Nueva LGEEPA: tres días de audiencias, coincidencias, diferencias y temas pendientes. Un ejercicio para escuchar distintas voces.
Entre el 28 y el 30 de septiembre de 2026, la Cámara de Diputados llevó a cabo audiencias públicas para analizar la iniciativa del Ejecutivo Federal mediante la cual se propone expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
El ejercicio fue identificado como "Audiencias Públicas y/o Parlamento Abierto". De acuerdo con información del Canal del Congreso, se desarrolló durante tres días, bajo un esquema de cuatro mesas de trabajo y con la participación prevista de al menos 120 representantes de comunidades, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, sectores productivos y autoridades ambientales. Al inaugurar los trabajos, la secretaria de SEMARNAT, Alicia Bárcenas, señaló además que se habían inscrito más de 130 personas y organizaciones.
El propósito expresado fue escuchar distintas posiciones respecto de la iniciativa y generar elementos que pudieran considerarse durante el proceso de dictaminación. La propia titular de la SEMARNAT señaló que no se trataba únicamente de escuchar, sino también de considerar las propuestas en el trabajo legislativo posterior.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, destacó que el ejercicio permitiría elaborar la nueva legislación con la participación de legisladores de los distintos grupos parlamentarios, organizaciones civiles, especialistas y sectores relacionados con la protección ambiental.
Más allá del número de asistentes, lo relevante ahora es revisar qué se discutió, dónde hubo coincidencias, cuáles fueron las principales diferencias y qué aspectos de la iniciativa recibieron menor atención.
Una participación amplia y diversa
En las distintas mesas participaron integrantes de universidades y centros de investigación, organizaciones ambientales, asociaciones profesionales, comunidades, personas defensoras del medio ambiente, representantes del sector privado y autoridades ambientales.
Entre las instituciones y organizaciones mencionadas públicamente se encuentran universidades como la UNAM, la UAM, la Universidad Anáhuac, la Universidad de Guadalajara y diversas instituciones estatales; así como organizaciones y asociaciones como CEMDA, CeIBA, Oceana, Costasalvaje y Fundar, entre otras, y se menciona que hubo participación previa y durante este proceso de organizaciones profesionales especializadas. La Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA) y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) desarrollaron conjuntamente un análisis técnico-jurídico de la iniciativa, que reunió observaciones y propuestas sobre diversos aspectos considerados críticos y se elaboró como insumo para las mesas de Parlamento Abierto.
La diversidad de los participantes explica por qué no ha surgido una posición única frente a la nueva LGEEPA, y tampoco era razonable esperar que así fuera.
Una ley ambiental general debe conciliar intereses, competencias, derechos y capacidades institucionales muy diversos. El valor de un ejercicio de esta naturaleza puede encontrarse precisamente en identificar dónde existe coincidencia respecto del problema, aun cuando no exista necesariamente acuerdo sobre la solución.
Coincidencias que pueden identificarse
Una revisión inicial de las intervenciones permite identificar algunos temas recurrentes.
Uno de ellos es la necesidad de actualizar y fortalecer el marco jurídico ambiental frente a una realidad considerablemente distinta de la que dio origen a la LGEEPA vigente. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la presión sobre el agua y el territorio, la transformación tecnológica, los conflictos socioambientales y las nuevas obligaciones internacionales forman parte del contexto actual.
Durante la primera jornada, por ejemplo, la diputada Xóchitl Zagal señaló que la nueva legislación debía responder a una crisis climática global, a la pérdida acelerada de biodiversidad y a desafíos crecientes en la gestión del agua y del territorio, y destacó la importancia del sustento científico en la elaboración de la Ley.
También se reiteró la necesidad de mejorar las capacidades institucionales y la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios. Una ley puede ampliar competencias y crear nuevos instrumentos; su efectividad dependerá, sin embargo, de que existan autoridades capaces de ejercerlas de manera técnica y operativa.
Otro punto recurrente fue la importancia de la información ambiental y de incorporar herramientas tecnológicas que permitan conocer mejor lo que ocurre en el territorio, facilitar la vigilancia y hacerla más accesible, con preocupaciones sobre la participación pública, los derechos de las comunidades, la biodiversidad, los instrumentos preventivos, la evaluación ambiental y la distribución de competencias.
Estas coincidencias generales, sin embargo, no deben confundirse con consensos.
El mismo problema, distintas soluciones
Una de las características más interesantes del ejercicio es que distintos sectores pueden coincidir en el diagnóstico y, al mismo tiempo, sostener posiciones diferentes respecto de cómo debe resolverse.
La participación pública es un buen ejemplo. Existe una preocupación compartida por ampliar y mejorar los mecanismos de participación en la toma de decisiones ambientales. Las diferencias surgen al discutir en qué etapa debe producirse, cuáles deben ser sus efectos jurídicos, cuándo debe considerarse suficientemente temprana y cómo articularla con procedimientos administrativos que requieren certeza y plazos definidos.
Algo semejante ocurre con el fortalecimiento de las autoridades ambientales.
Parece haber consenso en que el Estado necesita capacidades más sólidas para prevenir daños y hacer cumplir la legislación. La discusión surge al analizar hasta dónde deben llegar las facultades preventivas, qué condiciones deben activarlas y qué garantías deben acompañar su ejercicio.
En materia de federalismo ambiental, también surgen dos necesidades igualmente relevantes:
Fortalecer las capacidades locales y,
Mantener una coordinación y una homogeneidad suficientes para evitar vacíos, duplicidades o diferencias regulatorias que dificulten la aplicación de la Ley.
Estas tensiones no necesariamente representan defectos del debate; son precisamente los asuntos sobre los que el proceso legislativo tendrá que construir equilibrios.
