México 2026: Ambiente, energía, salud y geopolítica en el año del retiro multilateral de Estados Unidos y la revisión del USMCA.

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Resumen ejecutivo

México enfrenta en 2026 un momento bisagra en su historia económica, ambiental y geopolítica. El retiro de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, incluyendo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) coincide con la revisión obligatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC/USMCA) prevista para julio de 2026 conforme al artículo 34.7 del propio tratado.

Este contexto dual coloca a México como el único socio norteamericano que mantiene compromisos multilaterales formales en materia climática, sanitaria y de cooperación internacional, al tiempo que lo expone a presiones bilaterales sin precedentes en la negociación comercial más importante de la región.

Las decisiones que el país tome en los próximos seis meses en materia ambiental, energética, sanitaria y geopolítica determinarán si aprovecha esta coyuntura para reposicionarse como plataforma competitiva de nearshoring de alto valor agregado, o si cede a presiones que erosionen su marco normativo y lo releguen a un papel subordinado en las cadenas de suministro norteamericanas.

La presente entrega busca analizar los cuatro ejes estratégicos en juego, identificar algunos riesgos y oportunidades jurídicas y poner a la atención un planteamiento de tres escenarios posibles para México a cierre de 2026.​

I. Introducción: El contexto dual de 2026

El 7 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos ordenó el retiro inmediato de su país de 66 organizaciones internacionales, tratados y acuerdos multilaterales, en lo que constituye el repliegue más amplio y abrupto del multilateralismo estadounidense en la historia moderna.

Entre las entidades abandonadas figuran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), con lo que se convierte Estados Unidos en el primer y único país en retirarse del tratado fundacional de 1992 que gobierna toda la cooperación climática global, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la Alianza Solar Internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su brazo regional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como decenas de foros en materia de derechos humanos, conservación, paz y desarrollo.​

Seis meses después de este anuncio, en julio de 2026, México, Estados Unidos y Canadá deberán celebrar la primera revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC/USMCA), conforme a lo dispuesto en el artículo 34.7 del propio acuerdo. Este mecanismo, establecido en el artículo 34.7, obliga a las tres partes a reunirse en la Comisión de Libre Comercio para evaluar la operación del tratado, considerar las recomendaciones presentadas por cada país y decidir sobre acciones apropiadas, incluida la extensión del acuerdo por otros 16 años (hasta 2042) o, en su defecto, la entrada en un régimen de revisiones anuales hasta su expiración en 2036.​

La coincidencia temporal de ambos eventos no es anecdótica, esto es, el retiro multilateral de Estados Unidos sin lugar a dudas, está señalando una estrategia de bilateralismo transaccional que busca maximizar el poder de negociación estadounidense en mesas bilaterales, sin los contrapesos que representaban los foros multilaterales donde México, Canadá y otros países podían construir coaliciones y apelar a estándares internacionales. Para México, esto significa que la revisión de 2026 ocurrirá en un escenario de mayor asimetría de poder, pero también de mayor diferenciación, esto es, México se convierte en el único país de Norteamérica que mantiene compromisos formales en el Acuerdo de París, en el sistema de Naciones Unidas en materia de salud y en la arquitectura multilateral de cooperación ambiental, energética y sanitaria.​

La tesis central del presente se enfoca al hecho de que México enfrenta una ventana de oportunidad histórica y además breve, para reposicionarse estratégicamente como socio confiable, verde y normativamente alineado con estándares internacionales en un momento en que Estados Unidos abandona esos mismos estándares.

No obstante, nos estaremos enfrentando a lo que  pudiera ser una problemática, esto es, el aprovechar la ventana que se menciona, hace necesario que México defienda su marco normativo estratégico (leyes ambientales, regulación energética de transición, normas de inocuidad alimentaria y sanitaria) en la negociación de julio de 2026, en lugar de ceder a presiones para relajar esas normas bajo el argumento de "competitividad" o "reducción de costos" del nearshoring, lo que en realidad se ve cuesta arriba, por no decir complejo.

A continuación, en las secciones siguientes, daremos un vistazo a los cuatro ejes en los que se jugará esta partida: ambiente y clima, energía, salud, y geopolítica comercial.

II. Eje ambiental y climático: entre el liderazgo regional y el contagio de la agenda fósil

            a. Marco normativo y situación de partida en México

México cuenta con un marco jurídico formal robusto en materia de cambio climático. La Ley General de Cambio Climático, vigente desde 2012 y reformada en múltiples ocasiones, establece objetivos de reducción de emisiones, sistemas de monitoreo, reporte y verificación, y mecanismos de coordinación institucional. En noviembre de 2022, México presentó su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) actualizada, comprometiéndose a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 35% de manera incondicional y en 40% de manera condicionada (sujeto a apoyo internacional) para 2030, en comparación con un escenario tendencial. En noviembre de 2025, en el marco de la COP30, México presentó una nueva NDC que establece por primera vez un techo absoluto de emisiones para 2035 (364–404 MtCO₂e de manera incondicional y 332–363 MtCO₂e con apoyo internacional, lo que representa una reducción estimada de más del 50% respecto del escenario tendencial.​

Así mismo, en 2025 el gobierno mexicano publicó el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2025–2030, que establece líneas de acción en materia de conservación, gestión de residuos, calidad del aire y del agua, y transición hacia una economía baja en carbono en donde la calificación de Climate Action Tracker para las políticas climáticas de México es "insuficiente" ("Insufficient"), señalando que las políticas reales implementadas, particularmente en el sector energético están desalineadas de los compromisos formales y que, de mantenerse la trayectoria actual, México no cumplirá sus objetivos de reducción de emisiones ni su meta de neutralidad de carbono para 2050.

