EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO: ENTRE LA RETÓRICA INTERNACIONAL Y LA REALIDAD DOMÉSTICA. Un análisis crítico rumbo a la COP30 en Brasil.

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INTRODUCCIÓN: LA CUMBRE DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EL EXAMEN DE MÉXICO

A días de la celebración de la COP30 en Belém, Brasil (10-21 de noviembre de 2025), la comunidad internacional se prepara para lo que los organizadores han denominado "la cumbre de la implementación": el momento de pasar de las promesas a la acción, de los compromisos firmados a las políticas ejecutadas, de las metas anunciadas a los resultados medibles.

Brasil, como anfitrión, ha fijado una agenda ambiciosa centrada en cuatro pilares fundamentales: movilizar USD 1.3 billones anuales en financiamiento climático hacia 2035 (acordado en COP29), presentar Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC 3.0) más ambiciosas para el período 2035, fortalecer estrategias de adaptación y resiliencia, y avanzar hacia la eliminación gradual de combustibles fósiles de manera coherente con el desarrollo sostenible. América Latina, como región, busca consolidar una "voz única" con compromisos concretos que combinen protección ambiental, justicia social y crecimiento económico.

En este contexto, México llega a la COP30 con una paradoja incómoda pero evidente: es una nación que firma compromisos internacionales con rapidez, pero que históricamente enfrenta rezagos sistemáticos en la traducción de esos compromisos en acciones y resultados domésticos concretos. Esta distancia entre el discurso y la práctica, entre los instrumentos jurídicos y los hechos verificables, se vuelve especialmente crítica en materia de emisiones atmosféricas y cambio climático, donde las decisiones de hoy definen la viabilidad del país en las próximas décadas.

México llega a 2025 frente a la nueva Conferencia de las Partes (COP30) en Belém, Brasil, con un discurso de acción climática que luce ordenado en el papel, pero fracturado en la realidad. El país mantiene un perfil internacional que presume compromiso con la mitigación, la adaptación y la justicia climática, pero los datos, las políticas y los presupuestos cuentan otra historia. La brecha entre el discurso y la acción es profunda, y la falta de coherencia institucional amenaza con transformar el cambio climático en un tema de retórica más que de transformación.

La antesala de Belém

La COP30 marca un punto simbólico, es una década desde el Acuerdo de París y un proceso global de revisión de metas nacionales (NDCs). México ha reiterado sus compromisos de reducir en 35% las emisiones de gases de efecto invernadero y en 51% las de carbono negro para 2030, condicionados a financiamiento internacional. Sin embargo, los inventarios más recientes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) muestran que las emisiones totales han crecido, principalmente en los sectores energético y transporte.

La política climática mexicana enfrenta hoy tres problemas estructurales: a. Falta de coordinación interinstitucional; b. Debilidad presupuestal y; c. Ausencia de métricas verificables.

Los avances declarados no se traducen en acciones efectivas y por otro lado, las instituciones carecen de capacidad técnica y política para exigir cumplimiento.

Las no-verdades del discurso climático

El discurso oficial descansa en varias premisas que, aunque políticamente útiles, no resisten la verificación técnica.

Primera no-verdad: “México cumple sus NDC.”

En realidad, el país no cuenta con un sistema de monitoreo ni de reporte integral que permita demostrar cumplimiento. Las cifras reportadas en los informes nacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se basan en proyecciones, no en mediciones independientes. Además, la proporción de energía proveniente de fuentes fósiles sigue siendo superior al 70%.

Segunda no-verdad: “La transición energética avanza.”

El presupuesto federal 2025 mantiene un incremento para Pemex y CFE, mientras los recursos destinados a transición energética y adaptación climática disminuyen. La apuesta sigue centrada en la soberanía energética basada en combustibles fósiles, no en una transición real hacia energías limpias. México carece de una Ley de Transición Energética vinculante que obligue a metas escalonadas y verificables.

Tercera no-verdad: “México lidera la acción climática en América Latina.”

El liderazgo se ejerce desde el discurso, no desde la implementación. Países como Chile, Colombia y Brasil cuentan ya con leyes marco de cambio climático y metas de reducción de emisiones legalmente obligatorias. México, en cambio, mantiene una Ley General de Cambio Climático (LGCC) que no ha sido reformada desde 2018 y que opera más como marco declarativo que como instrumento vinculante.

