos, comunidades preocupadas e inconformes y costos crecientes para asegurar suministro y manejar descargas.

En ese contexto, los nuevos lineamientos del Programa de Estímulos de Agua y Saneamiento (PEAS), publicados el 3 de marzo de 2026 en el Diario Oficial, son algo más que una nota técnica, buscan abrir una ventana para convertir parte de los derechos pagados en infraestructura que reduzca esos riesgos.

Este instrumento actualiza un esquema que, desde inicios de los años dos mil, ha intentado redirigir parte de lo recaudado por derechos federales de agua hacia proyectos de eficiencia, infraestructura y saneamiento en los sistemas municipales.

El esquema de devolución de derechos no es una figura nueva ni meramente decorativa. Durante los últimos años ha canalizado recursos federales hacia proyectos reales de infraestructura hídrica en municipios del país: agua potable, alcantarillado, eficiencia operativa y fortalecimiento de plantas de tratamiento.

Más allá de los tecnicismos, el mensaje de fondo es sencillo: una fracción de lo que hoy pagan los prestadores de servicios de agua por concepto de derechos puede regresar en forma de inversión, pero solo si se presentan proyectos elegibles de agua potable, alcantarillado, tratamiento y mejoramiento de eficiencia.

Para empresas industriales y desarrolladores inmobiliarios que operan en zonas de alto estrés hídrico, este tipo de instrumento llega en un momento de la mayor relevancia, tomando en consideración que los proyectos ya no se evalúan solo por su retorno financiero, sino por su capacidad de convivir o sobrevivir con una infraestructura de agua y saneamiento cada vez más presionada y bajo mayor escrutinio social y regulatorio.

En varias de las regiones donde hoy se concentran plantas industriales y nuevos desarrollos habitacionales o turísticos, la continuidad del servicio de agua, la capacidad del drenaje y el tratamiento adecuado empiezan a condicionar permisos, tiempos de construcción y la relación con comunidades vecinas.

En este contexto, el nuevo PEAS busca dar apertura a una etapa distinta, y no se trata de hecho de que las empresas vayan a recibir directamente los estímulos, sino porque sus proyectos pueden articularse con los de los organismos operadores locales.

En esos lugares, donde una planta industrial o un desarrollo inmobiliario dependen de esas redes vetustas y mal mantenidas, servicios saturados o plantas de tratamiento insuficientes, la posibilidad de estructurar proyectos conjuntos de medición, reducción de pérdidas, saneamiento o reúso se pueden convertir en una pieza clave para reducir riesgos y asegurar viabilidad a mediano plazo.

Para muchas organizaciones/inversionistas, es muy posible que la situación se parezca a alguna de estas tres imágenes:

1. Llevan años empujando mejoras internas de eficiencia hídrica, pero chocan con límites de infraestructura externa: baja presión, intermitencias, falta de capacidad de descarga o de tratamiento.

2. Están concentradas en “blindar” concesiones, permisos de descarga y autorizaciones de desarrollo, conscientes de que la disponibilidad y el desempeño ambiental pesan cada vez más en las decisiones de autoridad.​

3. Perciben que el agua se está convirtiendo en uno de los principales factores de riesgo del negocio, pero aún no han dado el paso de ordenar datos y diseñar una estrategia clara por sitio.

Dónde se abre la oportunidad: articular proyectos con organismos operadores

Aunque los estímulos del PEAS se canalizan a organismos operadores y municipios, sus proyectos pueden beneficiarse indirectamente si se articulan bien:

a. Proyectos conjuntos de mejora de capacidad de redes que abastecen parques industriales o desarrollos habitacionales.

b. Fortalecimiento o ampliación de plantas de tratamiento que reciben descargas industriales o urbanas.

c. Esquemas de reúso de agua tratada para procesos, riego, áreas verdes o campos de golf.

Estos proyectos pueden tener como fuente parcial de financiamiento la devolución de derechos que reciba el organismo operador, complementada con inversión privada.

¿Qué gana una empresa si el dinero se lo dan al municipio?

Aunque los recursos del PEAS y de los esquemas de devolución de derechos se transfieren a organismos operadores y municipios, para una empresa industrial o un desarrollador inmobiliario en zona de estrés hídrico sí hay mucho en juego. La continuidad del suministro, la capacidad del drenaje y la existencia de plantas de tratamiento funcionales, dependen en buena medida de la inversión pública local y estos programas ya son una de las pocas “llaves” de financiamiento disponibles para esa infraestructura.