El mismo reporte señala que la NDC actualizada de 2022, si bien incrementó el porcentaje de reducción nominal, en realidad permitiría mayores emisiones absolutas en 2030 que la NDC original de 2016, debido al uso de una línea base tendencial más alta. Las causas principales de esta brecha entre compromiso y realidad, es sin duda, lo que estás pensando, la priorización de hidrocarburos (Pemex, refinerías), la continuidad de la deforestación en el sureste y la falta de inversión en infraestructura de energía limpia y eficiencia hídrica a escala necesaria.​

            b. El catalizador: retiro de Estados Unidos de la arquitectura climática multilateral

El 7 de enero de 2026, Estados Unidos formalizó su retiro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), convirtiéndose en el primer y único país en abandonar el tratado fundacional de 1992. Este retiro implica que Estados Unidos ya no participará en las Conferencias de las Partes (COP), no presentará NDC, no formará parte del Acuerdo de París (del cual también se retiró formalmente) y no contribuirá ni participará en los mecanismos de financiamiento climático multilateral; al mismo tiempo, el Gobierno de los vecinos del Norte, se retiró del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), de la Alianza Solar Internacional, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y de múltiples agencias y programas de Naciones Unidas en materia ambiental.​

Este repliegue no es meramente simbólico, tiene mayor trascendencia, elimina la participación estadounidense en la construcción de consensos técnicos y científicos sobre cambio climático, en la definición de estándares de medición y reporte de emisiones, en la coordinación regional de políticas de adaptación y mitigación, y en el financiamiento de proyectos de transición energética en países en desarrollo; por lo que se refiere a la región de Norteamérica, significa que México queda como la única voz en los foros multilaterales climáticos, lo que le debería dar protagonismo diplomático pero también lo expone a mayores responsabilidades y escrutinio internacional.​

            c. Implicaciones jurídicas y estratégicas para México en 2026

El retiro de Estados Unidos de la arquitectura climática multilateral genera para México un escenario de oportunidades y riesgos simultáneos:

            1.  Oportunidad diplomática y de diferenciación.

México puede posicionarse como líder regional en negociaciones climáticas, construir alianzas estratégicas con la Unión Europea, América Latina, Asia y África, y capturar inversión de empresas que buscan descarbonizar sus cadenas de suministro y que prefieren proveedores con compromisos climáticos formales y alineación con el Acuerdo de París.

En sectores como manufactura automotriz, electrónica, farmacéutica y alimentos, la "huella de carbono" de la cadena de suministro se está convirtiendo en criterio de compra y en requisito regulatorio en mercados como la Unión Europea (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, CBAM) y en esquemas voluntarios de certificación.

México, al mantener sus compromisos climáticos y su marco legal en la materia, puede ofrecer al sector empresarial una plataforma de nearshoring "verde", diferenciada de Estados Unidos, no obstante, lo que predomina en la actualidad, no es precisamente la posibilidad de ofrecer algo.

            2.  Riesgo de contagio normativo en la revisión de USMCA.

En éste próximo julio, es posible que, en la mesa de negociación, Estados Unidos pudiera o quisiera, tal vez,  presionar a México para que relaje sus estándares ambientales, por ejemplo en el caso de la evaluación de impacto ambiental, zonificación forestal, límites de emisiones industriales, regulación de sustancias peligrosas, bajo el argumento de que esas normas representan "barreras" a la competitividad del nearshoring o generan "costos regulatorios" que encarecen la manufactura en México frente a Estados Unidos.

Lo que es claro es que los Estados Unidos, fuera de los foros multilaterales donde México podía apelar a estándares internacionales para defender sus regulaciones, tiene ahora mayor margen de maniobra para ejercer presión bilateral y amenazar con aranceles, revisiones anuales del tratado o exclusión de sectores específicos si México no cede.​

            3.  Paradoja del nearshoring verde.

Existe una tensión estructural entre la oportunidad de captar inversión verde y la realidad de la infraestructura energética mexicana, no hay duda, que seguimos siendo mayormente fósil (más del 70% de la generación eléctrica proviene de gas natural, carbón y combustóleo). Empresas que buscan descarbonizar sus operaciones necesitan electricidad limpia y de calidad, agua de calidad controlada, gestión eficiente de residuos y logística baja en carbono; si México no invierte aceleradamente ni de ningún otra forma en esa infraestructura, la diferenciación normativa quedará como mero discurso sin capacidad real de capturar el nearshoring de alto valor.​

            4.  Se podría hablar, en la condiciones actuales, de una recomendación estratégica.

México debe defender y fortalecer su marco normativo ambiental en la revisión de USMCA 2026, lejos de debilitarlo; el ceder en estándares ambientales, bajo presión estadounidense, destruiría la principal ventaja competitiva de México frente a un Estados Unidos que ha abandonado compromisos climáticos multilaterales; al mismo tiempo México debería acelerar la inversión pública y privada en infraestructura verde (energía renovable distribuida, eficiencia hídrica, gestión de residuos, transporte bajo en carbono) para sustentar materialmente esa diferenciación.

La ventana de oportunidad es breve o pequeña, si para 2027–2028 México no ha demostrado capacidad real de ofrecer infraestructura verde a escala, la inversión de alto valor migrará a otras regiones (sureste asiático, Europa del este) donde si están trabajando sobre el particular, esto es, están construyendo esas capacidades.​

III. Eje energético: soberanía estatal vs. presiones del nearshoring

            a. Marco normativo y situación de partida en México

En marzo de 2025, el gobierno de México promulgó un paquete de ocho nuevas leyes en materia energética que reconfiguran profundamente los sectores eléctrico y de hidrocarburos. Las reformas convierten a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de "empresas productivas del Estado" a "empresas de propiedad del Estado con misión social", lo que les otorga mayor flexibilidad operativa, presupuestal, de adquisiciones y de gestión de activos.