El presente análisis tiene la intención de poner un punto de partida repasando los antecedentes institucionales y técnicos, examinando el rol del gobierno federal y los gobiernos estatales; por otro lado, buscando reconocer el liderazgo emergente del sector privado, subrayando, tanto las omisiones estructurales como las oportunidades que siguen sobre la mesa. La referencia constante a organismos internacionales como el Banco Mundial, la GIZ (Cooperación Alemana) y el Foro Económico Mundial no es casual, es una invitación a abrir el horizonte y considerar soluciones, experiencias y exigencias globales que nos permitan abandonar la "firma sin ejecución" y avanzar en rutas de cumplimiento real.

Más que un ejercicio de crítica negativa, este texto pretende señalar los cuellos de botella institucionales, fiscales y políticos, y proponer espacios concretos donde la presión ciudadana, la acción multisectorial y la vigilancia informada pueden marcar una diferencia medible.

I. EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN MÉXICO: EL PROBLEMA QUE NO DESAPARECE

A. Qué son y por qué importan

Las emisiones atmosféricas son sustancias contaminantes liberadas al aire por fuentes naturales y antropogénicas (actividades humanas). En el contexto de México, las más relevantes para salud pública y cambio climático incluyen:

1. Gases de Efecto Invernadero (GEI): dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O), que aceleran el calentamiento global

2. Contaminantes criterio: dióxido de azufre (SO₂), óxidos de nitrógeno (NOₓ), material particulado (PM10, PM2.5), monóxido de carbono (CO), ozono (O₃)

3. Compuestos orgánicos volátiles (COV) y tóxicos del aire

Estos contaminantes impactan directamente la salud humana (enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer), degradan ecosistemas, reducen productividad agrícola y contribuyen al cambio climático global.

Datos de contexto:

1. México genera ~700 millones de toneladas de CO₂ equivalente anuales (inventario 2019, último completo)

2. 48.000 muertes prematuras anuales atribuibles a contaminación del aire (OCDE)

3. Costo económico estimado: 5% del PIB anual

B. Principales fuentes emisoras

1. Sector energético (>60% de emisiones GEI)

Generación eléctrica (CFE): uso creciente de combustóleo y diésel

Pemex: refinerías, producción y quema de gas

Transporte: vehículos privados, transporte público obsoleto

2. Industria manufacturera

Cemento, acero, química, petroquímica

Muchas plantas operan con tecnologías antiguas sin controles modernos

3. Agricultura y ganadería

Emisiones de metano (ganado), óxido nitroso (fertilizantes)

Quemas agrícolas

4. Residuos

Rellenos sanitarios sin captura de metano

Incineración inadecuada

II. EL LABERINTO INSTITUCIONAL: CUANDO MUCHAS COMPETENCIAS SIGNIFICAN NINGUNA

México cuenta con un marco institucional complejo para gestión de emisiones atmosféricas, pero la multiplicidad de actores ha resultado en dispersión de responsabilidades, vacíos de coordinación y, en última instancia, falta de resultados.

A. SEMARNAT: amplias facultades, limitada ejecución

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), como cabeza del sector ambiental, concentra amplias facultades normativas: expedición de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), integración del inventario de fuentes emisoras federales, y formulación de programas de reducción de emisiones.

La política climática mexicana no falla por falta de diagnósticos, sino por falta de ejecución, esto es, los programas sectoriales carecen de articulación y las decisiones presupuestales no están alineadas con los compromisos internacionales.

El principal problema es la fragmentación institucional. SEMARNAT, SENER, SHCP y Agricultura operan con agendas paralelas, sin mecanismos de coordinación que aseguren coherencia climática. Los programas de ordenamiento ecológico y territorial no incorporan escenarios climáticos ni instrumentos de evaluación de vulnerabilidad, no debiendo perder de vista la ausencia de transparencia y rendición de cuentas. El Presupuesto Federal clasifica como “gasto climático” una amplia gama de rubros que incluyen proyectos sin relación directa con la mitigación o la adaptación. No existe un sistema independiente de auditoría que permita verificar el uso de los recursos asignados al cambio climático.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado consistentemente que la dependencia "no ha gobernado el problema público" y que sus acciones no han logrado revertir las tendencias de deterioro de la calidad del aire. La SEMARNAT padece:

a. Presupuesto insuficiente y recortado año con año

b. Personal técnico reducido

c. Falta de coordinación interna entre subsecretarías

d. Datos fragmentados y desactualizados (último inventario completo: 2019)

B. PROFEPA: el inspector sin recursos

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es la autoridad encargada de vigilancia, inspección y sanción de fuentes emisoras. Pero enfrenta:

a. Subfinanciamiento crónico: no puede inspeccionar todas las fuentes reguladas

b. Rezago en resolución de denuncias ciudadanas

c. Sanciones irrisorias: el costo de cumplir con la normativa suele ser mayor que el costo de violar y pagar multas

Resultado: impunidad operativa para empresas contaminantes.

