Siete decisiones que reescribieron el poder sobre el agua, la energía y el territorio en México (2025).

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Cómo las reformas en agua, energía, justicia y medio ambiente recentralizaron el poder, redefinieron el riesgo regulatorio y consolidaron al Estado como jugador y árbitro del desarrollo​.

1. Introducción: el año en que el mapa del poder se movió

2025 fue el año en que México decidió que las grandes discusiones sobre agua, energía, territorio y algo más ya no se jugarían tanto en los tribunales como en el boletín oficial. En un par de meses se aprobó una nueva Ley General de Aguas, se reformó la Ley de Aguas Nacionales, se rediseñó el sector eléctrico, se ajustó el amparo y se densificó la agenda ambiental 2025–2030, moviendo el centro de gravedad del sistema hacia un Estado mucho más protagónico.

Hasta 2024 el equilibrio era inestable, pero reconocible: un modelo de agua que toleraba mercados secundarios de concesiones, un sector energético más abierto a inversión privada, un amparo con dientes para frenar proyectos incómodos y una política climática ambiciosa en el papel pero débil en implementación.

Ahora se puede decir que en 2025, ese mapa se redibuja, por un lado el agua deja de andar en traje de activo financiero y vuelve al uniforme de bien público vigilado; la energía se recentraliza alrededor de CFE y el amparo pierde filo justo cuando más se necesitaría para ordenar el conflicto entre derechos, proyectos y clima; todo lo anterior con independencia de la centena de reformas, ajustes y cambios que “a modo” han desarrollado.

Las siete decisiones que aquí se analizan no son solo reformas sectoriales, sino movimientos de piezas en un mismo tablero, esto es, pretenden concentrar en unas cuantas ventanillas la capacidad de decir sí o no a proyectos que marcan el futuro de cuencas, comunidades y cadenas productivas. La pregunta que atraviesa todo el texto es sencilla y, al mismo tiempo, incómoda: ¿estamos corrigiendo inequidades históricas o solo cambiando de manos el control sobre el agua, la energía y el territorio?

2. El agua deja de ser activo: nueva Ley General de Aguas y reforma a la LAN

La nueva Ley General de Aguas (LGA) convierte el derecho humano al agua en derecho reglamentado y exigible, estableciendo la prioridad del uso doméstico y personal, refuerza obligaciones para municipios y entidades, determinando nuevas bases más estrictas para otorgar, revisar y reasignar títulos/volúmenes de agua conforme a la disponibilidad real de cuencas y acuíferos, creando de manera paralela un Registro Público Nacional del Agua más robusto y pretendiendo precisar/establecer una coordinación estrecha con estados, que deberán armonizar su legislación en plazos relativamente cortos.​

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) viene a rematar el punto prohibiendo en los hechos, la compraventa de concesiones como activos separados de la tierra, restringe los cambios de uso especulativos y tipifica conductas nuevas como “crímenes contra las aguas nacionales”, con sanciones administrativas y penales mucho más fuertes.

Por lo que se refiere a la agroindustria, parques industriales o desarrollos urbanos que basaron su modelo en acumular y realizaron lo que han denominado “revender volúmenes” lo que en realidad, nunca fue así, pero si el lenguaje que se usó para señalar actos peculiares tanto de particulares como de la Autoridad del Agua; digamos que el mensaje es claro: el agua deja de ser un activo financiero flexible y se vuelve un recurso bajo vigilancia estrecha del Estado, con riesgo penal si se cruza la línea que se precisa como límite.

Un ejemplo que bastante común en diversas zonas del país, bien puede ilustrar el alcance: en parques industriales donde una sola razón social concentraba concesiones y suministraba agua a decenas de empresas instaladas, la nueva lógica obliga a que cada usuario tenga su propio título y trazabilidad de volumen, siendo que, en la realidad es bastante más complejo que esa facilidad de decirlo, pero siendo el lenguaje “oficial” así es como se consideró, con lo que este reacomodo no es un simple trámite; implica rediseñar contratos, inversiones en infraestructura interna y una relación más directa y vigilada con CONAGUA.​

3. Del amparo como escudo al amparo con menos filo

Durante años, el amparo fue el mecanismo privilegiado para frenar gasoductos, minas, trenes, parques eólicos o proyectos turísticos cuando se percibían violaciones a derechos ambientales, de consulta o de procedimiento.

La reforma de 2025 a la Ley de Amparo y a la arquitectura judicial ajusta ese papel en el sentido de hacer más estrictos algunos requisitos de interés legítimo, acota el uso de suspensiones que paralizaban proyectos estratégicos y se inserta en un contexto de cambios en la forma de nombrar jueces y magistrados.