Se crea la Comisión Nacional de Energía (CNE), que absorbe funciones regulatorias de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), concentrando capacidades de regulación en electricidad e hidrocarburos bajo una sola autoridad.​

En el sector eléctrico, la reforma establece que CFE debe mantener una participación mínima del 54% de la energía inyectada a la red nacional, redefiniendo los esquemas de participación privada en generación como es el autoconsumo aislado, autoconsumo interconectado (con venta de excedentes exclusivamente a CFE bajo metodologías definidas por CNE) y esquemas de "producción de largo plazo" en los que privados construyen plantas y venden la totalidad de la energía a CFE bajo contratos de largo plazo, con derecho preferente de CFE a adquirir el activo al final del contrato sin costo.​

En hidrocarburos, la exploración y extracción se realizarán prioritariamente por Pemex a través de asignaciones directas de la Secretaría de Energía (SENER), en dos modalidades: "autodesarrollo" (Pemex solo, con recursos propios) y "desarrollo mixto" (Pemex con participación de terceros en acuerdos mixtos, manteniendo Pemex al menos 40% de interés). Los contratos privados de exploración y extracción siguen siendo posibles, pero quedan subordinados al rol prioritario de Pemex.​

Como es del dominio público, el marco energético mexicano actual se caracteriza, por un modelo de control estatal reforzado, con una posible y discreta participación privada pero acotada y bajo términos definidos unilateralmente por el Estado. El discurso oficial habla de "transición energética bajo conducción del Estado", pero la realidad operativa es que más del 70% de la capacidad de generación eléctrica sigue siendo de origen fósil y Pemex continúa siendo el eje de la política hidrocarburífera nacional, con inversiones prioritarias en refinerías y exploración de yacimientos convencionales, sin perder de vista que, por demás interesante, algunos nuevos invitados han aparecido al escenario.

            b. El catalizador: Estados Unidos consolida política de soberanía fósil

El retiro de Estados Unidos de IRENA, de la Alianza Solar Internacional y de múltiples foros multilaterales de energía renovable, señala una consolidación de la política energética estadounidense en torno a hidrocarburos, carbón y energía nuclear, bajo el concepto de "soberanía energética".

Estados Unidos deja de participar en la construcción de consensos técnicos sobre estándares de energía renovable, en programas de asistencia técnica para transición energética en países en desarrollo y en mecanismos de financiamiento multilateral de proyectos de energía limpia.​

Para la relación energética bilateral México–Estados Unidos, se pueden identificar algunas implicaciones directas como es el hecho de que Estados Unidos ya no estará presente en foros donde México podía justificar su regulación energética (por ejemplo, esquemas de despacho preferente de energía limpia, requisitos de contenido renovable, subsidios a eficiencia energética) apelando a compromisos internacionales compartidos o a estándares técnicos multilaterales.

Estados Unidos, fuera de esos espacios, puede ahora presionar de manera bilateral y sin contrapesos para que México abra más su mercado a empresas fósiles estadounidenses, elimine restricciones que favorezcan a CFE o a generación renovable, y simplifique trámites ambientales para proyectos de hidrocarburos.​

            c. Implicaciones jurídicas y estratégicas para México en 2026

Presión en el proceso del USMCA 2026 para mayor acceso de empresas fósiles de EU.

Todo parecería ser que en la revisión de julio, Estados Unidos podría estar exigiendo modificaciones al marco regulatorio mexicano que limiten la capacidad de CFE de mantener su cuota de 54%, que faciliten el acceso de empresas estadounidenses de hidrocarburos a licitaciones y asignaciones de Pemex o que eliminen restricciones administrativas que retrasen permisos de exploración y producción para empresas privadas.

Estados Unidos puede argumentar que el modelo mexicano de "control estatal" viola principios de trato nacional y acceso a mercados del propio USMCA (capítulo 14, energía), y amenazar con activar mecanismos de solución de controversias, imponer aranceles compensatorios o condicionar la extensión del tratado a cambios regulatorios específicos en energía.​

Riesgo de alineación forzada con agenda fósil de EU.

Para evitar una ruptura o un deterioro severo de la relación comercial, México podría verse tentado a ceder terreno en su autonomía energética, ya sea relajando la cuota de CFE, ampliando el espacio para contratos privados en exploración sin participación de Pemex, reduciendo requisitos ambientales para permisos de proyectos de hidrocarburos, o limitando la regulación de CNE que favorezca energía renovable; de manera incuestionable, esta cesión destruiría la capacidad de México de cumplir sus compromisos climáticos (NDC, neutralidad de carbono 2050) y lo alinearía con la agenda fósil de Estados Unidos, perdiendo diferenciación frente a mercados que exigen descarbonización de cadenas de suministro.​

Oportunidad de diferenciación verde.

En este orden de ideas, en el caso de que México pudiera lograr defender su marco regulatorio energético en la mesa de USMCA, manteniendo el rol de CFE en la transición, conservando capacidad de regulación de CNE para promover energía limpia, y protegiendo esquemas de autoconsumo renovable para industrias, posiblemente se pudiera posicionar como una atractiva plataforma de nearshoring con acceso a energía limpia competitiva, diferenciándose de una manufactura 100% fósil en Estados Unidos; ahora bien, para que esta diferenciación sea creíble, México debe acelerar la inversión en generación distribuida renovable (solar, eólica, bioenergía), en infraestructura de almacenamiento y transmisión, y en eficiencia energética industrial; como ya lo hemos expresado, a manera de pregunta: Estará el Gobierno en posibilidad de hacer lo que es necesario?, o tal vez, aún peor, habrá capacidad para intentar hacer algo?