C. ASEA: creada para sector energético, operando con limitaciones

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) fue creada en 2015 para regular a Pemex y CFE, históricamente los mayores contaminadores del país. Sin embargo:

a. Competencia limitada: solo sector hidrocarburos y electricidad

b. Presiones políticas: dificultad para sancionar empresas estatales estratégicas

c. Recursos técnicos insuficientes para monitoreo continuo

D. Gobiernos estatales y municipales: heterogeneidad extrema

Las competencias en calidad del aire son concurrentes (federación, estados, municipios), lo que genera:

a. Duplicidad de funciones

b. Vacíos regulatorios en zonas de transición

c. Falta de armonización normativa

d. Capacidades técnicas muy dispares entre entidades

    El resultado: un sistema fragmentado donde nadie asume responsabilidad total y los problemas persisten.

III. NORMATIVIDAD OBSOLETA: 30 AÑOS SIN ACTUALIZACIÓN INTEGRAL

Una de las fallas estructurales más evidentes del sistema mexicano de gestión de emisiones es la antigüedad extrema de las principales Normas Oficiales Mexicanas (NOMs):

a. NOM-043-SEMARNAT-1993: Emisiones a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas (32 años sin revisión)

b. NOM-085-SEMARNAT-2011: Contaminantes atmosféricos de fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles (14 años)

c. NOM-097-SEMARNAT-1995: Contaminantes en incineración de residuos (30 años)

Estas normas establecen límites máximos permisibles que:

a. No reflejan el estado del arte tecnológico actual

b. Son menos estrictos que estándares internacionales (UE, EUA)

c. No consideran contaminantes emergentes ni nuevas categorías de fuentes

¿Por qué no se actualizan?

1. Falta de voluntad política y presión de lobbies industriales

2. SEMARNAT carece de recursos para estudios técnicos de soporte

3. Procesos burocráticos lentos (años entre propuesta y publicación)

IV. EL PAPEL DEL GOBIERNO FEDERAL: ENTRE LA RETÓRICA Y LA REGRESIÓN

A. Lo que el gobierno debería hacer (y no hace)

1. Diseñar y ejecutar política pública climática coherente

a. México firmó el Acuerdo de París en 2015 y presentó su primera Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) comprometiéndose a reducir 22% sus emisiones GEI para 2030 respecto a un escenario base. Sin embargo:

a.1 No existe plan de implementación con cronograma, presupuesto asignado ni responsables específicos

a.2 Los programas existentes (PECC - Programa Especial de Cambio Climático, ProAire) carecen de financiamiento suficiente

a.3 Al 5 de noviembre de 2025, México NO ha presentado su NDC 3.0 para el período 2035, a pesar de que la COP30 exige esta actualización

2. Fortalecer instituciones ambientales

a.         El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), creado en 2012 como órgano técnico especializado para investigación, análisis y asesoría en política ambiental, ha sido:

a.1       Marginado presupuestalmente (recortes año con año)

a.2       Reducido en personal técnico especializado

a.3       Excluido de decisiones estratégicas de política energética

SEMARNAT, por su parte, enfrenta lo que la ASF califica como "falta de gobernanza del problema público de calidad del aire".

3. Actualizar marco normativo

Como se mencionó, las NOMs tienen 30+ años sin revisión integral. El gobierno federal no ha priorizado la actualización técnica de estos instrumentos fundamentales, perpetuando estándares obsoletos que legitiman contaminación evitable.

B. Lo que el gobierno está haciendo mal: retrocesos activos

1. Política energética regresiva

El actual gobierno federal ha tomado decisiones que contradicen directamente los compromisos climáticos de México:

1.1 Incremento del uso de combustóleo en CFE: La Comisión Federal de Electricidad ha aumentado la quema de combustóleo (residuo petrolero altamente contaminante) para generación eléctrica, con el argumento de "soberanía energética" y reducción de costos. Esto incrementa drásticamente emisiones de SO₂, NOₓ y material particulado.

