Los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y las obligaciones adquiridas por nuestro país en el contexto internacional, derivaron en la publicación de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en 2012 y su Reglamento en 2014, los cuales entre otras cuestiones, establecen la obligación para determinados sectores, de reportar los gases y compuestos de efecto invernadero (GCEI) a partir de cierto umbral (25,000 ton CO2e), lo que es plausible, pues para reducir su emisión es importante conocer tanto su origen como la cantidad generada, lo que el gobierno mexicano pretende hacer con el Registro Nacional de Emisiones (RENE).
Así, el Reglamento de la LGCC en materia de RENE (RLGCCRENE) establece que será a través de la presentación de la Cédula de Operación Anual (COA) donde los sujetos obligados reporten los GCEI que emiten, siendo el artículo 16 del Reglamento el que determina que los Establecimientos Sujetos a presentar Reporte de GCEI, deberán adjuntar a la información que presenten para su integración al Registro, un Dictamen de Verificación ; de igual forma, se prevé que las personas físicas o morales que hayan implementado proyectos o actividades que tengan como resultado la mitigación, reducción o absorción de GyCEI siempre que se hayan realizado en el territorio nacional, podrán solicitar la inscripción de dicha información en el Registro, previo Dictamen de Validación , en ambos casos el Dictamen debe ser emitido por un organismo acreditado y aprobado para tal efecto.
Si bien la obligación de presentar los referidos dictámenes, está prevista en el Reglamento, y la aprobación y acreditación están reguladas en otros ordenamientos, existen vacíos y contradicciones importantes que permiten cuestionar cómo dar cumplimiento a la obligación establecida en Ley.
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