Lo que parece haber tenido menos espacio
Las ausencias también pueden resultar ilustrativas.
La iniciativa dedica una parte importante al nuevo régimen de procuración ambiental, que comprende investigación administrativa, prevención, vigilancia, verificación, inspección, medidas anticipadas y procedimiento por infracciones.
Sin embargo, al menos según la información pública disponible sobre las audiencias, estos temas no parecen haber ocupado un espacio equivalente al que ocupan en la iniciativa.
Hubo referencias a cumplimiento, información, monitoreo y capacidades institucionales, pero parecen haberse desarrollado menos cuestiones como:
La delimitación entre investigación, inspección y procedimiento sancionador;
Los presupuestos para aplicar medidas anticipadas;
La proporcionalidad y la temporalidad de dichas medidas;
El uso probatorio de tecnologías y sistemas remotos;
El seguimiento posterior de las medidas correctivas;
La capacidad operativa real de las autoridades de procuración ambiental; y
Los mecanismos para verificar si una actuación administrativa produjo efectivamente el resultado ambiental esperado.
No se trata de restar importancia a los temas que dominaron las audiencias.
Pero una Ley puede establecer mejores instrumentos de política ambiental, autorizaciones más rigurosas y mayores obligaciones, y aun así producir resultados limitados si, posteriormente, no existe capacidad suficiente para verificar su cumplimiento, corregir desviaciones y comprobar que los problemas ambientales fueron efectivamente atendidos.
Este tema merece una revisión específica.
Planteamientos que requieren una segunda lectura
Las audiencias también permitieron presentar propuestas muy diversas: nuevas figuras jurídicas, modificaciones a los procedimientos ambientales, mecanismos adicionales de información y monitoreo, cambios en la distribución de competencias, fortalecimiento de instrumentos preventivos y nuevos contenidos para la política ambiental.
No todas las propuestas pueden tener el mismo peso ni necesariamente son compatibles entre sí.
Algunas pueden representar aportaciones relevantes para perfeccionar el proyecto; otras requieren un mayor desarrollo técnico o jurídico; y algunas pueden producir consecuencias distintas de las pretendidas si se incorporan sin revisar su interacción con el resto del ordenamiento.
Por ello, quizá una de las tareas más importantes para la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales será distinguir entre propuestas que expresan una preocupación legítima y aquellas que, además, ofrecen una solución jurídicamente viable, institucionalmente aplicable y ambientalmente eficaz.
Escuchar forma parte del proceso: Seleccionar, articular y justificar las decisiones legislativas será el siguiente paso.
Una referencia de hace treinta años
Existe un antecedente que resulta interesante recordar, no para determinar si un proceso fue mejor o peor que otro, sino simplemente para observar cómo se construyó una reforma ambiental de gran alcance en otro momento.
La reforma integral de la LGEEPA de 1996 fue precedida por una consulta nacional sobre legislación ambiental, convocada en 1995 por las comisiones de Ecología y Medio Ambiente de las Cámaras de Diputados y Senadores, con la participación del Ejecutivo Federal y de los congresos estatales.
La propia iniciativa presentada en octubre de 1996 señala que, durante esa consulta, se recibieron trabajos provenientes de organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, universidades, agrupaciones de productores, cámaras empresariales, dependencias federales, estatales y municipales, congresos locales y organismos cívicos internacionales.
El mismo documento señala que el trabajo conjunto de los poderes Ejecutivo y Legislativo se desarrolló “a lo largo de más de un año”, atendiendo las preocupaciones y propuestas planteadas durante ese proceso. Entre los objetivos declarados de aquella reforma figuraron aumentar la eficacia de los instrumentos ambientales, ampliar la participación ciudadana, fortalecer la distribución de competencias y, de manera significativa, reducir los márgenes de discrecionalidad de la autoridad para ampliar la seguridad jurídica.
Treinta años después, los problemas, los instrumentos y las circunstancias son diferentes.
La referencia histórica resulta útil simplemente porque permite recordar que las grandes reformas ambientales no sólo modifican artículos, sino que también redefinen los equilibrios entre prevención, regulación, participación, actuación administrativa y seguridad jurídica.
De las audiencias al dictamen
Las tres jornadas concluyeron.
El proceso legislativo continúa.
El siguiente momento relevante será conocer el proyecto de dictamen y revisar qué cambios se producen respecto de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.
Será entonces cuando pueda hacerse una comparación particularmente útil:
Qué se propuso durante las audiencias, dónde hubo coincidencias, cuáles fueron los principales puntos de diferencia, qué temas quedaron débilmente desarrollados y qué parte de todo ello llegó finalmente al texto legislativo.
El valor de las audiencias no dependerá únicamente del número de participantes ni de la diversidad de sectores convocados, sino también de la posibilidad de identificar si las propuestas técnica y jurídicamente sustentadas tuvieron alguna incidencia en el proceso de elaboración de la nueva Ley.
Este primer acercamiento no pretende agotar el contenido de las audiencias ni reconstruir cada una de las intervenciones. Su propósito es identificar algunos de los principales ejes, coincidencias, diferencias y ausencias que dejó el ejercicio.
Una revisión posterior podrá profundizar en las propuestas concretas formuladas durante las tres jornadas, en su relación con el texto de la iniciativa y, en particular, en aquellos temas que recibieron menor atención pese a su relevancia dentro del nuevo modelo de regulación y procuración ambiental.
Por ahora, después de tres días de audiencias y más de un centenar de voces, queda abierta una pregunta sencilla:
¿Qué cambiará realmente en la iniciativa después de haberlas escuchado?
Comentarios