1.2 Freno a energías renovables: El gobierno ha obstaculizado permisos para nuevos proyectos de generación eléctrica privada basada en fuentes renovables (solar, eólica), argumentando protección de CFE. Resultado: estancamiento en la transición energética.

1.3 Pemex sin control efectivo: Petróleos Mexicanos opera refinerías con niveles de emisión altos, sin fiscalización efectiva ni inversión significativa en tecnologías de control. La construcción de la refinería Dos Bocas priorizó volumen de producción sobre eficiencia ambiental.

2. Desmantelamiento institucional

a. INECC marginado: reducción de capacidades técnicas justo cuando se necesita más investigación, modelado climático y evaluación de políticas

b. Falta de coordinación SEMARNAT-ASEA-PROFEPA: cada institución opera de manera aislada, sin estrategia unificada ni intercambio efectivo de información

3. Bajo presupuesto y falta de voluntad política

El presupuesto federal destinado a protección ambiental ha disminuido en términos reales durante los últimos sexenios. No hay inversión significativa en:

3.1 Monitoreo continuo de emisiones (estaciones de medición, laboratorios)

3.2 Programas de calidad del aire con financiamiento multianual

3.3 Actualización de inventarios de emisiones (el último completo es de 2019)

C. Ausencia de política pública ambiental efectiva

1. No hay plan nacional de reducción de emisiones con metas verificables

Aunque existen documentos programáticos (PECC, Estrategia Nacional de Cambio Climático), estos carecen de:

c.1.a Datos de monitoreo fragmentados entre múltiples sistemas (SINAICA, SICA, registros estatales) sin interoperabilidad

c.1.b No existen plataformas abiertas y accesibles para seguimiento ciudadano en tiempo real

D. El costo de la inacción gubernamental

1. Salud pública

48.000 muertes prematuras anuales atribuibles a contaminación del aire

Incremento en enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer

Costo económico estimado: 5% del PIB (OCDE)

2. Pérdida de competitividad internacional

1. Empresas mexicanas exportadoras enfrentan presión creciente de socios comerciales (UE, EUA) para certificar sus emisiones

2. Riesgo inminente de barreras comerciales (mecanismos de ajuste en frontera de carbono que la UE implementará)

3. Pérdida de inversión extranjera directa que exige criterios ESG (ambientales, sociales, de gobernanza)

3. Credibilidad internacional

México pierde voz y liderazgo en negociaciones climáticas regionales y globales

a. Financiamiento climático internacional disponible (Fondo Verde del Clima, GEF, CAF) no es aprovechado adecuadamente

b. Reputación dañada frente a países latinoamericanos que sí están presentando NDC actualizadas y ejecutando políticas coherentes

E. ¿Hay algo positivo? Reconocimiento limitado

No todo es negativo en el panorama gubernamental, aunque los aciertos son limitados en escala e impacto:

1. Algunos programas locales persisten

El Programa de Gestión de Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México (ProAire ZMVM) continúa operando, aunque con limitaciones presupuestales

Verificación vehicular obligatoria en varias entidades federativas

2. Discurso oficial reconoce el problema

La presidenta Claudia Sheinbaum, en sus primeros meses de gobierno, ha mencionado la importancia de la transición energética y la necesidad de atender el cambio climático

Sin embargo, hasta ahora el discurso no se ha traducido en acciones concretas, presupuesto asignado ni cambios en la política energética heredada

3. Marco legal existe

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley General de Cambio Climático están vigentes y proporcionan un marco jurídico sólido

El problema central no es ausencia de leyes, sino falta de aplicación efectiva, presupuesto insuficiente y voluntad política inconsistente

Punto sensible de falla

La política climática mexicana no falla por falta de diagnósticos, sino por falta de ejecución. Los programas sectoriales carecen de articulación, y las decisiones presupuestales no están alineadas con los compromisos internacionales.

El principal problema es la fragmentación institucional. SEMARNAT, SENER, SHCP y Agricultura operan con agendas paralelas, sin mecanismos de coordinación que aseguren coherencia climática. Los programas de ordenamiento ecológico y territorial no incorporan escenarios climáticos ni instrumentos de evaluación de vulnerabilidad.