Si tratamos de leer esto con lentes de negocio, el PEAS puede verse como una invitación a que las empresas dejen de enfrentar solas sus problemas de agua en cada planta industrial o desarrollo inmobiliario (por decir algunos) y se sienten con tiempo a estructurar proyectos que también le hagan sentido al organismo operador; si es así, se pudiera decir que la ganancia potencial es clara al tener menor probabilidad de paros por falta de agua o saturación de drenaje, mejor posición para obtener permisos y ampliaciones, y acceso a infraestructura cuya inversión se reparte entre recursos públicos (devolución de derechos) y capital privado.

La cuestión no es si la empresa recibe directamente el estímulo, sino si logra alinear esos recursos públicos con los proyectos que necesita para reducir riesgos en sus sitios críticos.

Una PTAR municipal ampliada que reciba también las descargas industriales, un colector que resuelva riesgos de inundación en un desarrollo, o el reforzamiento de la red que abastece un parque industrial son ejemplos de proyectos que pueden entrar en los portafolios de acciones de los organismos operadores financiados con devoluciones de derechos, siempre que estén bien planteados y priorizados.

Ahí es donde tiene sentido que participe un tercero especializado con la idea de ayudar a la empresa a identificar sus cuellos de botella de agua y saneamiento, traducirlos en proyectos elegibles dentro del marco PEAS/PRODDER/U001 y acompañar la conversación con el organismo operador para estructurar convenios, anexos técnicos y, en su caso, esquemas de coinversión o APP ligeras.

El objetivo no es que la empresa reciba el estímulo en su cuenta bancaria, sino obtener beneficios económicos concretos, en otras palabras, que tenga la certidumbre de menor riesgo de paros por falta de agua o saturación de drenaje, menos conflictos y condicionantes regulatorias y acceso a infraestructura que difícilmente podría financiar sola con recursos propios.

Tres pasos prácticos para aprovechar la ventana que abre el PEAS

Para no quedarse solo en el “radar regulatorio” y aprovechar la ventana que abre el PEAS, se pudieran considerar algunas sugerencias, por ubicación prioritaria (planta o desarrollo):

1. Ordenar información clave

a. Consumos de agua (volúmenes, fuentes), descargas (calidad, puntos de vertido) y pagos de derechos asociados.

b. Situación de títulos de concesión, permisos de descarga y condicionantes ambientales vigentes.

2. Mapear riesgos y oportunidades

a. Identificar sitios en cuencas o municipios con estrés hídrico alto o infraestructura limitada.

b. Detectar dónde una falla en suministro, drenaje o tratamiento pondría en riesgo continuidad operativa o valor del activo.

3. Diseñar un portafolio mínimo de proyectos de agua y saneamiento

a. Definir 2–4 proyectos por sitio (eficiencia, pretratamiento, reúso, participación en infraestructura local) que puedan ponerse sobre la mesa con el organismo operador.

b. Revisar su potencial alineación con instrumentos como el PEAS y programas estatales o municipales de agua.

Cómo podemos acompañarlos

En este contexto, el reto ya no es solo conocer los nuevos lineamientos, sino traducirlos en decisiones y proyectos concretos para cada organización. Ahí cobra sentido el trabajo de quienes acompañamos la agenda de agua desde la parte regulatoria, técnica y de planeación, ayudando a conectar lo que se publica en el Diario Oficial con las realidades específicas de cada planta, desarrollo o territorio.

Desde la trinchera de consultoría y acompañamiento, hay espacio para apoyar a organizaciones industriales y desarrolladores a leer el PEAS desde su realidad particular, ordenar sus datos de agua, revisar su posición regulatoria y diseñar portafolios de proyectos de agua y saneamiento que puedan dialogar con organismos operadores y aprovechar mejor los instrumentos disponibles.

Más que ofrecer una solución estándar, se trata de sentarse con cada actor a entender dónde está parado y qué ventana de oportunidad abre este nuevo marco para fortalecer su seguridad hídrica y su posición frente a la regulación.

Esperando que el presente sea de utilidad sin que represente una respuesta a consulta o pregunta alguna, con gusto quedamos atentos a la mejor consideración.

gcds_doc26-111.pdf

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