El resultado práctico es un amparo con menos filo para quienes quieren detener decisiones del Ejecutivo por la ilegalidad de sus determinaciones en materias sensibles, incluidas agua, energía, infraestructura y todos lo relacionado con el medio ambiente, como son múltiples casos de amparos climáticos o litigios contra megaproyectos turísticos en zonas costeras, en donde sin duda, la suspensión provisional era o había sido clave para abrir espacio a una discusión de fondo, se enfrentarán ahora a un terreno menos favorable y realmente incierto.

Al amparo no le quitaron la toga, pero sí le bajaron el volumen justo cuando el Ejecutivo decidió hacer para sí, lo que le conviene o así lo considera ¿qué es más riesgoso para el país, un amparo que frena demasiado o un gobierno al que casi nadie puede frenar?

4. Energía: transición bajo mando público

En marzo de 2025 entra en vigor la nueva Ley del Sector Eléctrico (LSE), que sustituye a la anterior Ley de la Industria Eléctrica y garantiza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al menos 54% de la generación eléctrica nacional, dejando el 46% restante a productores privados. La LSE redefine reglas de despacho, contratos y operación de mercados, refuerza la posición de CFE como empresa productiva del Estado y establece que la electricidad es un servicio público estratégico cuya planeación queda sujeta a instrumentos vinculantes emitidos por la Secretaría de Energía.

Este giro se presenta como apuesta por seguridad energética y tarifas estables, pero genera dudas sobre el ritmo y la escala de la transición hacia energías limpias, así como sobre el trato a proyectos privados, incluidos los que se apoyan en el T‑MEC. Desarrolladores de parques solares y eólicos dependen ahora de criterios de interconexión y despacho que, en la práctica, priorizan la capacidad de CFE y limitan la venta libre de excedentes, obligando a muchos proyectos a repensar sus modelos de negocio y su financiamiento.

De hecho como se veía venir, la CFE deja de ser solo un jugador dominante para convertirse casi en dueño del balón y del silbato: la pregunta es si ese esquema hará más justa la cancha o solo cambiará quién decide qué proyecto se juega y cuál se queda en la banca.

5. Clima, ESG y economía circular: más obligaciones, más asimetrías

Viendo los acontecimientos, se puede afirmar que de manera paralela, el país afina su arquitectura climática y ESG; por lo que respecta al nivel federal, según se ha visto, trata de reforzar la política de cambio climático, desplegándose instrumentos como la Taxonomía Sostenible y nuevas reglas de reporte para emisoras listadas, que obligan a medir y divulgar impactos en emisiones y uso de agua con mayor detalle.

Se puede considerar que el mensaje a las empresas es claro, esto es, la gestión climática deja de ser un capítulo voluntario de responsabilidad social para convertirse en un componente regulatorio que incide en acceso a financiamiento, costo del capital y reputación.

Al mismo tiempo avanza la agenda de economía circular, hablando de la iniciativa ya aprobada de Ley General de Economía Circular y decretos como los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), colocan en el centro la reducción de residuos, la trazabilidad de materiales y la responsabilidad extendida del productor para sectores como envases, plásticos y retail.

Para grandes generadores de residuos, esto significa rediseñar cadenas de suministro y modelos de negocio; para proyectos que logren alinearse al nuevo modelo, abre la puerta a incentivos fiscales y etiquetas de sostenibilidad con valor en mercados y financiamiento. La basura empieza a vestirse de “recurso estratégico” y la hoja de datos ESG se convierte en una especie de nueva credencial empresarial; ahora la pregunta es quién podrá pagar el costo de ese traje y quién quedará fuera del baile regulatorio.

6.   La nueva geografía ambiental: ventanillas más fuertes, procesos igual de frágiles

Si agua y energía concentran la atención mediática, el otro tablero donde se está redefiniendo el poder es el ambiental. Ahí, SEMARNAT y sus brazos técnicos como son la DGIRA, ZOFEMAT, DGGIMAR y las áreas de emisiones atmosféricas, se han vuelto filtros obligados para casi cualquier proyecto relevante, desde parques industriales y minas hasta hoteles en la costa y terminales portuarias. La narrativa oficial habla de “ordenar el territorio” y “poner al ambiente al centro”, pero en el terreno la percepción es más ambigua: más requisitos, más ventanillas y, al mismo tiempo, los mismos problemas de discrecionalidad, tiempos inciertos y criterios poco previsibles.​

En teoría, la DGIRA debería ser el espacio donde se equilibra información técnica, participación social y decisiones fundadas. En la práctica, sigue siendo la ventanilla donde la Manifestación de Impacto Ambiental se puede convertir en una carrera contra reloj o en un laberinto de prevenciones que no siempre mejoran el proyecto, pero sí encarecen su tramitación.