Otro punto crítico es la ausencia de transparencia y rendición de cuentas. El Presupuesto Federal clasifica como “gasto climático” una amplia gama de rubros que incluyen proyectos sin relación directa con la mitigación o la adaptación. No existe un sistema independiente de auditoría que permita verificar el uso de los recursos asignados al cambio climático.

Finalmente, la dimensión social del cambio climático sigue siendo marginal. No se han desarrollado mecanismos efectivos de participación comunitaria ni de justicia climática local. Las comunidades más vulnerables como son las indígenas, rurales y costeras son las menos involucradas en la toma de decisiones y las más afectadas por los impactos.

V. INSTRUMENTOS FISCALES AMBIENTALES: ENTRE LA RECAUDACIÓN Y LA SIMULACIÓN

Una de las tendencias emergentes en México es la creación de impuestos ambientales estatales dirigidos a emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, su implementación refleja las mismas contradicciones que aquejan al sistema ambiental nacional: buenas intenciones en el papel, ejecución deficiente en la práctica.

A. El panorama actual de impuestos ambientales estatales

Al cierre de 2025, 18 de 32 entidades federativas han implementado algún tipo de impuesto verde, y al menos 11 estados gravan específicamente emisiones de GEI:

Estados con impuesto activo a emisiones GEI:

a. Zacatecas (pionero, 2017): $250 por tonelada de CO₂ equivalente

b. Querétaro: $580/tCO₂e (el más caro del país)

c. Yucatán: $290/tCO₂e

d. Guanajuato: $100/tCO₂e (con propuestas de aumento a $300)

e. Estado de México: $58/tCO₂e

f. Durango: 5 UMAs por tonelada

g. Ciudad de México: $58/tCO₂e (vigente desde enero 2025)

h. San Luis Potosí, Colima, Tamaulipas: recientemente aprobados o en proceso de implementación

Recaudación acumulada (2017-2023):

a. Impuestos al carbono: ~886 millones de pesos;

b. El total impuestos verdes (incluyendo otros conceptos): ~2,590 millones de pesos

B. El problema estructural: recaudación sin destino específico ni impacto medible

La proliferación de estos instrumentos fiscales parecería una señal positiva de acción subnacional ante la inercia federal. Sin embargo, un análisis más profundo revela serias deficiencias:

1. Falta de etiquetación y transparencia en el uso de recursos

a. En la mayoría de los estados, los recursos recaudados por impuestos ambientales ingresan al erario estatal general sin etiquetación específica para programas ambientales. Esto significa que:

b. Los fondos se destinan a gasto corriente o prioridades fiscales generales

c. No hay transparencia sobre qué proyectos ambientales (si alguno) se financian con estos recursos

Nuevo León, por ejemplo, recaudó más de 2,000 millones de pesos en impuestos verdes en 2023, pero la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana de Monterrey sigue en aumento.

Excepción parcial: Solo Guanajuato y Querétaro han etiquetado claramente parte de los recursos. Guanajuato destina fondos a reparación de daño ambiental, y Querétaro financia protección de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda.

En febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que SEMARNAT revisará el cobro y destino de estos impuestos estatales, reconociendo implícitamente el problema de opacidad y falta de impacto ambiental verificable.

2. Inconsistencia extrema en diseño y tarifas

a. No existe coordinación ni criterios técnicos uniformes entre estados. Las diferencias son abismales:

a.1 Tarifas varían desde $45 hasta $580 por tonelada de CO₂e (diferencia de 13 veces)

a.2 Umbrales de aplicación: algunos estados cobran desde 1 tonelada, otros desde 36 toneladas

Alcance: algunos gravan solo emisiones directas, otros incluyen indirectas

Mecanismos de compensación: pocos estados ofrecen alternativas (certificados de reducción, proyectos de captura)

Esta heterogeneidad genera:

1. Competencia fiscal desleal entre estados

2. Incentivos perversos (empresas relocalizan operaciones a estados con impuestos bajos o inexistentes)

3. Imposibilidad de evaluar impacto agregado a nivel nacional

3. Fines recaudatorios sin efecto ambiental demostrable

El problema fundamental es que no existe evaluación de impacto: ¿Se han reducido emisiones gracias a estos impuestos? ¿Cuántas toneladas de CO₂ se dejaron de emitir? ¿Qué tecnologías limpias se adoptaron como resultado?