El Plan de Fortalecimiento y Ampliación del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030, que contempla la adición de 29,000 MW de capacidad con participación privada en la transición energética, es un instrumento clave para sustentar esa narrativa, pero su ejecución efectiva será determinante; en donde nos encontramos respecto a ese plan?

Desafío clave: tensión entre control estatal y atracción de inversión verde.

El modelo mexicano actual genera incertidumbre a los inversionistas en general y a los privados de energía renovable, en particular debido a la preferencia estructural por CFE, a la discrecionalidad de CNE en metodologías de compensación de excedentes y a la falta de claridad sobre el tratamiento fiscal y regulatorio de proyectos de largo plazo.

En el caso de que al Gobierno mexicano no quiera o no pueda resolver esta tensión a través de ofrecimientos de seguridad jurídica y rentabilidad razonable a inversionistas privados de energía limpia, dentro de un marco donde CFE siga siendo el actor principal, la inversión en infraestructura verde no llegará a la escala necesaria para sustentar el nearshoring de alto valor.​

Como se podría desarrollar una recomendación estratégica.

México debe negociar en USMCA 2026 defendiendo su capacidad de regulación energética (incluido el rol de CFE y CNE) y rechazando exigencias que lo obliguen a abrir indiscriminadamente el mercado a empresas fósiles de EU o a eliminar instrumentos de promoción de energía limpia; al mismo tiempo, debería acelerar la implementación del Plan 2025–2030 de ampliación del sistema eléctrico, invertir en infraestructura de transmisión y almacenamiento y clarificar los esquemas de participación privada en generación renovable para reducir incertidumbre y atraer capital.

La diferenciación energética de México frente a EU es posible, pero solo si se construye capacidad real de generación limpia a escala industrial.​

IV. Eje sanitario: sistemas de salud bajo presión y sin respaldo multilateral de Estados Unidos

            a. Marco normativo y situación de partida en México

En materia de salud pública y sistemas sanitarios, México enfrenta brechas estructurales desde ya hace tiempo como son la insuficiencia de financiamiento (gasto en salud per cápita significativamente inferior al promedio OCDE), fragmentación institucional (múltiples subsistemas sin coordinación efectiva como son el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Pemex, SEDENA, etc.), déficit de infraestructura (hospitales, equipamiento, insumos), escasez de personal médico y de enfermería y debilidades en sistemas de vigilancia epidemiológica y control sanitario.​

En 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el gobierno de México acordaron un Plan de Cooperación 2026–2031, que reconoce explícitamente estas brechas y establece líneas de acción en fortalecimiento de sistemas de salud, atención primaria, salud mental, prevención de enfermedades no transmisibles, vigilancia epidemiológica y gestión de emergencias sanitarias.

El Paquete Económico 2026 del gobierno mexicano contempla incrementos nominales en el gasto en salud, particularmente para el programa IMSS-Bienestar, existiendo diversas dudas y cuestionamientos sobre la capacidad efectiva de ejecución de esos recursos y sobre si el incremento nominal compensa la inflación y el crecimiento poblacional.​

De manera paralela, existe un nexo crítico entre salud y ambiente: la calidad del aire (contaminación atmosférica en zonas metropolitanas), la calidad y disponibilidad del agua (estrés hídrico, contaminación de acuíferos, acceso desigual a agua potable), y los efectos del cambio climático (ondas de calor, eventos climáticos extremos, expansión de vectores de enfermedades) son multiplicadores de carga de enfermedad y de presión sobre sistemas de salud ya de por si frágiles y poco eficientes.

            b. El catalizador: Estados Unidos sale de OMS/OPS y agencias de salud de la ONU

El retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) elimina al principal contribuyente financiero y técnico de ambas instituciones. Estados Unidos también se retiró del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de múltiples agencias especializadas de la ONU en materia de salud materno-infantil, salud sexual y reproductiva, y violencia sexual en conflictos. Este repliegue reduce drásticamente la capacidad financiera de OPS para apoyar programas nacionales de salud en América Latina y el Caribe, debilita los sistemas regionales de vigilancia epidemiológica y de respuesta a emergencias sanitarias (como pandemias o brotes de enfermedades transmisibles), y elimina la participación de Estados Unidos en la construcción de consensos técnicos y científicos sobre estándares de salud pública, inocuidad alimentaria, regulación de medicamentos y dispositivos médicos.​

Para México, esto significa un gran problema si se considera que el Plan de Cooperación OPS–México 2026–2031 arranca con un déficit financiero y técnico severo, justo en el momento en que el sistema de salud mexicano necesita mayor respaldo internacional.​

            c. Implicaciones jurídicas y estratégicas para México en 2026

Menor respaldo financiero y técnico para el sistema de salud mexicano.

La salida de Estados Unidos de OMS/OPS reduce la capacidad de OPS de financiar proyectos de fortalecimiento de sistemas de salud en México (infraestructura, capacitación de personal, sistemas de información, vigilancia epidemiológica), justo cuando el Plan 2026–2031 contempla avances en esas áreas; todo parecería ser que necesariamente México deberá buscar fuentes alternativas de financiamiento y cooperación técnica (Unión Europea, Canadá, organismos multilaterales no estadounidenses, cooperación sur-sur), pero en el entendido que esas fuentes no van a compensar plenamente el vacío dejado por Estados Unidos.​

Presión migratoria y fronteriza unilateral. 

Estados Unidos, fuera de los foros multilaterales de salud, puede endurecer de manera unilateral sus exigencias a México en materia de salud fronteriza: vigilancia y control de enfermedades transmisibles, regulación de movimiento de personas en contexto de brotes epidémicos, control de tráfico de fentanilo y otras sustancias, y certificación sanitaria de productos (alimentos, medicamentos, dispositivos médicos) que ingresan a Estados Unidos desde México. Sin el contrapeso de estándares técnicos multilaterales de OMS/OPS, Estados Unidos puede imponer criterios discrecionales y usarlos como herramienta de presión bilateral en la revisión de USMCA 2026.​

Pérdida de coordinación regional en nexo salud–ambiente–clima.