La digitalización ha reducido filas físicas, pero no necesariamente ha fortalecido la calidad de las evaluaciones ni la claridad de los criterios; la sensación de muchos promoventes es que se automatizaron pasos formales sin resolver la pregunta de fondo: qué significa, en términos operativos, una evaluación ambiental “climáticamente robusta” y socialmente legítima.​

En las costas, ZOFEMAT y DGGIMAR han ganado protagonismo como custodios de playas, zonas federales marítimo-terrestres y proyectos costa afuera. Esa mayor relevancia era necesaria después de décadas de ocupaciones irregulares y proyectos que trataban al litoral como un mero activo inmobiliario, pero el péndulo corre el riesgo de irse al otro extremo teniendo resoluciones que llegan tarde, criterios variables por región y una sensación de que el resultado depende tanto de la lectura jurídica como de la coyuntura política. Para desarrolladores turísticos y energéticos, esto se traduce en planes de inversión que deben asumir que la franja costera no solo es más cara, sino también más jurídicamente volátil.​

En materia de emisiones atmosféricas, el mensaje tampoco es sencillo. La transición energética requeriría un sistema de permisos, verificación y sanciones que dé señales claras sobre qué tecnologías se incentivan, cuáles se toleran y cuáles se irán quedando sin espacio. En cambio, muchos proyectos siguen enfrentando un mosaico de normas dispersas, criterios distintos entre federación y estados y una fiscalización que puede ser muy dura en lo documental y muy débil en lo estructural: se piden reportes y estudios, pero no siempre se acompaña con mejoras en monitoreo continuo o en capacidades de inspección en campo.​

Lo más preocupante es que esta reconfiguración ambiental corre el riesgo de replicar lo peor del viejo modelo: ventanillas más fuertes en el papel, pero procesos que siguen siendo opacos y vulnerables a presiones de corto plazo. El mensaje implícito para quien planifica proyectos es que la variable ambiental ya no es un apéndice que se resuelve al final, sino una pieza central del riesgo regulatorio; el mensaje para comunidades y organizaciones es menos alentador: sin reglas claras de transparencia, participación y rendición de cuentas, la concentración de poder ambiental puede traducirse en más decisiones discrecionales, no necesariamente en mejores decisiones.​

En otras palabras, el Estado se está volviendo un gestor ambiental más presente, pero no necesariamente más predecible. Si las MIAs siguen siendo documentos diseñados para pasar filtros formales en lugar de guías para rediseñar proyectos, si las autorizaciones en costa y mar se deciden con criterios cambiantes y si las políticas de emisiones se formulan más en conferencias que en programas verificables, el resultado será un campo donde invertir y litigar se vuelve igual de complejo, solo que con nuevas siglas en la puerta. El reto para 2026 será comprobar si esta nueva geografía ambiental puede producir algo distinto a lo que ya conocemos: menos discrecionalidad, más coherencia entre clima y desarrollo y evaluaciones que sirvan para algo más que engrosar un expediente.

7. La evaluación de impacto ambiental en el nuevo régimen

En este nuevo diseño, la Manifestación de Impacto Ambiental deja de ser solo un expediente técnico para convertirse en una pieza visible de la disputa sobre territorio, clima y proyectos estratégicos. Cada MIA relevante se juega en tres canchas a la vez: la mesa técnica de SEMARNAT y la DGIRA, los tribunales que revisan su legalidad y la opinión pública que observa si la evaluación fue un filtro real o un trámite más.​

La digitalización ha permitido acortar algunos tiempos formales y reducir la fricción logística, pero no ha resuelto las dudas de fondo: qué tan consistentes son los criterios entre proyectos similares, hasta dónde se incorporan impactos acumulativos y climáticos, y en qué medida la participación pública tiene efectos reales en el diseño de las obras. Inversionistas celebran que haya menos filas, pero siguen viendo con cautela un escenario donde una MIA aprobada no necesariamente equivale a un conflicto resuelto.​

El resultado es una paradoja que no es nueva, ya es conocida considerando que se ha presentado años atrás y solo sucede que se exige más información, más anexos y más páginas, pero no siempre más inteligencia ambiental en la toma de decisiones. Mientras no haya reglas claras incluyendo criterios de evaluación sobre qué debe contener una MIA climáticamente robusta, cómo se evalúan impactos en cuencas y comunidades y qué peso tienen las observaciones ciudadanas, la evaluación de impacto ambiental seguirá siendo, para muchos proyectos, una etapa donde el riesgo regulatorio y social se concentra, sin dar garantías plenas de que las decisiones finales sean más previsibles ni más legítimas.