En general, las empresas simplemente pagan el impuesto y continúan operando sin cambios, porque:

a. Las tarifas son suficientemente bajas para ser absorbidas como costo operativo

b. No hay incentivos positivos para reducir emisiones (excepciones: Querétaro con su "Sello Estatal de Bajas Emisiones")

c. La fiscalización es débil: no hay verificación independiente de las emisiones declaradas

C. Ventajas potenciales (cuando están bien diseñados)

A pesar de las fallas, los impuestos ambientales tienen potencial si se diseñan correctamente:

1. Generar incentivos reales para reducir emisiones

2. Etiquetación obligatoria de recursos

3. Evaluación rigurosa y transparencia

D. Las preguntas incómodas que nadie responde

1. ¿Por qué estados cobran impuesto ambiental pero no lo etiquetan?

a. Porque enfrentan déficit fiscal estructural y necesitan recursos para gasto corriente

b. Porque no tienen capacidad técnica para diseñar y ejecutar programas ambientales efectivos

c. Porque no hay presión ciudadana suficiente exigiendo transparencia

2. ¿Por qué tarifas tan dispares entre estados?

No hay coordinación federal ni lineamientos técnicos mínimos

Cada estado negocia tarifas con sectores empresariales locales (lobbies presionan para tarifas bajas)

Falta de estudios técnicos sobre "precio social del carbono" adecuado para México

3. ¿Por qué SEMARNAT no coordina o armoniza estos impuestos?

Constitucionalmente, los impuestos son facultad estatal (no federal)

SEMARNAT solo puede "revisar y recomendar" (como anunció Sheinbaum en febrero 2025), pero no imponer

Falta de liderazgo federal para construir consenso y estándares mínimos

E. Propuestas para que los impuestos ambientales funcionen

1. Coordinación federal-estatal obligatoria

SEMARNAT debe emitir lineamientos técnicos mínimos (tarifa base nacional, metodologías de cálculo, mecanismos de compensación)

Crear un "piso" nacional de precio al carbono que todos los estados respeten

2. Etiquetación obligatoria por ley

Reformar legislaciones estatales para especificar destino exclusivo de recursos recaudados

Transparencia: publicar trimestralmente proyectos ambientales financiados con estos impuestos

3. Evaluación de impacto rigurosa

Medir reducción real de emisiones atribuible al impuesto

Comparar tendencias antes/después de implementación

Estudios de terceros independientes (universidades, ONG) para validación

4. Integración con Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) federal

Varios estados ya prevén exenciones para empresas participantes del SCE federal (cuando entre en operación)

Armonizar impuestos estatales con el mercado de carbono nacional

El punto fino en todo esto es preguntarnos cómo garantizar que cumplan su propósito ambiental y no sean solo un gravamen adicional para las empresas sin beneficio público verificable. Sin etiquetación, evaluación ni coordinación, México tendrá 32 sistemas fiscales ambientales fragmentados, costosos de administrar e ineficaces para el objetivo que supuestamente persiguen.

VI. SECTOR PRIVADO: LIDERAZGO DONDE EL GOBIERNO FALLA

Si bien el panorama gubernamental presenta rezagos evidentes, existe un contrapunto constructivo que merece reconocimiento: el sector privado mexicano ha asumido liderazgo creciente en inversiones de energías limpias y reducción de emisiones, frecuentemente adelantándose o supliendo la inacción del Estado.

A. El contraste gobierno vs. sector privado

Gobierno federal:

Incrementa uso de combustóleo en CFE

Frena permisos para generación renovable privada

Reduce presupuesto a INECC y programas ambientales

No presenta NDC 3.0 actualizada

Sector privado:

Invierte recursos propios en paneles solares, parques eólicos, eficiencia energética

Obtiene certificaciones ambientales internacionales (ISO 14001, LEED, Carbon Disclosure Project)

Responde a presión de mercados globales y consumidores conscientes

Participa activamente en plataformas internacionales de acción climática

Reducción de emisiones como parte de estrategias ESG

Impacto y cifras relevantes

1.Aunque no existe un inventario público consolidado del impacto agregado de estas inversiones privadas, datos parciales indican:

1.a Inversión privada en energías renovables en México (2020-2024): superior a USD 10 mil millones

1.b Capacidad instalada de generación renovable privada: representa más del 25% del total nacional

1.c Empleos creados en sector de energías limpias: decenas de miles (técnicos, ingenieros, operadores)

1.d Reducción de emisiones lograda por sector privado: se estima en millones de toneladas de CO₂ equivalente (aunque falta consolidación oficial)

La paradoja y la lección

Esta dinámica privada genera una paradoja reveladora: mientras el Estado retrocede en compromisos climáticos y política energética, el sector productivo avanza por convicción propia, presión de mercados globales y visión de largo plazo.