Como se están presentando las cosas, parecería, que México queda como único participante norteamericano en foros multilaterales que vinculan cambio climático, contaminación del aire y del agua, y salud pública (por ejemplo, programas de OMS sobre salud y cambio climático, iniciativas de la ONU sobre calidad del aire). Estados Unidos no participará en esas discusiones, lo que debilita la capacidad de construir políticas regionales coordinadas para enfrentar los efectos sanitarios del cambio climático (olas de calor, eventos extremos, expansión de vectores de enfermedades como dengue, malaria, Zika).​

Oportunidad limitada de liderazgo regional. 

Si la política, el estilo y otras cosas más lo permiten, México puede intentar posicionarse como líder regional en salud pública, construyendo alianzas con otros países de América Latina, con la Unión Europea, con Canadá y con organismos multilaterales no estadounidenses, para suplir parcialmente el vacío dejado por Estados Unidos en OPS, pero hay un pequeño detalle, esta opción requiere capacidad institucional y un poco más que lamentablemente hoy no hay en México, contando con Cofepris (regulación sanitaria), sistemas de vigilancia epidemiológica de Secretaría de Salud, infraestructura de laboratorios de referencia y capacidad de respuesta rápida a emergencias sanitarias que necesariamente necesitan inversión y fortalecimiento significativo para que México pueda asumir un rol de liderazgo creíble.​

Cual se podría presentar como una recomendación estratégica 

Desde luego, es imperativo y necesario el fortalecer marco regulatorio sanitario como activo competitivo. En un contexto de nearshoring, la confiabilidad del marco regulatorio sanitario de México (inocuidad alimentaria, regulación de medicamentos y dispositivos médicos, control de calidad industrial) se convierte en un activo competitivo clave para atraer inversión en sectores de alto valor: farmacéutico, dispositivos médicos, alimentos procesados, biotecnología; digamos, en caso de que hubiera las capacidades para que el Gobierno de México fortalezca a COFEPRIS, actualiza y hace cumplir las Normas Oficiales Mexicanas en materia sanitaria (NOM-251-SSA1 sobre prácticas de higiene en alimentos, NOM sobre medicamentos, NOM sobre dispositivos médicos), y construye sistemas de trazabilidad y certificación confiables, puede diferenciarse frente a un Estados Unidos que ha abandonado foros multilaterales de estándares sanitarios y que podría eventualmente relajar sus propios estándares bajo presión de desregulación interna, siendo esta diferenciación especialmente valiosa para cadenas de suministro destinadas a mercados que exigen certificación y trazabilidad estricta (Unión Europea, Japón, Australia).​

V. Eje geopolítico: USMCA 2026 en un contexto de retiro multilateral masivo

            a. Marco jurídico y situación de partida

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC/USMCA) entró en vigor el 1 de julio de 2020, sustituyendo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN/NAFTA). El artículo 34.7 del tratado establece que el acuerdo expirará 16 años después de su entrada en vigor (es decir, el 1 de julio de 2036), a menos que las tres partes confirmen su deseo de continuar el tratado por un nuevo periodo de 16 años. Para facilitar esa decisión, el artículo 34.7 obliga a las partes a realizar una "revisión conjunta" en el sexto aniversario de la entrada en vigor (1 de julio de 2026), en la cual la Comisión de Libre Comercio (integrada por los tres gobiernos) evaluará la operación del tratado, revisará las recomendaciones de acción presentadas por cada parte, y decidirá sobre acciones apropiadas.​

Si las tres partes confirman por escrito, a través de sus jefes de gobierno, su deseo de extender el tratado por otros 16 años, el término se extiende automáticamente hasta 2042 y se programará una nueva revisión conjunta al final del siguiente periodo de seis años (2032). Si una o más partes no confirman su deseo de extender el tratado en la revisión de 2026, la Comisión deberá reunirse para realizar revisiones conjuntas anuales por el resto del término del tratado (hasta 2036). Durante cualquiera de esas revisiones anuales, las partes pueden confirmar su deseo de extender el tratado, lo cual lo extendería por 16 años adicionales a partir de ese momento.​

El texto del artículo 34.7 no especifica criterios explícitos para evaluar o priorizar las recomendaciones de las partes, ni establece qué tipo de propuestas califican como parte de la revisión y cuáles constituirían una renegociación sustantiva que requeriría procedimientos adicionales (artículo 34.3). Esta ambigüedad deja abierta la puerta a que cualquiera de las partes utilice la revisión de 2026 como palanca para exigir cambios regulatorios, apertura de sectores, modificaciones de políticas públicas, o concesiones en temas no comerciales (migración, seguridad, medio ambiente, energía), bajo la amenaza de no confirmar la extensión del tratado y forzar revisiones anuales o incluso retirarse del acuerdo.​