8. Recentralización y riesgo regulatorio: el hilo que une todo

Si se miran juntas, estas reformas cuentan una historia coherente, para quien tiene la idea, esto es, el Estado se coloca en el centro de la toma de decisiones sobre agua, energía, clima y territorio, con nuevas facultades para otorgar, limitar o retirar derechos, permisos y beneficios y con un Poder Judicial menos dispuesto o tal vez menos capacitado para frenar sus decisiones. La narrativa oficial habla de justicia hídrica, soberanía energética y transición justa; la lectura crítica subraya la concentración de poder y la disminución de contrapesos institucionales, desde reguladores autónomos hasta jueces con margen para suspender normas y actos generales.

Ese territorio, hecho de ríos y ductos, servidumbres de paso, ejidos, pueblos originarios y parques industriales, es el tablero donde las siete decisiones de 2025 están redistribuyendo ganadores y perdedores. Para inversionistas locales y extranjeros, el resultado es un cambio cualitativo en el riesgo país: ya no preocupa solo la inseguridad o la macroeconomía, sino un riesgo regulatorio asociado a reformas veloces, criterios cambiantes y un entorno donde la política pesa más que la técnica en muchas decisiones clave. México se vuelve, al mismo tiempo, más predecible políticamente y más impredecible jurídicamente: la pregunta es cuánto tiempo podrá crecer una economía que atrae capital productivo mientras deja la sensación de que los dados del tablero regulatorio se pueden volver a cargar en cualquier momento.

9. Un deseo para 2026: más Estado de derecho que Estado de decreto

Después de un año en el que casi todo se redefinió por la vía de reformas veloces, el mejor deseo para 2026 no es otro paquete de cambios, sino algo más sencillo y más difícil, esto es, que cada nueva central eléctrica, cada título de agua y cada MIA puedan presumir tres sellos a la vez, ambientalmente sólida, jurídicamente predecible y socialmente legítima. Que la fuerza recién concentrada en el Estado se mida no por la cantidad de decisiones que puede tomar, sino por cuántas de esas decisiones resisten el escrutinio de datos, de tribunales y de las comunidades que viven del territorio.

Para llegar ahí, 2026 haría bien en dejar atrás algunas inercias de 2025: reformas sorpresa sin evaluación de impacto, cambios de criterio sobre la marcha y opacidad en información clave de agua, emisiones y autorizaciones. Lo que sí podría crecer es otra cosa: datos abiertos sobre disponibilidad hídrica y riesgo climático, padrones de concesiones legibles, MIAs y resoluciones ambientales que cualquier persona razonable pueda entender sin ser especialista.

Si 2025 fue el año en que México movió las piezas del tablero de poder sobre el agua, la energía y el territorio, 2026 debería ser el año en que se pruebe si ese tablero sirve para algo más que concentrar decisiones. Si el nuevo diseño solo incrementa la discrecionalidad, la factura llegará en forma de conflictos, litigios y desconfianza; si se usa para reducir vulnerabilidad climática, conflictividad social y pobreza energética con reglas claras, entonces estas siete decisiones habrán sido, con todo y sus costos, una apuesta ganada.

Buscando cerrar lo que se ha expuesto, bien se puede decir que los ocho apartados que se han sintetizado muestran a un México que en 2025 dejó de discutir caso por caso y decidió reescribir las reglas del juego sobre agua, energía, justicia, clima y territorio desde arriba, concentrando decisiones en menos ventanillas y dejando menos aire a los contrapesos.

Parecería que el reto para 2026 no será agregar más reformas a la lista, sino demostrar que lo que se dice que es un nuevo diseño pueda producir algo más que incertidumbre, esto es, tener y desarrollar proyectos que cuiden las cuencas, energía más limpia y accesible, instituciones que se avoquen al estudio y análisis de las promociones de los particulares y sobre todo, midan con la misma vara a los proyectos de infraestructura gubernamentales, que las comunidades puedan tener voz real y de manera importante, poder tener un Estado que inspire confianza no por la fuerza de sus decretos, sino por la solidez de sus razones, por la seguridad jurídica que debe brindar y la confianza que es imperativo otorgue el Poder Judicial.

El presente representa la opinión personal del autor, no es respuesta a pregunta o consulta alguna y obedece a diversas consideraciones de orden general que de manera respetuosa son presentadas; cualquier duda o comentario, con gusto estamos a la orden.

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