La lección es clara: la transición energética y la reducción de emisiones son viables, rentables y escalables cuando existe voluntad, planeación estratégica y ejecución consistente. El sector privado lo está demostrando.

La pregunta incómoda es: si el sector privado puede hacerlo con recursos propios y sin apoyo gubernamental, ¿por qué el Estado no solo no ayuda, sino que obstaculiza?

Limitaciones y riesgos

No todo es perfecto en el liderazgo privado. Existen riesgos y limitaciones:

1. Desigualdad en capacidades

Grandes empresas pueden invertir en tecnologías limpias; pequeñas y medianas empresas (PYMEs) no tienen acceso a financiamiento ni conocimientos técnicos

2. Greenwashing

Algunas empresas anuncian compromisos ambiciosos pero sin verificación independiente ni transparencia en resultados

Falta de coordinación sectorial

Cada empresa actúa de manera aislada; no hay plataformas robustas de colaboración intersectorial para escalar soluciones

Dependencia de mercados externos

Muchas inversiones responden a exigencias de clientes internacionales, no a convicción doméstica

Si esa presión externa disminuye, el incentivo se podría reducir.

Propuesta: potenciar el liderazgo privado con política pública inteligente

El gobierno federal podría multiplicar el impacto del sector privado sin necesidad de grandes inversiones públicas, simplemente con:

1. Certidumbre regulatoria: garantizar que permisos de generación renovable no sean revocados arbitrariamente

2. Incentivos fiscales: deducciones aceleradas para inversiones en tecnologías limpias

3. Facilidades de financiamiento: líneas de crédito verde a tasas preferenciales (a través de banca de desarrollo)

4. Reconocimientos públicos: premios y certificaciones nacionales para empresas líderes en reducción de emisiones

Hasta ahora, el gobierno federal ha hecho lo contrario: obstaculizar, desincentivar y generar incertidumbre. El resultado es que México pierde oportunidades de crecimiento económico, generación de empleo y liderazgo regional que ya están siendo aprovechadas por países vecinos.

VII. CONCLUSIÓN: DE BELÉM A MÉXICO — QUÉ DEBEMOS EXIGIR POST-COP30

La COP30 en Belém no será el fin del camino, sino una estación más en la larga ruta hacia la descarbonización global y la adaptación al cambio climático. Para México, sin embargo, representa un momento crítico de evaluación: ¿seguirá siendo un país que firma compromisos pero no los ejecuta, o finalmente transitará de la retórica a la acción?

La pregunta incómoda: ¿Será México espectador o participante activo?

A días de la cumbre, México llega con un balance preocupante:

1. Sin NDC 3.0 presentada

2. Con una política energética que contradice sus compromisos climáticos

3. Con instituciones ambientales debilitadas y limitadas financieramente

4. Con impuestos ambientales estatales que no demuestran impacto

Pero también con un sector privado que avanza, experiencias comunitarias que funcionan, y oportunidades de financiamiento internacional sin aprovechar

Brasil, como anfitrión, ha posicionado esta COP como "la cumbre de la implementación": el momento de pasar de las palabras a los hechos, de las metas anunciadas a los resultados medibles. Si México toma esa premisa en serio, debe:

1. Presentar compromisos actualizados, ambiciosos y realistas en Belém

NDC 3.0 con metas claras para 2035

Plan de implementación con presupuesto y responsables

Mecanismos de seguimiento público

2. Aprovechar el financiamiento climático disponible

USD 1.3 billones anuales hacia 2035 es la meta global

México debe solicitar proyectos concretos (no solo asistir a conferencias)

3. Alinear política energética doméstica con compromisos internacionales

No se puede prometer reducción de emisiones mientras se incrementa el uso de combustóleo