México es hoy el principal socio comercial de Estados Unidos (superando a China), y el nearshoring hacia México, que ha estado siendo impulsado por tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, por la necesidad de acortar cadenas de suministro post-pandemia, y por ventajas de proximidad geográfica y costos laborales, se ha consolidado como tendencia estructural, persistiendo fricciones en múltiples áreas: energía (disputas sobre despacho eléctrico, acceso de empresas privadas estadounidenses al mercado mexicano), laboral (cumplimiento de estándares laborales en plantas mexicanas, libertad sindical), ambiental (cumplimiento de normas de impacto ambiental, protección de especies en peligro), migración (flujos migratorios irregulares, políticas de asilo), seguridad (tráfico de fentanilo, operaciones de cárteles), e inversión china (plantas automotrices y de tecnología con capital chino establecidas o proyectadas en México para acceder al mercado estadounidense a través de USMCA).​

            b. El catalizador: bilateralismo transaccional sobre multilateralismo

El retiro de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales señala una estrategia de política exterior centrada en el bilateralismo transaccional, es decir, negociaciones directas, país por país, sin contrapesos multilaterales, maximizando el poder de negociación estadounidense en mesas bilaterales donde la asimetría de poder es mayor. Al abandonar foros de la ONU, OEA, organismos climáticos, de salud, de derechos humanos, de paz y de desarrollo, Estados Unidos elimina los espacios en los que México, Canadá y otros países podían construir coaliciones, apelar a estándares técnicos internacionales para defender sus regulaciones nacionales y utilizar mecanismos multilaterales de solución de controversias o de presión normativa.​

Ahora con la revisión de USMCA 2026, sin duda, México enfrenta una negociación en la que Estados Unidos tiene mayor margen de maniobra para exigir concesiones en áreas que antes podían ser defendidas apelando a compromisos multilaterales compartidos (por ejemplo, México podía justificar su regulación ambiental o energética argumentando que cumple compromisos del Acuerdo de París o de UNFCCC; ahora, Estados Unidos está fuera de esos acuerdos y puede exigir que México relaje esas regulaciones sin que exista un árbitro multilateral común).​

            c. Implicaciones jurídicas y estratégicas para México en 2026

Estados Unidos usará el USMCA 2026 como palanca multitemática. 

En la revisión de julio, es posible que Estados Unidos pueda/quiera vincular la confirmación de extensión del tratado a concesiones mexicanas en múltiples frentes simultáneamente:

a.  Migración y seguridad: exigir que México acepte políticas de "tercer país seguro", amplíe cooperación en interdicción de migrantes irregulares, intensifique operaciones contra cárteles de fentanilo, y permita mayor presencia de agencias de seguridad estadounidenses en territorio mexicano, bajo amenaza de no extender USMCA o de imponer aranceles "por razones de seguridad nacional" (invocando sección 232 de la ley comercial estadounidense).​

b.  Energía: exigir que México modifique su marco regulatorio energético para ampliar el acceso de empresas estadounidenses (fósiles y renovables) al mercado mexicano, reduzca la cuota de CFE, elimine restricciones administrativas a proyectos de hidrocarburos privados, y relaje requisitos ambientales para permisos de exploración y generación eléctrica.​

c.  Inversión china: exigir que México limite o excluya inversión china en sectores estratégicos (automotriz, semiconductores, telecomunicaciones, infraestructura), bajo el argumento de que plantas chinas en México que exportan a Estados Unidos bajo USMCA violan el "espíritu" del tratado de integración norteamericana y representan riesgos de seguridad nacional; Estados Unidos puede amenazar con imponer aranceles de 100% a productos de esas plantas o con excluir sectores completos de USMCA si México no actúa.​

d.  Normas ambientales, laborales y sanitarias: exigir que México relaje regulaciones que Estados Unidos considere "barreras no arancelarias" al comercio o que encarezcan la manufactura en México frente a Estados Unidos (por ejemplo, evaluaciones de impacto ambiental, permisos de uso de suelo, requisitos de contenido local, estándares laborales en plantas, certificaciones de inocuidad), argumentando que esas normas distorsionan la competencia y desvían inversión hacia México en lugar de hacia Estados Unidos.​

México sin respaldo multilateral de Estados Unidos. 

Antes del retiro de EU de 66 organizaciones, México podía defender sus regulaciones en múltiples frentes apelando a compromisos multilaterales compartidos con Estados Unidos (Acuerdo de París, OMS, OIT, Convención de Ramsar sobre humedales, etc.), o construyendo coaliciones con otros países en foros de la ONU, OEA u otros organismos para presionar a Estados Unidos o para establecer estándares técnicos que después servían como referencia en negociaciones bilaterales.

Ahora, esos espacios ya no existen para México como herramienta de negociación con Estados Unidos, porque Estados Unidos está fuera de ellos. La negociación del USMCA en este 2026, se reduce a una mesa bilateral (trilateral, si se incluye a Canadá, pero con intereses no siempre alineados entre México y Canadá) donde la asimetría de poder económico y comercial entre Estados Unidos y México juega, como por lo general ha sido, sin contrapesos multilaterales.​

Oportunidad de reposicionamiento estratégico frente a terceros mercados.

 El hecho de que México mantenga sus compromisos multilaterales (Acuerdo de París, OMS, OIT, Convenio de Diversidad Biológica, etc.), le otorga una ventaja competitiva frente a mercados y empresas que valoran esa alineación normativa, mientras Estados Unidos los abandona:​

a. Unión Europea: empresas y gobiernos europeos que buscan diversificar cadenas de suministro fuera de China y que exigen alineación con estándares ambientales (CBAM, Reglamento de Deforestación, taxonomía verde) y sociales pueden preferir México sobre Estados Unidos como plataforma de nearshoring hacia el mercado norteamericano.​

b. Asia (Japón, Corea del Sur, Singapur): países con compromisos climáticos y estándares de calidad estrictos pueden ver a México como socio más alineado normativamente que Estados Unidos post-retiro multilateral.​

c. América Latina: México puede liderar coaliciones regionales en foros multilaterales (COP, OMS, Cumbre de las Américas) donde Estados Unidos ya no participa, ganando influencia diplomática y construyendo alternativas de cooperación sur-sur.​

En esta circunstancia, la recomendación estratégica pudiera ser:

Lleva a cabo una negociación selectiva y defensa del marco normativo estratégico. México debe negociar en USMCA 2026 con un enfoque de cesión táctica y defensa estratégica:​

a.  Ceder selectivamente en temas donde la presión estadounidense es muy alta y el costo de resistir es mayor que el beneficio (por ejemplo, cooperación en interdicción de migración irregular, intercambio de información de seguridad sobre cárteles, compromisos de vigilancia fronteriza).

b.  Defender sin concesiones el marco normativo estratégico que permita a México diferenciarse como plataforma de nearshoring de alto valor: leyes ambientales (evaluación de impacto, zonificación), regulación energética de transición (rol de CFE y CNE en promoción de energía limpia), normas de inocuidad alimentaria y sanitaria (Cofepris, NOM-251, trazabilidad), y estándares laborales (libertad sindical, salarios dignos).​

c.  Construir alianzas alternativas con Unión Europea, Canadá (en temas donde intereses coincidan), América Latina y Asia, para diversificar mercados, reducir dependencia extrema de Estados Unidos, y ampliar opciones estratégicas de México en caso de que Estados Unidos endurezca sus posiciones en la negociación del USMCA o amenace con retirarse del tratado, claro si esto marcha en ese sentido.​

VI. Escenarios para México a cierre de 2026

            Escenario 1 (pesimista): Cesión normativa y erosión competitiva

En este escenario, México cede a las presiones estadounidenses en la revisión de USMCA de julio de 2026, aceptando relajar normas ambientales (simplificación de evaluación de impacto, reducción de áreas protegidas, flexibilización de permisos forestales y de uso de suelo), modificar el marco energético para ampliar acceso de empresas fósiles de EU y reducir la cuota de CFE por debajo del 54%, eliminar restricciones a inversión china sin obtener concesiones recíprocas de EU, y flexibilizar estándares laborales y sanitarios bajo el argumento de "competitividad".​

Cuales podrían ser las Consecuencias:

a.  México pierde su principal diferenciación normativa frente a Estados Unidos; empresas que buscan proveedores con compromisos climáticos, ambientales y sociales sólidos migran hacia otras regiones (sureste asiático, Europa del este) que sí mantienen esos estándares.​

b.  México queda como "maquila fósil" de bajo valor agregado: manufactura intensiva en mano de obra, con bajos salarios, alta huella de carbono, sin captura de sectores de alto valor (tecnología limpia, farmacéutica avanzada, biotecnología, dispositivos médicos de precisión).​

c.  Aumento de pasivos ambientales (deforestación, contaminación de agua y aire, pérdida de biodiversidad), conflictos sociales (resistencia comunitaria a proyectos extractivos), vulnerabilidad sanitaria (sistemas de salud sin inversión, brotes de enfermedades asociadas a degradación ambiental), y pérdida de credibilidad internacional (incumplimiento de compromisos climáticos y de derechos humanos).​

d.  Al cierre de 2026, México habría extendido la vigencia del USMCA por 16 años, pero a costa de erosionar su capacidad de diferenciación competitiva y de construcción de desarrollo sustentable a largo plazo.

            Escenario 2 (intermedio): Negociación selectiva con implementación débil

En este escenario, México se pone a negociar el USMCA 2026 defendiendo formalmente su marco normativo estratégico (ambiente, energía, salud), cediendo solo en temas tácticos (migración, seguridad). Sin embargo, la implementación efectiva de las normas mexicanas es débil: evaluaciones de impacto ambiental sin seguimiento real, permisos otorgados sin verificación de cumplimiento, COFEPRIS sin recursos para fiscalizar, CNE sin capacidad de hacer cumplir metodologías de compensación renovable, CFE sin inversión suficiente para ampliar capacidad de generación limpia.​

Cuales podrían ser las consecuencias:

a.  México mantiene en papel un marco normativo diferenciado, pero en la práctica, lo que sería en la realidad no lo hace cumplir, lo que genera desconfianza en inversionistas y en socios comerciales (empresas europeas o asiáticas que certifican cadenas de suministro descubren que proveedores mexicanos no cumplen estándares declarados).​

b.  México captura parte del nearshoring, pero de medio-bajo valor agregado; los sectores de alto valor (tecnología, farmacéutica, alimentos premium) siguen prefiriendo otras regiones con implementación más confiable de estándares, sin mencionar las zonas donde de manera preferente se estarían instalando las nuevas empresas.

c.  México queda en "zona gris": ni maquila pura (porque conserva cierta regulación) ni plataforma verde (porque no implementa efectivamente esa regulación). Al término del 2026, México se siente orgulloso porque ha podido extender la vigencia del USMCA, pero no ha aprovechado plenamente la ventana de oportunidad de diferenciación frente a EU y su posición competitiva es ambigua.

            Escenario 3 (optimista): Reposicionamiento estratégico como socio verde y confiable

En este escenario, México defiende su marco normativo estratégico dentro del USMCA 2026 sin ceder en aspectos fundamentales (ambiente, energía de transición, salud, inocuidad), acepta concesiones tácticas en migración y seguridad donde la presión de EU es muy alta, y simultáneamente invierte aceleradamente en infraestructura verde y en fortalecimiento institucional:​

a.  Infraestructura verde: ejecución efectiva del Plan de Fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030 con participación privada en generación renovable distribuida, inversión en almacenamiento y transmisión, plantas de tratamiento y reúso de agua a escala industrial, gestión eficiente de residuos sólidos y peligrosos, transporte bajo en carbono (ferrocarril de carga, movilidad eléctrica).​

b.  Fortalecimiento institucional: inversión en capacidad de COFEPRIS (laboratorios, personal, sistemas de información), de CNE (metodologías transparentes, sistemas de monitoreo), de Semarnat y PROFEPA (fiscalización ambiental efectiva), de Secretaría de Salud (vigilancia epidemiológica, respuesta a emergencias).​