Transición energética justa pero efectiva

4. Fortalecer instituciones y garantizar transparencia

INECC con presupuesto y autonomía

Datos públicos en tiempo real

Rendición de cuentas efectiva

La agenda post-COP30: vigilancia ciudadana y presión sectorial

La sociedad civil, el sector empresarial responsable, las universidades y los medios de comunicación deben asumir un rol activo de vigilancia:

Qué exigir trimestralmente:

Publicación de avances en NDC 3.0

Informe de proyectos de financiamiento climático gestionados

Actualización de inventarios de emisiones

Evaluación de impacto de impuestos ambientales estatales

Cumplimiento de metas de energías renovables

Qué presionar sectorialmente:

Empresas: transparencia en emisiones, metas verificables

Gobiernos estatales: etiquetación de impuestos verdes

Gobierno federal: presupuesto ambiental suficiente, actualización de NOMs

La paradoja final: recursos sin voluntad, voluntad sin recursos

México tiene todo lo necesario para ser líder regional en transición energética y acción climática:

Potencial renovable extraordinario (sol, viento, geotermia)

Talento técnico y científico de alto nivel

Sector privado dinámico y con capacidad de inversión

Experiencias comunitarias exitosas

Financiamiento internacional disponible

Lo único que falta es voluntad política y continuidad institucional. El cambio climático no respeta sexenios ni discursos; exige acción sostenida, medible y transparente durante décadas.

El costo de la inacción vs. el beneficio de la acción

Seguir posponiendo la acción climática tendrá costos catastróficos:

48.000 muertes prematuras anuales (que aumentarán)

5% del PIB en costos de salud y productividad (que crecerá)

Pérdida de competitividad internacional y barreras comerciales

Eventos climáticos extremos más frecuentes e intensos

Migración forzada por sequías e inundaciones

En contraste, actuar ahora genera beneficios múltiples:

Empleos en sectores de energía limpia y tecnología verde

Reducción de costos de salud pública

Mejora de calidad de vida en ciudades

Liderazgo regional y acceso a financiamiento internacional

Resiliencia ante eventos climáticos

De la falacia a la acción

México destaca por la rapidez con la que firma compromisos internacionales, pero enfrenta rezagos sistemáticos en la traducción de esos compromisos en acciones y resultados concretos. Esta distancia entre el discurso y la práctica, entre los instrumentos y los hechos, no es solo una cuestión de capacidad técnica o recursos económicos: es fundamentalmente una cuestión de voluntad política y decisión ética.

La COP30 en Belém será una oportunidad más para que México demuestre si está dispuesto a abandonar la "firma sin ejecución" y transitar hacia el cumplimiento real. La pregunta no es técnica: sabemos qué hacer, cómo hacerlo y con qué recursos. La pregunta es política: ¿tenemos la voluntad para hacerlo?

La respuesta a esa pregunta definirá no solo la credibilidad internacional de México, sino la viabilidad misma del país en las décadas por venir. El cambio climático no negocia, no espera, y no perdona la inacción.

De Belém a México, el camino es claro: de los compromisos a la acción, de la retórica a los resultados, de la simulación a la transformación real.

Principales fuentes consultadas

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2023.

Disponible en: https://www.gob.mx/inecc​

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Informe de Política Ambiental 2024.

Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat​

Climate Action Tracker 2024. Mexico Country Assessment.

Disponible en: https://climateactiontracker.org/countries/mexico​

Naciones Unidas (CMNUCC). Informe de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México (NDC Update 2024).

Disponible en: https://unfccc.int/NDCREG​

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Política Climática en América Latina: desafíos de gobernanza y financiamiento. 2023.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Adaptation Gap Report 2024.

Disponible en: https://www.unep.org

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2023. Disponible en: https://www.gob.mx/inecc

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Informe de Política Ambiental 2024. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat

Climate Action Tracker (2024). Mexico: Country Assessment. Disponible en: https://climateactiontracker.org/countries/mexico

Naciones Unidas (CMNUCC). Informe de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México (NDC Update 2024). Disponible en: https://unfccc.int/NDCREG

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Política Climática en América Latina: desafíos de gobernanza y financiamiento. 2023.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Adaptation Gap Report 2024. Disponible en: https://www.unep.org

El presente es la opinión del autor en relación con la información que se ha obtenido y analizado, no representa respuesta a pregunta, consulta o duda sobre alguno de los temas expuestos; cualquier duda o comentario, nos encontramos a la orden.

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