Habría Consecuencias:

a.  México capta inversión de alta calidad en sectores de alto valor agregado: manufactura avanzada (semiconductores, vehículos eléctricos, componentes aeroespaciales), farmacéutica (producción de principios activos, biotecnología), alimentos y bebidas premium (con certificación de trazabilidad e inocuidad), tecnología limpia (paneles solares, baterías, hidrógeno verde).​

b.  Empresas europeas, japonesas, coreanas y de otros mercados con exigencias de descarbonización de cadenas de suministro prefieren México sobre EU como plataforma de acceso al mercado norteamericano, porque México ofrece infraestructura verde, marco normativo alineado con estándares internacionales, y capacidad de certificación confiable.​

c.  México se posiciona como líder regional en clima, salud y comercio multilateral, construyendo alianzas con UE, América Latina y Asia que reducen dependencia extrema de EU y amplían opciones estratégicas.​

d.  Al término del año 2026, se podría ver que el Gobierno de México extendió la vigencia del  USMCA por 16 años en términos que protegen su capacidad de regulación estratégica, ha acelerado inversión en infraestructura verde y fortalecimiento institucional, y emerge como plataforma competitiva de nearshoring de alto valor, con diferenciación normativa y ambiental clara frente a un Estados Unidos que ha abandonado compromisos multilaterales.​

VII. Un par de notas para concluir

México enfrenta en 2026 una oportunidad histórica de reposicionamiento estratégico en el escenario global, derivada paradójicamente del retiro multilateral masivo de Estados Unidos y de la revisión obligatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Las decisiones que el país tome en los próximos seis meses, en materia ambiental, energética, sanitaria y geopolítica, definirán si captura inversión de alto valor agregado, si es posible que se distinga como socio confiable y normativamente alineado con estándares internacionales en un mundo donde Estados Unidos abandona esos estándares, o si cede a presiones bilaterales que erosionen su marco normativo y lo releguen a un papel subordinado y de bajo valor en las cadenas de suministro norteamericanas.

Desde un punto de vista general se pudiera considerar que el camino óptimo para México requiere una estrategia integrada en cuatro componentes:

1. Defensa del marco normativo estratégico en USMCA 2026. México debe negociar con claridad sobre qué puede ceder (cooperación táctica en migración y seguridad) y qué no puede ceder sin destruir su diferenciación competitiva (leyes ambientales, regulación energética de transición, normas de inocuidad y salud, estándares laborales). Ceder en estos últimos puntos destruiría la principal ventaja de México frente a un Estados Unidos que ha salido de UNFCCC, OMS, IRENA y decenas de foros multilaterales.​

2. Inversión acelerada en infraestructura verde. La diferenciación normativa de México solo será creíble si está respaldada por capacidad material real: generación eléctrica renovable a escala industrial, infraestructura de agua tratada y reúso, gestión eficiente de residuos, transporte bajo en carbono, sistemas de certificación y trazabilidad confiables. El Plan 2025–2030 de ampliación del sistema eléctrico, la inversión en plantas de tratamiento de agua, y el fortalecimiento de COFEPRIS y de sistemas de vigilancia sanitaria son instrumentos clave que deben ejecutarse efectivamente, no solo anunciarse.​

3. Fortalecimiento institucional para implementación efectiva de normas. No basta tener leyes y reglamentos en papel, se hace imperativo el que México invierta en capacidad institucional de sus autoridades ambientales (SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, entre otras), energéticas (CNE, CFE), sanitarias (Cofepris, Secretaría de Salud), y de comercio exterior (SE, aduanas) para que esas normas se implementen y fiscalicen efectivamente y sobre todo, conforme a la ley. La confianza de inversionistas y de socios comerciales depende de la certeza/certidumbre legal que se pudiera generar en o para el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas.

4. Construcción de alianzas multilaterales alternativas. México debe diversificar sus relaciones comerciales, tecnológicas y de cooperación, construyendo alianzas con Unión Europea, Canadá (en temas donde intereses coincidan), América Latina, Asia y África en foros multilaterales donde Estados Unidos ya no participa (UNFCCC, OMS, FAO, Convención de Diversidad Biológica, Cumbre de las Américas, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Estas alianzas bien pueden ampliar las opciones estratégicas de México, ayudando a reducir la dependencia extrema de Estados Unidos con lo que la idea es que se pueda fortalecer la posición negociadora de México en mesas bilaterales con EU (pudiera esto ser posible?)

Como se mencionó, la ventana de oportunidad es breve por no decir “chiquita”, si para mediados de 2027 México no ha demostrado capacidad real de ofrecer infraestructura verde, implementación efectiva de normas y diferenciación competitiva frente a Estados Unidos, la inversión de alto valor agregado migrará hacia otras regiones que sí estén construyendo esa capacidad (sureste asiático, Europa del este, América del Sur); al mismo tiempo, consideramos que si México ejecuta bien una estrategia sólida, consistente y congruente, como lo que se ha propuesto, el país puede emerger de 2026 no solo con un USMCA extendido por 16 años adicionales, sino con una posición competitiva, normativa y geopolítica sustancialmente fortalecida, capturando inversión verde de alto valor, liderando coaliciones regionales en clima y salud, y consolidándose como plataforma confiable de nearshoring en un mundo donde la confiabilidad normativa y la alineación con estándares internacionales se están convirtiendo en ventajas competitivas decisivas; tal vez esto último suene como a deseo, en buena parte dependerá de aquellos que, para bien o para mal tendrán la palabra de decisión.

La presente entrega es un análisis o punto de vista del autor, son consideraciones de tipo personal y en ningún caso pueden ser consideradas como una respuesta a pregunta alguna; cualquier duda que se tuviera, con gusto estamos a la orden.

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